«No Kings”, el pueblo norteamericano movilizado contra el autoritarismo de Donald Trump

El sábado 18 de octubre de 2025 se llevaron a cabo más de 2.600 manifestaciones en todo el país bajo la consigna “No Kings (Sin reyes)”, una movilización de alcance nacional en la que miles de personas se congregaron en ciudades como Times Square (Nueva York), Boston Commons, Grant Park (Chicago) y en Washington D.C., además de numerosos pueblos pequeños. Estas protestas también tuvieron eco internacional con acciones de solidaridad en ciudades de Europa como Berlín, Madrid, Lisboa, París, entre otras.

El núcleo de la movilización fue una crítica a lo que los organizadores caracterizan como “tendencias autoritarias” del gobierno del presidente Donald Trump, que argumentan está “empujando al país hacia una autocracia”. En las marchas se utilizaron consignas como “Nada es más patriótico que protestar”, “Resistir al fascismo”, “Trump debe irse ya”, “No Kings, No Oligarcas, No fascismo”.

Históricamente, este evento marca la tercera movilización masiva desde que Trump volvió a la Casa Blanca, pero la más amplia hasta el momento, superando convocatorias anteriores que alcanzaron unos 2.100 sitios en junio y 1.300 en abril. El momento coincide con un momento de fuerte tensión institucional, un cierre parcial del gobierno federal, programas suspendidos, y un Ejecutivo que enfrenta al Congreso y a los tribunales.

No obstante, al concluir la jornada, las redes sociales del presidente Trump y de varios miembros de su administración, incluido el vicepresidente JD Vance, se inundaron de videos y fotografías en los que se lo ve portando una corona en la cabeza, y otro video en el que se lo ve al presidente pilotando un avion de guerra que tira excremento a los manifestantes. Lejos de escuchar las demandas de su pueblo, el gobierno neoconservador de Donald Trump profundiza las tensiones y envia a las fuerzas de seguridad a reprimirlas.

El año 2025 quedará marcado en la historia reciente de los Estados Unidos como uno de los más convulsionados por la protesta social. Desde marzo, pero con especial intensidad en estas ultimas semanas, las calles de las principales ciudades del país se poblaron de multitudes de manifestantes de diferentes organizaciones y movimientos politicos.

Entre las principales causas de las protestas, se denuncian: el deterioro de las condiciones de vida, la intensificación de las redadas migratorias del ICE (Agencia de Inmigración y Control de Aduanas), las detenciones arbitrarias de personas sin documentos, la violencia policial y política a periodistas, la criminalización de la protesta y la vulneración de los derechos humanos básicos.

Según datos compilados por la ACLU American Civil Liberties Union y The Washington Post, más de 5.000 protestas se registraron en lo que va del año, con una participación que supera los 5 millones de manifestantes en todo el territorio.

 Frente a ello, el gobierno respondió con despliegues masivos de la Guardia Nacional y de fuerzas federales en múltiples ciudades; medios y mapas periodísticos documentan envíos que suman decenas de miles de efectivos entre los diversos estados. Human Rights Watch documentó 39 casos de periodistas heridos por las fuerzas de segurida a pesar de llevar cámaras y credenciales de prensa visibles.

La represión más intensa tuvo lugar en Washington D.C., donde más de 12.000 efectivos fueron desplegados para contener manifestaciones multitudinarias frente a la Casa Blanca y el Capitolio. Las marchas, organizadas por la coalición Hands Off Democracy y el movimiento No Kings, reclamaban el fin de la represión, el respeto a las libertades civiles y la reducción del presupuesto militar. La Guardia Nacional instaló retenes, tanquetas y drones de vigilancia. El saldo fue de más de 800 detenidos y al menos 15 heridos de gravedad, según el Washington Post.

En Portland, símbolo histórico de la protesta popular desde 2020, el gobierno desplegó 4.500 efectivos de la Guardia Nacional, apoyados por unidades antidisturbios federales. Las manifestaciones fueron encabezadas por la organización People’s Freedom Network y colectivos ambientalistas, que exigían el fin de la militarización interna y denunciaban la represión de comunidades afroamericanas. Las consignas más repetidas fueron “Democracy, not war” y “No soldiers in our streets”. La represión dejó un saldo de una persona muerta y decenas de heridos, además de denuncias de detenciones arbitrarias.

En Chicago, más de 7.000 militares y fuerzas federales fueron desplegados luego de una ola de protestas impulsada por sindicatos y trabajadores del transporte. Este 5 de octubre el presidente Donald Trump autorizó el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en Chicago para abordar lo que, según él, es una ola de delincuencia descontrolada. Las organizaciones United Workers Alliance y Labor for Peace lideraron movilizaciones masivas en defensa del derecho a huelga y contra la represión sindical. Las consignas “Jobs, not guns” y “Workers against war” marcaron la tónica del movimiento. Según el Wall Street Journal, la Guardia Nacional utilizó vehículos blindados y gas lacrimógeno en las inmediaciones de Union Park, dejando más de 200 detenidos.

En Texas, el gobierno federal envió 6.500 efectivos, especialmente en las ciudades de Dallas y Austin, donde se denunciaron violaciones sistemáticas de derechos humanos y bloqueos de internet en zonas de protesta. En Florida, el despliegue fue de miles de soldados, destinados a contener manifestaciones en Miami y Tampa organizadas por movimientos estudiantiles y migrantes que exigían una reforma migratoria y el fin de la represión. Las marchas, según el New York Times, fueron disueltas con balas de goma y gas lacrimógeno, con más de 400 detenciones y al menos dos muertos.

En Nueva York, más de 10.000 personas salieron a las calles el 20 de septiembre bajo el lema “Save Our Democracy”. El gobierno respondió con 8.000 efectivos entre Guardia Nacional y policía militar. La organización Democracy Rising denunció el uso de munición no letal contra manifestantes pacíficos.

En California, especialmente en Los Ángeles y San Francisco, también se desplegaron 2.000 agentes de la Guardia Nacional, segun reportó Human Rigths Watch, para controlar protestas coordinadas por Climate Justice Now y Student Voices for Freedom, que reclamaban una transición ecológica justa y el respeto a los derechos de los manifestantes. Lo que agrava mas la situación es que el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, amenazó con enviar soldados en servicio activo en caso de continuar las protestas, cuestion que finalmente hizo efectiva al enviar 700 infantes de marina de Twentynine Palms a Los Ángeles.

Este es el discurso del gobierno para criminalizar la protesta. El gobierno estadounidense, bajo la administración de Trump, viene argumentando repetidamente que las protestas representan una situación de guerra interna para justificar el despliegue militar masivo. El 25 de septiembre, el Presidente Donald Trump emitió un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional titulado «Contra el Terrorismo Doméstico y la Violencia Política Organizada» y declaró a los medios de comunicación que “Estamos enfrentando a elementos que buscan desestabilizar nuestra nación, y actuaremos con firmeza para proteger la seguridad de Estados Unidos”.

El Memorando ordena la creación de una estrategia nacional para combatir el “terrorismo doméstico” y la “violencia política organizada” dentro de Estados Unidos. El texto afirma que el país enfrenta una ola de asesinatos, disturbios y ataques contra autoridades —atribuida especialmente a grupos “antifascistas”, “anticapitalistas” y “anticristianos”— que, según el documento, buscan desestabilizar la democracia y promover una revolución violenta. Bajo esa justificación, el decreto instruye al Departamento de Justicia, al Tesoro, al Departamento de Seguridad Nacional y a otras agencias a investigar, procesar y desmantelar a individuos, organizaciones y redes que participen o financien actividades consideradas violentas o radicales.

También autoriza al Fiscal General a recomendar que ciertos grupos sean designados como “organizaciones terroristas domésticas”, y dispone que el terrorismo interno sea tratado como una prioridad nacional, con fondos federales y cooperación interagencial.

En la práctica, el memorando amplía el alcance del aparato antiterrorista hacia movimientos políticos y sociales dentro del país, permitiendo que se investigue incluso a ONGs, activistas o entidades financiadoras bajo sospecha de “violencia política” o “antiamericanismo”, lo que ha generado críticas por su potencial para criminalizar la disidencia y restringir derechos civiles.Este lenguaje contribuyó a legitimar el uso de la fuerza militar contra ciudadanos que protestaban de manera pacífica y amplió la narrativa de criminalización de la protesta.

El despliegue militar estadounidense generó una ola de condenas internacionales, desde Bruselas, la Unión Europea expresó su “profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos”. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado en octubre exigiendo una investigación independiente sobre los abusos cometidos por las fuerzas federales.

Incluso dentro del bloque occidental, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch advirtieron que la militarización de la vida civil “erosiona los fundamentos de la democracia liberal y normaliza la represión política en nombre de la seguridad”. En contraste, países como Reino Unido e Israel respaldaron las medidas del gobierno estadounidense, justificando el despliegue en nombre de la estabilidad y el orden interno.

La presencia masiva de las fuerzas armadas en las calles marca un giro autoritario en la política interna de Estados Unidos. Los movimientos sociales advierten que el discurso de la “seguridad nacional” está siendo utilizado para sofocar cualquier disenso político y consolidar un modelo neoconservador que combina represión, concentración económica y censura mediática.

El uso del ejército contra ciudadanos que deciden protestar en contra de la politica de gobierno, revela el rostro de un Estado que, en lugar de proteger a su pueblo, lo considera un enemigo interno. Esta tendencia, visible también en Europa y América Latina, refleja el avance de gobiernos que, bajo el manto de “la lucha contra el terrorismo”, erosionan la democracia desde adentro. En Estados Unidos, el país que se presenta como el guardián de la libertad, el ejercicio del poder se ha convertido en un ejercicio contra su propio pueblo.