Ecuador absuelve a 32 pescadores atacados por EEUU en el Pacífico

Los pescadores formaban parte de las tripulaciones del Conquista II y el María Candelaria, que fueron intervenidos por fuerzas estadounidenses a principios de septiembre. El Comando Sur de Estados Unidos señaló entonces que los barcos estaban vinculados al narcotráfico, y el Gobierno de Daniel Noboa respaldó esa versión.

Según Juan Alvia, abogado de los pescadores, la Fiscalía no logró sostener esa acusación en el juicio. “Sus testigos eran los marinos que fueron a rescatarlos porque habían sido declarados náufragos, y eso es lo único que está en el informe”, explica Alvia. “No mostró ninguna prueba”.

El canciller Roberto Kury respondió a los cuestionamientos por la soberanía de Ecuador frente a las operaciones de Estados Unidos y aseguró que existe coordinación con Ecuador y descartó que las fuerzas estadounidenses actúen de manera independiente.

Las declaraciones de Kury ocurrieron en medio de cuestionamientos e incluso de una investigación de The Washington Post, en la que se habla del alcance de las operaciones en altamar. Uno de los casos reportados a inicios de año es el de la desaparición del pesquero Fiorella. Ocho tripulantes continúan desaparecidos y se presume que murieron en el mar.

Este es uno de los casos bajo la lupa en medio de una investigación de The Washington Post,  que sostiene que las operaciones se desarrollaron bajo la figura de «acción encubierta», un mecanismo autorizado por la Presidencia de EEUU para ejecutar operaciones secretas sin reconocer oficialmente la participación gubernamental.

Los tripulantes de los barcos Montecristi y Don Rufo, procedentes de Manabí, recuperaron su libertad después de una audiencia relacionada con una investigación por el presunto delito de asociación ilícita. Sus embarcaciones habían sido destruidas durante operaciones del Comando Sur de Estados Unidos en aguas del Pacífico. La diligencia se desarrolló el 10 de septiembre en San Cristóbal, Galápagos. Durante la audiencia de legalización de la detención se determinó que no existían elementos suficientes para iniciar una instrucción fiscal contra los pescadores.

La jueza Yhelenna Loján, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón San Cristóbal, ordenó la inmediata liberación de los 28 tripulantes. Sin embargo, el caso no quedó cerrado y continuará en la fase de investigación previa.

La sentencia es de primera instancia y la Fiscalía puede apelarla, aunque Alvia considera que no tiene elementos para recurrir el fallo. Esta es la primera de tres causas abiertas contra un total de 88 tripulantes de cinco barcos hundidos por Estados Unidos, y los otros 56 pescadores confían en que este precedente les favorezca.

Un proceso contra 10 de ellos está previsto para el 20 de octubre. La audiencia que debía definir este jueves la situación de los otros 46 se ha aplazado al día 23. Existe además un antecedente: el 11 de septiembre, en Galápagos, otros 28 pescadores del Don Rufo y el Montecristi 1, también intervenidos por el Comando Sur, quedaron en libertad después de que la Fiscalía decidiera no formular cargos contra ellos.

El Conquista II fue interceptado el 2 de septiembre. Según el Comando Sur, la embarcación “operaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible para Los Choneros”, una organización criminal ecuatoriana señalada por sus vínculos con el cartel de Sinaloa y por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Tres días después, el 5 de septiembre, un operativo similar interceptó el María Candelaria, que llevaba 26 tripulantes a bordo. Mientras un helicóptero militar estadounidense sobrevolaba la embarcación, varias lanchas rápidas se acercaron por mar con militares fuertemente armados, que la abordaron. Los pescadores transmitieron el abordaje en directo por redes sociales. Tras sacar a las tripulaciones, las fuerzas estadounidenses hundieron los dos barcos. El María Candelaria fue el cuarto barco interceptado y hundido por Estados Unidos en ocho días.

Cuando se cortó la transmisión, los familiares se concentraron frente a la Capitanía del Puerto de Manta para exigir información. Horas después, la Armada ecuatoriana informó que recogería a los pescadores para trasladarlos de vuelta al país. Llegaron como náufragos. Después fueron procesados por asociación ilícita.

Uno de los supervivientes tenía los labios quemados por el sol. Abrazado a un familiar, relató que los militares les cubrieron la cara, los amarraron y los tiraron al suelo, donde permanecieron durante horas. “No sabíamos si nos iban a matar o no”, contó.

Entre finales de agosto y septiembre, al menos ocho barcos fueron intervenidos en operaciones que Washington presenta como parte de su estrategia contra el narcotráfico. Los pescadores y sus familias niegan cualquier vínculo con las mafias. También denuncian la destrucción de sus medios de vida y la opacidad de los operativos. El fallo de Manta pone a prueba las acusaciones que han acompañado esa ofensiva.

Human Rights Watch ha pedido a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador que revelen la base legal de estas operaciones de interceptación y destrucción de embarcaciones, y que investiguen de inmediato los abusos. “La interceptación del tráfico de combustible en el mar puede ser un paso importante para detener a grupos criminales, pero eso no les da derecho a las fuerzas de seguridad a detener a personas sin evidencias, destruir sus embarcaciones y cometer abusos”, afirmó en un comunicado Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la organización.

*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)