¿El fin de los progresismos latinoamericanos?
Carlos Illades
América Latina nunca estuvo tan asediada por Estados Unidos, cuyo gobierno está dispuesto a no dejar en pie a ninguno de sus progresismos
Las transiciones democráticas llegaron a América Latina por la derecha, que dominó la escena pública hasta el final del siglo XX, mientras que la reconversión industrial, el colapso del socialismo del Este y las políticas neoliberales ofrecieron a la izquierda un contexto radicalmente nuevo que modificó su horizonte de expectativas. En algunos países desaparecieron los partidos comunistas —México (1981), El Salvador (1995), Bolivia (2003)— o se integraron a coaliciones amplias para aumentar sus posibilidades electorales, en el entendido de que esa sería la vía óptima para alcanzar el poder.
Los progresismos, conformados por los restos de las izquierdas históricas y formaciones centristas, ganaron elecciones en el cambio de siglo en distintos países capitalizando el descontento social frente a gobiernos corruptos y beneficiándose de un periodo de crecimiento económico, basado en la exportación de materias primas, que permitió la aplicación de políticas públicas en favor de las clases populares. América Latina fue así la única región del mundo en que se redujo considerablemente la desigualdad en el primer decenio del siglo XXI.
Aquellos progresismos se vincularon con los movimientos sociales y ofrecieron radicalizar la democracia, aplicar políticas redistributivas del ingreso, democratizar los medios masivos de comunicación, nacionalizar empresas estratégicas, eliminar los privilegios de la clase política, romper la colusión del dinero con la política, incentivar la participación popular en las decisiones públicas mediante los instrumentos de la democracia directa, reconocer los derechos e instituciones de los pueblos originarios, promover la intervención del Estado en la economía y reconocerlo como impulsor del desarrollo social, fortalecer el mercado interno con el incremento de los salarios y romper el consenso político neoliberal.
El “Socialismo del siglo XXI” del venezolano Hugo Chávez Frías (1999-2011) desarrolló su política social con las Misiones bolivarianas (orientadas a la alfabetización, la cobertura médica y la alimentación) y las cooperativas comunales. El gobierno del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) instrumentó políticas redistributivas del ingreso a instancias de programas sociales (Beca Familia, Hambre Cero, Universidad para Todos) con un incremento sustancial del salario mínimo, aminoró la desigualdad y rescató de la pobreza a 60 millones de personas.
La administración del boliviano Evo Morales Ayma (2006-2019) nacionalizó los hidrocarburos, realizó una nueva reforma agraria, estatizó algunos servicios públicos, nacionalizó la empresa de telecomunicaciones, contrajo el salario a los funcionarios públicos, lanzó una campaña alfabetizadora en castellano y un programa de alfabetización en lenguas indígenas, dictó una nueva constitución que consagró al país andino como un Estado plurinacional con derecho a la autonomía y el autogobierno indígena con sus entidades territoriales e instituciones.
México, por su parte, transitó a contraflujo: el partido de la derecha liberal, el Partido Acción Nacional (PAN), gobernó entre 2000-2012, cuando la región viró a la izquierda; luego volvió por un sexenio el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta 2018, y más tarde, y por lo menos hasta 2030, llegó al poder el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con el que inició el segundo ciclo progresista latinoamericano.
La presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) incrementó los salarios mínimos, disminuyó la pobreza y redujo la desigualdad. No obstante, el círculo de la dependencia no lo rompió ninguno de los progresismos ante su incapacidad para cambiar el modelo de acumulación de capital, aumentar la productividad del trabajo y profundizar la democracia.
Al acabar la bonanza de las commodities, las derechas recapturaron el poder. En 2015, con la elección de Mauricio Macri en Argentina. En 2016, con el desenlace del juicio político contra Dilma Rousseff, que canceló los sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores. Las elecciones de 2017-2018 trajeron de regreso al chileno Sebastián Piñera y las victorias del ecuatoriano Lenin Moreno, el colombiano Iván Duque y el brasileño Jair Bolsonaro. En 2019, en El Salvador ganó la nueva derecha de Nayib Bukele.
Sin embargo, en las elecciones de 2021–2022, las preferencias electorales se reencauzaron hacia la izquierda, congregada en coaliciones amplias por lo general: Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú y Gustavo Petro en Colombia, en Brasil regresó Lula; Bernardo Arévalo (Guatemala) y Yamandú Orsi (Uruguay) ganaron poco después. No obstante, se trató de victorias ajustadas en contextos internos, internacionales y económicos bastante diferentes a los de la primera ola progresista; Ejecutivos acotados por el predominio de las derechas en los poderes Legislativo y Judicial, en naciones muy polarizadas donde irrumpieron las derechas radicales, no las tradicionales y más moderadas de antaño.
La feroz política de seguridad de Bukele y la reivindicación militarista de Bolsonaro, la sintonía con la agenda de Donald Trump y el realineamiento político de las élites nacionales en partidos emergentes marcaron la ruta de las nuevas derechas que triunfaron con Daniel Novoa (Ecuador), Javier Milei (Argentina), Bukele (reelecto en 2024), José Antonio Kast (Chile), Laura Fernández (Costa Rica), Keiko Fujimori (Perú) y Abelardo de la Espriella (Colombia).
Expectativas inalcanzadas, políticas de seguridad fallidas, desencanto democrático, fractura de sus coaliciones o de las organizaciones mismas, corrupción, bajo crecimiento económico y la irrupción de un electorado novel que se inclinó mayoritariamente a la derecha descarrilaron el segundo ciclo progresista. Aún queda por ver lo que acontezca en las dos economías más poderosas de América Latina: en Brasil a finales de año y en México en las elecciones intermedias de 2027 y las presidenciales de 2030.
Lula, tras su cuarta presidencia de la mano del Partido de los Trabajadores, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ahora prisionero Jair Bolsonaro, postulado por el Partido Liberal, están en el centro de la disputa. El obrero metalúrgico arrancó la justa electoral con una aceptable ventaja sobre su principal adversario por las simpatías que despierta en el noreste del país, mientras que Bolsonaro domina en el sur.
Pero, a un mes de las elecciones, las preferencias se han emparejado. En las intermedias mexicanas, la coalición gobernante tiene una preeminencia holgada en términos generales sobre una oposición extraviada, pero corre el riesgo de perder en varias entidades del país. Una derrota de Lula en Brasil alteraría radicalmente la geografía política latinoamericana, dejaría aislada a la llamada Cuarta Transformación (4T) y cancelaría el segundo ciclo de los progresismos latinoamericanos.
Aunque se mantiene como fuerza hegemónica, la 4T sufre fuertes presiones externas e internas que la debilitan e incluso podrían desgajarla. Aquellas provienen de la administración estadounidense y tocan de manera combinada e intermitente los ámbitos más sensibles de la relación bilateral (comercio, migración, narcotráfico).
Las otras, también relacionadas con los factores externos, surgen de la economía (crecimiento económico por debajo de la media latinoamericana, incremento considerable de la deuda pública e insuficiente recaudación fiscal), conflictos internos (tanto dentro de la coalición como de MORENA por la disputa de posiciones) y el inocultable vínculo del crimen organizado con la sociedad política.
La falta de recursos públicos compromete el crecimiento económico por la exigua inversión en infraestructura y la desorbitante carga de obras financieramente inviables de la administración obradorista acotan la política social y drena las asignaciones presupuestales a otros rubros concernientes a la atención estatal (salud, cultura, educación). Los conflictos internos evidencian la ausencia de un proyecto compartido y la precaria cohesión organizativa de Morena.
Si bien el segundo gobierno de la 4T combate a las bandas criminales (decomisos, capturas, enfrentamientos armados), es desalentadora la inacción gubernamental respecto del vínculo entre el crimen y la sociedad política, y muy endebles los argumentos soberanistas para sustentarla. Esta simbiosis descompone aún más al Estado, enfrascado en una guerra interna e irregular sin final previsible y lastrado por un régimen autoritario que una transición democrática limitada y trunca no acabó de desmontar.
Probablemente desde el golpe militar contra el gobierno de la Unidad Popular chilena, América Latina no estuvo tan asediada por Estados Unidos como lo está actualmente, con una administración republicana dispuesta a no dejar en pie a ninguno de los progresismos (en el imaginario reaccionario, la versión contemporánea del ubicuo comunismo), por lo que el factor externo será decisivo para el futuro de estos. En países como México, además, la impunidad de los políticos y funcionarios ligados con el crimen debilita al país frente a estas amenazas.
En sintonía con la “Doctrina Donroe”, las derechas agresivas han ganado plaza tras plaza con la bandera del orden (que coloca en el mismo saco la migración con el narcotráfico), ofreciendo medidas extremas en materia de seguridad. En este terreno, el de la seguridad, las políticas erráticas de los progresismos fracasaron, a lo que se suma un cúmulo de promesas rotas y desgarradores conflictos intestinos. Izquierdas que llegaron al poder afirmando que eran distintas, y en posesión de este remedan la conducta de sus adversarios, burlaron la expectativa de cambio de la sociedad ahora en brazos de los nuevos redentores.
*Historiador mexicano, doctor por El Colegio de México y profesor titular en la UAM-Cuajimalpa