Para el gran empresariado argentino, la Patria es su patrimonio

Horacio Rovelli|

Para los empresarios argentinos que tienen activos financieros en el exterior y no los declaran para no contribuir con el erario público, que se niegan a pagar los impuestos, que despiden trabajadores en plena crisis económica y social por la pandemia del coronavirus, la Patria es su patrimonio. El impuesto a los 2.700 millones de dólares de bienes personales fugados de Argentina es de tal magnitud, que pagaría la emergencia.

¿Cuál era el sentido que tenía la palabra Patria para Don José Gervasio de Artigas, que dejó todo —mujer e hijos— y luchó por ella contra españoles, porteños, portugueses e ingleses bajo el lema “Si la Patria me llama allí estoy yo”? Seguramente que ese concepto es diametralmente distinto del de los empresarios.

¿Cuál fue el concepto de Patria del soldado conscripto Oscar Poltronieri, que en Malvinas y con una metralleta, defendió la posición hasta que sus 120 compañeros estuvieron a salvo, que los mismos ingleses lo condecoraron por valor en el combate? ¿Cuál es el concepto de Patria del personal médico y paramédico que se juega todos los días la vida ante un enemigo que no se ve como el es Covid-19?

Observamos en el Informe Técnico de Cuentas Internacionales de la Balanza de Pagos que compila el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la posición de inversión internacional para el último trimestre de 2019: el total de activos financieros externos de residentes argentinos es de 399.550 millones de dólares. De ellos, 17% corresponden a inversión de cartera; 11% a inversión directa; 11%, a activos de reserva y 61% a “otra inversión” (constituida fundamentalmente por moneda y depósitos).

Si el 70% del total de esos casi 400.000 millones de dólares de activos financieros fuera declarado por sus titulares, y se les restaran los bienes declarados en el exterior por 93.300 millones de dólares del año 2016 (Ley de sinceramiento fiscal), y pagaran la tasa del 2,25% anual (que es la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales para el mayor patrimonio), sobre esos 279.650 millones de dólares implicaría una contribución al fisco argentino por 6.900 millones de dólares por año.

Incluso por la misma ley vigente, pueden ingresar una parte de esa suma al país, la depositan en el sistema financiero local y se eximen de pagar el gravamen, tal lo dispone el impuesto.

Esto es, dejan gran parte de esos activos en el extranjero, pero contribuyen con los indispensables recursos para hacer frente a la pandemia con unos  5.000 millones de dólares por año, que sobre un PIB estimado de 343.656 millones de dólares significa el 1,45% del PIB que se sumaría a lo que abonan por los activos nacionales.

El problema es que no lo declaran. Si lo hicieran no solo dejarían de ser evasores y contribuirían con el sistema sanitario de la Argentina, de donde extrajeron esa riqueza, y  a cambio, solo pagarían por esos activos que dejan en el exterior la tasa del 2,25% que es la alícuota correspondiente.

Omertá

Pero no: solo les interesa lo que les pase a ellos, a lo sumo a sus allegados más cercanos y nada más. Y siempre amparándose en la sombra, en la protección de los grandes medios de los cuales son dueños. Recordemos por ejemplo el silencio sobre el Informe de la Comisión Bicameral que presidiera el diputado Roberto Feletti, donde consta la denuncia del ex funcionario del Banco JP Morgan, Hernán Arbizu, sobre cómo los grandes bancos que operan en la Argentina «asesoran a sus clientes, para hacer estructuras que ocultan la identidad de las cuentas”.

Así también la presentación de la AFIP de las operaciones bancarias de residentes argentinos por la denuncia del Ingeniero en Sistemas Hervé Falciani, que huyó a Francia y entregó una lista de dueños de cuentas no declaradas en la sucursal Ginebra del Banco HSBC, entre ellos 4.040 unidades de argentinos por 3.500 millones de dólares, solo en el año 2006.

Más la información provista por el BCRA sobre las compras de divisas en los años 2008 y 2009; el listado de compradores de divisas en 2011; y los Papeles de Panamá; de Bahamas; y de otras guaridas fiscales. En todos estos casos, apenas un puñado de personas es responsable de buena parte de la compra de divisas y de los capitales fugados.

Algunos grupos económicos que operan en el país como Clarín, Ledesma y Techint, entre otros, se repiten constantemente a través de dichas firmas, pero además por la presencia de sus principales directivos y accionistas.

Práctica de fuga que continuaron y ampliaron en el gobierno de Cambiemos. Según el Balance Cambiario del BCRA, la FAE (Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior) en esos cuatro años fue de 88.371 millones de dólares y, las compras las realizaron los bancos para sí o en nombre de sus clientes.

Es por eso que el presidente Alberto Fernández en su discurso del 1° de marzo de 2020 al inaugurar las sesiones parlamentarias ordinarias dijo: “El Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.

La actual administración de la AFIP recibió por parte de la OCDE (que nuclea a 37 países desarrollados) el nombre de los titulares de 950 cuentas en el exterior por unos 2.600 millones de dólares. Se trata de una información oficial de un organismo público del país en el que está radicada la cuenta, y la AFIP tiene que verificar si ese activo está declarado en la Argentina y reclamar a su titular el pago de la deuda (impuestos más intereses más multas).

Una estimación preliminar dice que 700 de las 950 cuentas analizadas por la AFIP no habían presentado declaración jurada de Bienes Personales, o al presentarla no declararon bienes en el exterior.

Existen diversos trabajos sobre el tema pero ninguno aparece en los grandes medios por obvias razones, tan obvias como las que nos hace suponer que esos grandes fondos de cobertura o inversión financiera que tienen gran parte de los títulos de deuda externa argentina, como Black Rock, Fidelity, Vanguard, Pimco, Franklin Templeton, seguramente administraran parte de esos activos  financieros no declarados por  sus poseedores argentinos

Ante una pandemia como no ha conocido ningún ser viviente del planeta, el gobierno les pide que en nombre de la Patria tengan un mínimo gesto de solidaridad… y le contestan echando trabajadores.

El gobierno podrá ser lento en  sus procedimientos, pero la principal causa de lentitud es la falta de recursos. Ninguna nación de las que les gusta llamarse “el mundo libre” puede hacer frente al problema, no puede Estados Unidos y tampoco las naciones europeas, no hay vacuna y la principal medida que puede tomar y el gobierno argentino lo ha hecho, es prevenir, pero no basta.

Se necesitan reactivos que son básicamente importados para que la población sepa si contrajo el virus o no, y en ese caso, se le dé debido tratamiento (con los serios problemas de infraestructura y equipos que tiene un país como el nuestro).  Tan lógico y elemental como eso. Que los que más tienen contribuyan pagando los impuestos.

(*) Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Publicado en elcohetealaluna.com