Panorama Económico Latinoamericano – Del 10 al 17 de junio de 2026
La masacre silenciosa de la industria brasileña
Luis Nassif
Cuando el arancel no es suficiente, los criterios ESG pueden ser la última barrera.
Brasil es un país desarmado. En este momento, la invasión china de la industria brasileña avanza a pasos agigantados. Pero no hay señales de alerta. Los medios reaccionan ante cada aumento de medio punto en la tasa Selic y guardan silencio ante el desmantelamiento de la industria. Para el gobierno, el precio de las blusas y el programa Desenrola son temas más relevantes que la industria. Y el panorama industrial es trágico.
Brasil es líder mundial en exportaciones de algodón. Y también importa prendas de vestir. Es líder en exportaciones de pulpa de papel —por ahora, mientras Indonesia aún no ha consolidado las enormes inversiones chinas para reemplazarlo—. Además, importa papel. Exporta soja, mineral de hierro y petróleo crudo. En 2023, el 74% de las importaciones brasileñas de productos industriales procedentes de China correspondieron a bienes de alta y media tecnología, mientras que solo el 5% de las exportaciones brasileñas al mercado chino correspondieron a estos productos.
Es el viejo problema del aumento de la producción primaria, pero ahora a un ritmo vertiginoso. China no solo absorbe nuestras materias primas, sino que nos devuelve productos manufacturados a precios que ninguna industria local puede igualar. Si este ritmo continúa, pocos sectores de la industria brasileña sobrevivirán.
El caso de las pinturas es emblemático. La pintura es un producto pesado, con una logística costosa y difícil de exportar en grandes volúmenes; precisamente el tipo de sector que, naturalmente, debería protegerse mediante el distanciamiento físico. Aun así, las importaciones chinas han crecido un 19,5% anual en el mercado brasileño durante los últimos cinco años. Las proyecciones indican que, para 2035, China controlará el 15% del mercado brasileño de pinturas. En el sector químico en general, la producción china ya es 25 veces mayor que la brasileña.
Las herramientas que desaparecen
Hay sectores que no aparecen en las noticias y que, al desaparecer, se llevan consigo la capacidad futura de innovación. Uno de ellos es la industria de herramientas y matrices. La red brasileña de herramientas y matrices se está desmoronando. No se trata solo de un sector industrial, sino de la infraestructura invisible de la que depende la innovación tecnológica de toda la cadena de producción.
La participación del sector industrial en el PIB de Brasil disminuyó en 23,3 puntos porcentuales entre 1985 y 2024, pasando del 48% al 24,7% durante ese período. La cifra que circula en los documentos oficiales —el 11% del PIB para la industria manufacturera— oculta la destrucción sectorial específica que se está produciendo en los eslabones más avanzados de la cadena de producción.
La dependencia de los fertilizantes completa el panorama: Brasil importa la mayor parte de sus insumos agrícolas de Rusia y China. El mayor exportador de alimentos del mundo no produce los nutrientes que utiliza para sus propios cultivos.
Por qué el arancel no resuelve el problema
La tentación clásica de la política industrial son los aranceles. Y la experiencia reciente demuestra por qué no son suficientes.
El llamado «impuesto a las blusas» —un 20 % sobre los pedidos pequeños procedentes del extranjero— fue negociado con el Ministerio de Hacienda e implementado por el ministro Fernando Haddad. Al entrar en vigor, frenó las importaciones ilegales. Pero no duró mucho. Los importadores chinos se adaptaron rápidamente: vendían las zapatillas por separado, una a una, cada una por debajo del límite de exención de 50 dólares. Productos desmontados. Fraude en la clasificación fiscal a gran escala. Para el mes pasado, los volúmenes ya habían vuelto a los niveles anteriores al impuesto.
El principio es simple y brutal: si se sube el arancel, China baja el precio. El exceso de capacidad del sector industrial chino es estructural: el país sigue produciendo mucho más de lo que puede vender internamente, con una inversión en capital fijo desproporcionadamente alta en relación con el consumo de los hogares. Este excedente tiene que ir a alguna parte. El mercado brasileño es un destino conveniente.
Invertir en criterios ESG como barrera no arancelaria
Si los aranceles no son suficientes, ¿qué queda? La respuesta que emerge entre bastidores de la política industrial es la agenda de sostenibilidad, no como una plataforma ideológica, sino como un instrumento técnico para la defensa comercial.
La lógica es la siguiente: las normas de cumplimiento ambiental, la huella de carbono y los criterios ESG pueden funcionar como barreras no arancelarias legítimas en el marco de la OMC (Organización Mundial del Comercio), difíciles de sortear mediante el simple mecanismo de reducción de precios. La Unión Europea ya avanza en esta dirección con el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (MAFC). La oportunidad para Brasil es doble: alinearse con estas normas para no quedar excluido del mercado europeo y, simultáneamente, utilizar los mismos criterios como filtro para las importaciones depredadoras.
El problema radica en que la transición requiere simultaneidad. La industria nacional necesita adaptarse a los nuevos estándares antes de que se conviertan en un requisito de entrada. Una de las mayores empresas brasileñas de caucho ilustra este dilema: digitalizada, con inteligencia artificial, con toda la producción robotizada, y aún en situación de quiebra, porque no existe un precio que pueda competir con China.
Adaptarse a los criterios ESG es costoso. Morir antes de lograrlo también lo es.
Los conflictos que la cámara sectorial no resuelve.
Existe una dificultad adicional que rara vez se menciona en el debate público: los conflictos internos entre sectores relacionados. En el caso específico de los productos químicos y las pinturas, las empresas del sector químico solicitaron medidas antidumping contra las importaciones de un componente específico, perjudicando así a la propia industria de la pintura, que depende de este insumo. El arancel que protegía a un eslabón de la cadena destruyó a otro.
De ahí la dependencia del método Delphi para la construcción participativa de agendas sectoriales: una forma de buscar la convergencia antes de hacerlas públicas, evitando que los sectores relacionados se neutralicen entre sí en disputas sobre protección.
¿Qué está abierto?
El volumen de bienes de consumo importados creció un 15,3 % entre enero y noviembre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las importaciones están absorbiendo el escaso crecimiento de la demanda interna de bienes industriales. Para 2026, la CNI (Confederación Nacional de la Industria) prevé un crecimiento de tan solo el 0,5 % para el sector manufacturero, el peor resultado entre todos los segmentos.
En la conversación recogida, quedan dos cuestiones sin resolver. La primera son los elementos de tierras raras, un sector estratégico con un enorme potencial para Brasil, pero que aún se encuentra en las primeras etapas de estudio, frenado por la urgencia de otras agendas. La segunda es la viabilidad política de una agenda industrial coherente en un entorno donde cualquier decisión proteccionista genera ganadores y perdedores inmediatos.
En cualquier caso, la situación refuerza las exigencias que recaen sobre el gobierno de Lula. Si no existen planes bien diseñados con objetivos claros, capaces de definir nuevas cadenas de producción, cambios legislativos que dirijan el capital financiero hacia el sector productivo y políticas claras para proteger el empleo y las pymes, la euforia inicial ante la posible victoria de Lula no bastará para contener la ola que se avecina.
Si Lula actúa con sensatez, a partir del primer día de su cuarto mandato, lanzará una campaña nacional en defensa de la economía. Para ello, sería crucial que asumiera el cargo con un Plan de Objetivos detallado. El país ya no tolera la improvisación ni el presidencialismo basado en coaliciones.
* Periodista económico. Ha recibido numerosos premios (Premio Esso 1987, Premio Comunique-se, Cofecon Highlight, entre otros). Director y fundador de Jornal GGN.
La inversión extranjera en Argentina tuvo un desempeño muy flojo
Juan Garriga
El Gobierno apostó fuerte al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como principal herramienta para atraer capitales externos. Exenciones impositivas, ventajas cambiarias, eliminación de retenciones y estabilidad fiscal por 30 años fueron presentadas como la llave para transformar a la Argentina en un polo de inversiones globales. Sin embargo, los datos muestran un resultado muy distinto: aun con ese esquema de beneficios extraordinarios para grandes empresas, el país quedó último en América Latina en materia de inversión extranjera directa (IED).
Según un informe de Misión Productiva elaborado en base a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina captó apenas 3.100 millones de dólares de IED durante 2025. El contraste regional es contundente: Brasil recibió alrededor de 77.000 millones de dólares, México más de 40.000 millones y Chile superó los 13.000 millones. Incluso Costa Rica, una economía mucho más pequeña, logró atraer mayores flujos de capital que la Argentina.
El dato golpea de lleno sobre uno de los principales argumentos económicos del oficialismo. El Gobierno sostuvo desde la aprobación de la Ley Bases que el RIGI permitiría destrabar un ciclo masivo de inversiones privadas, especialmente en sectores estratégicos vinculados a energía, minería y litio. Pero los números muestran que la flexibilización regulatoria y los beneficios tributarios no alcanzaron para modificar la dinámica general de la inversión.
El régimen contempla una batería de ventajas para grandes empresas. Los proyectos adheridos pueden acceder a estabilidad fiscal por 30 años, reducción del Impuesto a las Ganancias, eliminación de retenciones a las exportaciones, beneficios aduaneros, libre disponibilidad de divisas y devolución acelerada de IVA para las inversiones. El foco está puesto principalmente en sectores extractivos y energéticos, como petróleo, gas natural licuado, minería y litio.
Sin embargo, ese esquema tiene un costo fiscal creciente. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que los proyectos ya aprobados bajo el RIGI implicarán una pérdida de recursos públicos superior a 1.800 millones de dólares anuales cuando entren en régimen pleno de producción. El principal componente de esa renuncia fiscal son las retenciones de exportación que el Estado dejará de cobrar, con un costo estimado de 851 millones de dólares por año. A eso se suma la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas adheridas, que representa otros 545 millones anuales.
El estudio también pone el foco sobre otro aspecto sensible: gran parte de las inversiones beneficiadas ya estaban anunciadas o en marcha antes de la creación del régimen. Al menos 7 de los 12 proyectos aprobados tenían definiciones estratégicas previas a la sanción de la Ley Bases. Entre ellos aparece el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), impulsado por YPF junto a otras petroleras, que por sí solo representa un costo fiscal estimado en 869 millones de dólares anuales.
También figura el proyecto de GNL de Southern Energy, con beneficios tributarios proyectados en torno a 420 millones anuales.
El informe de CEPA sostiene que, más que generar inversiones nuevas, el RIGI está ampliando beneficios fiscales para proyectos que probablemente se hubieran realizado de todos modos. La propia YPF tiene participación directa o indirecta en iniciativas que concentran casi el 70 por ciento de las inversiones aprobadas bajo el régimen.
Desde Misión Productiva advierten además que la inversión no depende únicamente de incentivos tributarios. El trabajo remarca que la fuerte caída del consumo, la paralización de la obra pública, la falta de crédito productivo, la apreciación cambiaria y la incertidumbre macroeconómica desalientan la llegada de capitales de largo plazo. También señalan el deterioro del entramado PyME y la caída de sectores intensivos en empleo como factores que afectan la capacidad de expansión productiva.
“El dato resulta especialmente significativo porque ocurre en un contexto donde el Gobierno impulsó un fuerte esquema de incentivos a grandes inversiones mediante el RIGI. Sin embargo, los números muestran que esas inversiones vinculadas principalmente a recursos naturales y energía no alcanzan para generar un proceso amplio de atracción de capitales”, señala el documento.
La diputada nacional de Unión por la Patria y directora de CEPA, Julia Strada, cuestionó además el impacto de largo plazo del esquema. “Es preocupante la reducción de impuestos de Milei a sectores pudientes y a grandes empresas. Se compromete espacio fiscal de gobiernos futuros. El RIGI y la estabilidad de la reducción de Bienes Personales hasta el año 2038 son graves en términos tributarios”, sostuvo..
Distribución funcional del ingreso en Brasil
Henrique Morrone *
Detrás de la reciente estabilidad distributiva se esconde un sistema que comprime la participación salarial para garantizar las tasas de ganancia en un escenario de estancamiento productivo.
1.- Resulta sorprendente, por no decir aún más inquietante, la escasez de trabajos académicos que investiguen la evolución de la distribución funcional del ingreso en Brasil en relación con su colapso estructural. Es como si el ingreso se distribuyera en el vacío, y no dentro de una estructura productiva en constante evolución. Pero la distribución no flota en el aire; soporta el peso de la estructura que la sustenta.
Quizás esta ausencia no sea simplemente un descuido. Quizás revele algo sobre nosotros y sobre cómo hemos aprendido a abordar el problema. La distribución suele presentarse como un resultado: una variable que aumenta o disminuye según fuerzas agregadas —tecnología, globalización, instituciones, negociación—. Un número que reacciona. Rara vez un número que se reorganiza por sí mismo.
Pero se reorganiza. Y cuando lo hace, no es evidente. Entre 2000 y 2020, Brasil ofreció un experimento silencioso —y por lo tanto revelador—. Lo que se puede observar a simple vista es un movimiento conocido: la participación del trabajo crece en la década de 2000, pierde impulso y se estabiliza en declive en la década siguiente.
Un arco que parece encajar en las narrativas habituales. Pero el conjunto diluye lo esencial. Lo que revela la descomposición es menos una trayectoria y más una desalineación progresiva. No hay una ruptura repentina. Existen descoordinaciones que se acumulan, no siempre silenciosamente, entre salarios, productividad, precios y estructura.
Inicialmente, la maquinaria aún encuentra cierto ritmo. Los salarios reales suben. La productividad también aumenta. No siempre simultáneamente, pero sí de forma relativa. La participación del trabajo crece porque existe, aunque imperfectamente, una correspondencia entre lo que se produce y lo que se paga. La economía avanza, no mediante una profunda transformación estructural, sino mediante una alineación temporal.
Era poco. Pero bastaba para mantener la apariencia de continuidad. Esta apariencia no se sostiene. A partir de la década siguiente, lo que antes era diferencia se convierte en distancia. La productividad continúa su curso, aunque más lentamente. Los salarios pierden impulso. A veces, incluso retroceden. La participación del trabajo no se desploma. Se desacopla. Deja de seguir el ritmo.
2.En este punto, la distribución no se derrumba. Su base cambia. Depende menos de la dinámica salarial y más de cómo se distribuye el trabajo entre los sectores. Y es aquí donde reaparece la estructura, no como telón de fondo, sino como mecanismo.
El mundo laboral está en constante transformación. Algunos sectores se contraen, otros se expanden. Nada de esto es nuevo. Lo que llama la atención es la dirección de este movimiento. La mano de obra no migra principalmente hacia donde crece la productividad, sino hacia donde hay absorción. Y, en este contexto, absorción no es sinónimo de dinamismo.
Los servicios —sobre todo los de baja productividad— se convierten en el principal destino. La economía sigue avanzando, pero lo hace de lado, como un cangrejo que se mueve sin avanzar. Como un sistema que, al carecer de la fuerza para seguir adelante, redistribuye su peso para evitar caer.
Esta redistribución sostiene parcialmente la participación del trabajo. Los sectores con mayor intensidad laboral aumentan su peso. Compensan, hasta cierto punto, la pérdida de dinamismo en los salarios. La distribución se mantiene, no porque se fortalezca, sino porque se reajusta. Es una estabilidad que tiene un precio. Por lo tanto, la participación salarial no fluctúa de forma errática. No se desploma, pero reduce su horizonte temporal.
En este sistema, la productividad deja de sustentar el componente salarial. En muchos casos, comienza a funcionar como un proceso paralelo, cuyos beneficios no se transfieren íntegramente a los trabajadores. Lo que antes era una tensión manejable se convierte en una disociación persistente.
Y luego están los precios. Los sectores menos productivos se vuelven relativamente más caros. No por eficiencia, sino por su ausencia. Es el mecanismo descrito por William Baumol: las actividades estancadas ejercen presión sobre los costos y alteran la estructura de precios. Pero, en el caso brasileño, falta el mecanismo que cerraría el círculo.
Los salarios no convergen. Los precios suben donde la productividad no aumenta, pero los ingresos no siguen la misma tendencia de forma homogénea. El ajuste no se produce por igualación, sino por compresión. El ingreso real pierde densidad y la distribución se reorganiza sin resolver la tensión subyacente.
Si William Baumol ofrece un diagnóstico parcial, Arthur Lewis emerge como el opuesto. En el modelo clásico, el desarrollo traslada la mano de obra de sectores de baja productividad a sectores de alta productividad. En nuestro peculiar mundo nacional, este traslado se produce sin un destino equivalente. La industria no lo absorbe en la escala necesaria. El dinamismo no se generaliza.
El excedente de mano de obra no desaparece. Se reorganiza. Se distribuye entre actividades que mantienen el empleo pero no amplían la capacidad productiva del sistema. No se trata de superar el dualismo, sino de reconfigurarlo. Un Arthur Lewis a la inversa.
3. Al mirarse en el espejo, el componente salarial ve su reflejo invertido: el componente de ganancias. En Brasil, este constituye un componente central de la tasa de ganancia, una variable que guía la acumulación de capital y, en última instancia, el crecimiento mismo. Su otra cara, menos visible, es la productividad del capital. Cuando esta disminuye, como ha ocurrido persistentemente, la tasa de ganancia se vuelve cada vez más dependiente de la compresión del componente salarial.
Aquí es donde entran en juego los mecanismos institucionales. Muchos de los cambios institucionales implementados poco después de la crisis de 2015 parecen operar precisamente bajo esta inversión: no aumentan la productividad, no reconstruyen la base productiva, sino que intentan mantener la rentabilidad mediante una redistribución regresiva. El resultado es bien conocido. La participación de los salarios se reduce para que la participación de las ganancias pueda respirar —aunque sea brevemente— alimentando así la dinámica de una acumulación que sigue siendo dependiente y asfixiada.
En este contexto, la participación del trabajo deja de ser un mero indicador distributivo. Se convierte en un síntoma estructural. Expresa no solo cuánto trabajo recibe, sino también dónde se sitúa y en qué tipo de dinámicas productivas se inserta.
Durante este periodo, la economía brasileña no se detuvo, pero tampoco avanzó como podría haberlo hecho. Fluctuó dentro de un rango estrecho, ajustándose marginalmente y reorganizándose sin alterar decisivamente su núcleo. La distribución siguió este movimiento: creció cuando había dinamismo, se estabilizó cuando este disminuía y recurrió a la estructura cuando los salarios ya no eran suficientes. El resultado es un equilibrio inestable.
La distribución salarial no se derrumba. Pero tampoco encuentra una base sólida para el crecimiento. Se sostiene por desplazamiento, no por expansión. Por composición, no por dinamismo. Y quizás sea precisamente por eso que la literatura aún duda. Porque reconocer este proceso exige abandonar la cómoda idea de que la distribución puede analizarse de forma aislada. Exige volver a situarla donde siempre ha estado: dentro de una estructura que produce, absorbe, desplaza y, a veces, limita.
La distribución no surge por arte de magia. Y cuando la estructura se mueve sin progresar, tampoco avanza mucho. No sorprende que la deuda de los hogares alcance niveles récord en un entorno donde el estancamiento de los ingresos se ve acompañado por la expansión de un crédito costoso.
*Profesor del Departamento de Economía de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) .
El Caribe va a la transición energética aún abrazado al petróleo
Los países de la cuenca del Caribe se asoman a la transición energética con modestas instalaciones de energía solar y eólica, son todavía muy dependientes de los hidrocarburos como consumidores, y los que son productores de petróleo y gas, o aspiran a serlo, aceleran la extracción o la búsqueda de esos recursos.
Por ello, voces desde la sociedad civil en la región alertan sobre necesidad y modos de abordar la contradicción: sumarse a las corrientes más progresistas en favor de energías limpias y, en paralelo, contar todavía y quizás cada vez más con la certeza y los ingresos que aportan los combustibles fósiles.
Carolina Sánchez, portavoz de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles, dijo a IPS que “la transición ya echó a andar, pero la narrativa es distinta para los países petroleros y los que no lo son. En unos queremos que no haya expansión, en los otros detener la exploración, que no se metan en ese negocio que va de caída”.
“La transición ya echó a andar, pero la narrativa es distinta para los países petroleros y los que no lo son. En unos queremos que no haya expansión, en los otros detener la exploración, que no se metan en ese negocio que va de caída”:, señala Carolina Sánchez.
Para el sociólogo Emiliano Terán, del venezolano Observatorio de Ecología Política, “una transición energética en países como los nuestros debe estar siempre dentro de una relación de participación diferenciada global, entre los que más contaminan y emiten dióxido de carbono (CO2) en el planeta, y los que menos”.
La región latinoamericana y caribeña es responsable de solo 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que calientan el planeta y ponen en entredicho a los hidrocarburos, recuerda Terán. Y el Caribe responde por menos de uno por ciento, apuntó Sánchez desde San José de Costa Rica.
¿Comprendiendo a los petroleros?
Varios países del Caribe, insulares y en tierra firme, prueban suerte con la exploración petrolera bajo el influjo del bum de Guyana, con producción cero hasta 2018 y más de 900 000 barriles -de 159 litros- por día en la actualidad.
Sánchez acota que ese bum va “viento en popa”, con impactos visibles como el auge de la construcción, pero tiene otros efectos en la sociedad como el costo de la vida, el desplazamiento de los pescadores por el petróleo y la escasez de pescado para una población mayoritariamente costera que demanda ese producto.
La República Dominicana tiene nuevos convenios para buscar petróleo y gas en su subsuelo y en el de Guyana; Panamá quiere que la firma colombiana Ecopetrol le ayude con sus exploraciones, y Honduras procura otro tanto con la mexicana Pemex.
Para Jamaica hace prospección petrolera la firma británica United Oil and Gas, y Trinidad-Tobago, que durante medio siglo ha sido un importante productor y exportador de gas en la región, busca asociarse con la vecina Venezuela para explotar nuevos campos gasíferos bajo las aguas del Caribe sudoriental.
De su lado, los productores tradicionales en el gran Caribe (Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago), así como los nuevos (Guyana, cuyos pasos sigue Suriname) procuran sostener o incluso incrementar su producción de petróleo y gas para atender ingentes problemas de ingresos, equilibrio fiscal y crecimiento.
Tanto los productores como los consumidores netos de hidrocarburos están bajo el impacto de situaciones de fuera de la región, desde la inflación global y el creciente peso de la deuda hasta la inestabilidad de precios y suministros causada por conflictos como los de Rusia contra Ucrania y los del Medio Oriente.
Características de muchos países del Caribe son su alta vulnerabilidad climática, por los huracanes e inundaciones principalmente, y su elevada dependencia de combustibles fósiles importados, en algunos casos hasta de 95 %, lo que los hace vulnerables a las alzas de precios o interrupciones en las cadenas de suministro.
Es notorio el caso de Cuba, cuyo aprovisionamiento se ve afectado por las sanciones crónicas de Estados Unidos y, este año, por el cese de los suministros desde Venezuela y el bloqueo total al arribo de petróleo decretado por el presidente Donald Trump a fines de enero, lo ha generado un colapso de la electricidad y el transporte vial, en un país que solo produce internamente 40 % de su demanda fósil.
El esfuerzo en países como Barbados, Cuba y República Dominicana por ampliar sus instalaciones de energías renovables (Cuba alcanzaría 1000 Mwh de capacidad en solar fotovoltaica este año) atiende la necesidad de superar la vulnerabilidad ante factores climáticos o escasez y carestía en los suministros.
En Suriname, y también en Guyana, responde en cambio a la necesidad de llegar a zonas rurales con pequeñas comunidades aisladas en el interior del país.
Cómo deshacer la madeja
La propuesta de la red para el Caribe libre de fósiles, expone Sánchez, versa en primer lugar sobre la exploración, para que los países no petroleros de la región se abstengan de sumarse a un negocio que puede dejarles con activos varados ante el avance de una transición ineludible.
Considera que a los productores petroleros “es muy difícil decirles que no aprovechen hasta la última gota de lo que ya tienen, pero que sí que no den más licencias y se preocupen más por cómo transformar sus sistemas fiscales, porque la transición, sí o sí, les puede dejar por fuera”. La transición a otras fuentes de energía “ya no es solo un tema ideológico, lo es de mercado, de negocio”, remarcó Sánchez.
Terán coincide en que “para nuestros países hay que pensar toda la estructura fiscal, de ingresos, de distribución de la renta, de reformulación de la deuda, y además que todos los huecos deben por obligación ser cubiertos por financiación externa”.
El también investigador de la Universidad Central de Venezuela sostiene que en la región “en la medida en que un país ha incrementado su producción petrolera, se convierte en un país más dependiente”.
Para Terán “el mejor ejemplo de ello es Venezuela (durante casi un siglo el petróleo representó entre 70 y 90 % de sus exportaciones), pero también Colombia (un tercio de sus ingresos), y la situación podría ser igualmente devastadora en Guyana, aunque ahora disfrute el beneficio del bum”.
La alternativa estaría, según Terán, “en tratar de trazar un camino diferente a la hecatombe climática, apuntando a una diversificación económica que no implique la dependencia de recursos que deben quedare bajo el suelo”.
Como ejemplos de lo que puede hacerse, Sánchez cita tres casos, comenzando por la moratoria indefinida a la exploración de hidrocarburos en su territorio que en 2002 consiguió la sociedad civil en Costa Rica, aunque como decreto gubernamental y no legislativo, y que debería mantenerse hasta el año 2050.
Otro caso es el referendo con el que la población de Belice rechazó en 2017 la búsqueda de petróleo en su porción del Caribe -donde comparte con Guatemala, Honduras y México el Sistema Arrecifal Mesoamericano- y que solo puede alterarse mediante una nueva consulta referendaria.
Y como ejemplo organizativo, y de réplica ante la reciedumbre de los huracanes que han asolado la isla, mencionó a la iniciativa Casa Pueblo en Las Adjuntas, en la zona montañosa de Puerto Rico, donde la comunidad desarrolló un proyecto autogestionado de energía solar fotovoltaica.
Recursos para el futuro
Cualquier habitante o turista puede describir al sol cubriendo el Caribe o la brisa de los vientos alisios en cualquiera de sus playas. Ambos recursos son una fuente poderosa y prometedora de energía renovable en la región.
El Caribe posee uno de los potenciales solares más altos del mundo, pues recibe una radiación diaria promedio de entre 5,5 y seis kilovatios hora (kwh) por metro cuadrado.
Varias de sus islas, y costas en tierra firme, sobre todo en el noroeste de Venezuela y el noreste de Colombia, reciben los vientos alisios con una velocidad promedio superior a los nueve metros por segundo.
Las estadísticas de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) daban cuenta de que en 2023 la región de América Central y el Caribe (excluida su porción sudamericana) tenía una capacidad instalada de 18 559 megavatios hora (Mwh) en energías renovables. La mayor porción, 8418 Mwh, corresponde a energía hidroeléctrica. Costa Rica dispone de 2372 Mwh, Panamá de 1847, Guatemala de 1574, Honduras de 916 y la República Dominicana de 624 Mwh.
En energía solar hay instalada una capacidad de 4767 Mwh, de los cuales 1077 en la República Dominicana, 955 en Puerto Rico, 646 en Panamá, 586 en El Salvador y 529 Mwh en Honduras. Y en energía eólica se dispone de 2128 Mwh: 417 en la República Dominicana, 408 en Costa Rica, 336 en Panamá, 239 en Honduras y 186 Mwh en Nicaragua.
Si la posible expansión de la capacidad hidroeléctrica es casi nula, por la ausencia de grandes ríos en las islas y en el istmo, más el impacto de represarlos, la capacidad en energías solar y eólica puede duplicarse y aún triplicarse en la treintena de territorios.
Bogotá estima que en la península de la Guajira y en el Caribe podría instalar una capacidad de hasta 20 000 Mwh de energía eólica, y Venezuela de su lado en la misma área al menos 10 000 Mwh, casi tantos como los que obtiene con las grandes represas en el sureste del país.
La Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía (Olade), integrada por los gobiernos de la región, estima que en el año 2050 la energía eólica y solar representarán 58 % de la capacidad instalada en el área del Caribe. Pero advierte de que para ello es imperativo fortalecer los ecosistemas financieros nacionales (lo que incluye a bancos de desarrollo y fondos de inversión) para que puedan apoyar de manera efectiva las inversiones en energía sostenible.
Finalmente, Terán afirmó que “sería muy reduccionista ver estos desarrollos posibles solo como un problema de fuentes de energía, de poner más renovables y menos petróleo, si no se cuestionan los estilos de vida y los niveles de consumo actuales. Y las capacidades tecnológicas y financieras también tienen sus límites”.
Venezuela en el top 3 de productores de crudo![]()
Venezuela se consolidó en enero de 2026 entre los tres principales productores de crudo de América Latina y el Caribe, al concentrar junto a Brasil y México 70% de la producción regional, que ascendió a 361 millones de barriles, según el último reporte mensual de Petróleo y Gas emitido por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde) desde su sede en Quito.
Además de un repunte de 11% en petróleo, el informe de la Olacde posiciona a Venezuela con un 10% de participación en la producción regional de gas natural. Así destaca su relevancia en el abastecimiento de la región.
Aunque la producción de gas natural en la región se elevó un 27% al llegar a 28 mil millones de metros cúbicos, Venezuela ha quedado desplazada a un segundo plano. La Olacde situó al país en un bloque secundario ubicándolo por detrás de Argentina (21%), Trinidad y Tobago (20%), Brasil (13%) y Perú (11%).
A pesar de las persistentes limitaciones operativas y los desafíos estructurales que arrastra la industria local, estos datos confirman que el subsuelo venezolano sigue siendo un motor primario para la oferta energética del continente. Asimismo, comparte el liderazgo con las dos economías más grandes de la región latinoamericana.
Mientras, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que en las próximas semanas llegarán nuevas empresas del sector de los hidrocarburos al país, en medio del proceso de apertura económica y acercamiento con Estados Unidos. Rodríguez aseguró que el ingreso de nuevas compañías al sector energético comenzará a acelerarse próximamente.
“Van a llegar más y más empresas a Venezuela”, afirmó la mandataria ante trabajadores de la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores reservas de crudo del mundo. Aunque no ofreció detalles sobre las compañías involucradas ni sobre las operaciones previstas, sostuvo que el país atraviesa una etapa de captación de inversiones nacionales y extranjeras para impulsar la recuperación de la industria petrolera.
El anuncio ocurre meses después de la reforma de la Ley de Hidrocarburos aprobada en Venezuela, medida que abrió mayores espacios a la inversión privada y extranjera dentro del sector energético.
Petrobras se centrará en São Paulo, en la refinación
Alex Prado
Según las proyecciones de la empresa estatal, la implementación de este plan plurianual debería impulsar significativamente el mercado laboral local, generando aproximadamente 38.000 puestos de trabajo, incluyendo empleo directo e indirecto.
Perfeccionando la expansión y la modernización
Petrobras planea destinar una cantidad significativa de R$ 37 mil millones al estado de São Paulo en su plan de negocios que abarca el período de 2026 a 2030. El plan estratégico vincula inversiones en la modernización de la infraestructura de refinación de São Paulo, la logística portuaria, la transición energética con combustibles renovables y la exploración de un prometedor yacimiento de petróleo y gas a alta presión en la Cuenca de Santos.
El sector de refinación recibirá la mayor parte de los recursos asignados al Estado, que ascienden a 17.000 millones de reales. El principal atractivo de estas inversiones es la Refinería Paulínia (Replan), la más grande del país, responsable de procesar aproximadamente 434.000 barriles diarios (equivalente al 20% de la capacidad total de refinación nacional).
- Refinería Paulínia (Replan): Recibirá R$ 6 mil millones de la inversión total. El objetivo es aumentar su capacidad de producción de diésel en un 5% para 2027. Actualmente, la planta produce 24 millones de litros diarios de diésel S10 (menos contaminante, un volumen capaz de abastecer a 80 000 autobuses al día), además de diésel S500. La expansión busca mitigar la dependencia del combustible importado en un escenario global de precios volátiles.
- Otras unidades: El plan también incluye inversiones en la refinería de São José dos Campos (Revap), con el objetivo de aumentar el suministro de diésel S10, y en la refinería de Mauá (Recap), centrándose en procesos más eficientes para el tratamiento del petróleo procedente de la capa presalina.
Biocombustibles y transición energética
En línea con sus objetivos de descarbonización, Petrobras también implementará proyectos sostenibles en sus plantas de São Paulo. Se prevé la instalación de una unidad en la refinería de Replan dedicada a la producción de combustible de aviación sostenible (SAF) a partir de etanol. La presidenta de la compañía, Magda Chambriard, destacó el potencial estratégico del proyecto: «Esperamos que este combustible también conquiste un mercado importante aquí en Sudamérica». Además, la refinería de Paulínia contará con una planta de energía solar fotovoltaica de 20 MW.
Nueva frontera en el presalino y la logística
En el ámbito de la exploración y producción, destaca el Bloque Aram, ubicado en la Cuenca de Santos. Petrobras planea perforar dos pozos en la región para 2030 con el fin de delimitar un nuevo y prometedor yacimiento de petróleo y gas en una zona de alta presión.
Magda Chambriard explicó los siguientes pasos técnicos: “A partir de ahora, evaluaremos si declaramos la viabilidad comercial. Es una zona muy prometedora; sería el primer proyecto en la zona de alta presión de la Cuenca de Santos”. La ejecutiva hizo hincapié en la urgencia del cronograma, revelando que ha instruido a su equipo para que al menos uno de los pozos esté en operación comercial para finales de la década. El plan también incluye optimizaciones en la recuperación de energía secundaria en los campos de Sapinhoá y Mexilhão.
Para apoyar el flujo de esta producción y el movimiento de subproductos, el plan estratégico detalla la expansión de la infraestructura logística en la costa, con inversiones en la ampliación de dos áreas de la Terminal Portuaria de Santos. Según el presidente de la empresa estatal, las operaciones en São Paulo abarcan, de manera integrada, «desde la exploración y producción en los yacimientos presalinos y possalinos hasta las inversiones en logística y transporte de petróleo y subproductos en la terminal de Santos».
Panorama internacional
La presencia de China en América Latina
José A. Amesty Rivera *
La gente común de nuestros pueblos latinoamericanos ya no habla de China solamente como un país lejano que compra petróleo, hierro o soya, ahora se habla de una potencia que se está metiendo “hasta la cocina” en América Latina, y no solo en comercio, también en tecnología, puertos, carreteras, energía, telecomunicaciones, inteligencia artificial, vigilancia digital y hasta en el juego político de la región.
En 2026, China dejó de ser simplemente “un cliente grande”, hoy es uno de los actores más poderosos dentro de América Latina y está peleando cara a cara con EEUU y Europa por el control económico y estratégico del continente.
Y la verdad es que esto no pasa de la noche a la mañana; mientras América Latina se hunde entre deuda, crisis económicas, corrupción, industrias quebradas y gobiernos desesperados buscando financiamiento, Beijing llega ofreciendo plata rápida, obras gigantescas y tecnología sin sermones políticos ni condiciones incómodas.
Ahí fue donde China encuentra la puerta abierta, lo que hace veinte años parecía un simple negocio comercial, hoy es una transformación completa del mapa de poder latinoamericano.
China ya controla o participa en puertos, redes eléctricas, minas, telecomunicaciones, proyectos energéticos, satélites y sistemas tecnológicos sensibles; su influencia se mete desde las calles de Bogotá hasta las minas de litio en Bolivia, pasando por el petróleo venezolano y los puertos gigantes del Pacífico.
Y mientras muchos gobiernos celebran inversiones y acuerdos, otros advierten que la región podría estar entrando en una nueva forma de dependencia extranjera; porque sí, cambió el jugador, pero el riesgo de subordinación sigue allí.
El comercio es probablemente la cara más visible de esta expansión, China ya es el principal socio comercial de varios países sudamericanos, compra cantidades cuantiosas de soya, cobre, hierro, petróleo, carne y litio, mientras inunda la región con maquinaria, tecnología, paneles solares, productos industriales y vehículos eléctricos.
Hoy el comercio entre China y América Latina supera el medio billón de dólares al año, una cifra que hace dos décadas parecía pura ciencia ficción.
Pero detrás de estos números bonitos aparece una realidad incómoda; América Latina sigue exportando materia prima barata e importando productos industrializados, o sea, seguimos jugando el viejo papel de proveedores de recursos mientras otros se quedan con la tecnología, la industria y las ganancias grandes.
Brasil es uno de los mejores ejemplos. China se convirtió en el principal comprador de soya brasileña y también absorbe enormes cantidades de hierro, petróleo y carne; hay regiones enteras del agro brasileño que dependen directamente de lo que decida Beijing. Si China compra más, la economía rural respira, si China baja las compras, miles de productores tiemblan. Este nivel de dependencia ya preocupa dentro de sectores industriales brasileños, especialmente porque productos chinos mucho más baratos están golpeando fábricas locales y aumentando la vulnerabilidad económica.
Mientras tanto, empresas chinas avanzan sobre redes eléctricas, energía, puertos y telecomunicaciones. Huawei prácticamente se volvió protagonista del despliegue tecnológico brasileño y juega fuerte en las redes 5G.
Además, marcas chinas de vehículos eléctricos están entrando agresivamente al mercado latinoamericano, desplazando poco a poco a fabricantes occidentales. Y aquí es donde la pelea geopolítica se pone seria, porque el 5G no es solamente internet rápido, aquí también se juega inteligencia artificial, automatización industrial, vigilancia urbana y control de infraestructura crítica.
Washington lo sabe perfectamente, por esto Estados Unidos lleva años presionando a gobiernos latinoamericanos para frenar el avance tecnológico chino.
Argentina enfrenta otro escenario delicado. El país tiene una de las mayores reservas de litio del planeta, un recurso fundamental para baterías, autos eléctricos y toda la transición energética mundial. China ya se está posicionando fuerte dentro del llamado “triángulo del litio”, compartido con Bolivia y Chile. Pero además del litio, Beijing financió represas, ferrocarriles y proyectos energéticos argentinos. Y el punto más sensible sigue siendo la estación espacial china instalada en Neuquén, en plena Patagonia. Oficialmente es una base científica.
Extraoficialmente, muchos en Washington sospechan posibles usos militares o de inteligencia. Esto demuestra que la competencia entre China y EEUU ya no ocurre solamente en Asia o en el Mar del Sur de China, la batalla también se está jugando en territorio latinoamericano.
Chile ocupa otro lugar clave porque controla algunos de los minerales más importantes para el futuro energético global. El cobre chileno es vital para industrias tecnológicas y eléctricas, mientras el litio se vuelve prácticamente oro moderno; China ya participa en minería, energía y telecomunicaciones chilenas.
Y EEUU mira con preocupación proyectos relacionados con cables submarinos, centros de datos y redes digitales estratégicas, porque quien controle los minerales críticos y la infraestructura digital del futuro tendrá una ventaja brutal sobre la economía mundial.
Perú se ha convertido en uno de los principales laboratorios de expansión china en infraestructura; empresas chinas tienen enorme presencia en minas de cobre y oro, pero el proyecto que más preocupa a Washington es el megapuerto de Chancay. Este puerto, financiado con capital chino, podría cambiar completamente las rutas comerciales entre Sudamérica y Asia. Para Beijing, es una pieza estratégica dentro de su expansión marítima global, para EEUU es otro punto de influencia china creciendo en el Pacífico latinoamericano.
Bolivia también entró de lleno en el tablero geopolítico gracias al litio. Durante años el país tuvo dificultades para industrializar sus reservas, y ahí apareció China ofreciendo financiamiento, tecnología y acuerdos industriales. Además, crecieron convenios relacionados con satélites, telecomunicaciones y vigilancia digital. Muchos ya llaman al litio “el petróleo del siglo XXI”, y no es exageración. El país o bloque que domine ese recurso tendrá poder enorme sobre la economía energética del futuro.
Venezuela representa probablemente uno de los vínculos más profundos entre China y América Latina. Durante años, Beijing prestó miles de millones de dólares respaldados con petróleo venezolano, incluso después del colapso económico, China mantuvo apoyo financiero, tecnológico y diplomático al gobierno venezolano. Empresas chinas participaron en telecomunicaciones, sistemas de monitoreo estatal y vigilancia digital, y esto encendió todas las alarmas en Washington. Porque para EEUU no se trata solamente de negocios, también ven una expansión de modelos de control político apoyados en tecnología china.
Colombia muestra otro fenómeno interesante, aunque históricamente fue uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Sudamérica, China logró avanzar fuerte en infraestructura y tecnología. El metro de Bogotá, construido por un consorcio chino, es uno de los símbolos más visibles de ese avance. Incluso empresarios colombianos comenzaron a mirar más hacia Asia mientras algunos mercados occidentales se desaceleran; esto manda un mensaje clarísimo, hasta los aliados tradicionales de Washington están buscando diversificar relaciones.
México vive quizás el equilibrio más complicado de todos, su economía depende profundamente de EEUU, pero China ya se volvió clave en manufactura, electrónica y vehículos eléctricos. Washington acusa constantemente a empresas chinas de usar territorio mexicano para esquivar aranceles y entrar indirectamente al mercado norteamericano. Mientras tanto, fabricantes chinos siguen creciendo gracias a precios más baratos y producción masiva; México intenta jugar en ambos bandos sin romper con ninguno.
Panamá sigue siendo una joya geopolítica por el canal interoceánico; China entendió hace años que controlar rutas logísticas globales vale tanto como controlar petróleo o minerales. Empresas chinas participaron en puertos, infraestructura marítima y proyectos estratégicos vinculados al comercio internacional, y claro, EEUU no piensa quedarse tranquilo viendo cómo Beijing gana terreno en uno de los puntos más sensibles del continente.
Ecuador también recibió una ola fuerte de capital chino en hidroeléctricas, minería y petróleo, pero varios proyectos terminaron cuestionados por sobrecostos, fallas técnicas y dependencia financiera. Ahí nace otra discusión cada vez más fuerte en América Latina; ¿China realmente ayuda al desarrollo o simplemente está construyendo una nueva forma de dependencia?
Uruguay intenta mantener el equilibrio, comercia cada vez más con China, vende productos agrícolas y fortalece acuerdos tecnológicos, pero sin romper totalmente con Occidente.
Costa Rica tiene un peso simbólico importante porque fue uno de los primeros países centroamericanos en romper relaciones con Taiwán para reconocer oficialmente a China, desde entonces crecieron inversiones, cooperación tecnológica e infraestructura. Pero también aparecieron investigaciones sobre minería ilegal y tráfico de oro vinculadas a cadenas internacionales conectadas, supuestamente con el mercado chino. Esto demuestra la posibilidad que la expansión económica también puede mezclarse con redes criminales, corrupción y destrucción ambiental.
En Cuba y Nicaragua, la relación con China tiene además un componente político clarísimo, ambos gobiernos ven en Beijing un aliado frente a sanciones y presiones occidentales; China participa en telecomunicaciones, infraestructura y financiamiento estatal.
En Nicaragua, el acercamiento explotó después de romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Y mientras eso ocurre, países como Paraguay enfrentan presiones económicas internas para acercarse también a Beijing.
La pelea diplomática entre China y Taiwán ya aterrizó de lleno en América Latina
Uno de los sectores donde China avanza más rápido es el de vehículos eléctricos, marcas como BYD, Chery, Geely y MG están entrando con fuerza gracias a modelos más baratos y agresivos que muchos competidores occidentales, en este sentido, Brasil, México, Chile y Colombia son mercados prioritarios.
Esto acelera la transición energética, sí, pero también aumenta la dependencia tecnológica de cadenas industriales controladas por China. Huawei sigue dominando buena parte de las telecomunicaciones latinoamericanas pese a toda la presión de Washington, y aquí ya no estamos hablando solamente de celulares o internet, estamos hablando de inteligencia artificial, automatización, vigilancia urbana y seguridad nacional.
EEUU teme que China termine obteniendo acceso privilegiado a infraestructura crítica latinoamericana mediante estas tecnologías.
El espacio también entró en la pelea. China desarrolla cooperación espacial con Argentina, Bolivia, Venezuela y Brasil, oficialmente son proyectos científicos, pero Washington sospecha posibles usos militares duales. La competencia espacial ya dejó de ser cosa exclusiva de las superpotencias tradicionales.
América Latina ahora forma parte del tablero geopolítico; las críticas al avance chino son cada vez más fuertes. Muchos economistas creen que la región corre el riesgo de hundirse otra vez en el viejo modelo extractivista, que es, exportar recursos baratos mientras otros desarrollan industria y tecnología. Otros alertan sobre deuda, pérdida de soberanía y dependencia tecnológica.
Además, comunidades indígenas y grupos ambientalistas denuncian contaminación, destrucción ecológica y conflictos sociales relacionados con proyectos extractivos impulsados por empresas extranjeras, incluidas compañías chinas.
Pero al mismo tiempo, muchos gobiernos responden con un argumento sencillo, occidente nunca ofreció el nivel de financiamiento e infraestructura que ahora ofrece China, y aquí está la gran contradicción del asunto; para algunos, Beijing representa una oportunidad histórica de crecimiento, desarrollo, modernización y diversificación económica. Para otros, representa el nacimiento de una nueva dependencia extranjera disfrazada de cooperación.
Lo cierto es que en 2026 América Latina ya no es un simple espectador del conflicto global, ahora es uno de los campos de batalla más importantes de la disputa entre China y EEUU por recursos, tecnología, energía y control económico. China ya no es solamente un comprador de materias primas, se convierte en un actor profundamente metido en sectores clave de la región, como el litio, cobre, puertos, telecomunicaciones, inteligencia artificial, minería, energía, vigilancia digital y movilidad eléctrica.
La gran pregunta es si América Latina logrará usar esta relación para fortalecer industrias propias y ganar soberanía económica y desarrollo, o si terminará atrapada en un modelo de dependencia, deuda y control tecnológico extranjero. Porque la pelea por América Latina ya inició, y lo que pase en esta región durante las próximas décadas, podría definir buena parte del nuevo equilibrio mundial.
*Venezolano, Licenciado en Teología, Reverendo de la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana, Formador en Sociopolítica del Estado Venezolano, Articulista
Salares y la carrera por el litio que ni China ni EEUU quieren perder
John Bartlett
El presidente Kast promete a los inversores una vía más rápida hacia uno de los minerales más codiciados del mundo, pero esto supone una amenaza para los ecosistemas que los rodean
A lo largo de las llanuras áridas que comparten Chile, Argentina y Bolivia, una cadena de salares de gran altitud azotados por el viento se ha considerado durante mucho tiempo fundamental para la transición energética mundial. Este trío de territorios es el Triángulo del Litio, que alberga más de la mitad de las reservas conocidas de este mineral en el mundo. El litio es necesario para las baterías de los vehículos eléctricos y otras tecnologías de energía renovable.
Chile posee la mayor parte del triángulo, con una cadena de salares al oeste de los Andes. Estos yacimientos de salmuera ricos en minerales se extienden hacia el sur desde el vasto Salar de Atacama. El litio se extrae principalmente de esta salmuera, que se encuentra a unos 10 metros por debajo de estos lagos. En otras palabras, se trata de un lucrativo corredor de litio.
El nuevo Gobierno de Chile está dando señales de un giro radical en el enfoque del país respecto al litio, uno de sus activos más estratégicos. La política nacional de recursos ha cambiado en los últimos años, lo que ha dejado a empresas, comunidades e inversores navegando por un panorama incierto.
Gabriel Boric, el anterior presidente, vio una forma de reforzar los ingresos mediante la renacionalización parcial del litio con su Estrategia Nacional del Litio (ENL) de 2023. Pero sus planes, cuidadosamente trazados, han recibido un duro golpe por parte de José Antonio Kast, el ultraconservador que asumió el cargo el 11 de marzo. Kast promete un cambio de rumbo abrupto.
Una de las primeras medidas del Gobierno de Kast fue poner las carteras de Economía y Minería bajo el mando del mismo ministro, Daniel Mas, una señal de que el crecimiento económico, la agilización de la concesión de permisos y la política minera avanzarán al unísono. Como dijo Kast durante su campaña presidencial: “Nuestro enfoque se centra en reducir la carga regulatoria y tributaria, y garantizar seguridad de manera que se habilite un mercado competitivo y se atraigan nuevas inversiones”.
Esto significa que Kast debe ahora gestionar un delicado equilibrio entre las relaciones de Chile con Estados Unidos y China. Mientras tanto, están en juego algunos de los ecosistemas andinos más frágiles.
Una estrategia inconclusa
La ENL de Boric tenía como objetivo garantizar que Chile fuera el mayor productor mundial de litio, al tiempo que reforzaba el papel del Estado en el sector y mantenía una normativa medioambiental estricta.
También creó una red de áreas protegidas, con el objetivo de proteger el 30% de ellas para 2030, de las cuales hasta la fecha se ha protegido el 7,7%. Esta campaña de nacionalización dio lugar a la empresa Novaandino Litio, una empresa conjunta entre la empresa estatal de cobre Codelco y el gigante químico chileno SQM. Novaandino Litio se constituyó en diciembre de 2025 y cuenta con licencias para operar en el Salar de Atacama hasta 2060.
El marco de la ENL sigue nominalmente vigente bajo el mandato de Kast, pero, aparte de Novaandino Litio, sus proyectos licitados siguen a la espera de aprobación. Kast, a quien se considera más favorable a las empresas que Boric, probablemente adoptará un enfoque diferente, según Francisco Urdinez, director del Núcleo Milenio sobre los Impactos de China en América Latina y el Caribe (ICLAC).
“En última instancia, [la ENL] quedó inconclusa por el Gobierno anterior y la actual administración no tiene interés en impulsarla”, explica Urdinez a Dialogue Earth, “porque los valores de esa política van en contra de su estrategia económica general. Quizás me equivoque, pero no creo que la ENL vaya a ninguna parte, al menos durante los cuatro años que Kast esté en el poder”.
Como indicio de este cambio de enfoque, el Ministerio de Minería declaró a Dialogue Earth que Chile no había sabido aprovechar al máximo los anteriores auges del litio. En un comunicado, afirmó que su objetivo es: “garantizar que los proyectos se desarrollen de manera efectiva, utilizando los instrumentos establecidos por el marco legal vigente y brindando certeza a los inversionistas que creen en nuestro país”.
“Cada vez que un proyecto no se ejecuta o su tramitación se prolonga innecesariamente, se retrasa la posibilidad de que Chile se desarrolle, genere empleo y mejore la calidad de vida de la población”, añadieron.
Chile sigue ocupando el segundo lugar, tras Australia, en producción nacional de litio. Ambos países representan aproximadamente el 59% de la producción mundial. Pero parte de este esplendor ha comenzado a desvanecerse. En los últimos años se han descubierto importantes yacimientos nuevos en otros lugares y, sumado a la caída del precio hasta aproximadamente una cuarta parte de su valor de noviembre de 2022, el entusiasmo se ha disipado.
Ecosistemas frágiles en peligro
Hasta ahora, Kast ha tratado de debilitar la protección medioambiental. En su primera semana en el poder, el presidente derogó 43 decretos medioambientales promovidos por Boric. Esto supuso la pérdida del estatus de protección asignado a algunas especies en peligro de extinción y acabó con una legislación que habría convertido a Chile en el cuarto país del mundo con mayor superficie de áreas marinas protegidas. Entre los decretos anulados se encontraban seis que creaban áreas protegidas en salinas y lagos de altura andina.
Las comunidades que viven cerca de los salares temen que el mantra de “lo primero son los negocios” de Kast haga que el salar sufra las consecuencias, ya que la presión para acelerar la concesión de permisos ejerce presión sobre las evaluaciones ambientales y la consulta a las comunidades. Los portavoces del Gobierno de Kast han expresado con frecuencia su frustración ante la “cultura de los permisos” que rodea a los proyectos de extracción.
La extracción de litio de la salmuera extrae agua de los sistemas subterráneos que sustentan las zonas de cría de los flamencos y los humedales. Un estudio de 2024 reveló que el Salar de Atacama (el salar más grande de Chile) se está hundiendo entre 1 y 2 cm al año debido a esta extracción.
“Como resultado del aumento de la evaporación del agua de los estanques de litio, estamos observando una menor cobertura vegetal, una disminución de las poblaciones de flamencos y la pérdida de lugares de anidación, así como daños en las estructuras microbianas de las zonas de humedales”, explica a Dialogue Earth la doctora Cristina Dorador, microbióloga que ha estudiado exhaustivamente los ecosistemas de los salares.
La industria tiene previsto expandirse a otros salares además del de Atacama, lo que ha generado preocupación entre las comunidades que viven cerca de ellos. El salar de Maricunga alberga el segundo yacimiento de litio más grande de Chile. Codelco está estudiando un proyecto de 900 millones de dólares con Rio Tinto, el gigante minero con sede en el Reino Unido, y se prevé que comience la producción en 2030.
“El complejo del salar de Maricunga es un lugar sagrado para el pueblo colla”, explica Cindy Quevedo a Dialogue Earth, conteniendo las lágrimas mientras describe los impactos de este proyecto para su pueblo y su territorio. Es presidenta del Consejo Nacional Pueblo Colla, una organización representativa indígena que agrupa a las comunidades colla.
“No es solo un salar: alberga biodiversidad en sus lagunas y es un importante corredor biológico donde hay flora y fauna, pero también donde nuestro apu [espíritu sagrado de la montaña] más sagrado nos cuida: el volcán Copayapu”.
Atrapados entre Washington y Beijing
La carrera por el control de las cadenas de suministro mundiales de baterías se está acelerando. Chile se encuentra ahora atrapado entre los intereses de dos superpotencias: Estados Unidos y China. Esta última se ha posicionado de manera dominante en lo que respecta a las cadenas de suministro de minerales, y Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Trump, ha tratado de contrarrestar esta situación, especialmente en América Latina.
Kast parece haber tomado partido muy rápidamente: en su primer día en el cargo, regresó apresuradamente de su ceremonia de investidura en la ciudad costera de Valparaíso para firmar un acuerdo sobre minerales críticos con Estados Unidos. Su aliado de extrema derecha, el presidente argentino Javier Milei, también ha firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos.
Sin embargo, el equilibrio no se centra tanto en el litio específicamente como en la relación económica más amplia. China sigue siendo el mayor comprador de cobre de Chile —una relación comercial que mueve miles de millones al año—, lo que le da a China una influencia significativa.
“Creo que el objetivo ahora es utilizar el litio y otros metales como moneda de cambio a cambio de favores geopolíticos”, afirma Urdinez. “Parte del objetivo de esos memorandos [con EE. UU.] es impedir que China acceda a ciertos minerales y elementos clave, como las tierras raras”.
Las empresas ya han sufrido pérdidas por inversiones en la industria del litio. Los planes para una planta de baterías de BYD de 290 millones de dólares y una instalación de Tsingshan de 233 millones de dólares se descartaron el año pasado cuando los precios del litio se desplomaron. Tianqui Lithium, otra empresa china, posee una participación considerable en SQM, pero las empresas chinas siguen siendo actores minoritarios en el mercado del litio chileno, sin poder de decisión.
Independientemente de la política que aplique el Gobierno de Kast, el acceso al litio depende actualmente de un marco regulatorio establecido por el Estado. En la actualidad hay diez proyectos a la espera de aprobación, y Corfo ha declarado que estos se respetarán.
Con una posible avalancha de inversiones en litio asomándose en el horizonte si se debilitan las regulaciones, las comunidades temen que los ecosistemas y los hábitats sufran las repercusiones.
“Vivo aquí, en las montañas; ¿por qué debería tener que afectar y destruir mis tierras sagradas para ofrecer soluciones a personas de otro continente que no han dejado de emitir CO₂?”, pregunta Quevedo.
“Estamos pagando las consecuencias sociales y medioambientales para crear una solución al cambio climático, un problema que no hemos creado nosotros”.