Panorama Económico Latinoamericano- Del 29 de julio al 5 de agosto de 2026
Disputa por las tierras raras: oportunidad económica para Chile
Pese a su nombre, las tierras raras pueden encontrarse en todos lados, tanto en su distribución en la tierra como en distintos productos tecnológicos usados día a día, como computadoras, celulares, vehículos, entre otros.
Se trata de 17 elementos químicos que no son raros en el sentido estricto de la palabra -el cerio es más abundante que el cobre-, sino porque es difícil hallarlos concentrados en un solo lugar, por lo que su extracción es más laboriosa al encontrarse dispersos en minerales, según explicó a Deutsche Welle (DW) Sergio Ticona, investigador de la Universidad Nacional de San Agustín, en Perú.
Estos, a su vez, son los protagonistas de una carrera de recursos por parte de las grandes potencias, con China dominando tanto en número de yacimientos como en capacidad de refinado.Con todo, diversos países de Latinoamérica, incluido Chile,
Tierras raras: ni tierras ni raras, pero apetecidas por China y EEUU
La lista de tierras raras se compone de 15 elementos del grupo de los lantánidos: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometeo, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio. Su definición de “tierra” responde a que previamente, los químicos llamaban tierras a los óxidos, lo que finalmente terminó por conformar el término que ya todos conocen. Ticona agregó que el desafío en este sentido no es solo encontrar las tierras raras, sino identificar aquellas concentraciones cuya extracción sea económicamente viable “y desarrollar la tecnología para separarlas de forma ambientalmente responsable”.
Para muestra un botón: el praseodimio, neodimio, disprosio y terbio tienen propiedades magnéticas, ópticas y electroquímicas únicas, sirviendo para fabricar baterías, pantallas, chips e imanes permanentes de alto rendimiento con usos en motores eléctricos, turbinas eólicas, drones y sistemas de defensa, entre otros. Por ello no sorprende que, en medio de la nueva guerra comercial entre China y EEUU, el gigante asiático haya endurecido los controles a la exportación de tierras raras. El país tiene más del 70% de la extracción y más del 85% del refinado, junto con la mina Bayan Obo, la más grande del mundo en cuanto a tierras raras.
Latinoamérica en medio del tablero global
En medio de esta disputa queda Latinoamérica, con solo un país realizando extracción activa de tierras raras y otros como Chile dando sus primeros pasos en la cotizada industria.
Sin embargo, esta fiebre por entrar a encontrar nuevos yacimientos “sigue siendo una pelea entre enanitos contemplada plácidamente por el gigante que es China”, según dijo Antoni Camprubí, responsable del Grupo de Investigación de Mineralogía, Yacimientos Minerales y Geofluidos del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En este lado del mundo, Brasil es el único productor activo de estos elementos químicos, con extracción en Goiás, un proyecto en Minas Gerais y también se han logrado identificaciones en los estados de Amazonas, Sao Paulo y Paraná, entre otros. Según el Servicio Geológico de EEUU (USGS), el país tiene 21 millones de toneladas métricas en óxidos de tierras raras.
Chile es, dentro de la región, uno de los países con más avances hacia una industria extractiva, con Penco como el protagonista del principal proyecto local de tierras raras.
El proyecto minero de extracción de arcillas de Aclara Resources -y donde también está relacionado CAP- tuvo el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en mayo de este año, y luego a inicios de junio la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la región del Bío Bío lo aprobó de forma unánime.
Se trata de una inversión de US$130 millones y generaría 2.200 empleos directos e indirectos por un período de 9 años. Se prevé que la iniciativa tenga una capacidad de 3.100 toneladas húmedas anuales de concentrado, equivalentes a 1.700 toneladas secas anuales de concentrado de tierras raras mediante una extracción solo con maquinarias, sin explosivos.
Y por otro lado, el Gobierno firmó a fines de julio el llamado Pax Silica, la iniciativa de EEUU con que busca ahondar en las cadenas de suministro de silicio -la base de los microchips- y tierras raras con sus aliados, además de temas de investigación y colaboración.
Mientras otras economías latinoamericanas estudian proyectos de extracción, mientras en otros se conocen de depósitos posiblemente explotables, Ticona dijo que lo principal es “evitar que la región se limite a exportar concentrados y después importe, a mucho mayor precio, los productos tecnológicos hechos con los mismos minerales”.
Irene del Real, geógola de la Universidad Católica de Chile, agregó que “mientras no haya políticas para incentivar el desarrollo de esta actividad, una empresa minera siempre va a optar por la solución que le entregue más beneficios, que en la mayoría de los casos es exportar concentrado mineral a China”.
Por otro lado, estos proyectos también levantan cuestionamientos y críticas en las comunidades donde se levantan. Si bien del Real recalcó que los depósitos de “regolito o arcillas iónicas –como los de Brasil y Chile– no dejan residuos radioactivos; este es un mito importante de aclarar”, agregó que no toda la producción global de tierras raras va solo a ordenadores o centros de datos, sino también a material bélico y que “hasta donde sé, no existe una trazabilidad al respecto”.
En el caso del proyecto en el Bío Bío, el movimiento “Penco sin mineras” dijo tras la aprobación del proyecto que “vamos a agotar todas las instancias, no solamente legales y administrativas, también vamos a articularnos como movimiento para hacer toda la presión social que se requiera” para manifestar su descontento ante la decisión de las autoridades.
El norte argentino busca un lugar en el mapa del café
Diego Jemio
Las primeras cosechas en Tucumán se aprovechan del desplazamiento de los cultivos tropicales al subtrópico para producir café de especialidad
En casa o en un bar. Solo o acompañado. Por la mañana, después del almuerzo o como excusa para una charla que se alarga. En Argentina, cualquier momento parece bueno para un cafecito. Cada persona consume, en promedio, unas 208 tazas al año, el equivalente a cerca de un kilo de café. Sin embargo, detrás de ese ritual cotidiano hay una paradoja. Casi ninguna de las millones de tazas que se sirven cada día se prepara con granos cultivados en suelo argentino.
Los granos llegan desde Brasil, Colombia y Perú. Pero también desde otros destinos, impulsados por el auge de los cafés de especialidad y de la cultura del barismo en el país. Desde 2025, la provincia de Tucumán, ubicada en el noroeste argentino, está realizando pruebas experimentales de producción de café en zonas de piedemonte, en un intento de aportar a la reconversión productiva de una provincia donde la caña de azúcar y el limón son pilares del agronegocio.
En la actualidad, unos 35 productores cultivan entre mil y nueve mil plantas de café cada uno. En 2025 realizaron la primera cosecha y este año esperan concretar la segunda. Para 2027, muchas de esas plantas alcanzarán la madurez productiva, una etapa en la que ofrecen mayores rendimientos y una mejor calidad. Ese proceso coincide con el desplazamiento de los cultivos tropicales hacia el subtrópico, un fenómeno que abre nuevas posibilidades para el café en regiones donde décadas atrás era inviable.
“El café y la caña de azúcar ingresaron a Tucumán con los jesuitas hace 400 años. La caña rindió más frutos y se estableció en la provincia. Luego hubo otros intentos e incluso la provincia llegó a exportar café en un momento”, cuenta Mariano Jasinski, agrónomo, asesor y referente del grupo de productores de café de Tucumán.
La producción en sotobosque, que se realiza en la provincia, permite obtener una mejor calidad en taza, según Jasinski. “Por ahora, la producción se desarrolla en zonas de piedemonte, donde las condiciones ofrecen mejores resultados que el cultivo a cielo abierto predominante en Brasil. Si bien allí obtienen un mayor rendimiento por hectárea, nuestra apuesta está en la calidad del grano. Hicimos la primera cosecha en 2025 y ya está saliendo la producción de las plantas nuevas que tienen dos años y medio. Para que exista una industria cafetera argentina hace falta el compromiso del productor y de todos los actores del sector”, explica.
Con el objetivo de desarrollar una producción viable y eficiente, el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) comenzó a impulsar visitas y misiones con técnicos y productores de Brasil y Colombia para recorrer las plantaciones y hacer un plan de desarrollo del cultivo del café en la provincia. “Las heladas también pueden ser un limitante, pero con el fenómeno del calentamiento global hay un desplazamiento de cultivos tropicales al subtrópico. Aprovechamos que la provincia tenía una historia de café y la existencia de algunos productores que ya tenían plantas y un ciclo productivo bien marcado”, contó Juan Casañas, vicepresidente del IDEP, que depende del Gobierno provincial de Tucumán. Las plantaciones se concentran principalmente en el oeste, aunque también existen emprendimientos en otros puntos del territorio.
Actualmente, en las yungas de la provincia de Salta se cultivan los granos con los que se elabora Café Baritú, una de las primeras marcas de café de origen argentino. Casañas sostiene que el futuro del café argentino pasa por una producción regional, impulsada por las provincias del norte del país, y no por el desarrollo aislado de una sola jurisdicción.
“Ya vendimos plantas a Salta, Jujuy, Catamarca e incluso Corrientes. Ya tenemos bastante aceitada la parte de la comercialización. El negocio del café de especialidad está creciendo y ahí hay mucho margen para crecer. También avanzamos en ese aspecto, con la firma de un convenio de capacitación con Café Cabrales y estamos trabajando en educar el paladar de los consumidores”, afirmó Casañas, que ve una oportunidad en la tendencia entre los más jóvenes a alejarse del alcohol.
“Si el norte argentino trabaja de manera articulada entre los sectores público y privado, creo que tenemos la oportunidad de posicionarnos productivamente y consolidar un polo cafetalero de relevancia mundial. En Panamá, Colombia y Brasil ya hay interés por saber qué va a pasar con el café argentino. Están acostumbrados a asociar al país con el bife o con el vino Malbec de Mendoza. Ahora también puede aparecer un café argentino”, zanja.
Tucumán apuesta a producir café de especialidad antes que a desarrollar una industria basada en el volumen. Aunque los granos todavía no llegaron al mercado, ya comenzaron las primeras catas. En una realizada recientemente en Tafí Viejo, a 10 kilómetros de la capital tucumana, participaron especialistas de Café Martínez, la cadena argentina que hoy cuenta con más de 200 locales en el país y el exterior.
“El primer café ya presentaba notas dulces, con un balance armonioso y una acidez no muy alta, pero sí perceptible, que genera frescura en boca”, evaluó David Ledesma, especialista en origen y calidad de café en Café Martínez, después de su visita a Tafí Viejo. “Aparecieron notas de durazno. Para tratarse de un grano experimental, tiene un perfil muy alto. Yo esperaba un café más verde, más astringente y con poco dulzor. En cambio, ya tenía una muy buena armonía en boca”.
El especialista destacó las notas “dulces, frescas y frutales” del café tucumano, además de las condiciones de la región con mucha lluvia, humedad y vegetación. “Son condiciones cercanas a las que tiene un cafeto en Centroamérica. El gran desafío son las heladas. Las condiciones están dadas y hay muchas plantas frutales que aportan sombra. El desafío es convertir las heladas, tradicionalmente un problema, en una ventaja”, apuntó.
La apuesta del norte argentino es producir un café de alta calidad, de perfiles complejos, que pueda conquistar a un mercado ávido por la segunda bebida más consumida del mundo. Con condiciones de clima y suelo favorables, productores interesados y una red de instituciones y especialistas que impulsa el proyecto, Tucumán busca sentar las bases de una industria cafetera propia. Como especialista, Ledesma se ilusiona con un café local con identidad: “La apuesta es a microlotes excepcionales, será un cultivo de nicho. Pero un nicho puede generar un mercado importante. El Salvador es más chico que Tucumán y, sin embargo, es un país productor de café. Potencial hay. Ahora habrá que ver hasta dónde se puede escalar”.
Economía peruana al 2031: ¿Más allá de las expectativas y El Niño?
Germán Alarco-Otra Mirada
Los reducidos encadenamientos del sector minero extractivo, la mayor desigualdad, el debilitamiento de la cohesión social y el aumento de la conflictividad reducirían la inversión privada, limitando así el crecimiento económico del país.
Desde los últimos meses los poderes económicos y mediáticos con el soporte de las autoridades monetaria y económica del país comentaban que la economía peruana se estaba desempeñando maravillosamente. Obviamente había algunos elementos objetivos que los avalaban como el nivel récord de los términos de intercambio, una tasa de crecimiento del PBI ligeramente superior al 3% y otras variables. Se trataba de decirnos que todo iba muy bien; quizás abonar en la idea de que el país tenía que mantener la actual estrategia económica de seguir haciendo lo mismo de siempre, sin necesidad de ajuste alguno.
Cuando se conoció que Fuerza Popular (FP) ganaría las elecciones, por el voto de los peruanos residentes en el exterior, las expectativas macroeconómicas de las principales empresas del país registradas por el BCRP —en todos los indicadores actuales y futuros— alcanzaron sus marcas máximas de varios años. Sin embargo, ahora en una mezcla de realismo y/o bipolaridad de los formadores de opinión, las expectativas se están tornando más negativas por los impactos esperados a propósito del Fenómeno del Niño (FEN).
Hipótesis
Sin minimizar la importancia de los impactos negativos previsibles del FEN al momento entre fuerte-extraordinario y moderado-fuerte dependiendo de si se trata del global o el costero respectivamente, se presentan un conjunto de fenómenos internacionales y endógenos del propio modelo que pueden deteriorar el panorama económico nacional en los próximos años.
A estos se debería sumar los mayores choques negativos que un manejo económico muy ortodoxo y políticamente autoritario-represivo que FP podría generar. Al respecto, la posibilidad de las cuerdas separadas: economía que va más o menos frente a lo social y político en circunstancias más complejas es remota en función de la gran fractura social histórica y su intensificación a propósito de las pasadas elecciones.
Los conflictos geoeconómicos que se plasman en las guerras en curso y particularmente en lo que ocurre en el estrecho de Ormuz, la desaceleración del crecimiento mundial a propósito de las recientes presiones inflacionarias y la nueva política arancelaria, y especialmente la situación de la China no pinta el panorama positivamente (con un menor crecimiento de 5% a 4.3% anual).
La elevada desigualdad global y nacional, la política cambiaria y sus impactos al elevar la propensión a importar; y factores estructurales como la elevada heterogeneidad estructural, el crecimiento basado en sectores extractivos de elevada intensidad de capital —con reducida generación de empleo decente y encadenamientos de producción y empleo—y otros no son señales positivas.
Asimismo, una política de gasto público austera por la decisión de no elevar la presión tributaria —para no perturbar a los sectores empresariales—, y una política monetaria restrictiva no son una buena señal que impiden activar la demanda, atender las necesidades de infraestructura a propósito del FEN y las necesidades sociales. Solo la paradójica presencia de las economías ilegales (especialmente minera) con impactos medioambientales, sociales y políticos severamente negativos puede coadyuvar a seguir impulsando la demanda y el crecimiento económico en algunas regiones y localidades del país.
Riesgos globales
La revisión de los riesgos globales a dos y diez años del Foro Económico Mundial (WEF, 2026) es útil para entender nuestro futuro inmediato. A dos años se pueden agrupar en tres bloques. Los derivados de los conflictos geoeconómicos que incluyen los conflictos armados y las migraciones involuntarias; los asociados a los cambios climatológicas extremos y problemas ambientales; los vinculados a las nuevas tecnologías y otras tendencias que generarían polarización social, mayores desigualdades y desinformación-mal información y ciber inseguridad.
Al respecto, el futuro gobierno enfrentará importantes presiones del gobierno norteamericano y de China —como el principal socio comercial e inversionista— que requieren un difícil ejercicio de relojería fina. Simultáneamente, aunque tardíamente deberá enfrentar los embates del FEN global y costero, donde desafortunadamente no se debe esperar progresos significativos por los desmanejos de los anteriores gobiernos y la indiferencia del Congreso de la República liderado por FP. Sobre las nuevas tecnologías, polarización social y mayores desigualdades desafortunadamente no se ha dicho ni se esperaría un comportamiento proactivo en el Perú.
A diez años hacia adelante dominarían los riesgos asociados al cambio climático, destrucción de la biodiversidad y polución, donde sin recursos económicos y voluntad de cambio lamentablemente no se deberían esperar muchos resultados. Nuevamente, los impactos adversos de la IA y robótica, la polarización social y elevada desigualdad estarían fuera de la agenda gubernamental. Por otra parte, a corto plazo se tienen que enfrentar tanto las grandes fracturas sociales, económicas y culturales que nos dividen como a las economías delictivas e ilegales que azotan al país.
Fracturas internas
El reciente proceso electoral ha evidenciado las fracturas que de todo tipo dividen a los peruanos y que se abrieron aún más por los más de 50 fallecidos a finales de 2022 e inicios de 2023 —amparados por el Congreso de la República— y los recientes resultados electorales. Al respecto, estas no se resuelven simplemente con más dialogo. Primero hay que reconocer la lesión y pedir perdón; luego se requiere de justicia y reparación del daño restituyendo la dignidad y voz; y, por último, nos podremos aproximar a la reconciliación y la paz.
Sin paz y armonía, sin mercados internos en crecimiento —con más empleo decente que incluye derechos laborales — no es el mejor entorno para promover la inversión privada.
Asimismo, sería difícil impulsar nuevos proyectos mineros. Por otra parte, se debe recordar que el motor del crecimiento económico, en el próximo gobierno, sería con una lógica neoliberal la inversión privada. A su vez con esta se produce la denominada paradoja de la pobreza en medio de la abundancia reseñada por J.M. Keynes que exige cada vez mayores niveles de inversión para crecer más— que no se generarían— y donde la reducida propensión media a consumir por una elevada desigualdad frenaría el multiplicador del gasto y por tanto un menor crecimiento de la demanda, el PBI y el empleo decente.
Factores clave
Insistir en una estrategia de crecimiento con base a sectores extractivos genera en el corto plazo más exportaciones y divisas, pero solo alrededor de la cuarta parte de estas últimas se convierten a moneda nacional con los impactos dinamizadores respectivos — datos de 2025—. El resto se transforman tanto en mayores importaciones de insumos, servicios y equipos que dinamizan a los de afuera y utilidades que van al exterior o se reinvierten parcialmente en nuevos y/o viejos yacimientos —50% de las utilidades en promedio cuando las expectativas son positivas—. De esta forma, los estímulos a la economía nacional son solo de la cuarta parte de las exportaciones sectoriales.
Asimismo, como se ha comentado anteriormente se trata de sectores intensivos en capital — US$ 2 millones para generar un empleo directo en la gran minería— y un multiplicador del gasto entre 1.5 y 2 por la elevada propensión a importar y la reducida propensión media a consumir por la elevada desigualdad asociada a la actividad y a la economía. Debe anotarse también que, de los 250 mil empleos directos, solo la mitad corresponden al sector minero y la otra mitad a trabajadores en empresas subcontratistas con menores salarios y prestaciones. Se debe señalar que tampoco se esperaría en el nuevo gobierno una estrategia para promover la diversificación productiva.
Política cambiaria
La apreciación de la moneda nacional es un hecho significativo que afectaría el desempeño de la economía peruana que parece se mantendría en los próximos años. Es claro que aumenta los ingresos de las personas en términos de las divisas extranjeras, en particular del dólar americano, lo cual genera una mayor propensión a importar y un aumento significativo de las importaciones de bienes y servicios. Por otra parte, afecta la competitividad de algunas exportaciones no tradicionales.
Sin embargo, el mayor impacto negativo ocurre cuando se genera el síndrome de la denominada enfermedad holandesa que afecta la producción local de alimentos y de bienes manufacturados, ya que los diferentes agentes económicos optan por importarlos en lugar de producirlos localmente —lo cual reduce en términos netos el contenido de mano de obra por unidad de producto—. Al respecto, tanto en 2025 como lo que va 2026 el crecimiento de la manufactura no vinculada a los sectores extractivos ha sido entre 1 y 2% anual menor al crecimiento del PBI total superior al 3%. La apreciación cambiaria no solo desindustrializa, sino que, al aumentar la propensión a importar, reduce el multiplicador del gasto, la demanda, el PBI nacional y el empleo decente.
Elevada desigualdad
La información oficial más reciente sobre la distribución funcional del ingreso va en línea con lo que ocurre a nivel internacional: la elevada desigualdad en ingresos y riqueza se está acrecentando a lo largo del tiempo. Asimismo, de acuerdo con lo señalado por el WEF (2026) estas distancias se elevarían en el futuro inmediato y en un horizonte de 10 años como resultado de las nuevas tecnologías en curso, en particular por los impactos de la IA y Robótica.
Al respecto, esto no solo impactaría negativamente en la equidad, sino que reduciría la cohesión social (agravando las fracturas sociales), reduciría el crecimiento sostenido (reduciendo la propensión media a consumir, el multiplicador del gasto, la demanda y el PBI) y podría agravar la inestabilidad política y gobernabilidad del país.
Solo entre 2019 y 2025 con información del INEI se ha reducido la participación de los sueldos y salarios en 3.4 puntos porcentuales del PBI que equivalen a US$ 14,900 millones; los ingresos de los independientes disminuyeron en 1.8 puntos porcentuales correspondiente a US$ 6,100 millones; mientras que el excedente de explotación (ganancias) se elevó en 6.5 puntos porcentuales similar a US$ 22,100 millones. Asimismo, entre 2019 y 2014 según una estimación del BCRP el Gini que mide la desigualdad en la distribución personal del ingreso se elevó de 0.601 a 0.684 cercano este último al valor del año 2007.
Componente político
Todos los elementos que hemos comentado pueden magnificarse o minimizarse dependiendo de los responsables sectoriales que designe el nuevo gobierno de FP; lo cual es una incógnita a la fecha. Si estos fueran de una perspectiva más ortodoxa alineada al pensamiento de que solo se necesita más crecimiento económico y que este es suficiente para reducir la pobreza, es probable que el resultado final sea contrario al esperado.
Los reducidos encadenamientos del sector minero extractivo, la mayor desigualdad económica resultante, la reducción de la cohesión social y mayor conflictividad social y política redundarían en menores niveles de inversión privada y por tanto un crecimiento económico inferior. Si a esto se agregará mayores niveles de represión social y política los resultados negativos se agravarían conformando un círculo vicioso de conflictividad social y política y menor crecimiento económico.
Colofón
Un poco probable nuevo gobierno con responsables sectoriales ubicados más hacia el centro y con una perspectiva más amplia alejarían algunos de los peligros anteriores. Sin embargo, sin reconciliación nacional, una acertada conducción del entorno externo, sin enfrentar las elevadas desigualdades, sin violentar derechos laborales, sin una reforma tributaria profunda, sin diversificación productiva, sin más democracia e institucionalidad, con ajustes a la política monetaria y transición ecológica, entre otras, no se podrían esperar cambios significativos a favor de todos los peruanos.
América Central abre más las puertas a los transgénicos
Edgardo Ayala_IPS
Marcos regulatorios más permisibles y el avance de empresas transnacionales de biotecnología abren aún más las puertas a la entrada de los llamados “organismos transgénicos” en países de América Central, y los gobiernos parecieran no tener interés en aplicar el principio de precaución, que evite riesgos para la salud.
Los organismos transgénicos son seres vivos, como plantas, granos y microorganismos, cuyo material genético ha sido modificado mediante ingeniería genética para incorporar rasgos que no poseen de manera natural.
En la agricultura, esa tecnología se utiliza para desarrollar cultivos con características específicas, como resistencia a plagas o a determinados herbicidas, aunque activistas y organizaciones sociales advierten de posibles efectos sobre la salud, el ambiente y la biodiversidad. “Al final, todo va a parar a nuestras mesas, a nuestros cuerpos”, dijo el activista David Paredes, coordinador de Red Nacional Por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag).
En América Central, una región de siete naciones y 53 millones de habitantes, la llegada de transgénicos se remonta a principios de la década de los 2000, sobre todo en Honduras, considerado el pionero al abrir el camino a los organismos genéticamente modificados (OGM).
Esa nación aprobó el cultivo de maíz transgénico tolerante a herbicidas en 2002, cuando se dio luz verde a la siembra de siete variedades de maíz transgénico y permitió el cultivo de arroz, según un informe de 2024 de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina.
Los OGM ocupaban ese año 55 000 hectáreas de maíz Bt, resistente a ciertos insectos, y tolerante al glifosato.
Atoles transgénicos en las escuelas de Guatemala
Paredes explicó que la Redsag rastrea el destino de 800 000 toneladas métricas de maíz que ingresaron en 2025 y que fueron autorizadas por el gobierno con exoneraciones arancelarias, para distribuirlas entre los campesinos como ayuda alimentaria.
Se tiene la sospecha de que lo entregado a los campesinos tenga esas características. “Le estamos siguiendo la pista de cerca a ese maíz”, recalcó Paredes en una entrevista desde Ciudad de Guatemala. Además, la organización investiga la distribución de atoles importados de Estados Unidos en unas 450 escuelas del país, por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA), dado que se elaboraron con soya que pudo haber sido modificada genéticamente.
El atole, de la lengua náhuatl atolli, es una bebida caliente de tradición prehispánica, con base en el maíz, que se considera muy nutritiva y se consume tanto en México como en los países centroamericanos. Paredes afirmó que actualmente se trabaja con líderes indígenas en los territorios en la recolección de muestras, las que serán enviadas a laboratorios externos especializados para determinar si contienen OGM.
Mientras que en El Salvador, la Mesa por la Soberanía Alimentaria también investiga, desde mayo, un caso que, de confirmarse, demostraría que un maíz transgénico se cruzó ya con un cultivo de maíz criollo, como se les llama a las variedades nativas del país. Ese sería el primer caso detectado de cruce.
Eso representaría un grave impacto en la agricultura de los campesinos, pues sus variedades criollas, que tienen la capacidad de seguirse reproduciendo a medida que las semillas se van sembrando en los ciclos agrícolas, quedarían anuladas al contaminarse con las transgénicas.
“El polen lo lleva el viento, las abejas, los insectos, animales, etcétera, y cuando hay una parcela de maíz transgénico, la otra de la par (vecina), sea híbrido, sea un maíz nativo, puede llegar a ser contaminado”, declaró a IPS el agroecólogo Carlos Cotto, investigador de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.
Las semillas híbridas son variedades “mejoradas” en los laboratorios, pero sin modificar su genética. El campesino propietario de la parcela de maíz donde se investiga la presencia de transgénicos, decidió destruir voluntariamente su cultivo, ante el riesgo de contaminación, y reemplazar la semilla por otra. Se espera poder realizar pruebas de laboratorio para confirmar el cruce.
Cotto señaló que grandes corporaciones comercializan semillas en El Salvador, como la marca Dekalb, de la transnacional bioquímica alemana Bayer. Este producto es descrito por la propia empresa como híbrido fortalecido con biotecnología, lo que podría indicar la incorporación de procesos transgénicos. Añadió que estos materiales suelen comercializarse junto con paquetes tecnológicos que requieren un uso intensivo de agroquímicos.
El agroecólogo salvadoreño sostuvo que uno de los principales obstáculos para dimensionar la presencia de OGM en El Salvador es la falta de información pública. Desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele, en 2019, el gobierno mantiene un bloqueo constante a la entrega o publicación de información de interés nacional.
Cotto dijo que, aunque existe un reglamento derivado de la Ley de Medio Ambiente que establece procedimientos para controlar su ingreso, no hay datos disponibles que permitan conocer qué productos han entrado al país ni si las instancias encargadas de aplicar esos controles están funcionando.
Explicó que la norma no prohíbe el ingreso de transgénicos, sino que lo regula mediante un procedimiento vinculado al sistema de evaluación de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recordó que la prohibición expresa de introducir semillas transgénicas desapareció en 2008 cuando fue derogado el artículo 30 de la Ley de Semillas.
Normas permisivas
En los últimos años, Guatemala, Honduras y El Salvador han avanzado hacia la armonización de sus normas sobre organismos vivos modificados mediante el Reglamento Técnico de Bioseguridad para Organismos Vivos Modificados para Uso Agropecuario.
Ese instrumento se creó en 2018 en el marco del Consejo de Ministros de Integración Económica, del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).
El instrumento no prohíbe los transgénicos, sino que establece los procedimientos para autorizar su investigación, producción, comercialización y movimiento entre los países. Pero, para las organizaciones sociales, esa es la justificación para abrir aún más las puertas al ingreso de OGM. “Se dice ahí en el reglamento que se deben hacer todas las evaluaciones pertinentes por si hubiera algún riesgo, pero eso no existe, está ahí apuntado, pero no se hace”, manifestó el guatemalteco Paredes.
Ese marco regulatorio, junto con reformas recientes orientadas a simplificar trámites administrativos, ha flexibilizado los controles sobre los organismos genéticamente modificados y facilitado su ingreso y circulación en la región, aunque las autoridades lo presentan como parte de un proceso para reducir la burocracia y agilizar el comercio.
“Ese reglamento da camino libre a los transgénicos”, señala el informe de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina. Según el reporte, oficialmente en Guatemala no se cultivan transgénicos. En 2014 a través de un Decreto Presidencial se ha frenado la adopción de transgénicos para la agricultura y la producción de alimentos, aunque sí se permite los ensayos de campo.
En Honduras, se aprobó en mayo de 2023 el reglamento general de semillas, amparado en la Ley General de Sanidad Agropecuaria con el aval del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa).
Esa normativa prohíbe la utilización de semillas no certificadas, lo que ha sido rechazado por las organizaciones sociales.Organizaciones campesinas y ambientales sostienen que este tipo de regulaciones favorece un modelo agrícola basado en semillas certificadas, cuyo mercado está dominado por grandes empresas semilleras.
A su juicio, al restringir el uso e intercambio de semillas criollas o nativas conservadas por los agricultores, aumenta la dependencia de variedades comerciales y de los paquetes tecnológicos asociados a ellas. El reporte agregó que en Costa Rica se está desarrollando una variedad de banano editado con genoma resistente a enfermedades de la mancha negra de la hoja (sigatoka) y la Fusarium.
A diferencia de los transgénicos tradicionales, que incorporan material genético de otro organismo para obtener una característica determinada, la edición genética modifica directamente los genes del propio organismo mediante herramientas de laboratorio capaces de «editar» fragmentos específicos de ADN, como un editor de un video o película, que corta, mueve y agrega trozos de imágenes.
“Están cortando ADN, están quitándole pedazos a las plantas de una vez y lo están editando según ellos porque no está bien, y eso ya es jugar con algunos elementos que desde nuestros pueblos son intocables, eso no nos corresponde a nosotros los humanos, sino eso ya es una cuestión del universo mismo”, manifestó Paredes.
Al igual que en Honduras, Guatemala y El Salvador, el gobierno costarricense publicó cambios en sus regulaciones sobre biotecnología agrícola. Trata a los organismos genéticamente editados como “equivalentes” a los productos convencionales. Incluye además procedimientos simplificados para las solicitudes de transgénicos resultantes de transformaciones vegetales individuales o complejas.
Hasta ahora, Costa Rica ha permitido la producción de semillas de algodón y de soja transgénica, solo para la exportación, así como el cultivo de piña rosa transgénica. Nunca se admitió el maíz transgénico por la resistencia de la sociedad civil en contra de su aprobación, detalló el informe.
Mientras que Panamá importó de Estados Unidos, en 2024, un total de $871.8 millones en productos agrícolas a Panamá, de los cuales $226.8 millones correspondieron a maíz, granos secos de destilería con solubles (DDGS), soya y harina de soya para alimentación animal.
El reporte detalló que Panamá importa maíz, soya y harina de soya genéticamente modificados de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Paraguay, destinados a la alimentación animal.Sin embargo, el gobierno panameño no exige la notificación de estas importaciones como productos transgénicos.
Panamá implementó un cambio en la política sobre plantas, semillas y animales genéticamente modificado, en 2023, mediante la Ley 352 del 18 de enero de 2023, que establece la Política Agroalimentaria del Estado y dicta otras disposiciones, para adoptar nuevas tecnologías para la producción agrícola, incluyendo productos genéticamente modificados.
“No, hay nada de legislación que diga que no se pueda, que está prohibida la entrada de transgénicos en Guatemala, no tenemos esa legislación”, recalcó Paredes.
Lo que afectará el arancel de 12,5% que impuso Trump a Chile
El Gobierno de Donald Trump -a través de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer-, anunció nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países y economías, incluido Chile, justificándose en una investigación sobre “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”.
Los nuevos aranceles, que en Chile serán del 12,5%, derivan de investigaciones iniciadas por la oficina de Greer en marzo, bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense para determinar si las políticas y prácticas de países relacionadas con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudican a trabajadores y empresas estadounidenses.
De acuerdo a la Cancillería, la medida impuesta deja fuera al cobre, el principal producto de exportación local hacia Estados Unidos.Sin embargo, sí afecta al salmón, la fruta, el vino y distintos productos derivados de la madera.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile, Antonio Walker, se declaró preocupado por la medida al afectar “la competitividad” de las exportaciones nacionales y generar “incertidumbre para miles de productores y trabajadores”.
La situación tiene en estado de alerta a las salmoneras agrupadas en SalmonChile. Chile es un proveedor estratégico para Estados Unidos y el producto local representa más del 40% que consumen los estadounidenses. Desde el gremio resaltaron que Estados Unidos no produce salmón, por lo que “no existiría razón” para aplicar el impuesto al producto.
“Nuestra expectativa era que Chile no fuera incluido en esta medida y, particularmente, que el salmón de cultivo chileno fuera incorporado al Anexo A y, por lo tanto, quedara exento de un nuevo arancel, considerando las características de nuestro producto y su importancia para el mercado estadounidense”, comentaron desde SalmonChile.
Por ello, seguirán insistiendo en no ser sometido a un alza arancelaria. “Hacemos un llamado a la Cancillería a agotar todas las instancias y a continuar trabajando con las autoridades estadounidenses para buscar espacios de diálogo que permitan revertir esta decisión y avanzar hacia futuras rebajas arancelarias”, señalaron. Frutas de Chile, por su parte, expuso el rol estratégico que cumple la fruta chilena en el abastecimiento del mercado estadounidense.
Destacaron que gracias a la producción en contraestación, los envíos permiten mantener una oferta continua de fruta fresca durante gran parte del año, beneficiando a consumidores, supermercados y a toda la cadena de distribución en Estados Unidos.
Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, enfatizó que la decisión no constituye un pronunciamiento que acredite la existencia de trabajo forzoso en la fruticultura chilena, sino que responde a una evaluación realizada por Estados Unidos en el marco de la Sección 301 de su legislación comercial, referida a aspectos de su política comercial y regulatoria, “y no a un incumplimiento específico atribuible al sector frutícola chileno”.
De acuerdo con estudios de Delphi & Peterson Solutions, la fruta chilena genera un impacto económico cercano a US$3.500 millones por temporada en Estados Unidos, aporta aproximadamente US$2.000 millones al PIB de ese país y contribuye a la generación de cerca de 19.500 empleos directos cada temporada.
Gobierno negociará con EEUU
El Gobierno afirmó que Chile “cuenta con una sólida institucionalidad laboral” y que “negociará” con Estados Unidos para ser excluido de la lista de las 60 economías a las que la Administración de Donald Trump impuso nuevos aranceles, por supuestamente “no combatir el trabajo forzoso”. Agregó que considera que la aplicación de esta medida “no se condice con los estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”.
Durante 2025, las exportaciones chilenas a Estados Unidos sumaron 17.741 millones de dólares, de los cuales 9.412 millones correspondieron a productos mineros.
Chile es uno de los tres países de América Latina -junto a Perú y Costa Rica- que tiene Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto con China como con Estados Unidos. China es el principal socio comercial de Chile y, Estados Unidos, su mayor inversionista extranjero, por lo que mantener los equilibrios entre ambas potencias se ha convertido en uno de los principales retos diplomáticos y económicos del presidente ultraderechista José Antonio Kast.
Argentina: neoliberalismo hídrico extremo y mercantilización del agua
Emilio Taddei-Huella del Sur
A mediados de mayo 2026, el gobierno argentino de Javier Milei inició formalmente la privatización de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), la empresa pública de distribución de agua y saneamiento más importante del país y una de las más grandes de Nuestra América, que cuenta con una red que cubre a más de 15 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 3,8 millones de usuarios directos en su área de cobertura de 3,363 km.
Se trata de la segunda privatización de esta empresa que fue subastada por primera vez en los años noventa por el gobierno neoliberal de Carlos Menem (transformada en Aguas Argentinas bajo control mayoritario del grupo francés Suez) ; vaciada por la gestión privada transnacional y finalmente recuperada en 2006 bajo control estatal y rebautizada AySA, S.A. por el gobierno del presidente Néstor Kirchner.
El intento de reprivatización de esta emblemática empresa pública es una de las múltiples expresiones del proceso de mercantilización, de privatización y de entrega del agua y de los bienes hídricos impulsado por el gobierno de Javier Milei y por los gobernadores de diversas provincias aliados al gobierno nacional. La cruzada a favor de la privatización del agua del presidente libertario se funda en el ideario hídrico neoliberal, que concibe el agua como una mercancía y no como un derecho humano extraeconómico.
Durante su campaña presidencial en 2023 Milei explicitó el fundamento de su política hídrica cuando señaló que “[…] el precio del agua es cero. El problema en realidad radica en que no hay derechos de propiedad sobre el agua. Cuando falte el agua, alguien va a ver un negocio ahí y va a reclamar los derechos de propiedad“.
En consonancia con estos principios el gobierno de Milei impulsa una agresiva política de gestión de los bienes hídricos orientada a garantizar la apropiación privada, directa o indirecta, de los bienes hídricos. Se trata de una política de mercantilización del agua mucho más ambiciosa que la implementada por los gobiernos neoliberales de los años noventa y que no se limita a reeditar las recetas de privatización de los servicios de distribución y de saneamiento hídrico para asegurar ganancias extraordinarias a través de los aumentos tarifarios.
Hoy se busca, además, garantizar la apropiación y el control directo del agua a manos de grandes empresas, grupos transnacionales y fondos de inversión privados que controlan sectores productivos clave de la economía mundial, y cuya reproducción depende del consumo de enormes volúmenes de agua. La ambiciosa política de Milei se orienta a beneficiar al agronegocio y al modelo agroalimentario neoliberal ; a las grandes empresas hidrocarburíferas y de energía fósil y a las empresas transnacionales vinculadas al complejo digital-militar (grandes mineras y empresas de tecnología digital, en especial las dedicadas al desarrollo de la IA).
Estos actores son directamente responsables del sobreconsumo hídrico que engendró la situación de “bancarrota hídrica” mundial, reconocida por la ONU en un informe reciente. Para éstos y otros sectores económicos, el acceso al agua dulce y a los abundantes bienes hídricos de Argentina resulta un objetivo fundamental de la nueva ofensiva extractivista que se despliega en Nuestra América.
Esto ha sido explicitado por diplomáticos, políticos y militares estadounidenses del gobierno Trump, quienes de forma recurrente subrayan la importancia estratégica de las reservas hídricas de Nuestra América para garantizar la extracción y control de minerales estratégicos y el desarrollo de otras industrias extractivas, en especial la de los hidrocarburos “no convencionales” subyacentes en el extenso yacimiento argentino de “VacaMuerta“.
El gobierno de Javier Milei, que reivindica su condición de aliado estratégico del trumpismo y de Israel en la región, despliega una política en este terreno que promueve un neoliberalismo hídrico extremo, que crea las condiciones para la mercantilización y enajenación del agua en beneficio de capitales privados nacionales y del capital financiero internacional, rasgo que comparte con otros gobiernos latinoamericanos de extrema derecha promovidos y respaldados por la administración Trump.
Mercantilización del agua y despojo hídrico multiescalar en el gobierno de Milei
Las múltiples iniciativas promovidas por el gobierno libertario dan cuenta de la amplitud de la política de privatización/mercantilización hídrica. Como indicamos, ésta no se limita a la transferencia al capital privado del 90% de la propiedad estatal de AySA, sino que involucra un conjunto de medidas que socavan las funciones regulatorias hídricas estatales, que inciden en el desarrollo de los ciclos hidrosociales y que perturban la recarga y la sustentabilidad hídrica de los ecosistemas. Se trata del conjunto de decisiones que afectan la reproducción de los ciclos hídricos y atentan contra el control público democrático de los bienes hídricos, socavando los fundamentos de la soberanía hídrica del país y atentando contra el cumplimiento del derecho humano al agua.
Una de las medidas más emblemáticas de socavamiento de la soberanía hídrica del país es el impulso al acuerdo marco del Estado federal con la empresa pública israelí de agua Mekorot para la realización de estudios de prospección hídrica y la elaboración de planes maestros de conservación y gestión del agua en las provincias.
Este convenio, negociado y refrendado por el anterior gobierno de Alberto Fernández, ha sido ya rubricado por doce gobernadores, representantes de la mayoría de las provincias cordilleranas donde se encuentran las reservas estratégicas de agua de los glaciares que proveen 30% del agua dulce del país.
Distintas organizaciones ambientales denuncian la confidencialidad y la falta de transparencia de estos acuerdos y subrayan que los mismos garantizan la producción y el acceso de esta empresa extranjera a datos estratégicos sobre los bienes hídricos, empresa que fue denunciada internacionalmente en distintas oportunidades por practicar el “apartheid hídrico” contra el pueblo palestino.
En el marco de la licitación internacional para la concesión por veinticinco años del dragado del Río Paraná, dos empresas de origen belga (Jan De Nul NV–Servimagnus SA y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV [DEME]) resultaron finalistas en un concurso que ha sido denunciado como irregular por otros competidores.
La licitación busca transformar este río – la principal cuenca hídrica del país, por donde transitan las exportaciones que representan 80% del PIB argentino– en una autopista fluvial para buques de ultramar de ochenta mil toneladas. Este objetivo requiere aumentar artificialmente en tres metros el cauce del río por medio de técnicas de dragado que provocan la remoción de sedimentos contaminados y acelera la erosión de las costas e islas, a la vez que destruye los humedales ribereños que almacenan las reservas de agua dulce en tiempos de sequía.
No sólo se pretende de esta forma subordinar a los requerimientos del mercado mundial la dinámica natural de un ecosistema vital sino que además se pone en riesgo el suministro de agua potable para catorce millones de argentinas/os. El desconocimiento de diversos estudios de impacto ambiental presentados durante el proceso licitatorio no solamente representa una violación del Acuerdo de Escazú sino que además busca ocultar los riesgos ambientales de este proyecto que arriesga provocar un ecocidio planificado en una de las tres cuencas hídricas más importantes de Sudamérica.
La concesión del dragado del Río Paraná al control estratégico de empresas extranjeras, sumada a la autorización reciente del gobierno de la presencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en la cuenca de los ríos Paraná y Paraguay, constituyen dos evidencias irrefutables del proceso de extranjerización hídrica que experimenta el país.
Un tercer y emblemático ejemplo de la política de mercantilización y de enajenación del agua es la reciente aprobación parlamentaria de la modificación de la Ley de Glaciares vigente desde 2010, impulsada por el gobierno para estimular las inversiones mineras a través de los beneficios fiscales previstos en el Régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI) aprobado en 2024.
Las modificaciones impulsadas remueven las regulaciones ambientales más importantes, en especial los presupuestos mínimos que protegían el ambiente glaciar y periglaciar, limitando su protección a la evidencia de una “función hídrica efectiva” y permitiendo actividades económicas en zonas protegidas para favorecer la explotación minera transnacional.
Paralelamente el gobierno lleva adelante una contrarreforma ambiental legal y administrativa que debilita los controles que permiten garantizar las diversas funciones de regulación ecosistémica y climática del agua. El ejecutivo promueve por un lado la flexibilización y/o la derogación de leyes y de normativas legales de protección del ambiente, que expresan las conquistas logradas en el pasado reciente en terreno.
La modificación de la Ley de Glaciares, la pretensión de flexibilizar la Ley de Tierras y la Ley de manejo del fuego y su oposición frontal a la sanción de una Ley de protección de los humedales son expresión de ello. Esta política tiene además su correlato a nivel provincial, donde distintos gobernadores, aliados al gobierno nacional, impulsan reformas legales que promueven las actividades extractivas y favorecen la apropiación privada del agua.
Las recientes y masivas protestas que tuvieron lugar en las provincias de Mendoza y de Río Negro son expresiones del amplio repudio social generado por estas medidas, que se tradujo en la organización de movilizaciones masivas, caravanas, asambleas populares y campañas multisectoriales en defensa del agua y contra la minería y que en algunas ocasiones fueron violentamente reprimidas. Por otro lado, el gobierno lleva adelante una política de desmantelamiento de las estructuras y organismos estatales de gestión hídrica que apunta a garantizar la influencia de intereses corporativos hídricos en la estructura burocrático administrativa del Estado.
Esto se refleja en el desfinanciamiento, en la pérdida de autonomía de algunas reparticiones estatales y/o en el progresivo debilitamiento de organismos de la gestión del agua y de diversos organismos de investigación ligados a la prospección y monitoreo de los bienes hídricos.
Los ejemplos más emblemáticos de estas medidas son por un lado la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que ejecutaba obras de red de agua y cloacas, y la desregulación y racionalización del Instituto Nacional del Agua, organismo federal dedicado históricamente a la investigación y formulación de soluciones técnicas y científicas a problemáticas hídricas complejas, con un abordaje regional y nacional con un enfoque integrador.
El gobierno de Milei transformó este organismo en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, quitándole el estatus de ente descentralizado con ciertos grados de autonomía.
“El agua vale más que todo”: las resistencias al neoliberalismo hídrico libertario.
Con estas medidas la Argentina del gobierno libertario se transformó en un campo de experimentación del neoliberalismo hídrico. La intensidad y amplitud de las políticas privatizadoras del agua enfrenta, sin embargo, importantes resistencias que si bien encuentran escollos para impedir las contrarreformas impulsadas, se fortalecen como espacios de debate, de acción, de resistencia comunitaria y de socialización de experiencias de gestión hídrica colectiva.
La gigantesca caravana denominada “Gesta Libertadora por el Agua” que partió de la ciudad de Uspallata, Mendoza, en diciembre de 2025, para manifestar la oposición del pueblo mendocino a la aprobación del Proyecto minero San Jorge en esa provincia, fue una contundente expresión de conciencia popular y de defensa de la soberanía hídrica. En el mismo sentido podemos referirnos a las masivas manifestaciones que tuvieron lugar en Buenos Aires y otras ciudades capitales en repudio a la modificación de la Ley de Glaciares.
La construcción colectiva y la madurez política de colectivos y ONG ambientales, de sindicatos, de organizaciones de mujeres y estudiantes, junto a organizaciones territoriales, permitió desplegar una masiva campaña de recolección de firmas en apoyo a una demanda judicial para solicitar la inconstitucionalidad de la nueva norma regresiva. La lucha colectiva en defensa del agua como un bien público no mercantil resulta actualmente una referencia insoslayable de las luchas socioambientales en la Argentina.
La consigna “El agua vale más que todo” sintetiza el espíritu de las rebeldías y dibuja un horizonte para pensar y forjar transiciones ecosociales populares, justas y democráticas necesarias y urgentes. Ante la intensificación de la crisis climática y sus consecuencias socioambientales, esta tarea resulta impostergable en la construcción de alternativas vitales a la crisis civilizatoria del capital y al horizonte de devastación y muerte que pregona el tecnofascismo armado.
*Profesor de la Universidad Nacional de Lanús. Investigador UBA/CONICET – Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Miembro del Grupo de Estudios de América Latina y el Caribe (GEAL)
Panorama internacional
1.-Una guerra comercial entre la UE y China parece inevitable
The Economist
Tucídides pensaba que las potencias emergentes tienden a provocar conflictos. Si hubiera sido economista y hubiera observado el auge de las exportaciones chinas hacia Europa, quizá habría previsto una guerra comercial. Muchos analistas comparten hoy esa visión. La cuestión ya no es si Europa levantará algunos puentes levadizos, sino cuántos y con qué rapidez lo hará, y cómo afrontará las consecuencias.
Lo que está en juego es evidente. Las quiebras empresariales en la Unión Europea han alcanzado niveles no vistos desde 2015, Alemania perdió 143 000 puestos de trabajo en el sector industrial en 2025 y, en gran parte de Europa, el crecimiento es lento y la producción industrial está en retroceso. En Francia y Alemania, los partidos de extrema derecha lideran las encuestas. En una cumbre que se celebrará el 18 de junio, los líderes de la UE debatirán cómo afrontar el desafío que plantea China en un contexto económico mundial cada vez más sombrío.
¿Es realmente China la responsable de los problemas económicos de Europa? En 2025, el déficit comercial de la UE en bienes con China ascendió a unos 1000 millones de euros (1160 millones de dólares) diarios, aproximadamente el doble que antes de la pandemia. Alemania, en particular, ha experimentado un aumento constante de las importaciones procedentes de China y un acusado descenso de sus exportaciones a ese país. Algunos ven en ello indicios de competencia desleal. La OCDE, integrada principalmente por países desarrollados, constató que entre 2005 y 2024 las empresas chinas recibieron entre tres y ocho veces más subvenciones que sus competidoras de los países miembros. Algunas ni siquiera sobrevivirían sin ese apoyo: el 32 % de las empresas industriales chinas registran pérdidas.
Quienes se muestran escépticos a la hora de responsabilizar a China sostienen que los verdaderos problemas son los elevados costes energéticos en Europa, la lentitud burocrática y la falta de innovación o integración. Peor aún, argumentan que obstaculizar las importaciones de materiales y componentes chinos perjudicaría a las empresas europeas situadas en los eslabones posteriores de la cadena de valor, reduciendo su competitividad en lugar de reforzarla. Además, la lista de sectores considerados «estratégicos» y protegidos ya es extensa.
Francia, anfitriona de una cumbre del G7 el 15 de junio, pone el foco en los desequilibrios macroeconómicos. La moneda china está infravalorada entre un 15 % y un 30 %, lo que abarata sus exportaciones. Sin embargo, la causa más profunda reside en el excedente de ahorro con respecto a la inversión, la otra cara de cualquier superávit exportador, un fenómeno sobre el que el proteccionismo poco puede hacer salvo desviar las exportaciones hacia otros mercados. Curiosamente, este modelo resulta bien conocido para los europeos. Alemania lo perfeccionó durante la década de 2010 y su superávit por cuenta corriente sigue situándose en el 4,5 % del PIB, una cifra comparable a la de China.
Aun así, la UE ha respondido. El 21 de abril autorizó a Lisboa a continuar con un proyecto de tren ligero tras vetar a una empresa contratista china que, según la UE, recibía subvenciones que distorsionaban la libre competencia; la empresa china fue sustituida por otra polaca. Una investigación sobre las subvenciones a los vehículos eléctricos desembocó en la imposición de aranceles en 2024. El 8 de junio se aprobaron también aranceles sobre el acero. El año pasado, además, el bloque prohibió la contratación pública de productos sanitarios procedentes de China en represalia por la exclusión de los productos europeos por parte de Pekín. Y la lista de medidas sigue creciendo.
«Enfrentarse a China va a salir caro»
Para muchos, sin embargo, esto no basta. Se está conformando un consenso en torno a que la amenaza supera los riesgos derivados de posibles represalias. «Enfrentarse a China va a salir caro de cualquier manera, pero cuanto más esperemos, más caro resultará», afirma un representante de la industria alemana. Las medidas de coerción económica adoptadas por China, como su dominio del refinado de tierras raras, han contribuido a aumentar esa percepción.
La primera opción para la UE consiste en utilizar con mayor firmeza las herramientas de defensa comercial existentes. Los instrumentos antisubvenciones y antidumping requieren investigaciones detalladas caso por caso, susceptibles además de ser impugnadas ante los tribunales. Un alto cargo los compara con «utilizar una cucharita para achicar el agua de un barco». La UE estudia aplicarlos a categorías más amplias de productos o incluso invertir la carga de la prueba: si los datos macroeconómicos sugirieran la existencia de subvenciones excesivas, correspondería a las empresas demostrar que no las han recibido. Una segunda posibilidad consiste en desarrollar barreras más sólidas frente a aumentos repentinos de las importaciones.
Desde hace tiempo, los altos cargos europeos hablan de crear un «instrumento contra el exceso de capacidad», aplicable cuando un país produzca más de un determinado bien de lo que puede justificarse económicamente. Sin embargo, el concepto resulta difícil de definir y podría acabar siendo inviable. Como alternativa, el bloque podría recurrir con mayor frecuencia a medidas de salvaguardia, similares a las ya aplicadas al acero, aunque estos aranceles deberían aplicarse a todos los países y son de carácter temporal.
Por su parte, Sander Tordoir y Brad Setser, en un análisis para el think tank Centre for European Reform, proponen crear una versión europea de la herramienta estadounidense conocida como «Sección 301», que permite imponer aranceles generales para contrarrestar prácticas consideradas perjudiciales para el comercio nacional.
Una tercera opción consistiría en complementar las medidas comerciales defensivas con la política industrial. «La combinación de instrumentos comerciales con políticas de inversión e industriales representa un cambio intelectual significativo», sostiene Shahin Vallée, del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. La UE propuso recientemente condicionar determinadas contrataciones públicas al uso de contenido local, mientras que su paquete de soberanía tecnológica impulsa el fortalecimiento de la cadena europea de suministro de semiconductores. En paralelo, los gobiernos nacionales están incorporando sus propios programas de subvenciones.
La gran incógnita sigue siendo la respuesta de China: Pekín podría responder con restricciones a las exportaciones que privaran a la industria europea de materiales o componentes esenciales. «China tiene un exceso de confianza, pero eso la convierte en un socio difícil en las negociaciones», sostiene un veterano observador. El país muestra poca paciencia ante las críticas europeas sobre las subvenciones o el exceso de capacidad, que interpreta como una manifestación de debilidad. El 11 de junio, China canceló dos reuniones de alto nivel con la UE. Su enfrentamiento comercial con Estados Unidos parece haber reforzado la confianza de sus dirigentes. Aun así, es probable que opte por respuestas firmes pero adaptadas al contexto europeo, evitando una guerra comercial a gran escala.
El consenso dentro de Europa es frágil y resulta poco probable que se adopten medidas que vayan mucho más allá de ampliar las herramientas existentes y reforzar las políticas de «compre productos europeos». Son pocos quienes creen que el continente esté dispuesto a soportar represalias chinas o a activar su potente instrumento anticoerción como respuesta. Alemania y España desempeñarán un papel decisivo. Alemania, que no ha sido hasta hace poco que ha empezado a endurecer su postura hacia China, teme que las posibles represalias paralicen parte de su industria. España, por su parte, mantiene una posición pragmática: considera que el nuevo orden mundial debe acomodar a una China fuerte y que las medidas solo deberían dirigirse contra prácticas que puedan demostrarse claramente como desleales.
«La prioridad debería ser reducir las dependencias cuanto antes; de lo contrario, las amenazas de recurrir a instrumentos de defensa comercial perderán credibilidad», afirma un alto cargo alemán. Maroš Šefčovič, Comisario de Comercio de la UE, ha propuesto obligar a las empresas a diversificar sus cadenas de suministro, es decir, más allá de China. Los dirigentes chinos se opondrán firmemente a esta idea, según Max Zenglein, del Conference Board, una organización empresarial internacional. Los recientes decretos chinos sobre las cadenas de suministro y las medidas extraterritoriales adoptadas por otros países dejan claro que Pekín pretende mantener al mundo en una posición de dependencia. En materia de política comercial, la UE y China parecen dirigirse hacia una colisión de gran envergadura.
2.-Trump impone arancel de 50 por ciento a los productos canadienses
La medida desataría una nueva ola de caos económico
El presidente de Estados Unidos Donald Trump impuso aranceles de 50 por ciento a la mayoría de los productos canadienses, declarando que Canadá ha discriminado injustamente contra los automóviles, el alcohol y los productos lácteos estadunidenses.
Esta medida podría desatar una nueva ola de caos económico, con riesgos de mayor inflación y un mayor deterioro de las relaciones entre dos naciones que habían estado estrechamente unidas antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.
El funcionario del gobierno que adelantó la medida, afirmó que Canadá fue una de las pocas naciones, además de China, que tomó represalias contra los aranceles anteriores de Trump y que debe rendir cuentas por ello.
Un día antes, Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, coincidieron en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos. En el encuentro también estuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien comentó que “fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para poder comentar el tema comercial”.
El funcionario que reveló la medida insistió en permanecer en el anonimato durante una llamada con periodistas para adelantar las acciones del republicano y afirmó que Trump firmó tres proclamaciones para imponer los aranceles en virtud del artículo 338 de la Ley de Comercio de 1930.
Varios legisladores demócratas propusieron el año pasado derogar dicho artículo, argumentando que Trump podría utilizarlo para desestabilizar la economía.
Los aranceles de 50 por ciento excluirían los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales críticos, pero incluirían bienes anteriormente exentos de impuestos a la importación por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El funcionario añadió que Trump había solicitado a sus asesores que estudiaran la posibilidad de imponer aranceles adicionales a Canadá pues sus incendios forestales perjudican la calidad del aire de Estados Unidos.