EEUU traslada drones espías de África a Colombia y Ecuador

La llegada de estos aviones, anunciada por Colombia en agosto y confirmada este martes, consolida la creciente participación activa de Washington en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas de los dos países sudamericanos, que en los últimos meses han aceptado el inicio de “operaciones conjuntas”.

“Es una señal significativa de la Administración de que vamos en serio”, ha evaluado el diplomático retirado Francisco Palmieri, antiguo embajador encargado de Estados Unidos en Bogotá, en declaraciones al diario neoyorquino. “Como símbolo político, es inconfundible. Es una señal de un compromiso para expandir tanto el nivel como el tipo de cooperación”, ha agregado. Días antes, el general Francis Donovan había dicho que la intención de Washington es expandir al continente los ataques que ya realiza desde el año pasado en el mar Caribe y el Pacífico contra lanchas que identifica como narcotraficantes.

Los MQ-9 Reapers permiten llevar a cabo actividades de reconocimiento de terreno y vigilancia sin exponer a los militares, como ocurre con los aviones tradicionales de combate. Pueden volar en una altura de hasta 15.000 metros y son difíciles de detectar. Tienen capacidad para cargar armamento de precisión. “No pueden causar una gran destrucción en términos cuantitativos, pero sí cualitativamente: son imprescindibles para destruir blancos muy selectos, como personas”, comentaba hace unos años a este periódico Félix Arteaga, experto en seguridad internacional del Real Instituto Elcano.

Tienen 20 metros de envergadura, 11 de longitud y 4 de altura. Cuestan alrededor de 30 millones de dólares (unos 96.000 millones de pesos colombianos).

En América Latina, los MQ-9 Reapers ya son utilizados en la frontera entre Estados Unidos y México. Según informó a principios del año pasado The New York Times, los sobrevuelos para espiar las actividades de los cárteles dentro del territorio mexicano iniciaron durante la Administración de Joe Biden (2021-2025) y se intensificaron tras el regreso de Donald Trump al poder. La información recolectada, según reportaba entonces el diario estadounidense, se compartía con las autoridades mexicanas.

Hace unas semanas, CNN adelantó que Estados Unidos trasladaría “la mayoría” de los drones en África a América Latina, pero no especificó a qué países irían. Señaló que la decisión preocupaba a algunos mandos militares: las actividades del Estado Islámico y Al-Shabaab en el continente africano, ahora relegado en la lista de prioridades, pueden aumentar ante el retiro de los drones.

La prensa colombiana, en tanto, informaba en agosto de un acuerdo suscrito con Estados Unidos para recibir tres MQ-9 Reapers y adquirir uno propio. El medio especializado Infodefensa, por su parte, señalaba el lunes que dos drones ya habían llegado a Ecuador.

Quito y Bogotá han llevado la colaboración militar con Washington a un nivel sin precedentes. En marzo, el Comando Sur (SouthCom) anunció el inicio de operaciones conjuntas con Ecuador para enfrentar a “organizaciones terroristas designadas”. El Gobierno de Daniel Noboa lo confirmó, pero evitó dar mayores detalles con el argumento de que se trata de información clasificada.

Unos meses después, tras la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, Colombia emprendió el mismo camino. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que Bogotá le había autorizado a iniciar operativos “para destruir terroristas y redes terroristas”. Colombia confirmó el anuncio y señaló en un comunicado de prensa que es una decisión que reafirma el compromiso del país con “una respuesta hemisférica coordinada”.

Ambos países se han sumado al Escudo de las Américas, una coalición que Trump conformó con gobiernos amigos para combatir el narcotráfico en la región. “Este tipo de iniciativas sirven para defender nuestras democracias en la región”, defendió hace unos días el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, durante una reunión en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Mientras tanto, continúan los ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el Mar Caribe, que Bogotá denunció como ejecuciones extrajudiciales durante el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026). Ya han muerto al menos 230 personas, sin que haya pruebas sobre la efectividad de los operativos para reducir el ingreso de droga a Estados Unidos.