La “justicia” peruana anuló juicio a Keiko Fujimori por el escándalo Oderbrecht

Mariana Álvarez Orellana

Un tribunal de justicia de Perú anuló el lunes por fallas en la acusación un juicio por lavado de activos contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, en el marco del escándalo de Odebrecht, y ordenó reiniciar el proceso. Según el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional existe inconsistencia y falta de objetividad de la fiscalía en las imputaciones contra los acusados.

El juicio a la hija del expresidente Alberto Fujimori y más de 40 acusados vinculados a su partido Fuerza Popular había comenzado el 1 de julio de 2024, en medio de gran expectativa mediática. «Desarrollar un juicio con una imputación deficiente constituye una puerta abierta hacia la arbitrariedad», estimó el juez Max Vengoa.

Keiko es acusada de recibir 1.2 millones de dólares ilegalmente de Oderbrecht, el gigante brasileño de la construcción, para financiar las campañas de 2011 y 2016. La Fiscalía la acusa por lavado de activos y crimen organizado, obstrucción a la justicia, así como declaración falsa en un procedimiento administrativo. El fiscal pidió que sea inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, lo que la dejaría fuera de carrera para las elecciones presidenciales de 2026.

La fiscalía había pedido en este caso una condena de 30 años y 10 meses de cárcel para Keiko Fujimori, de 49 años. La decisión de la Corte se basó en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la acusación fiscal contra el exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, uno de los coacusados junto a Fujimori.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional anuló el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y todos los procesados por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2011 y 2016 y ordenó que se remita todo lo actuado a la etapa de investigación preparatoria. La decisión fue tomada por mayoría.

La resolución se adoptó apelando al fallo del Tribunal Constitucional de diciembre último en favor de José Chlimper, exsecretario general del partido naranja, que lo apartó del juicio oral por los delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia por este caso, y ordenó que se remita todo lo actuado a la etapa de investigación preparatoria.

El impacto de esta resolución no se limita únicamente a Chlímper, sino que también afecta directamente al juicio oral que se desarrollaba contra Keiko Fujimori y decenas de coacusados en el marco del Caso Cócteles, uno de los más emblemáticos en el contexto de las investigaciones sobre actos de corrupción del escándalo Oderbrecht.

Cuando este Tribunal Constitucional empezó a sacar sus resoluciones a favor de los implicados en el caso Cocteles de Fuerza Popular y su financiamiento ilegal de las últimas campañas políticas, primero excluyeron de la investigación a José Chlimper, anulándole la acusación fiscal. Ese día nos dimos cuenta de que el objetivo que tendría este TC, engendro del fujicerronismo, era de preparar el andamiaje para tumbarse el proceso contra Keiko Fujimori y todo el clan fujimorista involucrado en este ruleteo de dinero que financió irregularmente las campañas presidenciales, señaló Richard Arce, ingeniero industrial, columnista y político peruano.

El “caso Cocteles” se centra en una investigación sobre presunto lavado de activos vinculado a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en Perú, específicamente en 2011 y 2016. El caso examina los aportes recibidos por Fuerza Popular durante estos periodos, en particular los montos reportados bajo la modalidad de eventos como cocteles benéficos, que supuestamente sirvieron para justificar grandes sumas de dinero de origen ilícito.

El caso es crucial dentro del sistema político y judicial peruano porque involucra directamente a una figura clave de la política nacional, Keiko Fujimori, y cuestiona la transparencia en el financiamiento de campañas electorales en el país. Además, se relaciona con la trama de corrupción de Odebrecht, lo que agrega un nivel internacional al escándalo.

Según el fallo del TC, la Fiscalía habría vulnerado el principio de legalidad procesal del Nuevo Código Procesal Penal al incluir en la acusación fiscal hechos distintos a los expuestos durante la etapa de investigación preparatoria. Esto habría afectado el derecho de defensa de Chlimper, al no permitirle conocer los cargos que se le imputaban.

Así, los abogados de Fujimori y de los demás implicados, entre ellos, Jaime Yoshiyama, Ana Hertz, Efraín Goldenberg, Vicente Silva Checa, y otros, solicitaron que la resolución del Tribunal Constitucional se extendiera a sus defendidos. Y así ocurrió.

La decisión es por ahora una derrota para el fiscal José Domingo Pérez que no supo construir nunca una acusación formal válida, que evidenció múltiples falencias legales, y que en varios momentos de este largo y complejo proceso judicial buscó un protagonismo innecesario.

 La rinoplastía de Boularte

La presidenta de Perú, Dina Boularte acudió este lunes al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar sobre la operación en la nariz que mantuvo oculta al Congreso por más de un año y que motivó una investigación del Ministerio Público por presunto abandono temporal del cargo. Esta causa podría derivar en un potencial pedido de destitución desde el Congreso.

Boluarte es investigada como presunta autora del delito de omisión de funciones y, alternativamente, por abandono de cargo en agravio del Estado. «No se le está investigando porque haya pasado una cirugía, se está investigando porque, presuntamente, habría hecho abandono del cargo por horas o días sin justificación, sin haber comunicado al Congreso como corresponde», sostuvo la fiscal general.

Boluarte admitió el pasado 12 de diciembre que fue sometida a «una intervención quirúrgica, no fue estética, fue necesaria, imprescindible» para su salud. La intervención fue revelada a principios de este mes ante el Congreso por su exprimer ministro Alberto Otárola.»Cuando se digne a citarme el Ministerio Público, renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico», indicó

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)