Venezuela: sanciones homicidas

Como buitres, políticos de derecha y medios de comunicación de todo el continente se abalanzaron sobre la tragedia para convertirla en carroña política, acusando a las administraciones chavistas del deterioro institucional que ha impedido una respuesta adecuada ante los terremotos. Sin embargo, cualquier mirada honesta a la situación deja claro que los principales responsables de convertir la catástrofe natural en una crisis social y humanitaria se encuentran en Washington y, en menor medida, en Bruselas.

Desde que la administración de Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva 13692 en 2015, declarando a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria”, el país ha sido sometido a un asedio económico que viola la Carta de Naciones Unidas, al ser aplicado fuera del marco del Consejo de Seguridad. La radicalización del acoso en los dos mandatos de Donald Trump (y en el de Joe Biden) aniquiló de manera deliberada la economía venezolana con embargos petroleros y bloqueos financieros frente a los cuales ningún Estado puede salir indemne, y mucho menos uno que por medio siglo ha dependido de las exportaciones petroleras para sufragar la práctica totalidad de sus gastos.

Bajo las sanciones ilegales de Estados Unidos, el sector salud no puede adquirir equipos médicos de alta tecnología, repuestos para generadores eléctricos de emergencia ni medicinas traumatológicas vitales en catástrofes. El sistema eléctrico venezolano se encuentra en ruinas porque las empresas internacionales tienen prohibido proveer mantenimiento, turbinas o repuestos.

El embargo a la petrolera estatal PDVSA y la prohibición de importar diluyentes y repuestos para refinerías limitaron la capacidad de movilización de maquinaria pesada. Hoy, el traslado de retroexcavadoras, grúas y ambulancias se ve directamente entorpecido por una escasez estructural de combustible refinado y repuestos automotrices, producto directo de las sanciones. Los edificios mismos se encontraban debilitados por la falta de mantenimiento o el carácter subóptimo de los materiales de construcción debidos a los obstáculos para fabricar o importar lo más elemental.

Para asignar responsabilidades no es necesario especular, pues las cifras hablan por sí mismas. Hasta diciembre del año pasado, el consenso mediático y académico aseguraba que la caída en la producción y exportación de hidrocarburos se debía de manera exclusiva a la ineptitud y la corrupción de los gobiernos de Nicolás Maduro y su antecesor Hugo Chávez.

Pero, después de que el primero fue secuestrado por las fuerzas armadas estadunidenses, las exportaciones de crudo crecieron 144 por ciento, al pasar de 0.62 en enero a 1.5 millones de barriles a mediados de junio. Lo que cambió en esos seis meses no fue la estructura del gobierno venezolano, sino el levantamiento de una parte de las sanciones mediante “licencias de exportación”. El imperialismo descarnado que pone en práctica el trumpismo no se limita a la afrenta de que un país nominalmente soberano necesite licencias de otro para vender sus propios recursos, sino que además todo el dinero proveniente del crudo venezolano es administrado por el Departamento del Tesoro.

Es decir, Caracas no puede destinar sus ingresos a atender las necesidades de la población, sino únicamente a lo que la Casa Blanca disponga.

Las sanciones estadunidenses y europeas ya estaban asesinando a inocentes en todo el planeta mucho antes de los sismos de esta semana. De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica The Lancet, entre 1970 y 2021 las sanciones económicas unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea han causado aproximadamente 38 millones de muertes; de las cuales 800 mil ocurrieron tan sólo en el último año de la investigación. Está claro, entonces, que la mejor ayuda que las potencias occidentales pueden prestar a Venezuela y a todos los países en desarrollo es abstenerse de interferir en sus asuntos internos y de usar la economía como arma.

*Editorial del diario mexicano La Jornada