Revés a Trump: no podrá sancionar a denunciantes de genocidio en Gaza

Anuncian organizaciones que ampliarán colaboración con la CPI para perseguir a criminales israelíes y estadunidenses

Un juez federal frenó al gobierno de Donald Trump que pretendía imponer sanciones a dos organizaciones estadunidenses que colaboran con la Corte Penal Internacional (CPI) para ampliar cargos contra funcionarios en Washington y Tel Aviv que participan en crímenes de guerra en Gaza, lo que representa otro revés a la campaña de la Casa Blanca para clausurar el tribunal internacional y censurar toda crítica a Israel en este país.

Esta decisión se da en un momento en que las encuestas registran el nivel más bajo de apoyo del público estadunidense a Israel en más de medio siglo. A la par, más de la mitad, 52 por ciento, de los estadunidenses favorecen una reducción a la asistencia de Washington a Tel Aviv, según una nueva encuesta del Jewish Electoral Institute. Este año más de 100 legisladores demócratas apoyaron una reducción a la asistencia estadunidense a Israel, un giro sísmico comparado con 2024 cuando sólo 32 parlamentarios de ese partido apoyaron la propuesta.

Esta semana, el diputado federal demócrata Joaquín Castro anunció que 52 legisladores están dispuestos a tomar mayores medidas al apoyar un proyecto de ley que impondría sanciones sobre cualquier persona que intente tomar terrenos palestinos en Cisjordania o Gaza. Esta iniciativa, con poca probabilidad de ser aprobada por ahora, significa un desafío directo al presidente, quien, como uno de sus primeros actos en su puesto, desmanteló sanciones contra colonos derechistas que estaban ampliando sus asentamientos en esos territorios.

Tanto el gobierno de Trump como su antecesor, el demócrata Joe Biden, defendieron ferozmente a Israel contra acusaciones de genocidio presentadas ante la CPI y buscaron suprimir –incluso despidieron de sus empleos– a personas que acusaron a Tel Aviv.

Después de que la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y un alto mando militar israelí por cometer crímenes de guerra, el gobierno de Trump emitió una orden ejecutiva en febrero de 2025 para sancionar a los fiscales y jueces del tribunal internacional, o cualquier persona o agrupación a escala internacional, que apoyaran las investigaciones de estadunidenses o israelíes por crímenes de guerra.

Esa orden se ha empleado para sancionar a los grupos palestinos de derechos humanos al Haq, al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos, como a la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, Francesca Albanese.

La semana pasada, el Departamento de Estado estadunidense amplió la campaña contra la CPI al anunciar nuevas sanciones financieras contra las cuentas bancarias del tribunal y de su personal, y explícitamente afirmó que busca desmantelar esa entidad.

Dos organizaciones estadunidenses: Democracy for the Arab World Now (DAWN) y el Tax-payer Alliance Against Genocide (TAAG) han trabajado con todas estas organizaciones y repetidamente han entregado peticiones amplias al CPI instando a investigaciones y cargos contra funcionarios israelíes y estadunidenses por su papel en el genocidio en Gaza.

Enfrentando la amenaza de sanciones y hasta intentos para cerrar sus operaciones en Estados Unidos, DAWN y TAAG presentaron una demanda contra el gobierno estadunidense por violar sus derechos constitucionales de libertad de expresión. En un fallo emitido este martes, el juez federal Jesse Furman impuso una orden preliminar prohibiendo al gobierno de Trump aplicar “provisiones de una pena civil o criminal contra los demandantes”. Sin embargo, el juzgador por ahora rehusó determinar si la orden ejecutiva es o no constitucional.

“Hoy un tribunal federal de Estados Unidos frenó de una manera mayor los esfuerzos del gobierno de Trump de escudar de la justicia a los funcionarios israelíes que han perpetrado un genocidio y a sus patrocinadores estadunidenses”, declaró Omar Shakir, director ejecutivo de DAWN.

“El fallo del tribunal deja claro que la ley no permite prohibir a estadunidenses abogar por la justicia ante la CPI o trabajar con defensores de derechos humanos que este gobierno sancionó sólo por hacer llamados por evitar los crímenes de guerra estadunidenses e israelíes.”

Despues del fallo, DWAN anunció que de inmediato ampliará su colaboración con la CPI para perseguir a los estadunidenses e israelíes que han cometido crímenes graves, con grupos palestinos de derechos humanos y con la relatora especial Albanese. “El fallo es una victoria para la Primera Enmienda (de la Constitución estadunidense, que entre otras cosas garantiza la libertad de expresión) y un paso importante para desarmar el régimen de sanciones contra la CPI”, comentó Joseph Pace, abogado de DAWN y TAAG.

Enfrentando crecientes críticas, denuncias y fallos judiciales, Trump ha escalado sus amenazas retóricas contra aquellos que repudian sus políticas en Medio Oriente, entre otros temas. En un discurso en Arizona este miércoles, Trump retomó uno de sus temas favoritos al calificar a la prensa como enemigo, y señaló que algunos periodistas se habían enterado de planes oficiales para lanzar una segunda guerra contra Irán en febrero mediante filtraciones de funcionarios del gobierno. “En mi opinión, creo que los filtradores deben ser fusilados. En los viejos tiempos, así lo hacíamos”, exaltó en el mitin político para sus simpatizantes.

Trump, quien incesantemente ofrece declaraciones falsas o que no pueden ser verificadas, atacó después a los medios que estaban cubriendo el acto. “Filtran información falsa. Eso los hace filtradores. Frecuentemente sin una fuente, creo que inventan a muchos de sus informantes”, concluyó.