Repudian miles de colombianos a De la Espriella y defienden reformas sociales

Camilo Rengifo Marín 

Con una multitudinaria movilización en contra del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, la izquierda ganó este miércoles el primer pulso a la llamada Patria Milagro, que impulsa el mandatario ultraderechista contra las reformas sociales y conquistas de los trabajadores logradas durante el gobierno de Gustavo Petro.Sindicalistas, estudiantes y políticos colmaron calles de las principales urbes.

Sesenta y siete días después de su posesión como presidente y sin tomar aún decisiones de fondo, las calles de las principales ciudades de Colombia se colmaron de sindicalistas, estudiantes, líderes sociales y políticos de la oposición con una sola consigna: “Abelardo de la Espriella, el fascista, no la tiene fácil”.

Pese a las amenazas previas del ultraderechista de reprimir la protesta social, Bogotá, Medellín, Cali –bastión de la izquierda– y Pereira –azotada por el terremoto– desafiaron al gobierno con cientos de colombianos en las calles.

Con caricaturas de De la Espriella apuntando con un arma y describiéndolo como socio de Alex Saab, hoy preso en Estados Unidos, hasta pancartas con leyendas que decían: “no al intervencionismo de Trump en Colombia” o “no somos patio trasero de nadie”, se clamaban consignas por el respeto y el financiamiento a educación pública, salud y devolución de tierras a campesinos.

El mandatgario ultraderechista aseguró que el 98 % de las movilizaciones transcurrió de manera pacífica. Durante su pronunciamiento, informó sobre seis capturas, intervenciones de las autoridades en varias ciudades y reiteró que su Gobierno actuará frente a los hechos de violencia. Añadió que la jornada registró una asistencia máxima de 62.000 personas en el país. Aunque destacó el comportamiento de la mayoría de los manifestantes, señaló que se presentaron situaciones que requirieron la intervención de la fuerza pública.

“Protesta pacífica, sí, todas las garantías, pero cuando pretendan por la fuerza trastornar la vida del resto de colombianos que sí quieren que Colombia avance, aquí va a estar el gobierno decidido, con todas las leyes y las armas de la República, para defender al pueblo colombiano trabajador”, afirmó.

Las manifestaciones representan uno de los primeros desafíos de alcance nacional para De la Espriella desde su llegada al poder hace dos meses. Tras afrontar las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, ocurrido apenas tres días después de su investidura, el presidente se enfrenta ahora a una movilización que pone de relieve la oposición de amplios sectores sociales a su programa político.

Muchos de los manifestantes en Bogotá, que desafiaron un fuerte aguacero, se vistieron con banderas palestinas y rechazaron la apertura de relaciones con Israel: durante el paisaje de la marcha se veían símbolos israelíes manchados de sangre, justo el mismo día que Colombia abría su embajada en Jerusalén.

En ciudades como Medellín la movilización derivó en fuertes enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), escuadrón que empleó gases lacrimógenos, balas de goma y tanquetas, dejando como saldo varias personas detenidas y agresiones registradas contra la prensa. De igual manera, en Ibagué y Popayán se registraron graves alteraciones del orden público y disturbios tras las intervenciones de las fuerzas policiales.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la ONG Temblores, denunciaron la colocación de hombres armados con fusiles en las cubiertas de edificios oficiales de la capital, calificándolo como un mensaje directo de amenaza contra la movilización ciudadana. La jornada de protesta, convocada a menos de diez semanas de su toma de posesión, respondió a los recortes presupuestarios, las primeras reformas económicas del Ejecutivo y la reciente aprobación de un controvertido protocolo de control del orden público.

La movilización masiva unió a centrales sindicales, sectores docentes, estudiantes universitarios, comunidades indígenas, colectivos LGBTI y agrupaciones feministas, acompañados por figuras clave de la oposición como el exmandatario Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda.Las exigencias de los manifestantes abarcaron demandas laborales, educativas y sociales, orientadas a proteger conquistas de la administración previa —como el acceso gratuito a la universidad pública y el aumento del salario mínimo— frente a lo que calificaron como un giro neoliberal.

Asimismo, la marcha visibilizó el rechazo al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel y la injerencia de Estados Unidos en la nación colombiana. La indignación social se intensificó tras la firma, horas antes de las marchas, de un decreto gubernamental que modifica la actuación policial en las concentraciones.

Mientras el presidente De la Espriella justificó la norma para combatir el «terrorismo urbano», la oposición y organizaciones sociales lo tildaron de medida intimidatoria

“Este gobierno antidemocrático quiere acabar con las reformas laboral y pensional, así como el salario mínimo vital, que tanto progreso provocó en las clases pobres y medias de nuestro país, y no lo vamos a permitir”, sentenció el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, uno de los convocantes.

Como si se tratara de una catarsis y se despojaran de la ansiedad que produjo la derrota del 21 de junio, producto de un fraude, según denuncias de abogados e ingenieros informáticos, la izquierda reclamó los cambios sustanciales que se hicieron durante el gobierno de Petro.

A la cabeza de la marcha, junto con las organizaciones civiles, el izquierdista Iván Cepeda, líder del Pacto Histórico, resaltó que “pese a las múltiples acciones y amenazas contra la movilización social, hoy le hemos demostrado a De la Espriella que no nos va a aterrorizar”.

Según Cepeda, el ultraderechista pretende “asfixiar a la gente, pisotear el salario mínimo vital y acabar con la reforma agraria”; advirtió que “esto es apenas el comienzo y no lo vamos a permitir”.

No obstante haberse blindado contra la protesta social, vía decreto, y anunciar la presentación al Congreso de la Ley Antiterrorista 24 horas antes de las marchas, la izquierda y las organizaciones sociales le ganaron el primer pulso a Abelardo de la Espriella, quien hoy enfrenta serias críticas por el lento e ineficaz apoyo a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto, amén de no rendir cuentas sobre el llamado “fondo milagro”, que administra su esposa.