La Corte Suprema de Brasil ordenó la detención de Eduardo Bolsonaro
Juraima Almeida
Un fuerte impacto sacude al escenario político brasileño a pocos días del balotaje presidencial. El Supremo Tribunal Federal (STF) dispuso que el exdiputado Eduardo Bolsonaro comience a cumplir de manera efectiva su condena de 4 años y 2 meses de prisión por coacción al Poder Judicial, en la causa por golpismo contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Además 69 congresistas electos son investigados por corrupción.
El caso genera repercusiones directas en la campaña electoral. Eduardo es hermano de Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia que enfrentará en el balotaje del 25 de octubre al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
La sentencia quedó firme el pasado 3 de octubre, cuando se agotaron las posibilidades de apelación. El exparlamentario reside en territorio estadounidense desde febrero de 2025. En la práctica, Bolsonaro no debería cumplir la pena mientras permanezca en EEUU y un eventual pedido de extradición difícilmente sería atendido por el gobierno de Donald Trump, aliado del bolsonarismo.
El Tribunal determinó este jueves que el exdiputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro y quien se estableció el año pasado en Estados Unidos alegando sufrir una persecución política y judicial, empiece a cumplir una de las penas a las que fue condenado. La decisión partió del magistrado Alexandre de Moraes, el instructor del juicio en el Supremo Tribunal Federal en el que Eduardo Bolsonaro fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión tras ser hallado culpable de coacción a la justicia.
Eduardo Bolsonaro fue hallado responsable de intentar interferir en el accionar de la Justicia mientras se desarrollaba el juicio contra su padre, Jair Bolsonaro, por el intento de golpe de Estado. Según la acusación, desde el exterior promovió gestiones ante la administración estadounidense para impulsar sanciones contra Brasil, lo que incluyó aranceles a exportaciones, la suspensión de visados a miembros del STF y medidas económicas contra el propio Moraes.
Moraes también ordenó las medidas después de declarar firme la sentencia, lo que puso fin a la posibilidad de presentar nuevos recursos. El máximo tribunal consideró probado que el exdiputado articuló los aranceles impuestos por Trump a las exportaciones brasileñas con el objetivo de intentar evitar la condena de su padre en el proceso por la trama golpista.
Según el tribunal, medidas como la revocación de visas estadounidenses a ministros de la Corte y funcionarios del Gobierno y la aplicación de sanciones económicas bajo la Ley Magnitsky perseguían el mismo objetivo.
El dirigente, de 42 años, se encuentra radicado en Estados Unidos desde febrero de 2025, donde alegó ser víctima de una persecución política y judicial. Por esa ausencia fue destituido de sus cargos de diputado y policía. Si bien el magistrado ordenó la cancelación de sus pasaportes, el exdiputado cuenta con un visado de residencia permanente otorgado por el gobierno de Donald Trump. Por el momento no se informó si Brasil solicitará formalmente su extradición.
De Moraes afirmó que, tras el rechazo de las últimas apelaciones, el juicio contra el exdiputado adquirió la condición de cosa juzgada, por lo que la sentencia pasó a ser firme e inapelable. En consecuencia, De Moraes determinó la inclusión del nombre del exparlamentario en la lista de condenados con órdenes de prisión a ser cumplidas y que se le cancelen los pasaportes a su nombre.
El excongresista fue inhabilitado políticamente por 12 años, lo que le impedirá presentarse a cargos públicos hasta 2038. En septiembre pasado, también fue condenado a un año de prisión por la Corte Suprema en un juicio por difamación contra la diputada Tabata Amaral. En septiembre fue destituido de su función como escribano de la Policía Federal por abandono de cargo. A pesar de su situación jurídica, Eduardo continúa participando activamente en la campaña electoral de su hermano mayor e insinuó que, en caso de que Flávio sea electo presidente, espera que lo nombre ministro de Relaciones Exteriores.
Flávio Bolsonaro tildó a De Moraes de “violador de derechos humanos” y lo acusó de dictar sentencias amañadas para intentar interferir en la segunda vuelta de las presidenciales, en las que se medirá el 25 de octubre al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección. “Moraes, hágale un bien a la Nación y renuncie”, afirmó el senador en una transmisión en directo en sus redes sociales.
Congresistas investigados
Según el portal brasileño UOL, al menos 69 congresistas electos en los comicios del domingo pasado en Brasil, la mayoría de ellos de derecha, están siendo investigados por corrupción, malversación de fondos, manipulación de contratos públicos o delitos medioambientales. La Constitución brasileña solo suspende los derechos políticos en caso de condena penal firme, cuando ya no existe posibilidad de apelación.
Entre los investigados se destaca el caso del diputado por el Partido Liberal, Mario Frias, a quien la policía investiga por presunta malversación de hasta dos millones de reales (unos 400 mil dólares) procedentes de enmiendas legislativas para producir la película “Dark House”, una biopic sobre el expresidente Jair Bolsonaro.
El congresista electo de Republicanos, Ney Santos, ex alcalde de Embu das Artes, está acusado en un caso de organización criminal y se sospecha que tiene vínculos con el Primer Comando Capital, según UOL. En el caso de Bia Kicis, senadora electa del Partido Liberal, el Tribunal Electoral está investigando, por orden de la Corte Suprema, un desvío de fondos por un valor de 250 mil reales para financiar propaganda electoral. El diputado federal Paulo Bilynskyj, también liberal, es acusado en un caso de violencia doméstica.
La mayor parte de los cargos, según el análisis de UOL, pertenecen a formaciones de la derecha, incluido el Partido Liberal de los Bolsonaro y las diferentes fuerzas que conforman ese bloque informal parlamentario conocido como “Centrão”, que se volvió indispensable para asegurar la gobernabilidad en Brasil. Desde hace décadas, todo aquel que llegó al Palacio del Planalto debió contar con el beneplácito de este grupo, formado por, entre otros, Progresistas, Unión Brasil, Movimiento Democrático Brasileño o Republicanos.
El 4 de octubre más de 1.650 cargos estaban en juego en unas elecciones en las que se eligió en primera vuelta al nuevo presidente y al vicepresidente, además de la conformación del Congreso, las diferentes cámaras estatales y sus gobernadores. La derecha logró hacerse con la Cámara de Diputados y el Senado, además de plazas importantes como San Pablo, pero sobre todo con el triunfo del candidato ultraconservador Flávio Bolsonaro a la presidencia con el 47 por ciento de los votos, dos puntos más que el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La primera encuesta de Datafolha realizada tras la primera vuelta presidencial muestra al senador Flávio Bolsonaro con el 52 por ciento de los votos válidos y a Lula con el 48 por ciento. Los votos válidos excluyen los votos en blanco, nulos e indecisos, y son el criterio utilizado por el Tribunal Electoral Superior para calcular el recuento final el día de las elecciones.
Tras haber disputado la primera vuelta con el apoyo exclusivamente de su formación, el senador opositor acudirá a la siguiente vuelta con el respaldo de casi todos los partidos de derecha y centroderecha del país, incluyendo Republicanos, Progresistas, Unión Brasil, Novo y Podemos. Lula, por su parte, inició la preparación de cara al 25 de octubre con reuniones con sus asesores para definir una nueva estrategia de comunicación, principalmente en redes sociales, ante la necesidad de revertir el resultado de la primera vuelta.
*Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)