Panorama Económico Latinoamericano – Del 24 de junio al 1 de julio de 2026
El mito del «empleo vigoroso» en el Perú real
Alejandro Narváez Liceras
Perú exhibe cifras macroeconómicas relativamente estables, pero esa estabilidad no se traduce en bienestar para la mayoría. El país puede crecer, acumular reservas, mantener baja inflación y mostrar disciplina fiscal; sin embargo, si millones de peruanos siguen trabajando sin derechos, con bajos ingresos y sin protección social, el supuesto éxito económico es más aparente que real.
El problema de fondo no es solo cuánto crece la economía, sino cómo crece y a quién beneficia. La economía peruana continúa apoyándose en sectores primarios —minería, hidrocarburos y algunas exportaciones— que elevan el PBI y la recaudación, pero generan muy poco empleo directo.
Dos preguntas inevitables: ¿de qué sirve celebrar la estabilidad macroeconómica si la mayoría de trabajadores permanece fuera de la formalidad y una parte importante de la población trabaja solo para sobrevivir? ¿de qué empleo vigoroso habla Julio Velarde jefe del BCRP cuando la informalidad laboral asfixia a millones de trabajadores peruanos? En este artículo pretendo desarrollar precisamente esa contradicción entre crecimiento, desempleo e informalidad laboral.
Más ocupación no significa mejor empleo
Según el INEI, en 2025 la población ocupada del país creció 1.5% y llegó a 17.6 millones de personas. A primera vista, el dato parece positivo. Pero una lectura más rigurosa obliga a mirar la calidad del empleo. Una persona puede aparecer como ocupada, aunque trabaje pocas horas, no tenga contrato, carezca de seguro, no aporte a una pensión o reciba ingresos insuficientes para cubrir una canasta básica familiar.
Ese es el drama peruano: no se trata únicamente de no tener empleo, sino de trabajar y continuar siendo pobre. El vendedor ambulante, el mototaxista, el trabajador eventual, los jóvenes que encadenan servicios por horas o el pequeño agricultor familiar aparecen en la estadística como ocupados. Sin embargo, en la vida real carecen de estabilidad, protección social y futuro previsional.
En 2025, la tasa de desempleo nacional fue 4.9%, pero esa cifra no debe llevarnos a conclusiones complacientes. En el Perú, muchas personas no pueden darse el lujo de estar desempleadas. Ante la falta de empleo formal, crean su propio puesto de subsistencia, aceptan trabajos precarios o ingresan a actividades informales de baja productividad. Por eso, el desempleo abierto que publica el INEI no revela la verdadera magnitud del problema laboral.
Informalidad: el resto real del mercado laboral
La informalidad laboral es la expresión más cruda del fracaso del modelo económico peruano. Entre abril de 2025 y marzo de 2026, cerca de siete de cada diez trabajadores ocupados se encontraban en condición de informal. Esto significa que millones de peruanos trabajan sin contrato adecuado, sin seguridad social, sin pensión efectiva y sin mecanismos reales de protección frente a una enfermedad, vejez o despido.
Reducir la informalidad a un problema de trámites, costos laborales o rigidez normativa es una explicación incompleta. La raíz es más profunda: gran parte de las unidades económicas opera con baja productividad, poco capital, tecnología limitada y obsoleta, escaso acceso al crédito y mercados reducidos. No se formaliza una empresa únicamente reduciendo papeles y burocracia. La formalización exige productividad, financiamiento, capacitación, acceso a mercados y confianza en el Estado.
El Perú tiene una economía dual: un sector moderno, exportador y relativamente productivo convive con millones de trabajadores y pequeños negocios de subsistencia. Esa fractura explica por qué el PBI puede crecer sin transforma r la vida cotidiana de la mayoría. El crecimiento llega a las cifras macro, pero no necesariamente al bolsillo de los trabajadores.
Crecer al 3% no alcanza
El Banco Central de Reserva proyectó para 2026 un crecimiento del PBI de 3.2%. Esa tasa puede evitar una recesión, sostener ciertos equilibrios macroeconómicos y mantener expectativas razonables, pero es insuficiente para absorber la oferta laboral y reducir la precariedad. También es cierto, que el crecimiento económico por sí solo no garantiza el bienestar social si no se acompaña de una transformación estructural y distributiva.
El Perú necesita crear empleo formal neto en una magnitud mucho mayor a la actual. Cada año ingresan o retornan al mercado laboral jóvenes y adultos que necesitan trabajar. Además, existe un stock acumulado de desempleados, subempleados e informales que no puede ser ignorados. Para absorber nuevas incorporaciones y reducir progresivamente la precariedad, el país tendría que crecer de manera sostenida alrededor de 5.5% a 6% anual, pero cambiando su matriz productiva.
No basta crecer más; hay que crecer mejor. Una expansión basada casi exclusivamente en sectores extractivos puede mejorar exportaciones, utilidades empresariales y recaudación, pero no garantiza empleo suficiente. En cambio, construcción, agroindustria, manufactura, turismo, servicios empresariales, y economía digital tienen mayor capacidad de generar puestos de trabajo directos e indirectos.
El problema peruano no es la estabilidad macroeconómica en sí misma. El problema es creer ingenuamente que la estabilidad basta. Una economía puede estar ordenada en sus cuentas y, al mismo tiempo, ser socialmente injusta, productivamente débil y laboralmente precaria.
2026: señales poitivas, estructura frágil
En el primer trimestre de 2026, la población ocupada aumentó 1.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Construcción, comercio y servicios explicaron buena parte de ese avance. También se observó un aumento del ingreso promedio laboral entre abril de 2025 y marzo de 2026. Son señales que no deben desconocerse.
El crecimiento de la ocupación no equivale automáticamente a empleo formal, productivo y bien remunerado. Además, el desempleo afecta con mayor severidad a mujeres y jóvenes, y también golpea a personas con educación superior, lo que revela una desconexión preocupante entre la academia y el mercado laboral.
Qué hacer
El Perú necesita una política nacional de empleo productivo. No se trata de rechazar la minería ni las exportaciones, sino de usar sus excedentes para diversificar la economía y promover una nueva matriz productiva.
Primero, se requiere un “programa sostenido de infraestructura” (carreteras, puertos, irrigación, vivienda, agua, saneamiento, hospitales y escuelas). Estas inversiones generan empleo inmediato y elevan la productividad futura. No obstante, este programa requiere reformas profundas en la gestión pública, para combatir la corrupción.
Segundo, debe impulsarse una estrategia de desarrollo productivo regional. La agroindustria, manufactura ligera, pesca para consumo humano, industria forestal, turismo, economía digital y servicios modernos pueden crear empleo descentralizado si reciben financiamiento, tecnología, asistencia técnica y acceso a mercados.
Tercero, las micro y pequeñas empresas necesitan una ruta de formalización gradual. La formalidad debe ofrecer beneficios visibles: crédito más barato, compras públicas, capacitación, protección social flexible y simplificación tributaria real. Formalizar no puede significar únicamente imponer obligaciones a negocios que apenas sobreviven.
Cuarto, la educación técnica debe vincularse con las necesidades productivas de cada región. El país requiere técnicos, especialistas digitales, operarios calificados, gestores logísticos, trabajadores agroindustriales y profesionales capaces de integrarse a las cadenas de valor.
Quinto, rediseño de las métricas estatales para medir la calidad del empleo y no solo la ocupación cuantitativa. Hay que saber cuánto ganan, cuántas horas trabajan, si tienen contrato, seguro, pensión, estabilidad y posibilidades de progreso.
Conclusión
El crecimiento del mercado laboral peruano es mediocre y mantiene una falla estructural: crece poco, genera empleo insuficiente y tolera una informalidad masiva. La estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no suficiente. Sin transformación productiva, el crecimiento seguirá siendo débil, concentrado y socialmente excluyente.
El verdadero éxito económico no consiste en que las personas hagan cualquier cosa para subsistir. Consiste en construir una economía donde trabajar permita vivir con dignidad. Para lograrlo, el Perú necesita crecer más, pero, sobre todo, derechos laborales y oportunidades reales para quienes hoy sostienen el país desde la precariedad. Son los desafíos que debe asumir el nuevo gobierno.
La pesca salvadoreña, entre la contaminación y el abandono
Fernando Ayala
“La pesca ya no es como antes, cuesta que caigan los pescados, se van para otro lado, quizás por toda la contaminación que baja al lago”, narró el pescador salvadoreño Alejandro Canales, mientras reparaba su pequeña lancha para horas después adentrarse, junto a su esposa, Jasmín Amaya, en las aguas del lago Suchitlán, en el centro de El Salvador.
Enfundado en una camisa roja, un pantalón corto azul y las típicas botas de hule, Canales, de 55 años, sostuvo que la pesca se vuelve cada vez más difícil, y lamentó que el sector reciba poco acompañamiento de las autoridades para enfrentar los problemas que afectan su actividad.
Según dijo, la asistencia técnica es escasa, pese a que muchos dependen de la pesca para sostener a sus familias.
“Nos ayudan una vez al año, con una bolsita de víveres que los traían del Cendepesca”, explicó Canales a IPS, en referencia al ya desaparecido Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura. “Pero nunca trajeron una capacitación, aquí cada quien reza por su santo, como dice el dicho”, agregó.
En febrero de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (Asea), que sustituyó a Cendepesca como ente rector de la pesca y la acuicultura en este país de 6,4 millones de personas y el único del istmo centroamericano con costas solamente al océano Pacífico.
“El problema es que uno ahora agarra pescado y mañana no agarra nada. No sirve la pesca, a veces el agua se arruina quizás de tanto veneno que le riegan a las orillas y entonces eso afecta”, señaló Alejandro Canales.
Canales y Amaya, de 41 años, viven en el cantón San Juan, una comunidad de pescadores en las orillas del lago Suchitlán, localizado en las cercanías de Suchitoto, un pueblo turístico con aires coloniales, en el departamento de Cuscatlán, en el centro salvadoreño.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló en un reporte de noviembre de 2023 que la pesca tiene una importancia limitada dentro de la economía salvadoreña y de los indicadores de empleo. Sin embargo, el sector tiene alto impacto para las comunidades y puertos donde se desarrolla
El organismo estimó que el sector generaba alrededor de 48 000 puestos de trabajo en 2021, incluidos unos 2530 vinculados a la acuicultura.
Insuficiente capacitación
La percepción de Canales, sobre la poca asistencia técnica recibida, coincide con los resultados del I Censo Nacional de Pesca y Acuicultura 2025 que revelaron que apenas 15,1 % de los productores recibió ese apoyo.
Los resultados del censo, publicados a comienzos de 2026, reflejan además una actividad dominada por productores individuales. El 99,7 % son personas naturales y apenas 0,3 % corresponde a personas jurídicas, un perfil que evidencia el predominio de la pesca de pequeña escala en el sector.
Los hombres representan 87,9 % de los productores censados, mientras que las mujeres, el 12,1 %.
“Aquí andamos siempre, junto con mi esposo, ganándonos el sustento. Salimos a pescar a las tres de la mañana y regresamos cinco horas después, como a las ocho”, afirmó a IPS Amaya, la consorte de Canales.
La FAO ya advertía en su informe que los pescadores de pequeña escala en El Salvador enfrentan limitaciones relacionadas con la capacitación, la asistencia técnica y el acceso a equipamiento productivo.Esos factores son considerados clave para fortalecer la actividad y mejorar sus medios de vida, destacó la FAO.Sin embargo, ese respaldo técnico gubernamental está llegando muy poco a las comunidades pesqueras, como lo muestra el censo y la experiencia propia de Canales.
Desmantelamiento institucional
Para Alberto González, director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, de la estatal Universidad de El Salvador, el bajo acceso a la asistencia técnica está relacionado con el debilitamiento de las capacidades institucionales que acompañó la transición de Cendepesca hacia la nueva Autoridad Salvadoreña de Economía Azul.
Según el especialista, en los últimos años se han producido despidos de personal técnico especializado que brindaba asesoría a pescadores y acuicultores en distintos cuerpos de agua del país. A su juicio, esta reducción de personal ha limitado la capacidad de acompañamiento y capacitación del sector.
González sostuvo que la situación no solo implica la salida de trabajadores, sino también la pérdida de conocimientos acumulados durante décadas por técnicos y biólogos especializados en pesca y acuicultura.
Ese capital humano, explicó, era clave para apoyar procesos de formación, buenas prácticas productivas, comercialización y organización de los productores.
“Entonces todo este tipo de asesoría técnica es muy baja. No hay una continuidad de estos procesos de formación ni apoyo técnico a los productores”, afirmó.
Como resultado, agregó, muchos pescadores continúan trabajando con conocimientos empíricos o, en algunos casos, recurriendo a asesorías privadas cuando tienen capacidad para costearlas. Un buen porcentaje le está apostando al cultivo de tilapias a través de “jaulas” flotantes, montadas en los lagos o lagunas, dijo el experto.
No obstante, González señaló que los productores de tilapia, ya dominan en buena medida las técnicas básicas de cultivo.
A su juicio, los principales problemas ya no están en la producción misma, sino en factores como la contaminación del agua, el monitoreo de su calidad y el manejo de enfermedades, ámbitos donde considera que persisten importantes deficiencias de acompañamiento técnico.
La degradación ambiental empeora el problema
Los datos del censo muestran que más de la mitad de los productores pesqueros del país (55,0 %) desarrolla sus actividades en ecosistemas continentales como ríos, lagos, embalses y lagunas, mientras que la zona costero-marina representa 20,2 %.
Sin embargo, varios de esos ecosistemas enfrentan problemas históricos de contaminación.
Por ejemplo, en el lago Suchitlán se produjo en 2025 una proliferación masiva de ninfa acuática que cubrió extensas áreas de la superficie, afectando la pesca, el turismo y otras actividades económicas vinculadas al cuerpo de agua.
Especialistas consultados entonces por IPS atribuyeron el fenómeno a residuos de fertilizantes agrícolas transportados hacia el lago por las escorrentías y los ríos durante la época lluviosa. Esos nutrientes favorecen la proliferación descontrolada de la ninfa acuática.
Además de residuos agrícolas, el cuerpo de agua recibe desde hace décadas descargas domésticas e industriales transportadas por afluentes como el río Acelhuate, que atraviesa el área metropolitana de San Salvador.
El lago Suchitlán es un embalse artificial formado entre 1973 y 1976 tras la construcción de la presa hidroeléctrica Cerrón Grande sobre el río Lempa, el más importante de El Salvador.
La obra permitió la generación de energía eléctrica, pero también provocó el desplazamiento de cientos de familias campesinas cuyas viviendas y tierras quedaron bajo el agua.
Con el paso de las décadas, el embalse y las áreas circundantes dieron origen al humedal Cerrón Grande, un ecosistema de unas 60 000 hectáreas reconocido como sitio Ramsar -humedal de importancia internacional y protegido por la Convención sobre los Humedales- desde 2005 por su importancia para la conservación de la biodiversidad, incluidas numerosas especies de aves migratorias.
Esa diversidad está siendo golpeada cada vez más por la contaminación ambiental, y eso a los pescadores les está afectando en la pesca, debido a la mala calidad del agua.
“El problema es que uno ahora agarra pescado y mañana no agarra nada. No sirve la pesca, a veces el agua se arruina quizás de tanto veneno que le riegan a las orillas y entonces eso afecta”, explicó el pescador Canales, refiriéndose a los agroquímicos usados por la agricultura en los contornos del lago.
Y agregó: “Todo eso hace que el pescado se vaya por otros lados, se vaya más a lo hondo”.
Sin créditos para pescadores
Otra de las deficiencias que Canales lamentó es la falta de apoyo crediticio al sector.
Solo 5,2 % de los pescadores que solicitaron un crédito lo obtuvieron del sistema financiero, según los datos del censo. Probablemente sucedió debido al rechazo histórico que reciben de la banca, sobre todo quienes se dedican a la pesca de subsistencia, de forma individual, y sin un historial crediticio que los respalde.
“Creo que antes prestaban más, pero hoy ya no, y piden un montón de requisitos que a uno le cuesta cumplir, por ejemplo la exigencia de un fiador”, subrayó Canales, mientras continuaba reparando el piso de su lancha, con una mezcla de fibra de vidrio.
Días atrás la embarcación golpeó una rama flotante, en plena faena, y el impacto rompió el piso. Canales y su esposa Amaya tuvieron que achicar el agua, para evitar hundirse.
“No nos prestan, a veces nos han pedido hasta escrituras de propiedades”, terció Amaya. Los esposos ya han intentado obtener un crédito, para comprar redes para pescar. Pero les han rechazado todas solicitudes, contaron. “No nos queda más que seguir echándole ganas al oficio”, sentenció Amaya.
Guyana entrega el oro y los bosques del Esequibo a los extranjeros
Werther Sandoval
En su insaciable voracidad por el enriquecimiento rápido y desmedido, los líderes de los sucesivos partidos gobernantes de Guyana han internalizado y afianzado que la vía más expedita para legitimar el despojo del venezolano Esequibo es obtener apoyos políticos internacionales mediante la entrega desmesurada de sus recursos naturales a las empresas extranjeras.
Eso sí: poco les importa que las migajas obtenidas por tan despatriado y antisoberano negocio sean inversamente proporcionales al crecimiento de la pobreza y de la discriminación de las históricamente marginadas poblaciones indias y de origen africano, las cuales, por ahora, observan indignadas cómo la elite gobernante se intoxica con los contratos leoninos firmados con las empresas madereras, petrolíferas y auríferas.
Las alarmas han aparecido en sus propios periódicos. Una reciente nota del articulista Ogun de Tacuma, en el medio Kaieteur News, alerta que “El país se encuentra en una encrucijada crítica. Los desafíos políticos, económicos, sociales y culturales de larga data convergen ahora con nuevas presiones, creando una situación potencialmente explosiva, una peligrosa bomba de relojería”.
“El petróleo ha transformado profundamente las fuerzas productivas, con consecuencias tanto positivas como negativas. Si no se resuelve mediante el diálogo y el compromiso, la situación podría derivar en graves disturbios civiles”, dice el articulista.
Precisa que la gestión del régimen respecto a los ingresos petroleros y la riqueza nacional en general, así como su gobernanza, representan una amenaza existencial para las comunidades africanas e indígenas excluidas y marginadas. “Esta situación ha exacerbado las desigualdades, lo que, de no abordarse, inevitablemente las obligará a luchar por su supervivencia a cualquier precio”.
Otra alerta la exclama el Sindicato de Funcionarios Públicos de Guyana (GPSU). En el medio Stabroek News hace un enérgico llamado por una mayor equidad para los funcionarios públicos, argumentando que el crecimiento económico sin precedentes de Guyana no se ha traducido en mejores condiciones de vida para los trabajadores.
En un mensaje conmemorativo de los 103 años de existencia del sindicato, el presidente de la GPSU, Patrick Yarde, afirmó: “La riqueza petrolera no llega a los trabajadores. El incremento del costo de la vida y unos salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas diarias han creado una situación en la que la prosperidad nacional coexiste con las dificultades económicas de los trabajadores”.
Pero lo grave es que el grueso de los ingresos del actual gobierno guyanés proviene de la venta de recursos naturales pertenecientes a Venezuela, del venezolano Esequibo, un proceso que los conduce, con desesperación y desparpajo, cada vez más, a contravenir, desconocer y a desechar la letra y el espíritu del Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 por los gobiernos de Venezuela, Irlanda del Norte y la Guayana británica.
El ordinal 2 del artículo V del Acuerdo de Ginebra establece que “Ningún acto o actividad que se lleve a cabo en vigencia de este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar la reclamación de soberanía nacional en los territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana…”.
Tanta urticaria les causa la letra y espíritu de este artículo, que los gobernantes guyaneses ni siquiera han esperado la decisión de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, por ellos mismos invocada, para usurpar y entregar los recursos del venezolano Esequibo a la ecocida explotación petrolera, aurífera, maderera y hasta de minerales radiactivos de las empresas extranjeras. Un desastre ambiental.
Para muestra, un titular del pasado 9 de junio, en el medio Kaieteur News, revela uno de los tantos indicios del tratamiento de botín que le otorgan sus presidentes a los recursos de Guyana. Dice: “La decisión del Gobierno de revocar la legislación que limitaba los beneficios de los expresidentes es ofensiva”.
“Estimado editor”, dice el autor Lincoln Lewis, “mantengo mi declaración de 2015 sobre la Ley de Beneficios para Expresidentes de 2009: la política en Guyana se ha convertido en un derroche de dinero. La decisión del régimen de Irfaan Ali y Bharrat Jagdeo de derogar la Ley de Beneficios para Expresidentes de 2015 para que puedan volver a disfrutar de beneficios ilimitados tras dejar el cargo es vulgar e inconcebible. Se trata de un abuso contra los trabajadores y la gente común, y debe ser retirada”.
Añade: “… su población sigue siendo pobre y más de un tercio vive en la pobreza extrema. Guyana lleva siete años produciendo petróleo. Nos enorgullecemos de producir un millón de barriles diarios. Tenemos una población de aproximadamente 800 000 habitantes, pero los trabajadores no tienen un salario digno. No pueden comprar una barra de pan y deben comprar unas pocas rebanadas a la vez. En medio de esta realidad, el presidente Ali le dice a la nación que los expresidentes deberían disfrutar de beneficios ilimitados después de dejar el cargo. ¿Qué mensaje transmite eso?”.
“El millón de barriles de petróleo que extraemos cada día beneficia a todos menos a la gente común de este país. Ni siquiera recibimos las migajas. Esta nación está siendo saqueada”.
Cierto. Guyana está siendo saqueada. Para muestra, otro titular con fecha 14 de febrero de 2016 dice: “(El expresidente) Bharrat Jagdeo engaña deliberadamente con respecto al regalo de bosques”.
El sumario de la nota afirma que “en los últimos días ha crecido la indignación en la esfera política por lo que queda de los bosques del país”. Durante el debate sobre el Presupuesto Nacional que acaba de concluir en la Asamblea Nacional, el Ministro de Recursos Naturales, Raphael Trotman, hizo declaraciones impactantes. Afirmó que, al asumir el cargo en mayo del año pasado, la administración de David Granger se encontró con una situación alarmante: el gobierno anterior había asignado el 100%, o la totalidad, de los bosques productivos del país, principalmente a inversionistas extranjeros.
“¿Cómo pudo un gobierno responsable presidir la asignación de todos, no solo algunos, sino todos sus bosques productivos? Esto solo puede considerarse una amenaza para la viabilidad y la seguridad a largo plazo de la nación”.
Revela que los datos publicados, incluyendo algunos de la propia Comisión Forestal de Guyana (GFC), muestran las áreas donde se ubicaban los bosques productivos que ahora están desaparecidos. Desde que asumió el cargo en 1992, el actual partido gobernante, PPP/C, abrió nuevas tierras, incluso en la Región Nueve, en un área ahora controlada por BaiShanLin, una empresa maderera china. BaiShanLin está bajo investigación.
Señala que el tema de las tierras forestales forma parte de una preocupación mayor sobre la cesión de los recursos del país. En las últimas dos décadas, especialmente bajo el gobierno de Jagdeo, propiedades estatales y vastas extensiones de tierra destinadas a la minería de oro y la explotación forestal terminaron, en circunstancias dudosas, en manos de unos pocos, muchos de ellos extranjeros.
El medio titula: «Miles de millones de dólares en oro, a solo 5 dólares al año por acre». El gobierno de Guyana cobra a las empresas extranjeras un alquiler anual ridículamente bajo por los terrenos mineros, una tarifa que los críticos pueden considerar baja dados los miles de millones de dólares en recursos auríferos que se están desarrollando en todo el país. Algunas de estas empresas e individuos eran meros especuladores. Vendieron sus concesiones por cientos de millones de dólares a extranjeros, señaló otro funcionario. Casi una docena de empresas canadienses se dedican a la extracción de oro. Actualmente, Guyana cuenta con una mina a gran escala en producción, Aurora Gold Mine (AGM) Inc., filial de la empresa estatal china Zijin Mining Group Co. Ltd.
La mayoría de estos proyectos se ubica en la Región Siete, el Distrito Minero de Cuyuni-Mazaruni, dentro del venezolano Esequibo, una región reconocida por su importante potencial aurífero. Para cinco de las once compañías, las reservas probadas y probables, así como la estimación de recursos minerales indicados (ERM), superan los 15,7 millones de onzas de oro. Así las cosas, en el contexto de denuncias y de las históricas desigualdades potenciadas por los inusitados ingresos petroleros, es inevitable elucubrar sobre un posible estallido social semejante al “Caracazo”, tal como ocurrió en la Venezuela de 1989, como resultado de los desequilibrios causados por la concentración y despilfarro de petrodólares en manos de unos pocos empresarios y de las élites políticas gobernantes.
¿Está preparada Colombia para el regreso del El Niño?
Lina Quiroga Rubio
El Centro Nacional de Despacho de XM insiste en que el país debe pasar a estado de ‘Riesgo’
Tres meses antes de lo esperado, el pasado 11 de junio se oficializó la llegada del fenómeno de El Niño. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), los pronósticos apuntan a que podría ser muy fuerte hacia finales de este año.
Ante este escenario, ¿qué tan preparada está Colombia para mitigar un impacto que estresará al máximo el sistema eléctrico? El verdadero examen de confiabilidad llegará entre abril y mayo de 2027, meses en los que el riesgo de racionamiento de energía será latente antes del regreso de las lluvias.
La respuesta a este interrogante depende de un engranaje de factores críticos: el nivel de los embalses, el respaldo de la generación termoeléctrica, la disponibilidad de gas natural y la efectividad de las medidas que adopte el Gobierno Nacional, entre otros.
A continuación, la radiografía de cómo recibe Colombia un Niño que puede ser uno de los más severos desde 1950:
Embalses bajo la lupa
Al 19 de junio, el nivel de los embalses que se usan para la generación de energía eléctrica se ubicó en 74,19 por ciento. Aunque la cifra suena alta, la realidad es que apenas supera por un margen mínimo (0,13 puntos) la meta de seguridad que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) fijó para esta época del año.
El verdadero desafío se observa a mediano plazo: el nivel actual está 8,36 puntos por debajo del 82,55 por ciento, que es el tope ideal que exige la Creg para el próximo 1.º de diciembre, momento en que arranca la temporada de verano de 2026-2027 y se espera la etapa más dura de El Niño.
Llegar a esa meta es vital para asegurar un suministro de energía continuo y confiable. Por eso, los gremios del sector advierten que el país tendrá que empezar a ahorrar agua de manera estricta a partir de agosto de 2026 si quiere evitar apagones o racionamientos a finales de año o comienzos de 2027.
Sin embargo, guardar agua tiene un costo inmediato: para disminuir la operación de las hidroeléctricas se deben encender al máximo las plantas térmicas. Esto terminará golpeando el bolsillo de los usuarios con un aumento en las tarifas de energía, ya que producir electricidad con gas natural, carbón o combustibles líquidos es mucho más costoso.
Térmicas al máximo
Las termoeléctricas serán fundamentales durante los próximos 18 meses. Su operación será vital hasta diciembre de 2027 para evitar un apagón durante El Niño y, posteriormente, para ayudar a que los embalses se recuperen cuando regresen las lluvias.
Sin embargo, estas plantas deben acelerar el paso. Según las proyecciones del Centro Nacional de Despacho (CND) de XM, para lograr que los embalses superen el 80 por ciento antes de que comience la temporada seca, el país requiere que la producción térmica suba a más de 80 GWh-día, o incluso generar de manera anticipada cerca de 70 GWh-día.
La realidad actual dista de esa meta: al 19 de junio, la generación térmica se ubicó en apenas 51,37 GWh-día. Aunque esta cifra ya representa más del 20 por ciento de toda la energía, el aporte de las hidroeléctricas todavía está por encima del 70 por ciento.
Gas en alerta roja
Garantizar el suministro de gas natural es indispensable para el correcto funcionamiento de las térmicas. Esta responsabilidad recae principalmente en la planta de regasificación de Cartagena, que abastece a Termoflores, Tebsa y Termocandelaria, centrales que cubren cerca del 75 por ciento de la demanda eléctrica en la región Caribe.
Sin embargo, esta terminal suspenderá operaciones del 30 de julio al 3 de agosto debido a su mantenimiento preventivo anual. Ante la escasez de gas local para sustituir el combustible importado que dejará de ingresar, el CND recomendó aplicar un “racionamiento programado con cobertura regional”.
El organismo explicó que, bajo el escenario de máximo consumo esperado y con una capacidad de generación limitada a 1.188 megavatios, el sistema no cuenta con el respaldo suficiente que permita cubrir contingencias y asegurar la energía necesaria en el Caribe.
El panorama se agrava debido a que la producción nacional de gas no levanta cabeza y sigue en mínimos: en abril registró una fuerte caída del 14,2 por ciento anual, promediando apenas 694 millones de pies cúbicos día (mpcd).
Esta escasez estructural llevó a que el país alcanzara recientemente un récord histórico al verse obligado a importar el 32 por ciento del gas necesario para la demanda interna, consolidando la pérdida de su autosuficiencia declarada en diciembre de 2024.
Riesgo financiero de Air-e
Las deudas acumuladas tienen en jaque las finanzas de las térmicas justo cuando el país más las necesita. De los 2,7 billones de pesos que Air-e debe en el mercado eléctrico, alrededor de 1,7 billones de pesos corresponden a las generadoras térmicas.
Si el Gobierno Nacional no paga estas deudas, la operación corre peligro: las centrales no tendrán dinero para comprar el combustible necesario para funcionar, apagando el principal respaldo del sistema en pleno fenómeno de El Niño.
La incertidumbre sobre el futuro de estos recursos aumentó luego de que el presidente Gustavo Petro anunció que Air-e sería liquidada; sin embargo, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aclaró que dar ese paso definitivo será una tarea que le corresponderá asumir al próximo gobierno.
Primeras alarmas regionales
Ante temperaturas históricas, fuentes hídricas en mínimos y una creciente preocupación por la salud pública, Santa Marta declaró la calamidad pública por los efectos de El Niño. Con esto, se convirtió en la primera capital del país en activar una medida extraordinaria para enfrentar una emergencia climática que apenas comienza.
En las calles, los termómetros han alcanzado una cifra histórica de 37,2 grados centígrados. No obstante, la combinación de humedad, radiación solar y falta de lluvias ha empujado la sensación térmica por encima de los 45 grados centígrados en varios momentos del día.
Esta ola de calor golpea con fuerza a otras regiones, provocando que en mayo se registrara un máximo histórico en el consumo de energía eléctrica tras un aumento del 8,75 por ciento. Lejos de dar tregua, en los primeros días de junio la demanda ya registra un incremento del 5,12 por ciento.
Datos de XM revelan que las zonas con mayor repunte en la demanda durante este mes son Chocó (8,77 por ciento), Valle (8,10 por ciento), Guaviare (7,80 por ciento) y la región Caribe (7,62 por ciento). Estas cifras contradicen los constantes llamados al ahorro de electricidad para mitigar el impacto de la sequía.
La alerta de XM
En las recientes reuniones de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (Cacsse), el CND ha insistido en que el país debe pasar formalmente a estado de ‘Riesgo’.
Según las reglas del Estatuto de Desabastecimiento, el sistema eléctrico ya cumplió los criterios para elevar la alerta tras pasar dos verificaciones consecutivas en fase de ‘Vigilancia’.
A pesar de esta advertencia, la Creg decidió a finales de mayo mantener la condición del país únicamente en ‘Vigilancia’ luego de analizar de forma integral variables como los aportes de lluvias, el nivel actual de los embalses, el comportamiento de la demanda y la generación de las plantas térmicas, entre otras.
Medidas contra El Niño
Una de las primeras medidas concretas es un programa permanente, regulado por la Creg, que invita a los usuarios a participar activamente en la bolsa de energía mediante reducciones voluntarias de su consumo.
A través de este mecanismo, los consumidores —ya sea de forma individual o agrupados— podrán presentar ofertas de disminución de demanda para que sean incluidas en el despacho diario de energía.
A cambio, recibirán una compensación económica basada en el volumen verificado y el precio pactado, siendo el único requisito técnico contar con un medidor horario telemedido.
La CREG expidió una regulación transitoria y condicionada que habilita recursos adicionales de generación con el propósito de fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico.
Esto se suma a 53 medidas adicionales de corto, mediano y largo plazo diseñadas por el Gobierno Nacional para fortalecer la resiliencia del sistema, acelerar proyectos estratégicos, garantizar el suministro de combustibles y asegurar el monitoreo de las condiciones hidrológicas del país.
Chile: distintas empresas, un solo «holding» estatal
Seguridad, productividad y transparencia son los principales lineamientos que considera Fontaine, pero que aún no detallan la fórmula para resolver los problemas de la corporación que más que coyunturales, tienen un carácter estructural y que requiere reformas de fondo.
En la vereda técnica las propuestas son varias. Pero de las más destacadas por los analistas resuena la idea de convertir Codelco en un holding. Es decir, la estatal mantendría el 100% del control accionario del Estado, pero transformaría sus divisiones en filiales con mayor autonomía.
La propuesta levantada por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), plantea que se creen empresas que agrupen las divisiones, diferenciando las del norte con el centro, y también distinguiendo entre compañías de fundiciones y refinerías.
Jorge Cantallopts, analista del think tank minero CESCO, apuntó justamente al tamaño de la empresa que, a su juicio, no da abasto para un solo Gobierno corporativo.“A través de un directorio administra múltiples divisiones, proyectos complejos, nuevos negocios. Podríamos tener distintas empresas que, bajo el holding de Codelco, se puedan administrara de manera más eficiente, manteniendo la propiedad 100% estatal de las divisiones”, explicó Cantallops.
Con una deuda que ronda los US$25.000 millones y una producción que cayó desde cerca de 1,7 millones de toneladas a cifras que oscilan entre 1,3 y 1,4 millones anuales, la idea de privatizar una parte de la estatal cobra fuerza en sectores de la industria.
Sin embargo, ante las especulaciones que se han dado por la prensa el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, hizo el siguiente llamado: “Dejemos gobernar al gobierno corporativo de Codelco. Está tomando decisiones, ya tuvieron su primer directorio y tienen un plan que lo han dado a conocer en algunos fragmentos”.
No obstante, las posiciones sobre privatizar siguen estando muy divididas en el mundo político. Mientras el oficialismo aplaude la idea de avanzar en más “joint ventures” que potencien la alianza público privada; la oposición se niega a tocar la estructura de la estatal.
Con todo, tanto el biministro Mas como el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, han descartado de plano una privatización de la mayor compañía pública de Chile.
Acuerdo de Escazú naufraga, asediado por conflictos ambientales
Emilio Godoy
Un derrame de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) trastocó la pesca y el turismo en el sudeste y nordeste de México en febrero y marzo, con impactos que aún son perceptibles.
“Nos encontramos mal económicamente, pues nos dedicamos a la pesca. Afectó de lleno al sector pesquero, entre el trabajo, los equipos y las artes de pesca. De ahí dependen muchos negocios”, aseveró la pescadora mexicana Eunice Contreras a IPS, desde la comunidad de Olapa, en el municipio de Mecayapan, en el suroriental estado de Veracruz.
El vertido, surgido a inicios de febrero en un oleoducto de Pemex situado en el golfo de México frente a las costas de Campeche, se extendió por más de 1100 kilómetros del litoral e impactó ese estado, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. El primer día de marzo, pescadores denunciaron que sus redes estaban contaminadas.
Pero Pemex reconoció solo a inicios de ese mes el ecocidio y al principio negó cualquier responsabilidad. Además, la Secretaría (ministerio) de Marina demoró hasta el día 13 de marzo la activación del Plan Nacional de Contingencia para Derrame de Hidrocarburos.
Un mapa construido por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y las comunidades y colectivos afectados identificó 23 sitios con partículas de hidrocarburos en abril. Hasta ese mismo mes, habían recolectado unas 900 toneladas de hidrocarburos, según el gubernamental comité interinstitucional formado para atender el desastre.
“No hemos tenido información adecuada. Vino un encargado de Pemex y nos dijo que no podía hacerse responsable, ni recibir ningún documento. No nos reunimos con nadie, ninguna dependencia vino. Lo que les interesa es limpiar la playa y nada más”, expresa Eunice Contreras.
Las comunidades afectadas nunca recibieron información puntual, oportuna y adecuada, como lo marca el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, vigente desde 2021 y del que son signatarios 19 de los 33 países de la región.
Por ejemplo, se ignora la causa del derrame y el estado actual de los ecosistemas de la gran área, como los 17 arrecifes existentes en la zona parte del Corredor Arrecifal del Suroeste del golfo de México.
“No hemos tenido información adecuada. Vino un encargado de Pemex y nos dijo que no podía hacerse responsable, ni recibir ningún documento. No nos reunimos con nadie, ninguna dependencia vino. Lo que les interesa es limpiar la playa y nada más”, denunció Contreras, de 33 años, integrante de la Cooperativa Punta del Salado, que agrupa a unos 60 pescadores desde 2003.
El Acuerdo de Escazú, el primer pacto intergubernamental de una región del mundo con gran calado ambiental, tiene cuatro principios medulares: acceso a información pública y a la justicia ambientales; participación pública en la toma de decisiones ambientales y protección de los defensores ambientales.
En el caso del derrame mexicano, el proceso para acceder a la justicia ambiental ha sido tortuoso por la postura negacionista de las autoridades locales.
Alcaldes de varios municipios veracruzanos y la no gubernamental Greenpeace México demandaron por los daños del vertido a Pemex y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, el inspector mexicano en materia de hidrocarburos.
“Así como vamos, creo que ya no se va a hacer nada. Siendo sincera, no sé si vamos a obtener justicia ambiental. Pareciera que las dependencias tienen un acuerdo con Pemex. Pareciera que la justica es algo malo y lo que está mal está bien, porque todo lo que se afectó, no importa. Está tremendo”, lamentó Contreras, perteneciente a una saga familiar de pescadores.
Frenos y retrocesos
El caso muestra los problemas de aplicación del acuerdo, firmado en la ciudad costarricense de Escazú en 2018, y que aún no ratifican países como Brasil, Honduras y Perú. Si ya enfrentaba obstáculos en su cumplimiento, la llegada de más gobiernos de derecha extrema, como en Argentina, Ecuador y Chile, han complicado aún más el futuro del tratado.
Una revisión de cinco países latinoamericanos, de diferentes signos políticos, arroja avances y brechas importantes, sin un cumplimiento pleno del acuerdo.
Chile presenta la arquitectura institucional más avanzada; México cuenta con un marco legal robusto, pero enfrenta graves desafíos de protección; Argentina registra retrocesos recientes; Colombia apenas inicia la aplicación; y Ecuador mantiene avances normativos relevantes, aunque con importantes desafíos de ejecución territorial y protección de defensores ambientales.
“Hoy tenemos una aplicación nula, paralizada. Sistemáticamente se viola el acuerdo desde que asume Javier Milei. El estado va en sentido contrario. Hay un retroceso burocrático y luego vemos retrocesos presupuestarios. Si ni siquiera tenemos el derecho de acceso y participación, se complica también el acceso a la justicia ambiental”, señala Cristian Fernández.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que acoge a la Secretaría del acuerdo en su sede en Santiago, informó en la 4 Conferencia de las Partes (COP4), escenificada en Nassau, Bahamas, en abril, que Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México presentaron avances nacionales, aunque persisten importantes brechas de instrumentación.
Un barómetro del acuerdo, creado por la organización no gubernamental argentina Asuntos del Sur, halló que la falta de ratificación y de aplicación efectiva; la dificultad para garantizar la participación del público en la toma de decisiones; la resistencia de empresas y grupos de interés y las agresiones contra defensores ambientales figuran entre los principales desafíos.
Además, existe desconocimiento del acuerdo entre muchas organizaciones y comunidades en la región, por falta de difusión y traducción a idiomas indígenas, lo que también entorpece su acatamiento.
En Argentina, la llegada a la presidencia ultraderechista Javier Milei en diciembre de 2023 detuvo su ejecución y marcó pasos hacia atrás. “Hoy tenemos una aplicación nula, paralizada. Sistemáticamente se viola el acuerdo desde que asume Javier Milei. El Estado va en sentido contrario. Hay un retroceso burocrático y luego vemos retrocesos presupuestarios”, dijo Cristian Fernández, coordinador del área de Legales de la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) argentina.
En un diálogo con IPS desde Buenos Aires, añadió que “si ni siquiera tenemos el derecho de acceso y participación, se complica también el acceso a la justicia ambiental”.
Argentina cuenta con un Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú, que abarca información, participación pública, justicia, defensores, capacidades y gobernanza, y consta de 24 lineamientos y 73 acciones. Entre sus primeras decisiones, Milei rebajó la categoría del ministerio ambiental y lo convirtió en una subsecretaría de la dependencia que coordina turismo y deportes.
En 2024, su primer año en el poder, publicó un decreto que restringe el derecho a la información pública ambiental, lo que Fernández resumió en “una orfandad de derechos”. Además, en abril de este año el gobierno promulgó una reforma a la Ley de Glaciares de 2010, que los protegía como reservas estratégicas de agua, para permitir la minería de cobre y litio en esos ecosistemas.
Chile, la nación más avanzada en el cumplimiento del tratado, con el impulso del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), bien puede verse en el espejo argentino, pues apenas un día después de su arribo al cargo el 11 de marzo, el ultraderechista José Antonio Kast anuló 43 decretos de protección ambiental.
El país andino tiene un Plan Nacional de Implementación Participativa 2024–2030, que se encuentra en la fase de instalación de sus mecanismos de ejecución, seguimiento y gobernanza, y que incluyen sistemas públicos de reporte y difusión de avances. El sentimiento predominante anticipa un freno similar al argentino.
Ecuador cierra la trilogía del desinterés por Escazú. El presidente ultraconservador Daniel Noboa, quien asumió en noviembre de 2023 para un mandato provisional y fue reelegido en 2025, disolvió el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica en julio del año pasado y trasladó sus competencias al Ministerio de Energía y Minas.
Posteriormente, adoptó una ley relativa a las áreas ecológicas protegidas, que abre la puerta a la privatización de parques nacionales y reservas forestales, en detrimento de las comunidades locales. En marzo de este año, Noboa decretó una ley de reforzamiento minero y petrolero, lo que supone una amenaza más para la Amazonia ecuatoriana, asediada por la explotación de crudo y deforestación. Ecuador tiene una hoja de ruta para el cumplimiento del acuerdo, que no registra avances notables.
Y Colombia está a las puertas de un giro similar, de ganar la segunda vuelta electoral el domingo 21 de junio el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, por encima del izquierdista moderado Iván Cepeda.
Dentro de sus propuestas figura el plan ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades, que impone entre ellas la simplificación y agilización de permisos ambientales y consultas previas, lo que supone riesgos para comunidades frente a megaproyectos.
Colombia ratificó el acuerdo en 2024 pero solo en enero pasado el gobierno del izquierdista Gustavo Petro formuló una Hoja de Ruta de Acciones Prioritarias, que identifica 23 medidas. El órgano interinstitucional encargado del cumplimiento de la hoja de ruta está en formación.
Finalmente, México, gobernado desde octubre de 2024 por la izquierdista Claudia Sheinbaum, publicó ese mismo año una guía de aplicación para la protección de defensores ambientales en ese mismo año. También anunció durante la COP4 de abril un mecanismo de respuesta rápida a agresiones contra defensores ambientales y una hoja de ruta que, según oenegés, el gobierno no consensuó.
Pero en el mismo 2025, el gobierno mexicano suprimió al autónomo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y pasó sus funciones a la gubernamental Transparencia para el Pueblo.
Eso convirtió al gobierno en juez y parte del proceso, en lo que se percibe como retroceso en esa materia y un incumplimiento del acuerdo, que estipula la operación de un organismo independiente.
Asediados
En una región con unos 1500 conflictos ambientales, el cumplimiento del acuerdo es una necesidad apremiante. México encabeza el listado, con 311 conflictos, seguido por Brasil, con 238, y Colombia, con 192.
No extraña, entonces, que estas pugnas se traduzcan en la tromba de balazos y amenazas que han caído sobre quienes defienden el territorio y sus ecosistemas, según registros de 2025, convirtiendo a la región en la más peligrosa del mundo para los ecologistas.
En Colombia, el más riesgoso en la región, hubo 64 casos de homicidios de ecologistas entre 2022 y 2025 durante la gestión de Petro, quien inició su cuatrienio en el primer de esos años.
En México, otra tumba para los guardianes y defensores, mataron a 10 de ellos en 2025, una caída de más de 50 %, y hubo 314 agresiones, por encima de las 236 del año previo.
En Chile hubo 72 agresiones contra 67 personas defensoras durante 2025, un crecimiento de 148 % en relación con 2024, pero sin asesinatos. En 2024, la COP3 aprobó un Plan de Acción sobre defensores ambientales para que los países lo apliquen dentro de sus fronteras.
Mientras, en México, llega la temporada baja pesquera y los pescadores en Olapa se preparan para el ciclo más generoso a partir de octubre. “Esperamos que todo venga bien, para mejorar un poquito. Y siempre uno sobrevive, estamos acostumbrados a luchar”, confió la pescadora Contreras.
Para el argentino Fernández, la situación actual demanda la aplicación del acuerdo. “Es muy joven, hoy estamos en un contexto en el cual, por determinados liderazgos en diferentes países, tiene más sentido que nunca frente al contexto tan adverso para la defensa del ambiente. El acuerdo se erige en un escudo protector y es fundamental trabajar a nivel regional, es fundamental que sigamos empujando”, planteó.
Panorama internacional
1.-Los minerales críticos son el nuevo petróleo del siglo XXI
Mientras el mundo acelera hacia las energías limpias, los minerales críticos -litio, cobalto, grafito, níquel y cobre- se han convertido en el nuevo petróleo del siglo XXI y transforman el comercio global, afirma un nuevo informe de la entidad ONU Comercio y Desarrollo (Unctad).
La demanda de litio crecerá más de 350 % para 2040, mientras que la de grafito superará 130 %. Y, en este contexto de fiebre extractiva, se ha desatado una auténtica carrera diplomática: 73 acuerdos y asociaciones internacionales han surgido en materia de minerales críticos, de los cuales 58 se firmaron después de 2022.
Los minerales críticos se emplean en la producción de baterías y almacenamiento eléctrico -fundamental con el auge de los vehículos eléctricos-, aceros especiales, superaleaciones, electrodos y piezas de electrónica, computadoras y teléfonos.
Solo en 2023 el comercio mundial de esos minerales críticos superó los 2,5 billones (millones de millones) de dólares, y la demanda sigue siendo creciente.
El su informe de Actualización sobre el Comercio Mundial, de este junio, la Unctad (antes denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) dibuja un panorama de oportunidades históricas y a la vez de riesgos profundos para los países en desarrollo.
“No podemos repetir los errores del pasado con una explotación sistemática de los países en desarrollo reducidos a la producción de materias primas básicas, señala: Rebeca Grynspan.
Estos países poseen la mayor parte de las reservas mundiales de minerales críticos -África concentra 25 % del total-, pero la historia se repite: la gran mayoría siguen atrapados en el papel de meros extractores de materia prima, mientras la riqueza real se genera en las plantas de procesamiento de unos pocos países.
El informe señala que la oferta de minerales críticos sigue estando altamente concentrada. En 2025, la República Democrática del Congo acaparó 74 % de la producción mundial de cobalto. China produjo 78 % del grafito natural. Y Australia, Chile y China, juntos, produjeron más de 70 % del litio.
Pero la asimetría más abrumadora se da en el refinado y el procesamiento, que es donde realmente se crea el valor. Aquí, China juega un papel dominante en el refinado de varios minerales críticos, e Indonesia ya representa 43 % de la capacidad mundial de refinado de níquel.
El desafío, subraya el informe, es que los países en desarrollo ricos en minerales siguen exportando materias primas, mientras que el procesamiento y la fabricación de mayor valor ocurren en otras latitudes.
Así, el auge de los minerales críticos puede ser una bendición para el desarrollo o una maldición más. Los países con grandes reservas se enfrentan al mismo dilema histórico: cómo evitar ser meros exportadores de piedras, apunta la Unctad.
El documento expone una cita de la secretaria general de la Unctad, Rebeca Grynspan, quien en la 16 conferencia de la entidad el pasado octubre planteó que “No podemos repetir los errores del pasado con una explotación sistemática de los países en desarrollo reducidos a la producción de materias primas básicas”.
Al respecto, la Unctad expone que un camino posible está en su “Informe de Madagascar”, en el que analiza las posibilidades de agregar valor y diversificar la cadena de valor en los minerales críticos que produce ese país africano.
Madagascar -la cuarta isla más grande del mundo- podría crear al menos 20 000 empleos y desbloquear nuevas oportunidades industriales expandiendo el valor añadido y diversificándose más allá de la exportación de minerales en bruto.
Las mujeres, por cierto, representarían 52 % del empleo directo en los sectores prioritarios, especialmente en la confección textil y la industria alimentaria.
Frente a este escenario de alta concentración y riesgo geopolítico, muchos gobiernos han pasado de la retórica a la acción, indicó la Unctad tras identificar 73 acuerdos y asociaciones internacionales en materia de minerales críticos, una cifra que evidencia que el tablero está en movimiento.
Estas alianzas, que abarcan desde la exploración hasta el reciclaje, son el síntoma de una nueva realidad: la transición energética no es solo un imperativo climático, sino un campo de batalla comercial y de poder.
El informe concluye con una pregunta inquietante: ¿serán los minerales críticos otra fuente de fragmentación global o la base de una cooperación internacional más resiliente e inclusiva?
2.- La nueva economía del sufrimiento
Marcio Pochmann
Entre el control algorítmico y la hipermedicalización, los sufrimientos inherentes a la explotación contemporánea dejan de ser una fuerza impulsora de la transformación política y, en cambio, alimentan la multimillonaria industria farmacéutica.
La modernidad nació bajo la promesa de la emancipación humana. Al desplazar el centro de la explicación del mundo de la voluntad divina a la razón, la Ilustración europea rompió con el orden trascendental que sustentaba las sociedades agrarias. Durante siglos, la Iglesia había organizado no solo la fe, sino también los significados atribuidos a la vida, la muerte, la culpa, la pobreza, la obediencia y el sufrimiento. En las sociedades agrarias, marcadas por la tradición, la jerarquía y la religiosidad, el dolor humano podía interpretarse como prueba, destino, pecado, penitencia o promesa de salvación.iba los resúmenes del día por correo
La razón moderna, al superar progresivamente el poder trascendente de la Iglesia, allanó el camino para la ciencia, el Estado laico, el individuo autónomo y la idea de progreso. Pero esta liberación también tuvo su lado negativo. Al desencantar el mundo, la modernidad eliminó parte del marco simbólico anterior del sufrimiento. El dolor dejó de pertenecer exclusivamente al ámbito del alma, del misterio y de la salvación, para incorporarse al ámbito de las normas, la ciencia, la productividad y la adaptación social.
En el siglo XX, Sigmund Freud (1856-1939) percibió con lucidez que la civilización moderna no había eliminado el sufrimiento humano, sino que, por el contrario, había transformado sus formas. En las sociedades urbanas e industriales, el malestar pasó a expresar las tensiones inherentes a la vida civilizada, como la represión de los deseos, la disciplina laboral, la culpa, la competencia, la soledad, la renuncia y el conflicto permanente entre la libertad individual y las exigencias colectivas. La promesa moderna de autonomía coexistía, pues, con nuevas formas de contención psíquica y social.
El siglo XXI ha radicalizado este proceso. El sufrimiento humano ha dejado de ser una mera condición existencial para convertirse en una de las fronteras más lucrativas de la acumulación en el capitalismo contemporáneo. Nunca antes se había hablado tanto de la salud mental. Nunca antes se habían realizado tantos diagnósticos. Nunca antes el consumo de psicofármacos había sido tan elevado. Y, paradójicamente, nunca antes tantas personas habían declarado sufrir ansiedad, depresión, agotamiento emocional, trastornos de atención y dificultades para adaptarse a la vida cotidiana.
La expansión de la industria farmacéutica coincide con el aumento de los diagnósticos relacionados con la salud mental. Lo que antes se entendía como parte de las tensiones de la vida social, los conflictos laborales, las desigualdades económicas y las incertidumbres de la existencia, ahora se interpreta cada vez más como un problema individual, susceptible de diagnóstico clínico y tratamiento farmacológico.
No se trata de negar la existencia de trastornos mentales ni los avances científicos de la psiquiatría, la psicología y la neurociencia. El problema surge cuando la lógica de la medicalización invade la comprensión misma de la condición humana. La tristeza se convierte en depresión. La inquietud, en un trastorno. La diferencia, en patología. La singularidad, en una desviación estadística.
En este contexto, el diagnóstico deja de ser un mero instrumento médico para convertirse progresivamente en una identidad social. Categorías clínicas como el TDAH, el trastorno del espectro autista y diversos síndromes conductuales comienzan a organizar formas de pertenencia, reconocimiento y protección institucional. En muchos casos, el individuo no solo tiene un diagnóstico, sino que también empieza a existir socialmente a través de él.
La transformación del diagnóstico en identidad revela un cambio profundo en la forma en que se gobierna a las poblaciones dentro de un territorio. En lugar del control ejercido sobre grandes colectivos, típico de la sociedad urbana e industrial, emerge un nuevo modelo centrado en la gestión de las subjetividades en la sociedad de servicios hiperconectada de la era digital. Cada persona se responsabiliza de gestionar su propio sufrimiento, monitorear sus comportamientos, regular sus emociones y consumir los recursos necesarios para mantenerse funcional.
Lo que antes era un problema político se convierte en un problema clínico. El desempleo se transforma en ansiedad. La inseguridad laboral en depresión. El aislamiento social en trastornos de conducta. La competencia constante en síndrome de agotamiento . La violencia de la vida contemporánea desaparece de las estadísticas sociales solo para reaparecer en los historiales médicos.
En este escenario, la industria farmacéutica ocupa una posición estratégica. El sufrimiento se convierte en un mercado. La expansión de los diagnósticos amplía el universo de consumidores. Las nuevas clasificaciones generan nuevas terapias, nuevos medicamentos y nuevos nichos de rentabilidad. La frontera entre la atención médica y la mercantilización se difumina cada vez más.
Simultáneamente, las plataformas digitales profundizan la individualización de la experiencia humana. Los algoritmos monitorean comportamientos, registran emociones, capturan patrones cognitivos y generan nuevas formas de dependencia psicológica. La salud mental se convierte, al mismo tiempo, en objeto de intervención médica, explotación económica y vigilancia tecnológica.
El resultado es la consolidación de un modelo social en el que individuos cada vez más diagnosticados, medicados y monitoreados coexisten con condiciones estructurales que permanecen intactas. En lugar de transformar las causas sociales, económicas y políticas del sufrimiento, se gestionan permanentemente las emergencias de los síntomas.
La gran pregunta actual no reside simplemente en explicar por qué aumentan los trastornos mentales. La cuestión crucial es otra: ¿hasta qué punto nos enfrentamos a una crisis de salud mental o a una crisis de la propia organización social, económica y política contemporánea?
Quizás la epidemia más silenciosa del siglo XXI no sea solo la de los trastornos psicológicos. Quizás sea la normalización de un sistema que transforma el sufrimiento en una mercancía, el diagnóstico en identidad, la atención médica en oportunidades de negocio y la conexión digital en la gobernanza de poblaciones y territorios.
*Catedrático de economía en la Unicamp, es el actual presidente del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística).