Uruguay: La tacita de plata… y de plomo
Nicolás Centurión
El 24 de julio de 2026, un niño de 12 años recibió un disparo en el pecho y murió en las Canteras del Parque Rodó, en Montevideo, en medio de una picada clandestina con 200 motos y autos. La investigación policial determinó que se trató de una venganza narco. No fue un caso aislado. En el primer semestre de ese año, el Ministerio del Interior registró siete asesinatos de niños y adolescentes cometidos con armas de fuego, la misma cantidad que en todo 2021. La víctima más joven tenía menos de cinco años.
La secuencia se repite con una regularidad que ya no admite lecturas excepcionales. Entre 2023 y 2025, según los registros oficiales recogidos en un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), se contabilizaron 238 menores heridos por armas de fuego, 58 asesinatos y 53 tentativas de homicidio. Los niños de hasta 14 años heridos pasaron de 15 en 2023 a 27 en 2025, un aumento del 80% en dos años. Los egresos hospitalarios de menores de 18 años por heridas de bala alcanzaron en 2025 el registro más alto de la última década.
Los datos se desprenden de un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Los niños heridos por armas de fuego aumentaron 80% en dos años en Uruguay. Los datos surgen de un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que también advierte sobre la expansión territorial de la violencia.
Según los datos del Ministerio del Interior recogidos en el informe, entre 2023 y 2025 se registraron 58 asesinatos de niños y adolescentes, 53 tentativas de homicidio y 238 menores heridos por armas de fuego.
“La mayoría son adolescentes, sin lugar a duda, pero viene creciendo la presencia de niños, viene creciendo la presencia de las mujeres. Y es un fenómeno que no está solo presente en Montevideo sino también en varios departamentos del interior”, explicó en rueda de prensa la directora de la Inddhh, Jimena Fernández Bonelli.
El informe señala que la violencia territorial es un fenómeno mucho más amplio que la venta de drogas y que, en determinados barrios, las actividades ilegales pueden terminar ocupando espacios que deberían cubrir otras instituciones.
“Hablamos de las economías ilegales, no solo el tema del narcotráfico, es el tema de amenazas, de ocupación de casas, hay toda una economía ilegal que a veces da más soluciones y respuestas a quien está buscando construirse como persona, más soluciones que la escuela o el trabajo”, apuntó Bonelli.
También se advierte sobre la necesidad de una respuesta integral del Estado para enfrentar la violencia. “No hay un principal responsable, acá es el Estado que tiene que responder en su totalidad, no es ponerle toda la carga al INAU”, agregó la jerarca.
El fenómeno no es nuevo. La serie histórica disponible desde la década de 1990 muestra una escalada sostenida. Entre 1990 y 1993, ingresaba un niño herido por arma de fuego al Hospital Pereira Rossell cada 111 días. Entre 1994 y 1997, la frecuencia se triplicó: un niño cada 36 días. Hacia 2004, la cifra se había reducido a uno cada 20 días. El Ministerio de Salud Pública registró 217 menores de 0 a 14 años baleados entre 2014 y 2023. Entre 2016 y 2020, ingresaba un menor de esa franja etaria cada 18 días; entre 2021 y 2023, uno cada 24 días.
La aritmética de las armas
Uruguay tiene 617.327 armas de fuego legalmente registradas en manos de civiles, sin contar las de policías y militares. Equivale a un arma legal por cada 5.7 habitantes o 17.5 armas por cada 100 personas. Las estimaciones internacionales elevan esa tasa a 34.7 armas por cada 100.000 habitantes, la más alta de América del Sur y casi el doble de la de Brasil (18.5). Argentina registra 5.4 armas por cada 100.000 habitantes.
Los expertos y asociaciones estiman que circulan aproximadamente otras 400.000 armas no registradas. Los delitos relacionados con armas de fuego, es decir: disparos, tenencia ilegal, tráfico, etc. crecieron más del 300% entre 2013 y 2024. La tasa de homicidios con armas de fuego pasó de 13.2 por cada 100.000 habitantes en 2013 a 51 en 2024. El 69% de los homicidios en el país se cometen con armas de fuego.
La normativa vigente permite hasta ocho armas por persona, un límite que la Mesa Intersectorial de Armas de Fuego y Municiones calificó como excesivo. No existe legislación que limite la cantidad de municiones para tenencia doméstica. Las leyes de prevención del acceso infantil a las armas son débiles o inexistentes. En un país donde uno de cada seis habitantes tiene un arma registrada, la ausencia de estas protecciones convierte a los niños en víctimas previsibles.
La comparación regional
Según datos de la Encuesta sobre Armas Pequeñas, la tenencia promedio en Uruguay es de 31.8 armas por cada 100 personas. Chile registra 1.7; Argentina, 10.2; Brasil, 8.2. El Small Arms Survey estima para Uruguay entre 25 y 46 armas por cada 100 habitantes, mientras que para Argentina la horquilla es de 11 a 15 y para Brasil de 11 a 17.
Uruguay multiplica por seis la tasa argentina de armas por cada 100.000 habitantes. Solo en la comparación con países del Norte como Estados Unidos, Canadá, o Finlandia; Uruguay deja de ser una anomalía.
El impacto sobre la infancia es proporcional a esa proliferación. Los niños uruguayos están expuestos a un entorno más armado que sus pares argentinos o brasileños y, además, están menos protegidos por la ley.
La respuesta estatal
El Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 incluye medidas que apuntan a restringir la tenencia: limitar a tres armas de 9 mm por domicilio o una por persona, excepto coleccionistas o cazadores; reducir de cinco a tres años la vigencia del permiso de porte; establecer límites sobre armas de alto calibre. Sin embargo, estas medidas no logran plasmarse en el cuerpo legal vigente. El sector del dirigente del Partido Colorado, Pedro Bordaberry dentro se opone a mayor regulación.
El informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos advierte sobre la falta de una respuesta estatal coordinada para familias en riesgo de vida. «No hay un principal responsable, acá es el Estado que tiene que responder en su totalidad, no es ponerle toda la carga al INAU», señaló la directora de la INDDHH, Jimena Fernández Bonelli.
El documento identifica un fenómeno más amplio que el narcotráfico: economías ilegales que incluyen amenazas, ocupación de casas, riñas y deudas. «Hay toda una economía ilegal que a veces da más soluciones y respuestas a quien está buscando construirse como persona, más soluciones que la escuela o el trabajo» subrayó.
Los datos de ASSE complementan el panorama: entre 2023 y 2025 registró 326 atenciones de niños y adolescentes por heridas de bala en servicios de urgencia y emergencia. La cifra del Ministerio del Interior para el mismo período es de 238 heridos. Las diferencias
metodológicas no alteran la tendencia. Los adolescentes de 15 a 17 años concentran el 73% de los heridos, el 59% de los homicidios y el 60% de las tentativas.
Oasis y espejismo
Uruguay ha construido durante décadas una imagen de país confiable, estable, previsible. La misma imagen ocultó una realidad: la de un país que se convirtió en pieza clave del narcotráfico internacional, con puertos por los que salen toneladas de cocaína hacia Europa y una clase política que mira para otro lado. En el medio: los niños.
Los datos están sobre la mesa. La escalada de violencia es sostenida. El asombro en la sociedad durará lo que dura un disparo. La tasa de armas por habitante es la más alta en la “la tacita de plata” que ya es de plomo. La legislación es laxa y la respuesta estatal es fragmentaria. La “Suiza de América” ya no solo lava dinero sino que también lava culpas, manos y conciencias.