Revelan tratos crueles a migrantes presos en Alcatraz de los Caimanes

Los migrantes capturados entre julio de 2025 y el 18 de enero de 2026 que fueron remitidos al centro de detención (ya cerrado) en Everglades, Florida –conocido como Alcatraz de los Caimanes– fueron colocados hasta por dos horas en pequeños recintos metálicos utilizados como “áreas de tranquilización”, una práctica que “no cumple con los estándares de trato humano”, según un nuevo informe de la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional.

Los migrantes que estuvieron detenidos en ese centro de detención que ya fue cerrado en Florida, fueron encerrados en pequeñas jaulas metálicas durante horas, según un informe del organismo de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés).

Entre el 17 de julio del año pasado y el 18 de enero de este, 79 detenidos fueron confinados en pequeños recintos metálicos de aproximadamente 1.67 metros cuadrados por periodos que iban desde varios minutos hasta casi dos horas. Las fotografías incluidas muestran una jaula apenas un poco más grande que una cabina telefónica, colocada sobre lo que sería césped o pasto sintético y rodeada por una malla metálica rematada con alambre de púas.

El texto señala que el centro de detención Alligator Alcatraz no cumplía con al menos seis normas diferentes, entre ellas la atención médica básica, alimentación, higiene y salud, así como seguridad ambiental. El centro fue establecido por el estado de Florida mediante un decreto ejecutivo firmado por el gobernador DeSantis, pero fue el gobierno federal el que cubrió los costos operativos.

El personal del centro describió los recintos metálicos como “áreas de tranquilización” para que los detenidos reduzcan la tensión y tengan tiempo a solas”. No precisó dónde estaban ubicadas las cajas ni exactamente en qué situaciones se usaron.

Según el documento adjunto al informe, un letrero de políticas colocado en los recintos decía que el propósito del espacio de esa celda de retención era proporcionar un “lugar seguro y protegido en la población general para que los detenidos reflexionen sobre sus decisiones de conducta, gestionen sus emociones, reduzcan el estrés y practiquen una conducta dirigida a sí mismos”.

En su informe, los inspectores de la OIG dicen que descubrieron que los migrantes internados tenían que usar duchas infestadas de pequeños insectos y que solo se les permitía hacerlo tres veces por semana.

El centro no les proporcionaba suficiente espacio para vivir, «lo que generaba condiciones de hacinamiento para los detenidos, quienes pasaban la mayor parte de su tiempo en sus celdas», según el informe. Los migrantes también le dijeron a la OIG que no tenían acceso a agua potable limpia y que no podían lavar los vasos de plástico que usaban para hidratarse. La revelación forma parte de un informe más amplio de la oficina del inspector general que detalló otras condiciones, las cuales, dijo, eran inhumanas.

El centro de detención abrió el 3 de julio de 2025 y cerró el 25 de junio de este año. Rápidamente atrajo la atención de defensores de migrantes, que criticaron las condiciones. Los detenidos carecían de espacio de vida adecuado, acceso a duchas, información jurídica y agua limpia que violaban los estándares federales y estatales de detención.

Asimismo, dos guardias de seguridad del centro migratorio fueron acusados de agredir a uno de los presos antes de que  cerrara sus puertas a finales de junio pasado, once meses después de su inauguración. Testimonios de otros inmigrantes publicados por diarios locales revelan que uno de los guardias tiró al migrante Rigoberto Rodríguez al suelo y lo golpeó después de que varios de los detenidos en el centro protestaran por la falta de agua y comida.

Estándares ya se usaban

Es la primera vez que una agencia gubernamental confirma la existencia de ese tipo de condiciones en el centro. Activistas, abogados, familias y organizaciones de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, ya habían informado y criticado duramente el trato a los detenidos.

Tenían menos de la mitad del espacio requerido, agrega el informe. La mayor parte del tiempo estaban en un complejo con ocho construcciones, sin ventanas, y no salían, salvo para las comidas tres veces al día, una hora de recreación tres veces por semana, duchas por el mismo periodo y por motivos médicos.

La oficina del inspector general dice que el Departamento de Seguridad Interior no atendió sus recomendaciones. En un comunicado enviado a la Ap, la dependencia señaló que las instalaciones “cumplían” con los estándares federales de gobiernos anteriores, incluidos los de Joe Biden y Barack Obama. No mencionó el uso de las “áreas de tranquilización”.

En este contexto, Nueva York y otros 21 estados demandaron a la administración del presidente Donald Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales. El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos migrantes obtengan la residencia permanente si utilizan –o se considera probable que lo necesiten– beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

Al mismo tiempo, un juez federal aplazó la aplicación de una política del gobierno de Trump que impondría límites más estrictos al tiempo que los estudiantes y periodistas extranjeros pueden estudiar o trabajar en el país y fijó la próxima audiencia para el 2 de octubre. Por último, la Suprema Corte asestó un golpe a los intentos de Trump de restringir el voto por correo antes de las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre, al rechazar la petición del gobierno de levantar una orden de un tribunal inferior que detuvo el controvertido plan.