Triste final para la Revolución Sandinista
Hubert Alquéres
El anuncio de Daniel Ortega de que Nicaragua ya no celebrará elecciones competitivas representa el acta de defunción de la Revolución Sandinista. La sentencia de muerte se proclamó justo cuando la revolución conmemoraba 47 años de la victoria que derrocó a la dinastía Somoza. El movimiento que comenzó prometiendo democracia y justicia social finaliza su trayectoria aboliendo el derecho que le otorgaba legitimidad: el voto.
No solo porque fue capturada por su principal líder, sino porque conllevaba, desde su origen, una tensión permanente entre el ideal democrático que unía a amplios sectores de la sociedad y una concepción disruptiva de la democracia misma.
La ironía histórica es devastadora. La revolución que puso fin a cuatro décadas de dictadura familiar terminó reproduciendo muchas de las características del régimen contra el que luchó. Antes de 1979, Nicaragua era prácticamente propiedad privada del clan Somoza. Hoy, el país se ha vuelto a identificar con otra familia: Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y sus hijos. Su poder se extiende por todas las instituciones políticas, el aparato estatal y sectores importantes de la economía.
La Revolución Sandinista entusiasmó a la izquierda latinoamericana. Su victoria se cimentó en un amplio frente democrático que congregó a revolucionarios, empresarios, intelectuales, sectores de la Iglesia Católica y líderes liberales que habían luchado contra la dictadura de Somoza. A diferencia de la experiencia cubana, Nicaragua pareció demostrar que era posible conciliar profundas reformas con la democracia, justicia social con pluralismo político y revolución con libertad.
Los primeros años alimentaron esta esperanza. Se instauró una Junta de Gobierno, integrada por líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, como Daniel Ortega, Sergio Ramírez y Moisés Hassan, pero también por Violeta Chamorro, propietaria de La Prensa y principal voz de la oposición al régimen de Somoza, y el empresario Alfonso Robelo, representante del sector empresarial que apoyaba el derrocamiento de la dictadura. El nuevo gobierno impulsó una agenda socialdemócrata. Parecía que Nicaragua escaparía al destino de la Revolución Cubana.
Desde el principio, sin embargo, coexistieron dos proyectos. Uno buscaba construir una democracia capaz de preservar la diversidad que había hecho posible la victoria revolucionaria. El otro entendía que el Frente Sandinista, tras haber liderado la lucha contra Somoza, debía ejercer una tutela permanente sobre el Estado e interpretar exclusivamente los intereses de la revolución. El orteguismo no era un destino inevitable, pero tampoco surgió de la nada. El germen del hegemonismo revolucionario ya estaba presente.
Las primeras rupturas revelaron esta tensión. La Revolución Sandinista comenzó, como Cronos en la mitología griega, a devorar a sus propios hijos. Edén Pastora, el legendario Comandante Cero, rompió con el gobierno. Alfonso Robelo, Arturo Cruz y Violeta Chamorro también se distanciaron, denunciando la concentración de la toma de decisiones en la cúpula sandinista. Sectores de la Iglesia Católica comenzaron a criticar la injerencia del partido en las instituciones. El pluralismo que había marcado la caída de la dictadura comenzó a perder terreno. En la práctica, se estableció una dualidad de poder. Formalmente, existía una Junta plural; en realidad, las decisiones se concentraban cada vez más en la Dirección Nacional del Frente Sandinista y, sobre todo, en Daniel Ortega.
Esta radicalización no surgió de la nada. La guerra librada por los Contras, financiada por Estados Unidos, ejerció una enorme presión militar, económica y social sobre el país. La intervención estadounidense contribuyó a reforzar la idea del gobierno de que la crítica interna representaba una amenaza para la supervivencia de la revolución. El asedio externo ayuda a explicar el ambiente de aquellos años, pero no justifica la censura, la restricción de derechos ni la creciente identificación entre partido y Estado.
Daniel Ortega ganó las elecciones de 1984 y asumió la presidencia al año siguiente. Sin embargo, en 1990 fue derrotado por Violeta Chamorro y reconoció el resultado. Volvió a perder en 1996 y 2001. Estas tres derrotas alimentaron la esperanza de que Nicaragua pudiera consolidar una democracia estable y que el sandinismo pudiera transformarse en una fuerza política sujeta a las reglas de alternancia.
A lo largo de la década de 1990 y principios de la de 2000, nuevas disensiones pusieron de manifiesto el agotamiento del proyecto original. Intelectuales y antiguos comandantes históricos de la revolución, entre ellos Sergio Ramírez y Dora María Téllez, comenzaron a denunciar la transformación del Frente Sandinista en un instrumento del poder personal de Daniel Ortega.
Fue durante este período, sin embargo, que Ortega comenzó a preparar su regreso por medios menos republicanos. A finales de la década de 1990, forjó un pacto con el expresidente Arnoldo Alemán, líder del Partido Liberal Constitucionalista. El acuerdo dividió la influencia sobre instituciones como el Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral y redujo el porcentaje de votos necesario para que un candidato fuera elegido presidente en primera vuelta. La alianza entre antiguos adversarios no fortaleció la democracia; allanó el camino para la toma conjunta del Estado.
Ortega regresó al poder en 2007 con poco más de un tercio de los votos. En los primeros años, aún existía oposición, una prensa independiente y elecciones con cierto grado de competencia. Sin embargo, la destrucción de la democracia no se produjo mediante un golpe de Estado clásico, sino que progresó a través de la corrosión institucional. Elección tras elección, institución tras institución, se desmantelaron los mecanismos capaces de limitar al Ejecutivo. Con cada nuevo mandato de Ortega, el régimen dio nuevos pasos para transformar su régimen híbrido en una dictadura.
Si quedaban dudas sobre la naturaleza del régimen, abril de 2018 las disipó por completo. Las protestas, inicialmente motivadas por cambios en el sistema de pensiones, se transformaron en una movilización nacional contra el gobierno. La represión dejó más de 300 muertos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados. A partir de entonces, los últimos vestigios de apariencia democrática desaparecieron. Se clausuraron universidades y organizaciones de la sociedad civil, se persiguió a la prensa, se encarceló a los opositores y la Iglesia Católica comenzó a sufrir un asedio sistemático.
Las elecciones de 2021 eliminaron incluso la apariencia de competencia política. Siete posibles candidatos presidenciales fueron arrestados antes de la votación, los partidos de oposición perdieron el derecho a participar en los comicios y los líderes históricos de la revolución se convirtieron en enemigos del Estado. Sergio Ramírez y Dora María Téllez, entre muchos otros, vieron revocada su ciudadanía y fueron forzados al exilio. La reforma constitucional aprobada en 2025 completó la concentración de poder.
Rosario Murillo fue elevado a la categoría de copresidente, se extendió el mandato presidencial y los demás poderes del Estado pasaron a estar formalmente coordinados por la Presidencia. El ciclo revolucionario alcanzó su conclusión más paradójica. Los antiguos compañeros guerrilleros comenzaron a ser tratados por el régimen con métodos similares a los de la dictadura contra la que habían luchado.
El anuncio de Daniel Ortega de que Nicaragua ya no celebrará elecciones competitivas pone fin definitivamente a la Revolución Sandinista. El sandinismo murió víctima de una enfermedad degenerativa llamada orteguismo. Pero esta enfermedad no surgió espontáneamente. Se desarrolló lentamente a partir de tendencias presentes desde los primeros años de la revolución, que se hipertrofiaron y culminaron en una dictadura totalitaria.
Este resultado también genera vergüenza en una parte importante de la izquierda latinoamericana. Durante décadas, ha denunciado con razón las violaciones de derechos humanos cometidas por dictaduras de derecha. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, prevalecieron el silencio, la complacencia o la crítica tímida ante la progresiva destrucción de las libertades democráticas. Esta izquierda, tan rápida en condenar a los regímenes autoritarios de derecha, guarda silencio cuando regímenes de izquierda cometen las mismas violaciones.
Cuarenta y siete años después, se ha transformado en algo distinto. El país de Sandino vive de nuevo sin elecciones libres, sin alternancia en el poder y sin un horizonte democrático. El sandinismo pertenece a la historia. El orteguismo, nacido de las contradicciones y desviaciones acumuladas de la propia revolución, es lo que permanece en el poder.
*Presidente de la Academia Paulista de Educación.