Tropas y empresas estadounidenses se abalanzan sobre Venezuela
El país que en 2008 oyó a Chávez decir “Váyanse al carajo, yanquis de mierda” al expulsar al embajador de Estados Unidos, hoy observa a cientos de soldados estadounidenses paseando por las calles de La Guaira devastada por los terremotos. Los soldados reparten migajas de ayuda humanitaria en pequeñas cajas con stickers de la bandera de Estados Unidos, mientras graban todo para anuncios publicitarios.
EE.UU. promete ayudar a Venezuela con 386 millones de dólares, pero este país y sus aliados mantienen más de $22.000 millones de recursos venezolanos bloqueados. Las acciones de Washington demuestran, una vez más, que su prioridad es el petróleo y no el bienestar de la gente. A la par, sus empresarios inmobiliarios ven en la devastación otra oportunidad de negocios.
Sectores enteros yacen en ruinas en La Guaira, donde vive Erminia Hernández, de 82 años. Nació en La Guaira, la puerta de entrada a Venezuela, el principal balneario de los caraqueños y una zona donde la tragedia se ha manifestado más de una vez. Desde esta costa, ella vivió el terremoto de 1967, el deslave de Vargas (1999), la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no recuerda nada tan duro como el doblete sísmico del 24 de junio. El movimiento telúrico del 67 la hizo detener la preparación de un majarete, postre típico del Caribe.
Pero los sismos del mes pasado la tumbaron — a ella y a su hermana— de largo a largo, boca abajo, en el corredor de su casa, donde optó por arrodillarse a rezar mientras todo se tambaleaba.
No recuerda quién las ayudó a pararse, pero está segura de que jamás olvidará el segundo en que creyó que su muerte era inminente. “El terremoto del 67 no fue ni la sombra de este. En el deslave solo supe de un vecino muerto. Pero ahora, todos los días me entero de un conocido que falleció o está desaparecido. Solo en mi núcleo familiar perdimos a seis personas, más dos que están hospitalizadas”, relató Erminia en conversación con Truthdig.
Dicen que la memoria es subjetiva, pero la impresión de Erminia no es del todo errónea. En 1967 murieron menos de 300 personas, en el deslave algunas fuentes hablan de 700 y miles de desaparecidos, el coronavirus se llevó a 5.856 en todo el país y a lo largo de varios años, pero estos terremotos nos arrebató a más de 5.270 personas, dejó 16.700 heridos y 18.000 damnificados. Las cifras aumentan diariamente. Además, el gobierno sitúa en 7.000 los rescatados, pero no menciona a los desaparecidos. Serán meses de revisar cifras y tratar de darles sentido.
Jofram Gallipoli, su esposa Oriana, y su hijo Luciano de 4 años forman parte de la lista de rescatados. Sobre ellos, cayeron siete pisos en Tanaguarenas, La Guaira. El rescate fue posible porque su padre, José Alberto Gallipoli, tiene una ferretería en Caracas, donde buscó mandarrias, cinceles, picos, un taladro a baterías, seguetas y guantes para que entre familiares, amigos, vecinos, y funcionarios policiales, sin equipos especializados, abriesen un túnel entre los escombros.
Según cifras oficiales, casi 200 edificios colapsaron en su totalidad y al menos 900 se encuentran gravemente afectados. Hoy en día, ingenieros estructurales realizan inspecciones en las miles de viviendas en los siete estados del país donde se sintieron los terremotos. Para el padre de Jofram, “las estructuras físicas se cayeron, pero los verdaderos arquitectos de la vida estamos listos para volver a construir, desde cero, sobre una base más sólida”.
Su mensaje suena esperanzador. Pero ¿cuánto costará realmente esta reconstrucción? ¿Cómo la llevaremos a cabo? ¿Qué se esconde tras algunas “ayudas humanitarias”?
La reconstrucción en cifras![]()
Las evaluaciones preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estiman los daños físicos directos en 6.700 millones de dólares, una cifra que podría reducirse a US$4.700 millones o aumentar a US$8.700 millones dependiendo de las pérdidas en vivienda y activos económicos. En cualquier caso, la cifra no incluye la totalidad de los daños a la infraestructura ni el costo de la reconstrucción a largo plazo.
Por su parte, la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) considera que la reconstrucción costará 37.000 millones de dólares: $24.000 millones destinados a la pérdida de edificaciones (casas, escuelas, comercios y hospitales) y $13.000 millones dirigidos a daños en infraestructura crítica (carreteras, redes eléctricas, etc.). Eso representa cerca de una tercera parte del PIB venezolano actual.
Sin embargo, por ahora, el país que más “ayuda” económica le ha prometido a Venezuela es Estados Unidos y sus tan publicitados “386 millones de dólares”.
Pero, si la administración de Donald Trump y sus gobiernos aliados liberaran los fondos venezolanos que mantienen bloqueados, el país no necesitaría sus supuestas dádivas: 31 toneladas de oro —valoradas en aproximadamente 4.200 millones de dólares— permanecen inmovilizadas en Londres. El sistema internacional financiero (bancos privados y organismos multilaterales) tiene bloqueados más de $22.000 millones a Venezuela. A la par, los ingresos petroleros venezolanos ahora son depositados en una cuenta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La hipocresía estadounidense
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. emitió un día después del doble terremoto la Licencia General 60, que autoriza transacciones relacionadas con la asistencia humanitaria en Venezuela, pero no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones ni “ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva”.
Para el politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y magíster en Historia, William Serafino, Estados Unidos actúa de esta manera porque la arquitectura de sanciones punitivas contra Venezuela constituye el sustento “jurídico” del control de la industria petrolera venezolana.
“Con la emisión de licencias, Washington se permite modificar algunos vectores de su política de coerción económica y financiera, siempre en beneficio de las empresas norteamericanas, pero sin alterar el marco general de las sanciones, que es lo que garantiza la apropiación estadounidense de los recursos venezolanos con claras desventajas para Venezuela”, explica a Truthdig.
Estas licencias son documentos oficiales emitidos por la OFAC que permiten a personas y empresas estadounidenses, o con vínculos en EE.UU., realizar transacciones muy específicas y limitadas con el Estado venezolano o la petrolera estatal PDVSA. A su juicio, estas exenciones y los fondos entregados en el contexto de la catástrofe buscan “blanquear esta política ilegal” con el objetivo de socavar el amplio consenso nacional a favor del levantamiento de todas las medidas que obstaculizan el desarrollo normal de la economía venezolana.
Un consenso que hoy sobrepasa las fronteras. De hecho, 113 economistas de prestigio como Isabella Weber, Jeffrey Sachs y James K. Galbraith suscribieron una carta pidiendo el cese de las sanciones. Asimismo, el jefe humanitario de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, advirtió que las medidas coercitivas afectan la llegada de ayuda y los planes de recuperación.
“La declaración de Fletcher muestra que las exenciones temporales son insuficientes”, explica Serafino. “Las instituciones financieras, aun cuando teóricamente tienen el “permiso” del Departamento del Tesoro para operar, se cuidan mucho de agilizar transacciones relacionadas con insumos, donaciones y traspaso de fondos de ayuda entre instituciones multilaterales y organizaciones humanitarias, debido al temor a penalizaciones y multas.”
El analista detalla que una transacción que en condiciones normales “tardaría pocos días” se ve sometida a un torbellino burocrático por culpa de las sanciones, ya que “los bancos deben consultar a sus departamentos jurídicos de forma permanente y alejarse de líneas rojas.”
Washington se permite modificar algunos vectores de su política de coerción económica y financiera.
A la par, Estados Unidos también aprovechó esta tragedia para intensificar su intervención militar en Venezuela mediante una operación de “apoyo humanitario” coordinada por el Departamento de Defensa, a través del Comando Sur, y el Departamento de Estado, que incluyó la movilización de los buques de guerra USS Fort Lauderdale y USS Billings hacia las costas de La Guaira. Además, helicópteros han sobrevolado a baja altura las zonas devastadas y se desplegaron drones de vigilancia como los MQ-9 Reaper.
“Es muy grave que, aprovechándose de una tragedia y con el pretexto de la ayuda humanitaria, Estados Unidos haya ocupado no solo el principal aeropuerto y puerto del país sino que también haya desplegado a 900 marines en La Guaira y a 2000 en el total de la operación. Además, hemos visto el mapeo que han hecho de toda la costa venezolana 
con drones y helicópteros. Es una escalada más en la ocupación militar”, afirma a Truthdig el exvicepresidente y exministro de varias carteras de Venezuela durante el gobierno de Chávez, Elías Jaua, quien agrega que este despliegue también impone un estricto monitoreo militar y un control de facto sobre el cielo y las costas de Venezuela desde las bases estadounidenses en Puerto Rico, Panamá, Trinidad y Tobago.
El político, que se desempeña como profesor universitario, afirma que esto viola abiertamente el artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual estipula que no se podrán establecer bases militares extranjeras o instalaciones con propósitos militares por parte de ninguna potencia o coalición de potencias en el espacio marítimo, aéreo, y terrestre venezolano.
Ante la incógnita de “¿qué pasará con la presencia militar estadounidense en territorio venezolano una vez que cese la emergencia?” Jaua solo atina a decir que “se debe levantar un movimiento cívico, político, popular, que defienda el derecho de Venezuela a seguir siendo una República. De lo contrario, terminará como una colonia norteamericana anexada a Estados Unidos o como un protectorado administrado desde el norte”.
Hemos visto el mapeo que han hecho de toda la costa venezolana con drones y helicópteros.
En cambio, Serafino se pregunta por qué a Washington le interesaría inundar a Venezuela de marines y otros cuerpos militares cuando, sin la necesidad de contar con una presencia amplia y sostenida desde el 3 de enero, ya han logrado controlar los recursos del país.
“Pareciera un esfuerzo innecesario y políticamente conflictivo cuando las elecciones de mitad de mandato de EE.UU. están a la vuelta de la esquina, con altas probabilidades de que Trump las pierda. Creo que la presencia militar se limitará a solidificar la influencia estadounidense sobre el petróleo y otros recursos estratégicos, al mapeo aéreo de flujos migratorios y coreografías permanentes por aire y mar para manifestarle a Rusia y China que tanto Venezuela como la cuenca del Caribe están bajo los designios de Trump”, agrega el politólogo.
En estas elecciones, que se realizarán el 3 de noviembre, los estadounidenses elegirán 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 o 34 de los 100 del Senado. Si los republicanos pierden la mayoría en ambos espacios, Trump se debilitaría políticamente y algunas de sus resoluciones podrían ser vetadas o entorpecidas.
Intereses económicos
Pero este no es el único interés de Estados Unidos en Venezuela. La compañía Global Empowerment Mission (GEM), dirigida por el constructor de residencias de lujo en Miami, Michael Capponi, otros empresarios inmobiliarios y una red de intereses corporativos vinculados a Trump, ya ven en la devastación una oportunidad de negocios.
Si bien el Departamento de Estado ha informado que trabaja con corporaciones estadounidenses como Walmart, Amazon y otras para fortalecer la respuesta “humanitaria” en Venezuela, Serafino considera que la presencia de la GEM es más importante y potencialmente más profunda en el horizonte de la reconstrucción. De hecho, no descarta que contratistas asociadas al Pentágono se involucren en proyectos de reacondicionamiento del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, del Puerto de La Guaira y de la gestión de refugios.
Escenarios del pasado reciente, como Irak después de la invasión de Estados Unidos en 2003, o Haití después del terremoto de 2010, generaron grandes negocios para los contratistas del “Beltway” (empresas de defensa, tecnología y consultoría con sede en Washington D.C.). En Irak obtuvieron lucrativos contratos de reconstrucción; en Haití, el patrón se repite mediante la privatización de la seguridad, la gestión logística y los programas de asistencia internacional.
Esto se concatena con las denuncias realizadas por activistas sociales de La Guaira, como José Félix Valera, quien asegura a Truthdig que algunas contratistas, principalmente estadounidenses, ya están demoliendo y despejando terrenos donde las personas aún luchan por rescatar los cadáveres de sus familiares. “Se han registrado fuertes enfrentamientos porque la gente quiere recuperar los cuerpos. No permitieron que demolieran un edificio y, tres días después, lograron extraer a un joven vivo. Sin embargo, las maquinarias aprovechan las madrugadas para demoler”.
Cualquiera pensaría que esto forma parte de la necesidad de reconstruirnos rápidamente. Pero este dirigente popular, que además lidera la radio comunitaria Voces 101.5 FM de La Guaira, cree que existen otros intereses. “Estos son los terrenos planos frente al mar Caribe más grandes que hay en la región, con todo lo que implica desde el punto de vista geopolítico, pero también turístico. Por ejemplo, este es de los mejores lugares que existen para torneos internacionales como el Grand Slam o la pesca de altura. Pero además, a Estados Unidos le interesa el negocio inmobiliario”.
Valera, desde su lógica popular, también se pregunta: ¿por qué hay tantos militares estadounidenses en La Guaira? “Llegaron 2000, de los cuales solo 300 son rescatistas, pero los otros 1700 son soldados y hoy están custodiando estas operaciones de demolición.”
Además, vale acotar que Estados Unidos no llegó solo, sino que funcionarios israelíes del Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también coordinan la supuesta recuperación de 14 sectores de La Guaira. De hecho, ya le entregaron al gobierno de Delcy Rodríguez un plan de seis fases para la rehabilitación del estado. Todo esto ocurre a pesar de que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel hace 17 años y durante estas casi dos décadas funcionarios venezolanos emitieron duras críticas y acusaciones contra Tel Aviv por su accionar genocida en la región.
Pero, hoy, el mismo ejército que desde 2023 asesinó a más de 73.000 palestinos, simula venir a rescatar los cuerpos de nuestros muertos y construir en Venezuela las viviendas que destruye en Gaza. Muchos venezolanos desconfían y se preocupan por lo que podría traer tal “ayuda humanitaria” en los próximos meses. «El futuro de La Guaira, el debate técnico sobre el uso de estos terrenos, se debe dar con los guaireños porque esta es nuestra tierra y nuestra actividad económica”, dice Valera.
*Escritora, periodista y profesora universitaria venezolana . Publicado en Truthdig.com