Suiza dijo “NO” a los estigmas de la prioridad nacional 

Eduardo Camín

A través de su historia una de las principales características por la cual se destaca a Suiza es la regularidad con la que sus ciudadanos son llamados a expresar su opinión sobre leyes o modificaciones constitucionales a través de referéndum. 

Sin dudas, es el país con el mayor número de referéndums realizados en el ámbito nacional. Por lo cual el modelo democrático suizo es un modelo con rasgos específicos respecto a los modelos clásicos de democracia representativa. Y esto hace de Suiza un caso especialmente interesante para analizar la teoría y la práctica del referéndum.

El pasado domingo 14 de junio se llevó a cabo una nueva iniciativa, – por tercera vez en un referéndum – con una vieja argumentaría cuyo objetivo es limitar la inmigración, bajo los estigmas de la prioridad nacional. 

La propuesta ha salido, una vez más, del partido de extrema derecha Unión Democrática de Centro (UDC), que la ha denominado ‘No a una Suiza de 10 millones’ y en favor de la cual argumenta reiterativamente que la inmigración ha aumentado de forma descontrolada en los últimos veinte años y que la población suiza total podría superar pronto la barrera de los diez millones. El mismo partido que ya había presentado en 2014 una iniciativa llamada ‘Contra la inmigración masiva’, que en aquella ocasión fue aceptada por un margen muy estrecho del electorado (50,3 %). 

De haber triunfado la iniciativa «No a una Suiza de 10 millones», la Confederación Helvética se habría convertido en el primer país del mundo en fijar constitucionalmente un objetivo demográfico explícito vinculado a la inmigración. La iniciativa se basaba en obligar al Gobierno a intervenir cuando la población alcanzara los 9,5 millones de habitantes. Las medidas debían centrarse en la inmigración, el asilo y la reunificación familiar.

Como último recurso, el texto contemplaba incluso revisar o denunciar el acuerdo de libre circulación de personas que regula las relaciones entre Suiza y la Unión Europea. Actualmente Suiza cuenta con 9,1 millones de habitantes, frente a los 7,3 millones que tenía en 2002. Más de una cuarta parte de la población residente es extranjera. La inmigración constituye el principal motor de ese crecimiento en un país donde la natalidad se encuentra en mínimos históricos.

¿Cuáles son las consecuencias para la economía?

«Suiza crece, crece y crece», pero no obstante los beneficios de este crecimiento no llegan a la población. Además, la inmigración no cubre la escasez de personal cualificado. La federación empresarial Economiesuisse advierte por activa y por pasiva de la incertidumbre, la burocracia y el agravamiento de la falta de mano de obra. 

Sin lugar a duda uno de los sectores más afectados sería el sanitario, donde la mano de obra es predominantemente extranjera. Además, el sistema de seguridad social depende – en lo referido a su sistema de reparto – de que la población activa siga pagando sus cotizaciones, lo que nuevamente pone a los migrantes en el centro en el contexto de una población que envejece rápidamente. 

La economía suiza siempre ha dependido de la mano de obra extranjera. Sin embargo, los partidos y organizaciones que se oponían a la iniciativa sostenían que gran parte de la necesidad de personal cualificado en Suiza se genera por la propia inmigración ya que muchos sectores dependen de la mano de obra inmigrante, como el de los cuidados, la construcción, la hostelería, la agricultura y el turismo. 

Los helvéticos dijeron NO  

La participación superó el 58 %, muy por encima de la media habitual de las votaciones federales suizas, que suele rondar el 48 %.  Un 54,8% de los votantes ha desestimado la idea de poner un candado al número de habitantes para frenar las entradas de migrantes, frente a un 45,2% que la ha apoyado, según los datos del escrutinio, ya finalizado. Los proponentes han admitido su derrota. Y como ya señalamos en caso de haber prosperado la medida, Suiza se habría convertido en el primer país del mundo en establecer por la vía constitucional una cifra máxima de población.

Recordaremos por otra parte que, gracias a los acuerdos bilaterales con Bruselas, Suiza tiene acceso al mercado único, aunque no forma parte de la Unión Europea, ya que rechazo esta posibilidad, tras un referéndum, celebrado el 6 de diciembre de 1992, y que arrojó un resultado contrario a la participación en el EEE, que llevo a el Consejo Federal de Suiza a detener la candidatura del país a la Unión y el EEE. 

Sin embargo, con una economía que demanda trabajadores, especialmente los cualificados, han entrado en el país más de un millón de personas de la UE desde 2002. La población extranjera supone el 27,6% del total; y, de ellos, el 67% son comunitarios.

La elevada movilización refleja hasta qué punto la inmigración y el crecimiento demográfico siguen ocupando un lugar central en el debate político del país. La jornada coincidió además con otra consulta federal en la que los votantes respaldaron una reforma destinada a dificultar el acceso al servicio civil, la alternativa al servicio militar obligatorio. 

Esta elección tiene otra lectura para aquellos que argumentaban que el crecimiento de la población agrava la escasez de vivienda, encarece los alquileres, satura las infraestructuras de transporte y aumenta la presión sobre los servicios públicos, un discurso a la cual se suma toda la apología del nacional- socialismo.  Suiza, por el contrario, sabía que restringir la inmigración pondría en riesgo el crecimiento económico, agravaría la escasez de mano de obra y podría complicar las relaciones con la Unión Europea, un argumento que sin duda influyo en los votantes. 

*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (ACANU) en Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)