Flavio Bolsonaro, otra caída de la extrema derecha
Álvaro Verzi Rangel
Flávio Bolsonaro, con la ayuda del libertario presidente argentino Javier Milei y, probablemente, de la central estadounidense de inteligencia CIA, cruzó la frontera hacia Argentina, aterrizó en Miami y, desde allí, envió una carta a Brasil, donde se presenta como el «verdadero presidente electo», habla de fraude, describe al país como una dictadura y acusa al sistema judicial de persecución. No hay ni una sola frase en esta declaración que tenga fundamento. Ni los estadounidenses compraron aún esa ficción.
El asesor de comunicaciones de la Casa Blanca, Jason Miller, confirmó que fue él quien proporcionó el jet privado utilizado por el senador Flávio Bolsonaropara escapar a Estados Unidos tras su derrota en las elecciones presidenciales brasileñas. Esta confirmación refuerza las revelaciones sobre la participación de miembros del gobierno de Donald Trump en la operación que permitió al senador salir de Brasil, a pesar de las restricciones impuestas por las autoridades brasileñas.

Quizá el principal triunfo de las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre en Brasil fue el de la civilización contemporánea frente a la extrema derecha, que busca imponerle una regresión en todo el mundo, con el control imperial de Estados Unidos sobre América Latina. La reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), quien obtuvo el 51,79% de los votos válidos en la segunda vuelta, sorprendió por su giro sin precedentes: es la primera victoria en Brasil de un candidato derrotado en la primera vuelta.
Mientras, la dirección nacional del Partido de los Trabajadores decidió mantenerse alerta ante una posible injerencia de Estados Unidos en la política brasileña, dada la postura del presidente estadounidense Donald Trump respecto a la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la presencia del senador Flávio Bolsonaro en territorio estadounidense. Esta directriz se encuentra plasmada en una resolución política aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional del PT este jueves, que defiende la continuidad de la movilización popular tras la victoria.
«Brasil no aceptará que intereses extranjeros interfieran en su democracia, ni tampoco aceptará que las disputas políticas sirvan de pretexto para faltar al respeto a la voluntad soberana del pueblo brasileño en unas elecciones que son ampliamente supervisadas y reconocidas por su integridad.», señalò el PT. La preocupación se intensificó tras la publicación, también el jueves, de un informe en el diaro estadounidense The New York Times, según el cual Flávio Bolsonaro recibió ayuda directa de la administración Trump y del gobierno estadounidense para abandonar Brasil tras su derrota electoral.
Segùn el diario O Globo, representantes de países de la región calificaron de «delirante» el intento del senador de establecer paralelismos entre su situación y la experiencia de la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó, con un gobierno paralelo apoyado por EEUU y la Organizaciòn de Estados Americanos (OEA), en el intebnto de quitar legitimidad el gobierno de Nicolás Maduro.
Preocupación en EEUU
Flavio habla de dictadura. Una extraña dictadura donde el partido de los «perseguidos» obtiene la mayor cantidad de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado, y donde un hermano es elegido senador, el otro, completamente incompetente, se convierte en diputado federal, y la madrastra gana un escaño en el Senado.

Flavio habla de justicia parcial. El Tribunal Superior Electoral (TSE), que organizó las elecciones, está presidido por Kassio Nunes Marques y tiene como vicepresidente al fervientemente evangélico André Mendonça, ambos nombrados para el Tribunal Supremo por el entoinces presidente y hoy presidiario Jair Bolsonaro, padre del candidato derrotado. Si hubo una conspiración, fue organizada por los ministros elegidos por el padre.
Por ende, el verdadero motivo del viaje-huída es que Flávio está siendo investigado en dos indagaciones ante el Tribunal Supremo Federal (TSF): una por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en la solicitud de 131 millones de reales a Daniel Vorcaro de Banco Master por la película «Dark Horse» (sob re la presidencia de su padre); la otra por lavado de dinero a través de apuestas, junto con el abogado Willer Tomaz, quien es objetivo de la operación que investiga fraude enInstituto Nacional de la Seguridad Social de Brasil. En febrero, sin mandato, perderá su jurisdicción privilegiada. Y ahí es cuando las cosas se complicarían.
Obviamente, el destino elegido no podría ser más sugerente. El dinero del banquero Vorcaro terminó en Estados Unidos: 12,3 millones de dólares transferidos a Havengate, un fondo inmobiliario que llevaba casi cuatro años inactivo y que es administrado por el abogado de su hermano Eduardo Bolsonaro, ya afincado en Estados Unidos. La Policía Federal quiere saber si este dinero llegó realmente a la producción de la película, que corría el riesgo de paralizarse por falta de pago a profesionales y proveedores.
Oliveiros Marques, sociólogo, profesional de la publicidad y comunicador político, señala que la huída deja al descubierto lo que siempre ha sido la candidatura: la búsqueda de un salvoconducto. Una Presidencia como escudo, igual que en el gobierno de su padre, acusado de interferir con la Policía Federal cuando su hijo era investigado por el esquema de malversación de fondos que se apropió generosamente de parte de los salarios de su personal en la Asamblea Estatal de Río de Janeiro.
Ante los pocos periodistas que lo entrevistaron, Flávio afirmó que liderará la oposición desde Miami. ¿Será su propio líder?, mientras se esforzará por adorara Donald Trump por al menos dos años, que es el tiempo que su protector debiera seguir en la Casa Blanca. Después de eso, quizá le toque hacerle compañía a su padre Jair, en la cárcel de Papuda.
La huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos y la carta golpista publicada este miércoles (28), en la que se autodenomina «presidente electo», es una combinación que no ha sido bien recibida ni siquiera por sus aliados . Partidos como União Brasil y PSD emitieron comunicados ratificando los resultados electorales y rechazando cualquier insinuación de fraude en las urnas. El presidente del PL, Valdemar Costa Neto , también desaprobó la carta de Flávio, reconoció la victoria de Lula y declaró: «Queremos que el país avance».

El politólogo Paulo Roberto de Souza señala un presagio de la disputa por los beneficios del bolsonarismo, como la declaración del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de que «es necesario respetar los resultados de las encuestas», ya inclinándose hacia el centro y presentándose como una posible opción para la derecha en 2030.
El general retirado Carlos Alberto dos Santos Cruz, uno de los oficiales más condecorados del Ejército brasileño, que comandó fuerzas de mantenimiento de la paz en la República Democrática del Congo y Haití, desestimó el extremismo de la familia Bolsonaro como un fraude y su sumisión a Estados Unidos como un falso patriotismo. Sus declaraciones cobraron notoriedad porque Santos Cruz apoyó la elección de Jair Bolsonaro en 2018 y se desempeñó como su jefe de gabinete, con rango ministerial, durante algunos meses.
Basilio Carneiro señala que la sospecha de una fuga coordinada, que involucre un avión privado y posible apoyo internacional, plantea una pregunta incómoda: ¿Estamos presenciando una estrategia para eludir las consecuencias de una decisión judicial?.El contraste es sorprendente. En Brasil, las operaciones cinematográficas de organizaciones criminales para rescatar a cómplices de las cárceles movilizan a las fuerzas policiales, provocan persecuciones y desafían al Estado.
Ahora bien, la noticia de la posible salida del país de un senador, en medio de una orden judicial, inevitablemente genera comparaciones. La diferencia radica en que, en este caso, hablamos de un político que debería tener todo el interés en aclarar su situación ante la justicia. La cuestión central no reside en el destino elegido, ni en el derecho de ningún ciudadano a viajar dentro de los límites de la ley. El problema radica en la posibilidad de incumplimiento de una orden judicial y en la posible existencia de una estructura creada para eludirla. Si se confirman los hechos, las autoridades deberán esclarecer quiénes participaron, cómo se produjo la salida y si hubo injerencia externa, añade.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista seniordel Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
