Los términos secretos del acuerdo petrolero de Trump en Venezuela
Cate Brown, Aaron C. Davis y Sebastian Rotella –
Claves de la investigación
Blindaje corporativo: el acuerdo petrolero está diseñado para impedir que futuros presidentes estadounidenses y dirigentes venezolanos modifiquen o desmantelen la empresa.
Inversionistas ocultos: algunos de los socios del gobierno de Trump podrían permanecer en el anonimato, ocultos detrás de una empresa matriz con sede en Barbados.
A largo plazo: podrían pasar muchos años antes de que la empresa produzca suficiente petróleo para representar una proporción estadísticamente significativa para Estados Unidos.
Estas claves fueron redactadas por los periodistas y editores que trabajaron en este reportaje.![]()
A finales de agosto, el presidente Donald Trump anunció lo que llamó el «mayor acuerdo petrolero de la historia mundial». Desde entonces, el texto completo del pacto —que otorga a Estados Unidos un amplio acceso a las reservas petroleras de Venezuela— ha sido uno de los secretos más codiciados de Washington D. C.
ProPublica revisó una copia del acuerdo de asociación estratégica de 18 páginas firmado en representación de Estados Unidos por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El documento revela condiciones cuidadosamente elaboradas que favorecen los intereses estadounidenses en cada aspecto y afianza el poder de un pequeño grupo de personas elegidas a dedo por el gobierno de Trump para dirigir el negocio y beneficiarse de él. El papel del gobierno venezolano y los posibles beneficios para su población están, en gran medida, ausentes del texto.
Uno de los aspectos más criticados del anuncio de Trump ha sido su elección de socio: Alejandro Betancourt, un oligarca venezolano de vida internacional que ha enfrentado investigaciones por lavado de dinero en tres países.
El gobierno de Trump está adquiriendo una participación del 35% en la firma de Betancourt, North American Blue Energy Partners, mediante la compra de acciones de una empresa matriz registrada en Barbados. El documento del acuerdo ofrece poca información sobre los propietarios e inversionistas que están detrás de la matriz y que podrían obtener enormes fortunas gracias a este arreglo.
El acuerdo también protege la posición de Betancourt como director ejecutivo de NABEP y establece que el gobierno estadounidense trabajará con la empresa matriz para designar una poderosa junta directiva de siete miembros que dirigirá el negocio durante un período inicial de 15 años. Esos aspectos del acuerdo, según personas que conocen cómo se gestó, fueron diseñados para impedir que futuros dirigentes de Estados Unidos y Venezuela desmantelen la empresa.
Orlando Alvarado, cuyo nombre el gobierno de Trump no había revelado como parte del pacto, firmó el acuerdo en representación de la empresa matriz, junto con Betancourt, Hegseth y Rubio. Alvarado ha ocupado altos cargos en varias empresas de Betancourt, entre ellos el de director financiero de una firma energética que se vio envuelta en escándalos hace una década. Según el Miami Herald, fiscales federales identificaron a Alvarado como un coconspirador no acusado formalmente en una trama para malversar fondos de la petrolera estatal venezolana.
El portavoz de NABEP, Terry Wade, afirmó que «ni el señor Betancourt ni el señor Alvarado han sido acusados jamás de delito alguno en ningún país, y cualquier señalamiento en su contra carece de fundamento».
Aspectos clave del plan difieren de los pronunciamientos públicos del gobierno de Trump. Trump ha dicho que el acuerdo garantizará el dominio energético de Estados Unidos durante el próximo siglo. Pero el texto indica que los derechos de compra estadounidenses vencen en la mitad de ese plazo y que los derechos de explotación subyacentes parecen contravenir las leyes venezolanas que limitan las concesiones petroleras a 25 años.
El acuerdo sí garantiza a Estados Unidos un importante descuento respecto del valor justo de mercado sobre el 20% del petróleo de 
NABEP, como ha dicho Trump. Sin embargo, no garantiza de manera explícita que la empresa de Betancourt esté obligada a pagar a Venezuela los aproximadamente 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos que, según la Casa Blanca, beneficiarían al país.
También hay importantes salvedades relacionadas con el principal argumento con el que Trump ha promovido el acuerdo entre los estadounidenses: que generará un aluvión de importaciones de petróleo a bajo costo.
El acuerdo otorga a Estados Unidos el derecho a comprar el 20% del petróleo de NABEP a una tarifa rebajada de 30 dólares por barril, menos de un tercio del precio al que se ha vendido el petróleo en los últimos meses, según uno de los tres documentos complementarios revisados por ProPublica.
Pero esa tarifa no contempla el costo de sacar el petróleo venezolano del país. Gran parte del crudo de Venezuela es tan espeso que no puede circular por los oleoductos a menos que primero se mezcle con productos diluyentes en una proporción del 20% o más. Según el acuerdo, el costo potencialmente considerable de importar millones de barriles de esos materiales para la mezcla no está incluido en el precio.
La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y la empresa energética NABEP defendieron el acuerdo. En sus declaraciones, sostuvieron que la nueva empresa público-privada aportará beneficios económicos importantes y duraderos a ambos países que no pueden plasmarse por completo en un documento jurídico. «Este acuerdo histórico representa un gran paso hacia la estabilización de la economía venezolana después de años de hiperinflación y de una inversión nueva casi inexistente, al tiempo que más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos», afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.
Wade subrayó que NABEP fue elegida por su trayectoria de expansión de la producción petrolera en Venezuela durante los últimos años y que el acuerdo se celebró entre la empresa y el gobierno estadounidense, no con Venezuela. «Gracias en gran medida al acuerdo», dijo Wade, «ha aumentado considerablemente la confianza en el futuro de la industria petrolera venezolana y, como consecuencia directa, están llegando al país importantes inversiones nuevas».
Agregó que gran parte del petróleo de NABEP proviene de campos que requieren pocos materiales diluyentes o ninguno, y que los costos de la mezcla no afectarían de manera significativa el costo de producción. «La rentabilidad por barril de nuestras operaciones es sólida».
No obstante, es probable que los detalles recién revelados del acuerdo susciten más preguntas sobre si esta unión poco convencional entre Estados Unidos y un magnate energético extranjero puede generar beneficios duraderos para cualquiera de los dos países, y sobre qué actores privados podrían beneficiarse en el proceso. Según exdiplomáticos estadounidenses y personal del Congreso, el acuerdo petrolero de Trump probablemente será objeto de escrutinio tanto en Estados Unidos como en Venezuela, especialmente si los demócratas ganan una o ambas cámaras en las elecciones de medio mandato.
«La primera pregunta en un nuevo Congreso estadounidense será: ¿por qué Betancourt?», dijo en una entrevista el exembajador James Story, quien fue el principal representante diplomático de Estados Unidos en Caracas entre 2018 y 2023. «¿Por qué obtuvo él este acuerdo? ¿Y estuvo involucrado en actividades delictivas? Parece razonable celebrar una audiencia del Congreso sobre esas preguntas».
En declaraciones públicas, Delcy Rodríguez, quien obtuvo el respaldo del gobierno de Trump para ejercer como presidenta interina de Venezuela, elogió el acuerdo y lo calificó de «histórico». Ha afirmado que Venezuela conservará la soberanía sobre sus recursos naturales y ha defendido la elección de Betancourt.
Personas con conocimiento de las decisiones tomadas entre bastidores por el gobierno de Trump y de las negociaciones con Betancourt hablaron con ProPublica bajo condición de anonimato, bien porque no estaban autorizadas para hacerlo o porque temían represalias.
Una de las razones por las que los términos precisos del acuerdo han permanecido ocultos hasta ahora es que el documento firmado está marcado como un documento gubernamental «sensible». Esa clasificación se utiliza habitualmente para impedir la divulgación pública de diversos registros federales, incluidos los que contienen información sobre personal, detalles de operaciones policiales en curso y asuntos protegidos por el secreto profesional entre abogados y clientes. El documento también contiene una cláusula de confidencialidad que prohíbe a la empresa de Betancourt divulgar la «existencia y los términos» del acuerdo con el gobierno estadounidense.
Una persona familiarizada con las deliberaciones dijo que personas cercanas al gobierno de Trump parecían interesadas en asociarse con la empresa de Betancourt por la privacidad y la flexibilidad que ofrecía. Eso parecía dar a NABEP una ventaja frente a las petroleras que cotizan en bolsa, que estarían sujetas a obligaciones de información a sus accionistas. «Por ejemplo», dijo esa persona, «Chevron no podría entregar el 35% de sus acciones al Pentágono».
El acuerdo
El acuerdo petrolero es delicado, en parte, por la resistencia que probablemente encontrará en Venezuela, donde sus críticos ya lo han descrito como una apropiación estadounidense de los valiosos recursos naturales del país. Un análisis de ProPublica muestra que sus términos favorecen los intereses estadounidenses en casi todos los aspectos e intentan perpetuar indefinidamente la impronta del gobierno de Trump.
El documento establece que la mayoría de los siete integrantes de la junta directiva deben ser ciudadanos estadounidenses en todo momento y que el gobierno de Estados Unidos puede designar a un «observador sin derecho a voto» para incorporarse al grupo. Betancourt, quien ejercerá como director ejecutivo, es el único miembro de la junta identificado por su nombre en el acuerdo. La junta inicial establecerá el procedimiento para elegir a nuevos integrantes.
«A lo largo de la evolución del acuerdo, quedó claro que la estructura de gobierno corporativo buscaba garantizar el máximo control a las personas que estaban negociándolo y protegerlas frente a futuros gobiernos que intentaran revertirlo o ponerlo en cuestión», dijo una persona familiarizada con las negociaciones. No se exige participación alguna del gobierno venezolano en la junta directiva.
El acuerdo también ofrece protecciones duraderas a Betancourt y a inversionistas no identificados. Exige una mayoría calificada de cinco votos para destituir a Betancourt como director ejecutivo, modificar la composición de la junta o realizar transacciones con un accionista que no sea el gobierno estadounidense, un titular indirecto de participaciones, un director, una entidad afiliada o «familiares directos».
La junta determinará la remuneración de Betancourt como director ejecutivo, señala el documento. Tal como está estructurado, el acuerdo no parece exigir que se divulgue públicamente información sobre los pagos o la distribución de acciones a los ejecutivos.
El acuerdo no especifica qué accionistas, entidades afiliadas o familiares han sido autorizados para realizar transacciones con la empresa de Betancourt. Conforme a la legislación societaria de Barbados, prácticamente no hay mecanismos que permitan obligar a revelar públicamente esos intereses.
Sin embargo, el acuerdo sí exige que la empresa mantenga «controles contra el lavado de dinero», se someta a auditorías externas y a inspecciones de sus registros por parte del gobierno estadounidense, y entregue a ese gobierno un presupuesto anual y estados financieros trimestrales no auditados. No está claro si esos informes llegarán a hacerse públicos.
Podría pasar algún tiempo antes de que la empresa produzca suficiente petróleo para satisfacer una proporción significativa de la demanda estadounidense. La compañía de Betancourt produce actualmente unos 200.000 barriles diarios; es decir, en un año produce aproximadamente lo que Estados Unidos consume en tres días.
NABEP aspira a elevar su producción a 500.000 barriles diarios para finales de 2028, según reportes recientes.
Además de asegurarse un descuento sobre el 20% del petróleo de NABEP, Washington tiene «prioridad de compra» sobre toda la producción restante de la empresa durante los próximos 50 años, incluido el derecho irrevocable a comprar la totalidad de su suministro petrolero si Estados Unidos declara una emergencia nacional.
Estados Unidos también recibe un trato de «nación más favorecida» que obliga a la firma de Betancourt a revelar cualquier otro acuerdo comercial que firme y, si sus condiciones son favorables, a conceder a Washington condiciones equivalentes.
Una persona que revisó partes del contrato se mostró sorprendida por los beneficios concretos para Estados Unidos frente a la ausencia de compromisos vinculantes con Venezuela: «Te di el 20% de mi producción a “costo más margen”, está bien. Te di toda mi producción si hay una emergencia nacional, de acuerdo. […] Entonces, ¿qué recibo a cambio?». Un funcionario estadounidense dijo que Rodríguez había otorgado a NABEP concesiones petroleras por 100 años para operar en el país, aunque ese plazo no figura en el acuerdo y parece contradecir la legislación venezolana.
En caso de disputa, Venezuela no puede impugnar el acuerdo ante sus propios tribunales. El pacto establece que cualquier conflicto entre la
empresa y Estados Unidos debe resolverse conforme a la legislación estadounidense, no a la venezolana. Ambas partes incluso estipularon que cualquier causa civil o arbitraje deberá dirimirse ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Texas, al que el Departamento de Justicia de Trump ha recurrido una y otra vez en busca de fallos favorables. Cuando no sea aplicable la legislación federal estadounidense, regirá la legislación del estado de Texas, establece el acuerdo.
A una oficina del Pentágono se le ha encomendado ejecutar, en algún momento, la operación financiera para hacer efectiva la participación del 35% del gobierno estadounidense en la empresa. El documento muestra que Estados Unidos no pagará nada por adelantado, sino que prevé adquirir su participación en la compañía de Betancourt pagando 0,01 dólares por cada acción obtenida mediante el ejercicio de derechos de compra, conocidos como warrants. Esas condiciones vencerán en el 75.º aniversario de la fecha de cierre de la operación.
En una declaración de la Casa Blanca el mes pasado, Trump promocionó esas acciones afirmando que podrían valer «cientos de miles de millones», además de los dividendos. Pero los demócratas del Comité de Servicios Armados del Senado dijeron que, a su juicio, la oficina del Pentágono no tiene autoridad legal para celebrar un acuerdo con una entidad extranjera que opera en un país sometido a sanciones estadounidenses.
La secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, dijo que el Departamento de Defensa realiza «un exhaustivo proceso de debida diligencia» antes de proporcionar apoyo de capital. Wilson declinó comentar las consideraciones jurídicas u otros aspectos técnicos del acuerdo «para proteger la integridad del proceso». Varios otros detalles del funcionamiento de la empresa están siendo negociados entre el gobierno de Trump, Betancourt y la empresa matriz, según muestran los documentos de la asociación. El acuerdo cita repetidamente una serie de «Documentos de Implementación» que definirán de manera definitiva la participación accionaria estadounidense y los derechos de los inversionistas no identificados.
El acuerdo no surtirá plenos efectos hasta que ambas partes hayan cumplido las condiciones de cierre, algo que, según el documento, podría ocurrir en cuestión de meses.
El mes pasado, los demócratas del Senado criticaron duramente lo que se conocía del acuerdo petrolero y exigieron detalles en una carta dirigida a Rubio, Hegseth y al secretario de Energía, Chris Wright.
«No está claro por qué la ciudadanía estadounidense debería apoyar este intento de vincular a Estados Unidos con una petrolera extranjera relativamente desconocida, que carece de la capacidad o la credibilidad necesarias para desarrollar campos petroleros de la magnitud descrita y cuyos directivos han enfrentado investigaciones penales internacionales», señalaron en la carta cuatro senadores que encabezan a la minoría en sus respectivos comités.
Afirmaron que la mayoría de los «campos petroleros están muy lejos de estar listos para producir» y que podrían «transcurrir hasta diez años antes de que haya un efecto significativo en los mercados petroleros mundiales y el pueblo estadounidense perciba algún beneficio tangible».
Un socio dispuesto
Casi inmediatamente después de que fuerzas de operaciones especiales estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro en enero y lo sacaran de Venezuela por vía aérea, Trump dejó pocas dudas de que su objetivo más amplio era restablecer el acceso de Estados Unidos a las reservas petroleras venezolanas, dos décadas después de que la mayoría de las empresas estadounidenses fueran expulsadas del país.
A comienzos de la primavera, un grupo poco conocido de funcionarios del sector energético, abogados y lobistas había empezado a elaborar planes para llevar a la práctica la agenda energética de Trump de «Estados Unidos primero». Una persona familiarizada con las deliberaciones dijo que funcionarios estadounidenses habían considerado respaldar una propuesta para que petroleras estadounidenses que cotizan en bolsa, como Chevron, Exxon y Conoco, se repartieran y rehabilitaran el envejecido sector petrolero venezolano. Otra posible vía pasaba por la empresa de Betancourt, la segunda petrolera privada más grande que opera en Venezuela. Trabajar con la estatal Petróleos de Venezuela, S. A., nunca fue realmente una opción debido a su endeudamiento y su historial de corrupción, dijo esa persona.
La opción de recurrir a grandes petroleras multinacionales se estancó rápidamente. En algunos casos, los ejecutivos se resistían a volver a adentrarse en la complejidad del mercado venezolano; en otros, las empresas tenían dificultades para conseguir algo más que reuniones de compromiso en Washington y Caracas, según reportes de prensa y personas familiarizadas con el acuerdo.
«Se dio prioridad a NABEP», dijo una persona. «Exxon, Conoco y las demás fueron tratadas como empresas de segunda categoría».
La influencia de Betancourt dentro del gobierno de Trump iba en aumento. Había actuado como interlocutor de Washington con el gobierno de Maduro y tenía vínculos con algunos dirigentes de la oposición venezolana, según funcionarios y exfuncionarios estadounidenses. También había proporcionado información que ayudó a las fuerzas estadounidenses a incautar petroleros venezolanos y contribuyó a la estrategia y la planificación previas a la captura de Maduro, informó Reuters.
Además, Betancourt había desarrollado una buena relación con Rodríguez, a quien Trump había respaldado como presidenta interina del país. Y lo había logrado pese a que el influyente hermano de ella, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lo había acusado de corrupción en un discurso televisado en 2020, según exfuncionarios estadounidenses y reportes de prensa.
Varios entrevistados dijeron que los funcionarios estadounidenses también veían razones prácticas para asociarse con Betancourt. Él y quien entonces era su socio comercial en Estados Unidos, Harry Sargeant, partidario de Trump, parecían representar un caso poco frecuente de éxito en una industria golpeada: operaban algunos de los pocos campos petroleros activos del país.
«Lo principal que me pareció prometedor es que los campos están produciendo en Venezuela», dijo un exfuncionario del Departamento de Estado que analizó las actividades de la empresa. «Creo que es particularmente importante adquirir una participación en campos que estén produciendo. […] Si el objetivo de tu política es aumentar rápidamente la producción, esto tiene sentido».
Pero asociarse con Betancourt planteaba grandes desafíos. Para empezar, el multimillonario de 46 años estaba bajo arresto domiciliario en su finca de 300 acres en Oxfordshire, Inglaterra, mientras se oponía a una solicitud de extradición de Suiza vinculada a una investigación internacional por lavado de dinero. Betancourt podía volar en helicóptero privado hasta su residencia londinense de 46 millones de dólares, pero sus pasaportes venezolano e italiano estaban retenidos y las autoridades británicas le habían prohibido conducir por vías públicas, según reportes de prensa sobre las condiciones especiales de su libertad bajo fianza.
Los problemas legales de Betancourt se derivaban de su participación en controvertidos proyectos energéticos venezolanos durante el corrupto gobierno del expresidente Hugo Chávez. Varios de sus socios conocidos o presuntos fueron acusados o condenados en una importante investigación estadounidense por lavado de dinero conocida como Operación Money Flight. Betancourt apareció como sospechoso en el caso estadounidense y sigue siendo investigado por las autoridades españolas por presunto lavado de dinero, según exfuncionarios estadounidenses y europeos y reportes de prensa.
La dirigente de la oposición venezolana en el exilio, María Corina Machado, describió recientemente a Betancourt como alguien involucrado en una «corrupción obscena» que causó un gran sufrimiento al pueblo venezolano, según una entrevista reciente con The New York Times.
Betancourt no ha sido acusado formalmente en ningún país. Su abogado ha defendido la inocencia de su cliente y ha dicho que Betancourt ha sido injustamente difamado porque se lo asocia con un grupo de jóvenes venezolanos adinerados, algunos de los cuales han sido acusados de irregularidades, según reportes de prensa.
Muchos venezolanos ven a Betancourt como una «figura totémica, emblemática de la corrupción», dijo en una entrevista Brian Naranjo, un exdiplomático estadounidense de alto rango en Venezuela. «En realidad no es un hombre del petróleo», dijo Naranjo. «Lo que aporta es ser un nuevo integrante de una larga lista de empresarios venezolanos que negocian con influencias. Su gran palanca son los contactos y la influencia. Lo importante es a quién conoces, no lo que sabes hacer».
En una entrevista reciente con un medio en español, Rubio defendió a Betancourt, elogió el trabajo de su petrolera en Venezuela y destacó su apoyo a sectores de la oposición venezolana en el exilio. Rubio restó importancia al escrutinio judicial al que ha estado sometido Betancourt y afirmó que una revisión realizada con organismos estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley indicó que «no había investigaciones sobre él en nuestro sistema».
Sigue sin estar claro cómo logró exactamente Betancourt librarse de las restricciones de viaje impuestas por las autoridades europeas. Pero The Washington Post informó que altos funcionarios del gobierno de Trump, entre ellos el subsecretario de Estado Christopher Landau, la exfiscal general Pam Bondi y quien entonces era el fiscal general adjunto, Todd Blanche, solicitaron a sus homólogos extranjeros que permitieran a Betancourt viajar libremente y cerraran las investigaciones sobre él y sus negocios.
El siguiente obstáculo del gobierno de Trump para trabajar con Betancourt fue determinar cómo invertir legalmente. La agencia gubernamental de inversión de 200.000 millones de dólares, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, fue creada precisamente para ese fin, pero actualmente la legislación estadounidense le prohíbe operar en Venezuela. En distintos momentos del verano, asesores del director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, intervinieron y presionaron a funcionarios de los departamentos de Defensa y de Estado para que consideraran vías alternativas de financiamiento, según una persona familiarizada con la evolución del acuerdo.
Para julio, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, encabezada por David Lorch, surgió como una posible solución. Lorch, quien había llegado al Pentágono procedente de Cerberus Capital, la firma de capital privado del subsecretario de Defensa Steve Feinberg, acogió rápidamente la idea, según personas familiarizadas con el acuerdo. Lorch y otros funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado viajaron a Caracas en los últimos días de ese mes y alcanzaron un acuerdo de principio. Los detalles se terminarían de negociar en Washington, dijeron esas personas. Un portavoz del Pentágono dijo que Lorch declinó hacer comentarios.
El 5 de agosto, Betancourt entró con paso decidido en una sala de conferencias situada detrás de la fachada art déco de la antigua terminal de autobuses Greyhound, en el centro de Washington, donde funciona una oficina auxiliar del Pentágono. Los funcionarios del Departamento de Defensa allí reunidos recibieron al multimillonario venezolano con todos los honores y formaron una fila para estrecharle la mano, según personas familiarizadas con la reunión. Pero algunos de los presentes quedaron atónitos al descubrir que el gobierno estadounidense se disponía a hacer negocios con Betancourt, dijeron esas fuentes.
Betancourt estaba acompañado por Jacob Hirshman, director ejecutivo y cofundador de Erebor Bank, el primer banco nuevo autorizado después del regreso de Trump a la presidencia, según personas familiarizadas con la reunión. El banco, respaldado por los inversionistas y partidarios de Trump Peter Thiel y Palmer Luckey, ha prometido reconectar a Venezuela con la economía mundial.
Hirshman no respondió a una solicitud de comentarios.
Lorch dijo al grupo, que incluía a decenas de antiguos colegas de Wall Street a quienes había contratado para la oficina, que la alianza con Betancourt era una gran «oportunidad» para cumplir uno de los principales objetivos del gobierno de Trump y asegurar beneficios para Estados Unidos y Venezuela durante las próximas décadas.
La reunión dio inicio a un mes de llamadas y videoconferencias a toda hora. Personas familiarizadas con la evolución del acuerdo dijeron que Lorch pronto se involucró en la estructuración de aspectos clave más allá del financiamiento, entre ellos la manera en que la junta directiva permanecería durante 15 años y elegiría a sus sucesores. Una de esas personas dijo que Lorch dio prioridad expresa a organizar la empresa de tal forma que el sucesor de Trump no pudiera deshacerla.
Los meses de trabajo en el acuerdo salieron a la luz pública el 28 de agosto, con un anuncio de Trump en Truth Social. «¡Los Estados Unidos de América acaban de celebrar un Acuerdo con el País de Venezuela sobre EL MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL!», publicó Trump un viernes por la noche. Dos días después, Hegseth, Rubio, Betancourt y Alvarado firmaron el acuerdo.
*Analistas de Propublica. Traducido al español por Question. Aquí el artículo original en inglés.