Betina S. Stein
Lo que está en juego es ni más ni menos que determinar si en la Argentina las leyes siguen siendo un límite para quienes ejercen el poder.
El 4 de septiembre archivaron la causa penal por el mega préstamo otorgado por el FMI, durante el gobierno de Mauricio Macri.
El 3 de septiembre, Pablo Bertuzzi juró como Camarista e integrante de la Sala I de la Cámara Federal Criminal. En una jornada meteórica apenas 24 horas después de su jura, con la firma del Juez Llorens y del propio Bertuzzi se dictó el fallo que avalaría la decisión de Capuchetti de archivar la causa, invocando como principal fundamento que al Poder Judicial no le compete revisar el acierto o desacierto de las decisiones económicas. Entonces, las irregularidades constatadas no merecían la más mínima producción de prueba para su investigación.
Este argumento es falaz: lo que ocultan los jueces en su afán por desligar a los imputados de toda responsabilidad, es que lo que se investiga en esta causa NO es la decisión político económica de pedir un préstamo al FMI. Las contundentes conclusiones de los informes de los Organismos de control -AGN y SIGEN- dan cuenta de que los funcionarios violaron las leyes vigentes que disponían quiénes podían decidir la toma de dicho préstamo y qué organismos debían tomar intervención en su análisis y decisión. Lo que se investiga entonces es si esa violación pudo haber constituido la comisión de un delito por parte de los funcionarios involucrados.
El hecho de que entre los imputados de esa causa se encuentren Federico Sturzenegger y Luis Caputo, ex funcionarios del gobierno de Macri y hoy ministros de Javier Milei, no es un dato menor. Esto deja al descubierto una señal peligrosa: cuando se trata de funcionarios vinculados al poder, la investigación penal parece encontrar rápidamente un límite.
El fiscal Agüero Iturbe ha presentado recurso de casación ante la Cámara Federal para que la sentencia sea revisada por el Tribunal de Casación. Claro que su admisibilidad formal depende de los mismos jueces que dictaron el fallo. Habrá que esperar para saber cómo actúa la Cámara.
El archivo de la causa significa lisa y llanamente no investigar nunca más las irregularidades de procedimiento y violaciones a la ley que rodearon el otorgamiento de ese préstamo y por tanto liberarlos de toda responsabilidad penal y patrimonial
Lo que está en juego, por tanto, es mucho más que una causa judicial: es ni más ni menos que determinar si en la Argentina las leyes siguen siendo un límite para quienes ejercen el poder o si han pasado a ser de cumplimiento opcional.
* Abogada, ex directora del Banco Central.