Jueza de EEUU ordena al ICE mejorar centro de detención en California
El fallo llegó un día antes de que Washington rechazara la carta que el gobierno de México envió a GEO Group
Una jueza federal estadounidense ordenó el jueves pasado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a GEO Group, la empresa privada que opera el Centro de Procesamiento de Adelanto, California –donde han muerto cuatro mexicanos–, corregir de inmediato las condiciones del lugar.
Lo anterior, al determinar que es probable que la falta de agua potable, alimentación suficiente y atención médica adecuada para los detenidos ahí viole la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe el trato inhumano bajo custodia. Sin embargo, 24 horas después, el Departamento de Estado devolvió al gobierno de México la carta con la que exigía a esa misma empresa corregir esas mismas condiciones; es decir, lo que Washington rechazó por la vía diplomática, la justicia estadunidense ya había ordenado un día antes.
La resolución responde a una demanda de acción colectiva que detenidos de Adelanto presentaron en enero pasado ante una Corte federal de California, con representación de la organización legal Public Counsel. La demanda se originó tras las muertes de Ismael Ayala Uribe y Gabriel García Avilés, ocurridas con semanas de diferencia el otoño pasado, y alegó falta de agua limpia, comida insuficiente, insalubridad y fallas para detectar problemas de salud desde el ingreso de los detenidos.
La jueza de distrito Sunshine S. Sykes determinó que los demandantes “han demostrado que es probable que prevalezcan” en esos reclamos, y emitió una medida cautelar mientras el juicio de fondo continúa, de acuerdo con medios estadunidenses.
La medida cautelar exige agua potable las 24 horas, comidas con suficientes calorías, productos de higiene gratuitos, limpieza diaria y eliminación de moho, cobijas y ropa adecuada al clima, y al menos cuatro horas diarias de patio. También restringe el uso de aislamiento y ordena dos pases de lista diarios para verificar que los detenidos sigan con vida. Asimismo, el gobierno tiene 14 días para presentar un plan de atención médica, y dos monitores independientes vigilarán el cumplimiento.
El Departamento de Seguridad Nacional se negó a comentar la resolución; su abogado había argumentado en la Corte que el gobierno no puede ser responsable de las acciones de GEO Group, su contratista, y que no debería “tener que asumir el manejo diario de un contrato federal” ajeno. La orden judicial llegó después de meses de denuncias por otras vías. Desde el 20 de mayo, unos 40 detenidos en Adelanto y en el vecino Desert View Annex se declararon en huelga de hambre para protestar por la atención médica y la falta de alimentos, según organizaciones de derechos de migrantes.
Eva Huerta, esposa de un detenido, relató a un medio local que, ante síntomas como dolor de pecho, el personal médico “simplemente le dan dos Tylenol, mentas navideñas y dos bolsitas de sal” para hacer gárgaras.
El 1º de junio, los representantes demócratas Jimmy Gomez, Pete Aguilar y Judy Chu visitaron el centro y posteriormente denunciaron represalias contra detenidos con quienes se reunieron: aislamiento, traslados y, en un caso, una deportación que una organización legal calificó de violatoria de una orden judicial.
Chu, que ha pedido el cierre de Adelanto por años, señaló que la orden “es una victoria importante”, pero no puede “borrar los años de sufrimiento evitable” previos a la intervención judicial. La carta que México envió a GEO Group exigía que la empresa “cese de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita”.
Al devolverla, el subsecretario Michael Kozak la calificó de un intento por “dirigir las acciones del personal del gobierno de Estados Unidos que opera en territorio soberano” de ese país. La embajada mexicana respondió que la misiva se emitió en ejercicio de su función de protección consular, reconocida por la Convención de Viena.
A la fecha, son 18 los mexicanos muertos bajo custodia de ICE o en operativos migratorios desde el inicio del segundo gobierno de Trump.