Reseteo: «Pax silica» y la economía argentina
Horacio Rovelli
El «reseteo de la Argentina» fue un concepto mencionado por Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, en diciembre de 2023 durante el Seminario ProPymes, describiendo la situación anterior como «absolutamente insostenible», por lo que era necesaria la desregulación, el ajuste fiscal y reformas laborales para «nivelar la cancha”.
Lo que no contaban era que el capital extranjero encabezado por Eduardo Elsztain, vicepresidente del Consejo Judío Mundial y miembro de la secta Jabad Lubavitch (en la foto principal con Javier Milei)) iba a influir directamente sobre el presidente, que de origen no judío visita la tumba de Ohel (la tumba del Rebe en Nueva York) y se considera el “Presidente más sionista del mundo”.
Captado Milei, fue fácil imponer a todo el equipo de economía (Luis Caputo, José Luis Daza, Santiago Bausili, Vladimir Werning, todos del JP Morgan). Incluso después de las elecciones del 26 de octubre de 2025, extendieron su influencia a la cancillería (Pablo Quirno trabajó 17 años en el JP Morgan), subordinándose a la política exterior de los Estados Unidos.
Sin embargo, los promotores de Milei, principalmente Rocca, Eurnekián y Magnetto, habían costeado los trabajos jurídicos, tributarios y de economía en general, en gran parte realizados por los estudios Lisicki & Litvin; Bruchou & Funes de Rioja; Marval, O’Farrell & Mairal; KPMG; PricewaterhouseCoopers; Deloitte Argentina, que son a su vez los estudios que certifican y auditan los balances de las grandes empresas del país y liquidan sus impuestos. Federico Sturzenegger tenía este manual del liberalismo en la Argentina actual para la candidata Patricia Bullrich. Al ser elegido Milei, se implementa en la administración nacional.
Primero, no bien asumió el gobierno de La Libertad Avanza, fue el DNU 70/23 con el objetivo de desregular la economía, reformar el Estado, precarizar el trabajo (aumento del período de prueba y cambios en las indemnizaciones), lista de venta y concesión de empresas públicas, etc., modificando o derogando alrededor de 300 leyes. Decreto que no fue derogado y que sigue vigente.
Meses más tarde, el Congreso de la Nación aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo en la ley 27.742, conocida como ley de Bases, la privatización y/o concesión de las empresas ENARSA, Nucleoeléctrica Argentina, YCRT, AYSA, FFCC Belgrano carga, SOFSE, corredores viales, etc. La desregulación del sistema eléctrico nacional, reformas impositivas, laborales y previsionales.
Y el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que crea enclaves económicos dentro del país que quedan bajo jurisdicción extranjera, sustrayéndolos de la Justicia nacional, más estabilidad fiscal por 30 años. A partir del quinto año podrán disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país, sin el pago de retenciones o derechos de exportación, y sin obligación de abastecer al mercado interno.
La ley Bases permite la libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables, que es un acto criminal de administración fraudulenta, dado que supone un vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, sin obtener nada a cambio.
Los países que gozan de un alto bienestar son los que han logrado acumular fondos soberanos de inversión, para compensar esas extracciones de recursos no renovables, con una capitalización de ellos destinados a las próximas generaciones.
La ley de Bases es de dudosa constitucionalidad porque implica delegaciones de facultades del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo que está expresamente prohibido por el artículo 29 de la Constitución nacional, que los considera nulos de forma absoluta e irrevocable y que quienes lo formulen, consientan o firmen este tipo de concesiones de poder son considerados infames traidores a la Patria.
Después fue la ley 27.743 (Paquete de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes), que incluyó el blanqueo de capitales (Régimen de Regularización de Activos), una moratoria fiscal y aduanera, la modificación del impuesto a las ganancias y cambios en bienes personales, siempre ventajosos al capital, por lo que ingresaron 24.000 millones de dólares al país que no habían pagado ningún impuesto, lo que a su vez demuestra que Manuel Adorni, que hizo lo mismo, ni siquiera se adhirió al “blanqueo” porque no tenía la plata que después consiguió.
La ley 27.799 de Inocencia Fiscal, vigente desde enero de 2026, invierte la lógica fiscal presumiendo la buena fe del contribuyente, restringe la persecución penal, eleva los montos mínimos punibles y crea un Régimen Simplificado de Ganancias con efecto liberatorio. Por ejemplo,
sustituye el artículo 16 del Régimen Penal Tributario para establecer el pago total (capital e intereses) antes de la denuncia, y el pago con un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles de la imputación. O para los contribuyentes cumplidores que presenten sus declaraciones juradas y paguen en término, el plazo de prescripción de las facultades del fisco para determinar impuestos se reduce de cinco a tres años, estableciendo que la acción penal no proseguirá si las facultades del fisco para determinar la deuda ya prescribieron.
Ley 27.798 de Presupuesto de la Administración Nacional 2026: En los primeros dos años de Milei, el Ejecutivo gobernó con prórroga del presupuesto del año 2023; la Auditoría General de la Nación debería expedirse sobre ambos ejercicios fiscales para saber el grado de cumplimiento y todavía no lo hizo. Pero en la ley 27.798, en su artículo primero, establece que “al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”, por lo que se ajustan todas las partidas que conforman el gasto primario (gasto en salud, educación, obra pública, previsional y social) para generar el excedente financiero para pagar los intereses de la deuda.
Con la ley 27.804 modifican la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Facultan a las provincias para determinar qué manchón de agua cumple la “función hídrica efectiva”. Con ello, determinan qué áreas quedan protegidas y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera. La reforma de la Ley de Glaciares se subordina a una arquitectura política y diplomática destinada a asegurar minerales críticos para la transición energética y la reindustrialización tecnológica, esencialmente de los Estados Unidos. En ello, el cobre es estratégico por la electromovilidad, las energías renovables y también por los centros de datos.
Por la ley 27.818 se aprueban los acuerdos de conciliación y tratados celebrados entre el Estado argentino y los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, que no solamente significa el pago a quienes no entraron en los dos canjes de los Kirchner (años 2005 y 2010), sino que sienta un precedente para otros acreedores que se van a creer con el mismo derecho.
Tiene media sanción el llamado “Super RIGI”, que extiende la lógica de enclave a las infraestructuras digitales estratégicas, con beneficios fiscales que incluyen la estabilidad por 30 años y regulatorios que no solo no garantizan transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores ni soberanía sobre los datos y capacidades que generan, sino que son funcionales a Palantir, a Amazon, a Google, Apple, Microsoft.
El proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», impulsado por el Poder Ejecutivo (Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado), se debate este mes en el Senado tras obtener dictamen de comisión. Conforma severas limitaciones a la regulación de las tierras públicas y comunitarias, como la posibilidad del uso de la tierra por organizaciones sociales para producción primaria, vivienda o, como en el caso de las empresas recuperadas por sus trabajadores, para el trabajo y la producción. Y favorece la extranjerización y privatización de grandes territorios.
Pero eso sí, el gobierno de Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, y las de Emergencias Pediátrica y de Discapacidad, que tienen insistencia del Congreso de la Nación. Y vetó la ley que declaraba la emergencia y catástrofe por las inundaciones en Bahía Blanca; la ley que otorgaba un incremento excepcional del 7,2% para jubilaciones y pensiones; la ley que restituía la moratoria previsional (mecanismo para acceder a la jubilación completando aportes); y la ley que cambiaba el esquema de distribución del Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional (ATN) para que se coparticipe de acuerdo a la ley 23.548 y no al antojo del Poder Ejecutivo.
Hay que sumarle el accionar del gobierno sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, Nucleoeléctrica Argentina, INTA, INTI, etc., con el fin de sacarles funciones para su privatización y/o cierre con venta de sus valiosos activos, y la pérdida de la inversión e investigaciones realizadas en sus décadas de existencia.
El caso Intercargo SAU salió a venderse a un precio base de 45,1 millones de dólares y tiene activos por 93 millones de esa divisa. En su último balance anual registró ganancias superiores a los 20 millones de dólares. Esto consta en la denuncia penal presentada a fines de mayo de 2026 por la Asociación del Personal Aeronáutico contra Milei, Caputo y el titular del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades y defraudación contra la administración pública.
En diciembre de 2025, la Secretaría de Transporte dispuso que las mangas y pasarelas telescópicas fueran operadas exclusivamente por las concesionarias aeroportuarias. Por lo tanto, Intercargo SAU dejó de atender y facturar el uso de las mangas en Ezeiza y Aeroparque. Esta actividad pasó a formar parte de los servicios explotados por Aeropuertos Argentina, controlada por el grupo Eurnekián. Paralelamente, el gobierno de Javier Milei renegocia un acta acuerdo para extender la concesión de Aeropuertos Argentina hasta el año 2056, con una opción de prórroga hasta 2066.
Existe el Tribunal de Tasación de la Nación; sin embargo, en el BICE se creó, en julio de 2025, la Unidad de Valuaciones, para tasar la concesión por 25 años de las centrales hidroeléctricas del Comahue (al precio vil de 706,8 millones de dólares, que no alcanzó para pagar los 801 millones requeridos por los intereses de un trimestre del FMI); la venta de la participación del Estado en Transener por 352,2 millones de dólares; y de AySA e Intercargo SAU.
La privatización de AySA fue frenada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 2 de La Plata, que aceptó la demanda para proteger a 26 municipios bonaerenses. La medida cautelar exige al gobierno nacional garantizar la continuidad del servicio, las obras de saneamiento y los controles de calidad, ordenando evaluar primero el pasivo ambiental y el impacto del traspaso a manos privadas.
La eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad por el Decreto 461/2025 fue frenada el 17 de julio de 2025 en el juzgado de San Martín, que dio lugar a una cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) y suspendió el decreto. Y el 25 de agosto de 2025, el Congreso de la Nación rechazó el decreto, por lo que la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad perdió su vigencia.
Eso no impide que el 30 de junio de 2026, Luis Caputo anuncie que se habían firmado los contratos y las empresas adjudicatarias asumirán la operación y el mantenimiento de 1.871 km de rutas nacionales y autopistas que eran operadas por la empresa estatal Corredores Viales. Se trata de los tramos Pampa (RN 5) y Sur – Atlántico – Acceso Sur (RN 3, RN 205, RN 226, Au. Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery), corredores estratégicos para la producción, la logística y el comercio en Buenos Aires y La Pampa.
El 18 de junio de 2026, el gobierno argentino adjudicó la concesión del río Paraná-Paraguay por 25 años a la empresa belga Jan De Nul y su socia local Servimagnus. Estas firmas se encargarán del dragado, balizamiento y mantenimiento de esta vía troncal, por donde transita el 80% de las exportaciones del país (esencialmente granos y carnes), y se adjudicó sin tener en cuenta los reclamos de la audiencia pública. 
El pliego prevé llevar la profundidad de 34 pies actuales, por lo menos a 40 pies en la primera etapa, y después a 44 pies de Buenos Aires a Timbués, sujeto a estudios que se deberían haber hecho antes de la licitación y no después. Los hidrólogos en la audiencia pública advirtieron que “no es tan fácil dragar 500 km de río, llevarlos a tanta diferencia de calado sin tener en cuenta lo que puede pasar en el régimen de agua, que es lo que seguramente aumenta la velocidad de la corriente, porque conforma una canaleta más profunda, que arrastra al mandar más agua». En el mismo sentido se pronunció la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez, que emitió un dictamen enumerando una serie de irregularidades en el proceso de la licitación.
Se aprobó igual porque en marzo de 2024 la Administración General de Puertos firmó un acta de entendimiento con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, transformando el corredor fluvial en un escenario de cooperación técnica militar y disputa geopolítica directa frente a la República Popular China.
Todo este desmantelamiento del Estado nacional, generando privilegios de largo plazo para los grandes capitales, debilita al control local y es funcional al comercio y a los designios de los Estados Unidos.
“Pax silica”
Es un convenio propiciado por los Estados Unidos para reforzar las cadenas de suministro de alimentos, minerales, combustible, tecnología relacionada con la inteligencia artificial, etc., en el que los Estados Unidos buscan reemplazar la dependencia que tienen con China y, a su vez, limitar la presencia del país asiático en América.
Un párrafo del convenio dice: “Los firmantes se comprometen también a profundizar la cooperación en I+D para ampliar la infraestructura energética, fortalecer la producción de minerales críticos y acelerar el desarrollo de semiconductores confiables, además de movilizar al sector privado e impulsar nuevos centros de datos y modelos de IA, tanto abiertos como cerrados”.
Pax Silica fue presentada por funcionarios estadounidenses como un marco de seguridad económica destinado a alinear políticas e inversiones entre «socios de confianza» que albergan importantes empresas tecnológicas y capacidad industrial clave. En que la seguridad económica es inseparable del control sobre la energía, los minerales críticos, la manufactura de alta gama y los modelos avanzados.
La Argentina de Milei firmó el acuerdo el 26 de junio de 2026.
En síntesis
Con el aval de los Estados Unidos se produce un brutal cambio de la estructura económica y social de la Argentina. No son los capitales locales los mayores privilegiados, por lo que el “reseteo” del que hablaba Paolo Rocca queda subordinado al capital financiero de Manhattan.
Aldo Ferrer hablaba de la “densidad nacional”, pero se figuraba una burguesía local que no existe.