La derecha ensaya en Bolivia una receta del caos

En Bolivia se está ensayando, con brutalidad pedagógica: ganar o recuperar espacios con discurso de moderación, invocar la libertad económica como si fuera una estampita religiosa, abrir la puerta a agencias extranjeras bajo el pretexto de seguridad, criminalizar a los movimientos populares llamándolos violentos, terroristas o narcotraficantes, y luego presentar el saqueo de los recursos estratégicos como modernización..

Lo que ocurre en Bolivia no es un pleito  entre bolivianos, sino una advertencia: se trata del modelo de lo que viene cuando la derecha regresa al gobierno no para administrar mejor, sino para ajustar cuentas históricas: con los pobres, con los sindicatos, con los campesinos, con los pueblos indígenas, con el Estado social y con todo intento de soberanía nacional. El neoliberalismo vuelve vestido de “capitalismo para todos”, como si al despojo le bastara cambiar de perfume para dejar de oler a sangre de las mayorías.

La clave para entender la crisis boliviana es no caer en la trampa de reducirla a un conflicto de orden público. Eso es exactamente lo que quiere la derecha: que el pueblo movilizado aparezca como amenaza, que los bloqueos sustituyan en pantalla a las causas del enojo, que las comunidades indígenas sean presentadas como hordas irracionales, que los mineros sean vistos como grupos violentos y que la protesta social quede convertida en problema policial.

Esa operación ya la conocemos en México. Cada vez que un movimiento popular toca intereses económicos reales, aparece el mismo manual: primero se le caricaturiza, luego se le criminaliza, después se pide “mano dura”, y finalmente se justifica la intervención de fuerzas que nunca llegan a resolver el conflicto, sino a proteger los negocios que el conflicto estaba denunciando. El problema, por tanto, no es que Bolivia haya perdido la paz de repente. El problema es que un gobierno decidió romper el pacto social que sostenía al Estado Plurinacional y entregar al mercado, al Fondo Monetario Internacional y a los intereses extranjeros aquello que durante años fue defendido como patrimonio colectivo.

El contraste entre el modelo de Evo Morales y las medidas de Rodrigo Paz explica casi todo. Durante el ciclo de Evo, Bolivia construyó una ruta económica basada en la nacionalización de sectores estratégicos, la recuperación de la renta de los recursos naturales y la incorporación de movimientos indígenas, campesinos y populares a la vida del Estado. No se trató solamente de un cambio administrativo, sino de una disputa profunda sobre quién debía mandar sobre el gas, el petróleo, las telecomunicaciones, la electricidad, el litio, la tierra y los servicios básicos.

La nacionalización permitió que una parte mayoritaria de las ganancias se quedara en Bolivia, con una proporción emblemática: 82 por ciento para el país y 18 por ciento para las transnacionales. Con ese modelo, el PIB pasó de alrededor de 9 mil millones a 42 mil millones de dólares, crecieron las reservas internacionales, aumentó la renta petrolera y se instaló una idea muy peligrosa para las élites latinoamericanas: que un país pobre no está condenado a regalar sus riquezas para ser viable.

Esa es la herejía que la derecha nunca perdona. Cuando un gobierno demuestra que los recursos naturales pueden financiar derechos, infraestructura, soberanía y dignidad popular, el neoliberalismo pierde su chantaje principal. Ya no puede decir con tanta facilidad que no hay alternativa, que privatizar es inevitable, que el Estado siempre estorba, que las empresas extranjeras vienen a salvarnos de nuestra incapacidad.

Por eso los procesos populares en América Latina suelen ser combatidos con una mezcla de guerra mediática, presión financiera, sabotaje institucional, lawfare, agencias extranjeras y restauraciones oligárquicas. La disputa no es estética ni discursiva. Es material. Se pelea por la renta. Se pelea por quién se queda con el excedente. Se pelea por si el litio servirá para industrializar Bolivia o para engordar balances corporativos en el norte global. Se pelea por si la tierra campesina seguirá protegida como patrimonio familiar o será convertida en garantía bancaria para que el productor termine perdiéndola frente al agronegocio.

Rodrigo Paz llegó prometiendo “capitalismo para todos”, una frase tan bonita como tramposa. En campaña, la derecha suele hablar en tono amable porque todavía necesita votos pero ya en el gobierno, habla en decretos, créditos condicionados, represión y privatizaciones. El supuesto capitalismo popular de Paz terminó pareciéndose demasiado al viejo neoliberalismo latinoamericano: endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, eliminación de subsidios, devaluación, recortes al gasto público, privatización de empresas estatales y privilegios para el capital extranjero.

El truco es conocido. Primero se declara que el Estado está en crisis, luego se dice que no hay recursos, después se castiga a la población con aumentos en combustibles, transporte y alimentos, y al mismo tiempo se eliminan impuestos a los ricos. La austeridad, esa palabra tan seria que los tecnócratas pronuncian como si fuera ciencia exacta, casi siempre significa lo mismo: sacrificio para abajo y alivio para arriba.

La eliminación de las subvenciones a los combustibles fue uno de los detonantes más visibles porque golpeó de inmediato la vida cotidiana. La gasolina casi se triplicó, el transporte se encareció, la canasta familiar se disparó y la inflación alcanzó niveles que para una familia trabajadora no son una cifra macroeconómica, sino una condena diaria. Cuando el combustible sube, no sube solamente la gasolina: sube el traslado al trabajo, sube el costo de mover alimentos, sube la producción agrícola, sube el precio de lo básico y baja, en los hechos, el salario real.

A eso se sumó la llamada “gasolina basura”, combustible de mala calidad que dañó motores de transportistas, vehículos particulares y maquinaria agrícola. Es decir, el ajuste no golpeó una abstracción llamada “mercado” golpeó realmente herramientas de trabajo concretas. Arruinó patrimonio popular. Paralizó actividades. Y luego, con una desfachatez muy propia de la derecha latinoamericana, el gobierno pretendió llamar irracional al pueblo que protestaba contra los efectos materiales de sus propias decisiones.

Pero el elemento más grave no está solo en el combustible. Está en la tierra. La Ley 1720, presentada como una medida para dar “libertad” a los pequeños productores, buscaba reclasificar la propiedad agraria y permitir que parcelas protegidas como pequeñas propiedades pudieran convertirse en medianas propiedades o activos susceptibles de ser usadas como aval crediticio.

Dicho en lenguaje menos bancario y más honesto: se abría la puerta para que tierras campesinas históricamente inembargables pudieran ser embargadas si el productor no pagaba una deuda. La derecha siempre llama libertad al momento exacto en que el pobre queda solo frente al banco. Antes había una protección colectiva, después aparece un contrato individual. Antes la tierra era sustento, después se convierte en garantía. Antes el campesino tenía una defensa constitucional, después tiene una deuda con intereses. Y cuando no puede pagar, llega el siguiente capítulo: remate, concentración territorial, agronegocio, deforestación y expulsión.

Ese mecanismo debería estremecer especialmente a México. Aquí sabemos muy bien lo que significa convertir la tierra social en mercancía. Sabemos lo que implicaron las reformas neoliberales al ejido, la financiarización del campo, el abandono de los productores, la subordinación alimentaria y el avance de proyectos económicos que miran el territorio no como comunidad, sino como oportunidad de negocio.

En Bolivia, la Ley 1720 tocó una fibra histórica porque amenazó directamente el corazón material del campesinado. No era una discusión técnica sobre clasificación agraria, era de facto la posibilidad real de que pequeños productores quedaran atrapados en el circuito financiero y terminaran perdiendo su tierra en nombre del crédito. La derecha siempre ofrece crédito cuando quiere apropiarse de lo que no pudo arrebatar frontalmente. Primero te dice que tu tierra ahora vale porque puedes hipotecarla y después te explica, con mucha educación financiera, por qué ya no es tuya.

En paralelo, el gobierno de Paz impulsó un paquete de reformas para privatizar sectores estratégicos como la minería y la electricidad, además de modificar la ley de hidrocarburos para reabrir el control privado y transnacional sobre recursos como gas, litio y tierras raras. Aquí aparece el núcleo duro del conflicto: Bolivia no está en crisis únicamente por una mala administración, sino por una restauración de clase.

Las medidas apuntan a desmontar el modelo en el que el Estado capturaba la renta estratégica para distribuirla socialmente y sustituirlo por otro donde las ganancias vuelven a manos privadas, muchas de ellas extranjeras. Para eso sirve el Régimen Extraordinario de Protección y Promoción de Inversiones Estratégicas, el famoso REPI: estabilidad tributaria por 15 años, condiciones favorables para inversionistas y posibilidad de resolver disputas en tribunales internacionales. Ya conocemos esa película. Cuando un país firma reglas que protegen más al inversionista que al pueblo, la soberanía empieza a hablar en voz baja.

El litio vuelve todo más claro. Bolivia posee una de las reservas más importantes del mundo y, por tanto, ocupa un lugar central en la disputa global por la transición energética, las baterías, los autos eléctricos, las tecnologías de almacenamiento y la nueva geopolítica industrial. Durante el proyecto de Evo Morales, el litio no debía ser simplemente extraído y vendido como materia prima barata, sino industrializado bajo control estatal.

Se proyectaba una estrategia hacia 2030 con 41 plantas estatales de litio, donde Bolivia conservara el dominio sobre la fase extractiva y pudiera asociarse en etapas de industrialización bajo condiciones definidas por el Estado. Esa diferencia es decisiva. No es lo mismo tener litio que controlar la cadena de valor del litio. No es lo mismo exportar salmuera que producir tecnología. No es lo mismo ser dueño formal de un recurso que tener capacidad política, técnica e industrial para decidir su destino.

Por eso la derecha regional y los intereses estadounidenses miran Bolivia con tanta ansiedad. El litio no es un mineral cualquiera; es una llave de poder en el capitalismo contemporáneo. Quien controla minerales estratégicos controla parte de la transición energética, de la industria automotriz, de la tecnología militar, de las cadenas de suministro y de la disputa entre potencias. En ese contexto, la soberanía boliviana no es un romanticismo. Es un obstáculo para las corporaciones.

Cuando un país decide que su litio no será entregado “en boca de pozo” a empresas extranjeras, sino usado para desarrollar capacidad propia, automáticamente se vuelve incómodo para quienes creen que América Latina nació para exportar materia prima e importar dependencia. Por eso el golpe de 2019 no puede separarse de esta disputa. Y por eso el actual intento de restauración neoliberal tampoco puede entenderse sin el litio, el gas, las tierras raras y la voluntad de reordenar el Estado boliviano alrededor de las necesidades del capital transnacional.

La influencia de Estados Unidos en esta crisis aparece, como casi siempre, envuelta en el lenguaje de la seguridad. Regresa la DEA, aparece el Comando Sur, se activan declaraciones de figuras como Marco Rubio y Christopher Landau, se presenta la movilización popular como amenaza narcoterrorista y se intenta convertir una crisis política provocada por el ajuste en un problema de criminalidad. Ese recurso no es nuevo.

En América Latina, la “guerra contra el narcotráfico” ha funcionado demasiadas veces como coartada para intervenir territorios, disciplinar gobiernos, infiltrar fuerzas armadas, perseguir liderazgos populares y proteger intereses estratégicos. Lo curioso, por llamarlo de algún modo, es que las agencias estadounidenses nunca parecen llegar cuando los bancos lavan dinero, cuando las armas cruzan fronteras, cuando las élites evaden impuestos o cuando las corporaciones saquean recursos; siempre llegan, con admirable puntualidad, cuando un movimiento popular amenaza el orden económico que Washington prefiere.

Para México, esta parte debería encender todas las alarmas. Aquí también hemos escuchado el mismo discurso: que Estados Unidos debe intervenir porque México no puede solo, que las agencias extranjeras son necesarias, que la soberanía es una palabra vieja, que la seguridad justifica cualquier subordinación, que los movimientos sociales son sospechosos, que los gobiernos populares son cómplices del crimen por definición.

La criminalización de los Ponchos Rojos y de las organizaciones indígenas muestra otra capa del conflicto: el racismo. La cobertura mediática no solo describe protestas; fabrica jerarquías de humanidad. Cuando marchan pueblos indígenas con sus símbolos, sus wiphalas, sus lanzas ceremoniales y sus formas comunitarias de organización, el poder mediático los convierte en “grupos armados” o “subversivos”.

Cuando el Estado reprime y hay muertos, se habla de “fallecimientos”, como si las balas fueran fenómenos meteorológicos. Pero cuando un campesino bloquea una carretera, entonces sí aparece la gramática de la violencia, el caos, el terrorismo y la amenaza nacional. El racismo opera así: borra la responsabilidad del Estado y exagera la peligrosidad del pueblo. Convierte la dignidad indígena en sospecha. Tolera la violencia de arriba y patologiza la resistencia de abajo.

Ese racismo no es accesorio. Es funcional al proyecto económico. Para privatizar, ajustar y entregar recursos, primero hay que deslegitimar a quienes pueden impedirlo. Si los indígenas son reconocidos como sujetos políticos con memoria histórica, organización territorial y derecho a decidir sobre el Estado, entonces el neoliberalismo encuentra un límite. Pero si se les presenta como masa manipulada, como “evistas”, como terroristas, como narcotraficantes o como amenaza al orden, entonces la represión puede venderse como pacificación.

En el fondo, la restauración neoliberal necesita restaurar también el viejo imaginario colonial: un Estado manejado por blancos, empresarios, tecnócratas y asesores extranjeros, mientras las mayorías indígenas y populares vuelven a ocupar el lugar que las élites consideran natural para ellas: obedecer, producir barato, callar y agradecer.

En este punto aparece Fernando Cerimedo, estratega argentino vinculado a redes de extrema derecha, al bolsonarismo, a Javier Milei y a la consultora Numen Parscale. Su papel permite entender que la disputa boliviana no ocurre solamente en las calles, los ministerios o los cuarteles, sino también en el terreno digital. Las granjas de bots, la fabricación de enemigos públicos, la polarización artificial y las campañas sucias no son adornos modernos de la política; son herramientas de guerra psicológica para construir sentido común.

Se acusa a Evo Morales de encabezar un golpe, se presenta a los bloqueos como financiados por el narcotráfico, se llama “rebelión narcocomunista” a la protesta social y se instala la idea de que la represión es defensa democrática. La derecha aprendió que no basta con aplicar el ajuste; hay que producir una narrativa donde el ajustado parezca culpable de su propia miseria.

El llamado “Honduras Gate” ayuda a ubicar el tamaño del problema. Lo que se exhibe ahí es una red regional de operaciones políticas, asesorías digitales, intereses estadounidenses e israelíes, manipulación electoral y condicionamiento geopolítico de gobiernos. No se trata simplemente de hacer campañas en redes sociales. Se trata de vender un paquete completo: te ayudo a ganar, pero luego tu gobierno abre la puerta a determinadas agencias, tecnologías, alineamientos diplomáticos, privatizaciones y decisiones estratégicas.

La comunicación deja de ser propaganda electoral y se convierte en mecanismo de captura política. Por eso, cuando Rodrigo Paz restablece vínculos con la DEA, se alinea con Israel, facilita la expansión de Starlink y acelera medidas privatizadoras, no estamos ante ocurrencias aisladas. Estamos ante un gobierno que parece funcionar como plataforma local de una red internacional de derecha.

También por eso la figura de Edman Lara resulta importante. Lara fue el vínculo plebeyo de la fórmula de Rodrigo Paz, un expolicía popular en redes sociales, especialmente en TikTok, conocido por denunciar corrupción y capaz de conectar con sectores populares que desconfiaban del viejo establishment. Su presencia ayudó a Paz a ganar votos donde el candidato presidencial no tenía arraigo.

Pero una vez alcanzado el poder, el gobierno marginó a Lara, lo despojó de atribuciones y rompió el único puente simbólico que tenía con las bases trabajadoras. La fractura entre presidente y vicepresidente revela una contradicción central del proyecto: necesitó al pueblo para llegar, pero no quiso al pueblo para gobernar. Necesitó rostro popular en campaña, pero entregó el mando real a tecnócratas, empresarios, asesores extranjeros y operadores de la restauración.

La exigencia de renuncia

La exigencia de renuncia de Rodrigo Paz no surge entonces de un capricho ni de una manipulación automática de Evo Morales, como repite la propaganda oficial. Surge de una acumulación de agravios materiales y políticos: combustibles más caros, inflación, deterioro del transporte, gasolina adulterada, amenaza sobre tierras campesinas, privatizaciones, sometimiento al FMI, eliminación de impuestos a las grandes fortunas, regreso de la DEA, presencia del Comando Sur, criminalización de sindicatos, persecución judicial y ruptura del pacto con las organizaciones que ayudaron a construir el Estado Plurinacional.

Cuando los sectores sociales plantean la sucesión constitucional mediante el artículo 169, con el vicepresidente asumiendo interinamente y convocando a elecciones en 90 días, están diciendo algo muy concreto: la salida no es militarizar el país, sino devolverle al pueblo la capacidad de decidir.

La derecha, por supuesto, dirá que todo esto es populismo, desestabilización, atraso, fanatismo ideológico. Es su vocabulario de emergencia cuando alguien toca sus negocios. Pero conviene mirar el fondo: ¿quién desestabilizó más a Bolivia, el campesino que bloquea una carretera porque teme perder su tierra o el gobierno que convierte esa tierra en garantía bancaria?

¿Quién produce más caos, el transportista que protesta porque le destruyeron su herramienta de trabajo o el tecnócrata que eliminó subsidios sin medir el golpe social? ¿Quién amenaza más la democracia, el sindicato que exige ser escuchado o la red extranjera que ayuda a ganar elecciones para luego condicionar decisiones estratégicas? La derecha siempre acusa al pueblo de generar caos cuando el pueblo responde al caos que ella misma fabricó desde el poder.

La región debe leer Bolivia con seriedad porque aquí la derecha sueña con una restauración parecida. La envolverán en palabras distintas: modernización, certidumbre, Estado de derecho, inversión, seguridad, reconciliación, eficiencia. Por eso Bolivia importa. Porque permite ver el neoliberalismo sin maquillaje, cuando deja de ser promesa de campaña y se convierte en gasolina cara, tierra embargable, recursos privatizados, agencias extranjeras, muertos nombrados como “fallecidos” y pueblos indígenas tratados como enemigos internos.

Permite ver que la derecha no regresa sola: regresa con el FMI, con la DEA, con el Comando Sur, con consultores de guerra digital, con oligarquías locales, con racismo mediático y con una idea muy clara de país: uno donde los ricos no paguen impuestos, los pobres paguen el ajuste, las transnacionales se lleven los recursos y los movimientos sociales sean criminalizados si se atreven a resistir. Bastante democrático todo, según ellos; tan democrático que, cuando el pueblo protesta, inmediatamente necesitan soldados, fiscales, bots y embajadas para explicarle al pueblo que está equivocado.

La lección  no es mirar a Bolivia desde arriba, como si su crisis fuera ajena a nosotros. La lección es entender que la disputa por la soberanía no terminó con ganar elecciones. Cada recurso estratégico, cada empresa pública, cada programa social, cada forma de propiedad social, cada política de redistribución y cada límite impuesto al capital transnacional se convierte tarde o temprano en campo de batalla.

*Analista mexicano