Panorama Económico Latinoamericano – Del 4 al 11 de febrero de 2026

Autoempleo, dos de cada tres trabajos en 2025 en México

En 2025, dos de cada tres mexicanos que se incorporaron al mercado laboral lo hicieron por cuenta propia (emprendimiento y autoempleo), señalan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La población ocupada aumentó en 1.1 millones de personas en 2025 y 65.8 por ciento de ellas se emplearon por cuenta propia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Los trabajadores por cuenta propia sumaban 12.89 millones de personas al cierre de 2025 (cerca del 21.5 por ciento de la población ocupada). Esta es la segunda cifra más alta desde que se tiene registro, sólo superada por la de 2022, cuando se contabilizaron 13.25 millones de personas.

Por su parte, los empleadores sumaban 3.62 millones, un número sin precedente para un cierre de año desde 2005, año en que el Inegi comenzó a registrarlos. No obstante, el máximo histórico se reportó en julio de 2025, con 3.93 millones de personas.

A diferencia de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México no cuenta con un sistema nacional de seguro de desempleo, lo que incentiva a las personas a aceptar cualquier actividad que genere ingresos, aunque sea precaria, explicó Guillermina Rodríguez, subdirectora de estudios económicos de Banamex. Esto reduce la probabilidad de que alguien se declare desempleado, ya que muchos optan por el autoempleo o trabajos informales, añadió.

En el estudio “Los efectos escondidos de los programas sociales en el mercado laboral”, Rodríguez planteó que los programas sociales de transferencias son uno de los múltiples factores que podrían influir en las decisiones de los individuos para incorporarse al mercado laboral, además de las bajas perspectivas de crecimiento económico o factores de índole personal.

En el primer trimestre de 2019, 13.7 por ciento de la población mayor de 15 años recibía algún tipo de apoyo gubernamental; la proporción aumentó hasta 22.1 por ciento en el primer trimestre de 2025. En cifras absolutas, en este último periodo se contabilizaron 22.6 millones de personas mayores de 15 años que recibieron subsidios, mientras en el primer trimestre de 2019 eran 12.9 millones.

La ENOE muestra que en el grupo de más de 65 años se ha observado una mayor tendencia a no ser parte de la población económicamente activa, sino de la no activa, lo que podría estar muy relacionado con el ingreso básico universal para esta población.

Aranceles de 30% en la guerra comercial Colombia–Ecuador

Los aranceles del 30% que se han impuesto mutuamente Colombia y Ecuador entraron en vigencia desde la medianoche de este domingo, lo que se prevé que afecte al flujo comercial entre estos dos países, sólidos socios comerciales que intercambian productos por valor de 2.800 millones al año.

“Cuando los Gobiernos castigan al sector real de la economía, el sector que pasa su mercancía de manera legal, tributando y haciendo controles aduaneros, les están dando a ganar al contrabando que hay en la región”, dijo Olivia Díaz Granados, directora de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana. El 21 de enero, Ecuador anunció aranceles de 30 % a las exportaciones colombianas, por cuenta de los problemas de seguridad en la frontera entre ambos países. El anuncio lo hizo el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Mientras las exportaciones de Colombia a Ecuador rondan los 1.800 millones de dólares anuales, las de Ecuador a Colombia apenas alcanzan los 900 millones, y ese desbalance económico fue esgrimido por el presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, para arrastrar a su vecino a esta guerra comercial. Noboa, al estilo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció sin previo aviso el pasado 21 de enero, mientras participaba en el Foro de Davos (Suiza), que impondría desde el 1 de febrero una tasa del 30 % a las importaciones colombianas.

Además de la balanza comercial negativa para Ecuador, el mandatario ecuatoriano acusó a su homólogo colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, de no implicarse lo suficiente en evitar que la cocaína producida en Colombia llegue a Ecuador, donde las mafias la envían por vía marítima a Norteamérica y Europa, lo que ha desatado una crisis de violencia sin precedentes en el país.

Esto fue respondido desde Bogotá con una medida similar para las importaciones a Colombia de una lista de cincuenta productos ecuatorianos, entre ellos frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas.

Los mayores gremios de exportadores de los dos países han señalado que la escalada de sanciones comerciales perjudica a ambos países y han hecho una invocación al diálogo que hasta el momento se da a nivel de las ministras de Relaciones Exteriores de ambos países, sin resultados conocidos hasta ahora.

Las filas de camiones con carga esperando a pasar por Rumichaca, el único paso fronterizo legal habilitado actualmente entre Colombia y Ecuador, llegaban a los 600 metros, con el objetivo de pasar antes de que entrasen en vigor los aranceles.

En Ecuador los exportadores estiman que las pérdidas por estas medidas pueden ser de unos 273 millones de dólares al año. Los principales productos comprados por Colombia a Ecuador son enlatados de pescado, maderas, extractos y aceites vegetales y camarón (langostino), mientras que lo que más compra Ecuador a Colombia son medicinas, cosméticos, insecticidas, herbicidas, productos de limpieza e higiene y camiones.

Interconexión eléctrica cortada

Sin embargo, lo más sensible es la electricidad que Colombia suministra a Ecuador en momentos de crisis donde el sistema eléctrico ecuatoriano no logra generar lo suficiente para abastecer la demanda interna. En 2024, cuando Ecuador pasó una fuerte crisis energética que llevó a racionar la electricidad con cortes programados del suministro de hasta 14 horas al día durante más de dos meses.

La venta de electricidad de Colombia a Ecuador llegó a los 334 millones de dólares y ocupó el primer lugar en las importaciones ecuatorianas desde Colombia. Por ello, junto a los aranceles del 30 %, el Gobierno del presidente Gustavo Petro también suspendió la provisión de electricidad a Ecuador desde el 22 de enero.

Si bien en estos momentos Ecuador cuenta con suficiente agua en sus embalses para atender la demanda interna y la suspensión de la venta de electricidad de Colombia no tendrá efectos inmediatos, puede ser clave más adelante si las principales hidroeléctricas ecuatorianas vuelven a quedarse sin agua como en las pasadas ocasiones.

La desconexión eléctrica realizada por Colombia fue respondida por Ecuador con un incremento de la tasa de transporte del crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos ecuatorianos, de 3 a 30 dólares por barril, un valor que hace insostenible la operación. En promedio Ecuador movía hasta ahora unos 10.000 barriles al día de Ecopetrol.

Argentina: a merced del capital extranjero

Horacio Rovelli *

Finalizó el mes de enero de 2026 y los mercados financieros globales muestran el desprendimiento de tenencia de títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Esto conlleva la depreciación del dólar y la suba en esa moneda del precio del oro, que llegó a superar los 5.300 dólares la onza troy, cuando hace exactamente un año su valor era de 2.650 dólares.

Luego descendió fuertemente a 4.893,14 dólares la onza el 30 de enero 2026, por la designación de un nuevo titular de la FED (Reserva Federal de los Estados Unidos), que asumiría en mayo de 2026.

El dólar se deprecia frente a una canasta de monedas principales ante las provocaciones del Presidente Trump, tanto en el plano político como en el económico, subiendo y bajando aranceles. Mientras tanto, la deuda bruta de ese país era, en diciembre de 2025, de 38,4 billones de dólares, un 22% más alta que su PIB y la mayor del planeta (supera en 78 veces la deuda bruta nacional argentina y 75 veces nuestro PIB).

La República Popular China se desprende paulatinamente de bonos de los Estados Unidos. Reconoció poseer, en enero de 2026, 682.600 millones de dólares, cuando sus reservas internacionales estaban constituidas por 1,3 billones de dólares hace diez años. Es lo que los mismos chinos llaman “éxodo silencioso”.

También lo hizo Japón, que vendió bonos del Tesoro de los Estados Unidos por 220.000 dólares en los últimos meses, bajando su tenencia a 1,3 billones de dólares. Y lo siguieron los países nórdicos tras el “circo” de querer apoderarse de Groenlandia.

Incluso, y principalmente, lo está haciendo el mismo capital financiero de Manhattan. Larry Fink, CEO de BlackRock, explicó la estrategia de reducir la exposición a los bonos del Tesoro estadounidense y aumentar l diversificación fuera del eje del dólar y fuera de los Estados Unidos.

En ese marco, y para que no siguieran sus poseedores vendiendo bonos y dólares, era claro que la FED iba a mantener las tasas de interés en el rango del 3,75% – 4% anual en este inicio de 2026. El mecanismo beneficia a la gran banca y a los tenedores de bonos de deuda de los Estados Unidos. Por año, el 1% de interés significa que el Tesoro de ese país debe pagar 384.00 millones de dólares (casi el 70% del PIB argentino y el 78% de la deuda bruta nacional de 2025).

También significa la desconfianza en las arcas públicas estadounidenses, que financian su monstruoso déficit. Para el año fiscal 2025 (que finalizó en septiembre), los egresos superaron a sus ingresos en 1,78 billones de dólares, y aumentó la deuda pública en 2,25 billones de esa moneda.

La Reserva Federal compraba bonos del Tesoro con emisión de dólares, que, por la supremacía financiera de los Estados Unidos, eran aceptados en todo el mundo, ya sea como reserva de valor, ya sea para las transacciones comerciales y de toda índole. Así fue desde fines de la Segunda Guerra Mundial, incluso en 1971 cuando el gobierno de Richard Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar en oro acordado en Bretton Woods.

Pero la situación hoy es diametralmente distinta por los países miembros del BRICS ampliado y el acuerdo que alcanzaron en Kazán.

Los países miembros de los BRICS ampliado son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y son socios Bolivia, Cuba, Colombia, Vietnam, Malasia, Tailandia, Kazajistán, Bielorrusia, Nigeria, Uganda y Uzbekistán. Estos países albergan al 45 % de la población existente y representan más de un tercio de la economía mundial. El PIB de los BRICS ampliados es mayor que el de las economías del G7 (Estados Unidos, Canadá, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y Japón) en conjunto.

Desdolarización y declaración de Kazán

La 16.ª Cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, realizada del 22 al 24 de octubre de 2024, se centró en ampliar la influencia del grupo en la geopolítica, reestructurar el comercio y las finanzas globales para reducir los riesgos de las transacciones y abordar los problemas clave que afectan a sus miembros y al mundo en desarrollo en general, cuyo paso principal es la “desdolarización”.

Por eso, la cumbre del BRICS se propuso:

• El “BRICS Pay”, para reemplazar el sistema de liquidación SWIFT, que los Estados Unidos usaban como presión y hasta sanción restringiendo las opciones de los países. El BRICS Pay es un sistema por el cual China, que es el principal socio comercial de más de 120 países (incluida la Argentina), permite utilizar monedas alternativas para la liquidación comercial fuera del sistema SWIFT.
• La decisión de no renovar el acuerdo del petrodólar, en el que el petróleo se negociaba únicamente en dólares estadounidenses.
• La bolsa de granos del BRICS se amplía para incluir otras materias primas, lo que permitirá el comercio en monedas nacionales. Los países BRICS son grandes productores de materias primas, por lo que, al igual que ocurrió con la desaparición del petrodólar, esto tiene un impacto significativo en términos del dominio del dólar sobre el comercio mundial de materias primas.
• Venta de sus reservas de dólares y títulos del Tesoro de los Estados Unidos.
• Pago digital. Como líder en innovación digital, China ofrece un marco alternativo de liquidación comercial basado en capacidades avanzadas de blockchain. China está a la vanguardia del desarrollo de tecnología financiera (fintech), con empresas como Ant Group y Tencent que transforman los pagos globales al reducir los costos de transacción y ofrecer una alternativa al predominio del dólar estadounidense en la liquidación del comercio internacional .

Paralelamente, la Unión Europea reduce progresivamente su dependencia del dólar con las nuevas alianzas con el Mercosur y Asia, comienza con un 20% de sus reservas diversificadas en el primer semestre de 2026 y avanza con transparencia total.

La situación financiera de Argentina

El gobierno pregona por los grandes medios que a fines de enero de 2026 el riesgo país se redujo a menos de 500 puntos. Este es medido por el banco de inversión JP Morgan, entidad que nombró a toda la plana mayor de Economía y Finanzas, comparando el rendimiento de los bonos argentinos con los del Tesoro de Estados Unidos. Se oculta que Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y Brasil tienen una tasa menor a los 200 puntos desde hace tiempo. El gobierno argentino colocó en diciembre de 2025 el BONAR 2029N a una tasa del 9,26% anual por 910 millones de dólares.  Y el 9 de enero, un REPO por 3.000 millones de dólares a una tasa del 7,4% anual por solo 372 días. Como garantía se dieron bonos de deuda externa por casi tres veces ese valor, que, en caso de no pagarse el 16 de enero de 2027, se cobrarían en su totalidad, a precio del mercado (la lámina dice 100 dólares y su valor actual es de 57–58 dólares).

Por ende, hasta que no se concrete una operación de verdad de nuevos títulos de deuda argentinos en los mercados internacionales, es todo propaganda falsa.

Incluso, deben recurrir a la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal, que tiene como objetivo principal la repatriación de fondos en el exterior de residentes del país, sin declarar el origen de los fondos. De esto, los mismos bancos que operan en el mercado financiero local (entidades extranjeras y los que tienen sucursales u oficinas en el exterior) dicen que no pueden hacerlo por las normas bancarias internacionales, que los declararían “lavadores de activos”.

Cuando la Administración nacional tiene este año 2026, vencimientos de deuda en divisas por 13.400 millones de dólares (se descuenta el pago del 9 de enero de 2026 de 4.200 millones, de los cuales 3.000 millones fueron en REPO por 372 días), y en pesos, en poder del sector privado, por 117,8 billones de pesos.

La Secretaría de Finanzas logró canjear el jueves 22 de enero 2026 un poco más de la mitad de los vencimientos por títulos Lelink (ajustables a precio dólar)  con vencimiento el 27 de febrero 2026. Y el miércoles 28 de enero de 2026 vencieron títulos del Tesoro argentino por 9,5 billones de pesos, de los cuales 7,5 billones estaban en poder de privados (bancos, fondos e inversores), y de estos, 4,91 billones (el 65% de los vencimientos en poder del sector privado) fue colocado en Lecap (Letras capitalizables de interés) a 45 días a una tasa del 2,99% efectiva mensual (42,41% anual).

La situación financiera dista de ser buena; es más, el promedio de los bancos locales tiene títulos públicos por el 37,6% de sus activos, cuando el total del crédito que otorgan es el 43,9% de los activos. De allí que acepten capitalizar intereses, pero a muy corto plazo, temiendo que los ingresos esperados por la cosecha fina y el comienzo de la gruesa se frenen o no se realicen en tiempo y forma. CIARA-CEC (Cámara de Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales) declaran que sus exportaciones crecieron un 24,9% con respecto al año 2024 (cuando se habían beneficiado bastante por la devaluación del 118% del 12 de diciembre de 2023).

El Estado nacional, con la colocación de títulos de deuda en los bancos, inmoviliza gran parte de los depósitos que captan, y a la vez les asegura una renta a los bancos, al fijarles tasas a esos títulos muy superiores a la que ellos les pagan a sus depositantes (tasas pasivas).  El total del crédito no llega a ser el 11% del PIB, como lo reconoce el Informe sobre Bancos del BCRA a octubre 2025 (último mes publicado), cuando en los países de la región (Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) el crédito representa el 45% del PIB en promedio.

El problema es que la inversión interna bruta fija decrece y no ingresan dólares por el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones); sí lo hicieron después de las elecciones del 26 de octubre de 2025. Las empresas colocaron deuda (en obligaciones negociables) y las provincias por un total de 8.325 millones de dólares, que es el ingreso de divisas que compra una parte el BCRA, pero es deuda que se tiene que pagar.

Y paralelamente, según un informe del Centro de Política Económica (CEPEC), el gasto de los turistas extranjeros fue en el año 2025 de 3.110 millones de dólares. Y el gasto de los argentinos en el exterior fue por 7.164 millones de dólares. El déficit de la balanza turística pasó de 2.125 millones de dólares en 2024 a 4.054 millones en 2025, un salto del 90,7%. Y debe sumarse enero, que en proporción fue peor.

Las empresas y las provincias se endeudan, ingresan divisas por la liquidación de la cosecha fina y del remanente de la cosecha gruesa para financiar el turismo de un sector de la sociedad. Y a la par se propicia la importación de autos eléctricos, de maquinarias agrícolas, de línea blanca, de productos textiles, de alimentos, de comercio puerta a puerta, donde empresas industriales se reconvierten y dejan de producir para importar, y el gobierno envía un proyecto de reforma laboral donde el Estado va a financiar la reducción del personal.

Y mientras, desciende mes a mes el consumo interno de leche y de carne. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dice que el litro de leche fluida tiene un precio en enero 2026 de 476,60 pesos y el kilo de carne para milanesa, de 23.500. Las exportaciones de productos lácteos, según la misma Secretaría, fueron por 1.690 millones de dólares, alcanzando el año pasado 3.129 millones de litros (18% más que en 2024), que significó el 27% de la producción nacional de leche. Y la exportación de carne del año 2025 fue por 3.884 millones de dólares por 713.364 toneladas, aumentando el ingreso en divisas en un 28,5%, y el precio promedio por tonelada exportada registró un salto interanual del 38,1%.

En síntesis

Expulsan a trabajadores; empobrecen a la población; endeudan al país; endeudan al Tesoro de la Nación; permiten la fuga de capitales al flexibilizar los controles del mal llamado “cepo” (acordado con el FMI en abril del año pasado), lo que provocó que en 2025 personas humanas compraran 38.806 millones de dólares (según el balance cambiario del BCRA). Y todo al solo efecto de al solo efecto de beneficiar a una minoría rentista y parasitaria, y hacer a nuestro país más dependiente del capital financiero, al que le van a pagar con nuestros recursos naturales y con las empresas públicas.

Una colonia es más digna que la Argentina de Milei.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Las mentiras de accionistas de Petroperú para privatizarla

Alejandro Narváez Liceras (*)

En diciembre de 2025, el Ejecutivo peruano, refrendado por el presidente del Consejo de ministros, la ministra de Economía y Finanzas (MEF) y el ministro de Energía y Minas (MINEM), promulgó el D.U. 010 2025, que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú, con el argumento de que la empresa se encontraba en una crisis económica y financiera “que compromete su operatividad”.

Sin embargo, el análisis de sus estados financieros intermedios al 30 de septiembre de 2025, presentados a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), y las declaraciones de parte de representantes del Ejecutivo, revelan contradicciones profundas entre los motivos oficiales y la realidad financiera de la empresa. Este artículo examina esas contradicciones y expone por qué las afirmaciones de la Junta General de Accionistas (JGA) constituyen mentiras o, en el mejor de los casos, interpretaciones sesgadas con el fin de justificar una privatización encubierta.

El discurso oficial: Petroperú en “crisis irreversible”

La justificación principal expresada por la JGA y las autoridades del Ejecutivo es que Petroperú atraviesa una situación crítica que compromete su operatividad, lo que justificaría la reorganización patrimonial para garantizar la continuidad de la cadena de producción y el abastecimiento de hidrocarburos y así proteger la seguridad energética del país (D.U. 010 2025).

En diversas declaraciones públicas, se atribuye a Petroperú una situación de insolvencia técnica de corto plazo, citando cifras como un saldo de caja mínimo al cierre de 2025 (según análisis publicados en medios) que apenas cubriría obligaciones inmediatas. Esto ha sido usado para argumentar que no existe otra opción viable que fragmentar y promover privatizaciones parciales de activos.

La realidad financiera según los informes a la SMV

Los estados financieros intermedios al 30 de septiembre de 2025 muestran una realidad diferente y menos dramática de la que se presenta en el discurso oficial. Petroperú reporta cifras claras bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en cumplimiento de las obligaciones de presentación de información ante la SMV, incluyendo la hipótesis (principio) de negocio en marcha, lo que implica que la empresa no está en un proceso de liquidación o quiebra, sino que continuará operando en un futuro previsible sin intención ni necesidad de liquidar o cesar sus actividades.

De acuerdo con el estado de situación financiera intermedio:
• El activo total corriente de Petroperú al 30 de septiembre de 2025 fue de US$ 1,377 millones y unos activos no corrientes valuados en US$ 8,653 millones, dominados por propiedades, plantas, equipos y activos intangibles.

• El pasivo corriente fue de US$ 2,724 millones y los pasivos no corrientes de US$ 5,230 millones, con importantes colocaciones financieras (bonos).
• Un patrimonio neto de US$ 2,076 millones que demuestra posición de capital positiva.
• Moody’s, (marzo 2025) según hechos de importancia presentados a la SMV, mantuvo la calificación de Petroperú con perspectiva estable, reconociendo su rol estratégico en el abastecimiento nacional y la expectativa de mejora operativa con la optimización de la Nueva Refinería de Talara (NRT), la cual representa una proporción sustancial de la capacidad de refinación nacional.

Estas cifras no describen una empresa en quiebra, sino una entidad con desafíos de liquidez de corto plazo reflejados en pasivos financieros, sí, pero con activos sólidos y operación contínua que respaldan su negocio y justifican la necesidad de capital de trabajo, no la desmembración patrimonial.

Problemas de capital de trabajo: situación manejable

El informe de estados financieros al 3T2025 deja claro que Petroperú tiene un déficit de efectivo neto en comparación con algunos pasivos corrientes, reflejando tensión en capital de trabajo, pero no insolvencia. El saldo de caja y equivalentes fue menor al compararlo con las obligaciones de corto plazo, pero esto es una condición común en empresas intensivas en capital y con ciclos de operación largos, especialmente en refinación e hidrocarburos, donde los flujos de caja pueden ser volátiles, pero no necesariamente indican incapacidad de pago si existen estrategias de financiamiento y reestructuración operativa eficaces.

Este estado de situación financiera no obliga una disolución ni un cambio radical en la titularidad jurídica de sus activos. Lo que requiere es una gestión financiera y operativa más eficiente, algo que, de hecho, es reconocido por la propia dirección de Petroperú, y se ha venido trabajando en esa dirección hasta octubre de 2025.

Contradicciones en las declaraciones del Ejecutivo

Si bien no existen citas textuales fácilmente accesibles de las declaraciones públicas del primer ministro o de la ministra de Economía y Finanzas, el propio contenido del decreto y la cobertura de prensa han recogido mensajes de corte alarmista y contradictorias señalando que Petroperú estaba “al borde de la insolvencia” y que se requería una intervención urgente que incluye la reorganización patrimonial bajo un esquema de promoción de inversión privada.

Esta narrativa difiere de la información financiera oficial presentada ante la SMV, lo que evidencia un sesgo discursivo con fines de “justificar” la fragmentación y eventual transferencia de activos a entes externos, bajo el pretexto falaz de una crisis mayor a la real.

El D.U. 010 2025: ¿reorganización o privatización encubierta?

El texto del D.U. 010 2025 autoriza la reorganización patrimonial de Petroperú en uno o más bloques con facultades expresas para transferir activos a Vehículos de Propósito Especial, lo cual puede implicar transferencia de derechos económicos y políticos de unidades productivas que incluyen activos tangibles e intangibles, licencias, permisos y contratos asociados a la NRT y otras instalaciones. Estas facultades, además, derogan expresamente restricciones legales anteriores, como el artículo 1 de la Ley N.º 28244 que protegía a Petroperú de modalidades de promoción privada contrarias a su naturaleza estatutaria.
Estos cambios no solo son técnicamente profundos, sino políticamente sensibles, porque implican abrir la puerta a procesos que en la práctica pueden resultar en la privatización de facto de unidades estratégicas de la empresa bajo el paraguas de “reorganización”.

La NRT y la omisión de datos relevantes

A pesar de que la NRT es uno de los activos más importantes de Petroperú —capaz de procesar combustibles con estándares ambientales avanzados y representar una proporción significativa de la capacidad de refinación nacional—, la narrativa de crisis que se ha propagado se ha centrado en déficits operativos de corto plazo, sin ponderar adecuadamente el valor futuro de este activo integrado al negocio en marcha.

Esta lectura distorsionada de datos ha servido para alarmar al público y a los mercados, creando un ambiente más favorable para justificar la venta o transferencia de activos que, bajo una gestión adecuada, podrían seguir generando valor para el Estado a largo plazo.

Conclusión

La narrativa de que Petroperú está en quiebra o insolvencia terminal —utilizada por la JGA — no se sustenta en los datos financieros oficiales presentados ante la SMV. Si bien existen problemas de capital de trabajo y pasivos financieros importantes, la empresa sigue como negocio en marcha conforme a NIIF, con activos robustos, capacidad de operación continua y perspectivas de recuperación fundamentadas en la gestión interna y la optimización de instalaciones modernas como la NRT.

Por lo tanto, más que una crisis insuperable, lo que existe es una tensión financiera típica de empresas intensivas en capital, agravada por decisiones de gestión deficientes anteriores al 2025 y por una narrativa política que busca justificar la fragmentación patrimonial y, en última instancia, la privatización encubierta de activos estratégicos.

La verdad —contrastada con la versión oficial— es que Petroperú no está quebrada, sino que requiere políticas operativas y financieras más eficientes y coherentes, no la transferencia de control de sus activos a agentes privados bajo el disfraz de “reorganización urgente”.

*Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ex presidente de Petroperú actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

México: exportaciones crecen 7.6% y logran nivel récord

Las exportaciones mexicanas crecieron 7.63 por ciento anual en 2025, al alcanzar 664 mil 837.2 millones de dólares, un nivel sin precedente, impulsado por maquinaria y equipo especial para industrias diversas y equipos para aparatos eléctricos y electrónicos, revelaron datos oportunos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Estados Unidos fue el principal motor del comercio mexicano en 2025, pues 83.70 por ciento de las exportaciones mexicanas se dirigen a ese mercado, ligeramente por debajo del porcentaje de 2024 de 84.06, pero reflejando aún una alta integración económica.

La participación del resto del mundo se incrementó de 15.94 a 16.30 por ciento.

Al dar a conocer el reporte de la balanza comercial, el Inegi constató la resiliencia del sector exportador de México, que tuvo su mejor registro desde 1991, pese a las persistentes tensiones con Estados Unidos, su principal socio comercial, que se embarcó en una ofensiva arancelaria mundial lanzada por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con los datos oficiales, las exportaciones se integraron de las no petroleras, por 643 mil 592 millones de dólares, y petroleras, por 21 mil 246 millones de dólares.

Mientras las exportaciones extractivas crecieron 26.9 por ciento en 2025 frente a 2024; las agropecuarias se contrajeron 10.8 por ciento, ante aranceles a algunos productos.

Aunque las ventas al exterior de manufacturas crecieron 9.8 por ciento, las automotrices retrocedieron 4.2 por ciento, lo que fue compensado por las no automotrices que subieron 17.3 por ciento anual, impulsadas por equipos de cómputo.

En 2025, el valor de las exportaciones petroleras (21 mil 246 millones de dólares) resultó menor a los 28 mil 860 millones reportados en 2024. Al respecto, el precio promedio de la mezcla de crudo mexicano de exportación fue de 61.71 dólares por barril, cifra inferior en 8.82 dólares al promedio de 2024. Por su parte, en 2025, el volumen de crudo exportado se ubicó en 658 mil barriles diarios, nivel menor al de 861 mil barriles diarios del año previo.

Las importaciones, por su parte, también alcanzaron una cifra récord de 664 mil 66 millones de dólares en 2025, monto mayor en 4.4 por ciento al observado en 2024, reflejando una mayor demanda interna y mayor compra de insumos productivos.

Alentadas por la apreciación del peso mexicano, los bienes intermedios repuntaron en el año 7.2 por ciento, mientras los bienes de capital se contrajeron 8.7 por ciento.

La balanza comercial presentó un superávit de 771 millones de dólares, frente al déficit de 18 mil 541 millones observado en 2024. El alza del saldo en el periodo de referencia resultó de un mayor superávit de la balanza de productos no petroleros –que pasó de 2 mil 686 millones de dólares, en 2024, a 26 mil 323 millones, en 2025–, y de un aumento del déficit de la balanza de productos petroleros, que pasó de 21 mil 226 millones a 25 mil 552 millones de dólares, en esa misma comparación.

Gerónimo Ugarte, economista en jefe, y Luis Campos, economista de Valmex Casa de Bolsa, explicaron que la balanza comercial enfrentó un entorno de elevada incertidumbre asociado a cambios en la configuración del comercio internacional y aun así mostró un desempeño sobresaliente, apoyado en sectores como maquinaria y equipo especializado, productos de la minerometalurgia y equipos eléctricos y electrónicos.

Por el lado de las importaciones, el dinamismo de los bienes intermedios y de consumo es consistente con una demanda interna resiliente, mientras la debilidad en los bienes de capital apunta a un entorno de cautela en la inversión.

El balance de riesgos para el sector externo permanece incierto. Una revisión favorable del T-MEC el próximo primero de julio, así como una eventual exclusión de México de listas de países sujetos a nuevos aranceles, podría actuar como un catalizador positivo para las exportaciones y fomentar la relocalización productiva hacia México

Proteccionismo de EEUU y regreso de Petrobras al sector de fertilizantes

Actualmente, Brasil importa entre el 90% y el 97% de los fertilizantes que utiliza el sector agroindustrial nacional, y el 42% de los países proveedores se encuentran bajo sanciones o intervención de Estados Unidos.

Ante la escalada de intervenciones anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pone en peligro la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de los países del Sur Global, se hace cada vez más urgente que Brasil adopte medidas para fortalecer su seguridad energética y alimentaria. Tras el saqueo del petróleo venezolano, el golpe de Estado en curso en el país y el secuestro y encarcelamiento ilegal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Trump anunció que impondrá un arancel adicional del 25 % a todas las transacciones comerciales con países que comercian con Irán.

Esta medida podría afectar directamente al sector agrícola brasileño, ya que el 79% de los productos adquiridos de Irán son fertilizantes. Una encuesta realizada por Insper Agro indica que, en 2024, Brasil importó entre el 90% y el 97% de los fertilizantes utilizados por el sector agroindustrial nacional, y el 45% de los países proveedores se consideran geopolíticamente inestables.

Según el estudio, Brasil sigue siendo el mayor importador mundial de estos insumos, consumiendo el 23% de la demanda global total. Para dar una idea del impacto de las medidas de Trump, el 42% de las importaciones de urea provienen de países sometidos a sanciones o intervención estadounidense: Rusia (que cubre el 20% de nuestra demanda nacional), Irán (responsable del 17% de nuestras importaciones) y Venezuela (que representa el 5%).

En otras palabras, la soberanía alimentaria de Brasil está seriamente en riesgo, dadas las incertidumbres geopolíticas que apuntan a otra crisis internacional en los precios de los fertilizantes. Es importante recordar que en 2022, con la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios de los insumos aumentaron un 129%.

Es en este contexto que Petrobras finalmente retoma la operación y producción de sus plantas de fertilizantes, después del intenso desmantelamiento realizado por los gobiernos de Temer y Bolsonaro, que resultó en el cierre de Fafen PR, la paralización de las obras de finalización de la planta de Mato Grosso do Sul (UFN3), y el arrendamiento y posterior hibernación de las plantas de Bahía y Sergipe.

En Paraná, Fafen ya produce ARLA 32, esencial para reducir los contaminantes de los motores diésel, y en febrero reanudará la producción de urea. En Sergipe, la unidad comenzó a producir amoníaco y urea en las últimas semanas, y en Bahía, se espera que la fábrica reanude sus operaciones a finales de enero. Fafen MS se encuentra actualmente en proceso de licitación para reanudar la construcción, con inicio previsto de operaciones para 2029. En conjunto, las unidades de PR, BA y SE representarán el 20% de la demanda total de urea de Brasil, porcentaje que alcanzará el 35% cuando la UFN3 entre en funcionamiento.

El regreso de Petrobras al sector de fertilizantes es una de las principales reivindicaciones del sindicato de trabajadores petroleros, que incluso realizó una huelga histórica en febrero de 2020 contra el cierre de Fafen Paraná y el despido sumario de sus trabajadores. Desde la transición al gobierno de Lula, la FUP (Federación Unificada de Trabajadores Petroleros) ha defendido la agenda de los trabajadores petroleros y petroquímicos en negociaciones con organismos del gobierno federal y la dirección de Petrobras, así como mediante escaños en los Consejos Nacionales, no solo para permitir la reapertura de las fábricas, sino también para garantizar derechos y condiciones laborales seguras.

Panorama internacional

El consenso económico: de Washington a Londres

Michael Roberts *

El Consenso de Washington fue un conjunto de diez prescripciones de política económica articuladas en las décadas de 1980 y 1990 para constituir el paquete de reformas «estándar» promovido para los países en desarrollo asolados por la crisis por las instituciones multilaterales de Washington DC, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

El término Consenso de Washington fue utilizado por primera vez en 1989 por el economista británico John Williamson y fue la base de las políticas globales diseñadas para promover «mercados libres», tanto a nivel nacional como mundial, así como para reducir el papel del estado a través de la privatización y la «desregulación» de los mercados laborales y financieros. Mantenga el gasto y los déficits del gobierno bajos y deje que el mercado haga lo suyo. En efecto, el Consenso de Washington era un conjunto de directrices económicas para lo que finalmente se llamó economía «neoliberal».

El consenso neoliberal llegó a dominar la política económica debido al aparente fracaso de la macrogestión keynesiana de posguerra en la década de 1970, a medida que el crecimiento económico se hundió y la inflación y el desempleo aumentaron. La causa de este fracaso está en discusión dentro de la teoría económica convencional. Los keynesianos dicen que fue porque los responsables de la política económica cambiaron «las reglas del juego»; los neoliberales y los monetaristas que fue porque la macrogestión del gobierno distorsionó el mercado y simplemente aumentó la volatilidad.

En mi opinión, la explicación marxista va más al grano. El auge económico de la posguerra con tasas de crecimiento económico relativamente altas y empleo relativamente pleno (al menos en las economías capitalistas avanzadas) solo fue posible porque la rentabilidad del capital era alta, lo que permitía la inversión productiva, al tiempo que se podía explotar un abundante suministro de mano de obra en toda Europa y Asia. Pero la ley de Marx de la disminución de la rentabilidad finalmente funcionó y la rentabilidad cayó bruscamente desde mediados de la década de 1960 hasta la década de 1970.

La primera crisis internacional tuvo lugar en 1974-5, seguida de estagflación (producción estancada junto con aumento de la inflación). Había que hacer algo para revivir las economías capitalistas y era necesario un cambio de política económica. Lejos del costoso gasto gubernamental y la interferencia con los mercados, aplastar a los sindicatos, privatizar los activos estatales y cambiar la inversión a nivel mundial hacia las áreas de mano de obra barata del Sur Global. La implementación con éxito de estas políticas durante la década de 1980 permitió que la rentabilidad se recuperara un poco; y así, la teoría económica convencional adoptó el Consenso de Washington.

Pero la ley de rentabilidad de Marx comenzó de nuevo a ejercer su presión sobre el capital. A finales del siglo XX, la rentabilidad comenzó a caer de nuevo y en 2008-9 hubo un colapso financiero global y la Gran Recesión. Esto expuso el fracaso de las políticas neoliberales y del Consenso de Washington. La globalización se detuvo y las principales economías entraron en una larga depresión de bajo crecimiento del PIB, la inversión, la inflación y el empleo. Era hora de que la corriente principal reconsiderara su zeitgeist económico.

En primer lugar, hubo un intento de revisar el Consenso de Washington por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos bajo el presidente Biden. El libre comercio y los flujos de capital sin intervención gubernamental iban a ser reemplazados por una «estrategia industrial» y los gobiernos intervinieron para subsidiar y gravar a las empresas capitalistas para que se alcanzaran los objetivos nacionales. Habría más controles comerciales y de capital, más inversión pública y más impuestos a los ricos. Cada nación por sí misma, sin pactos globales, sino acuerdos regionales y bilaterales; sin libre circulación, pero capital y mano de obra controlados a nivel nacional. Y alrededor de eso, nuevas alianzas militares para imponer este nuevo consenso.

Este Consenso revisado de Washington se suspendió con la sustitución de Biden por Trump en 2025. En cambio, el enfoque trumpista quedó consagrado en el reciente documento de Estrategia de Seguridad Nacional, que establece unas reglas de juego completamente nuevas, al menos para los Estados Unidos. La cosmovisión trumpista ha generado un nuevo enfoque económico, la llamada «geoeconomía». Como la economía debe ser gobernada por movimientos políticos y los intereses de clase más generales del capital han sido reemplazados por los intereses políticos separados de las camarillas, la economía convencional necesita un nuevo enfoque, es decir, la geoeconomía.

Pero ahora llega un Consensus rival de Londres, como lo llama un grupo de economistas en el corazón de la corriente principal, la Escuela de Economía de Londres. A partir de 2023, este Consenso fue desarrollado por más de 50 de los principales economistas y expertos mundiales en políticas económicas en la LSE. En 2025 publicaron: The London Consensus: Economic Principles for the 21st Century.

¿En qué se diferencia el Consenso de Londres del Consenso neoliberal de Washington? En el capítulo introductorio del libro de la LSE, los editores, Tim Besley y Andrés Velasco, lo explican. La primera línea de la introducción le dice al lector la orientación del nuevo consenso: ¡de vuelta a Keynes! Los editores citan el conocido epigrama de Keynes de que «son las ideas, no los intereses creados, las que son peligrosos para bien o para mal». Esto implica que diseñar bien las políticas hará que las economías funcionen bien.

En realidad, la visión idealista de Keynes es errónea. Son precisamente los «intereseses creados» (o los intereses económicos de la clase dominante) los que impulsan las ideas. La macrogestión keynesiana dio paso al neoliberalismo y al Consenso de Washington en la década de 1980 porque las políticas keynesianas ya no eran útiles a los intereses del capital, es decir, la rentabilidad estaba cayendo. Ahora el neoliberalismo también ha sido expuesto como irrelevante y, por lo tanto, deben surgir nuevas ideas para favorecer los intereses del capital.

Que los autores del Consenso de Londres no vean esto se refleja en su siguiente comentario de que «no hay un ‘gran diseñador’ trazando el curso evolutivo del mundo, en el que el ensayo y el error cambian orientan el cambio. La suerte tampoco: las sociedades aún no han evitado que la casualidad determine su destino». Así que lo que sucede en las economías es solo una oportunidad aleatoria; no hay leyes generales que puedan proporcionar pautas para los cambios y tendencias en las economías; todo lo que podemos hacer es reaccionar a las circunstancias cambiantes.

¿Y cuáles son estas circunstancias cambiantes en el siglo XXI que han vaciado las ideas del Consenso de Washington? Los autores de la LSE nos dicen que «los nuevos desafíos son fáciles de enumerar: cambio climático, pérdida de biodiversidad, pandemias, desigualdades variadas, los efectos no deseados de la tecnología, una economía mundial fragmentada, populismo y polarización, guerra en el continente europeo, pérdida de apoyo a la democracia liberal en muchos países». Sí, bastantes, de hecho, lo que se ha llamado una policrisis del capitalismo.

¿Qué cambios debería hacer la teoría económica convencional para ajustar, cambiar y reemplazar el Consenso de Washington con el Consenso de Londres? Los autores del Consenso de Londres tienen como objetivo mantener una economía basada en el mercado, pero con un mayor igualitarismo. El Consenso de Washington se concentró en el primero, el Consenso de Londres quiere añadir el segundo.

Primero, hay que restaurar algunas cosas: a saber, la globalización. Según los autores, la globalización creó muchas cosas buenas para la población mundial: «es difícil argumentar en contra de la proposición de que las enormes reducciones de la pobreza global logradas se debieron, al menos en parte, a una mayor apertura económica». ¿En serio? Todos los estudios empíricos muestran que los niveles de pobreza global (se midan como se midan) cayeron después de la década de 1990 casi exclusivamente debido al salto adelante en el ingreso per cápita en el país más poblado del mundo, China. Saque a China (y hasta cierto punto, la India) de la ecuación de la pobreza y hay poca o ninguna reducción en la pobreza global. De hecho, los autores de la LSE tienen que admitir que «los efectos desiguales de la globalización no pueden ser ignorados. Los cambios en el tamaño y la composición de los flujos comerciales tienen efectos marcadamente desiguales en las ganancias de todos los individuos».

Otro aspecto insuficientemente apreciado de la globalización, según los autores, es cómo se distribuyen las «rentas». Aquellos con derechos de propiedad intelectual pueden aumentar sus rentas subcontratando la fabricación. «A pesar de que los gigantes tecnológicos como Apple producen poco en los Estados Unidos, las rentas de sus productos van a la Corporación Apple, donde elige declararlos. Esto ha enriquecido a las clases empresariales (exitosas) cuyos rendimientos son mayores cuando pueden reducir los costes de producción. También ha creado nuevas fuentes de desigualdad dentro de los países».

Pero, ¿qué son estas «rentas»? Esta es claramente la visión keynesiana de los «mercados imperfectos» y los monopolios. Los «beneficios» están bien (la palabra beneficio se usa solo una vez a lo largo del capítulo introductorio), pero las «rentas» no. Se supone que las rentas son «beneficios puros», es decir, ingresos extraídos a través del monopolio. Esta es la causa de la desigualdad y la eficiencia, piensan nuestros expertos en la LSE. Se acepta el beneficio como valor apropiado por el capital a través de la explotación del trabajo y redistribuido a través de la competencia entre capitales. Y, sin embargo, el beneficio es, con mucho, la mayor proporción de la plusvalía obtenida por el capital.

Incluso concentrarse solo en las «rentas», como hacen los autores de la LSE, plantea un problema. Parece que las rentas no se pueden gravar fácilmente». Hay problemas técnicos en torno a la identificación y cuantificación de las rentas en comparación con los rendimientos normales («retornos normales» es lo que los autores quieren decir con «beneficios»). La tarea es especialmente difícil en un mundo de destrucción creativa, donde las ganancias motivan la innovación» (¡de hecho!).

 Aquí los autores se refieren al «paradigma» de crecimiento de la «destrucción creativa» por el que Philippe Aghion y John Van Reenen acaban de recibir el llamado premio Nobel de economía. Estos ganadores del Nobel reviven la teoría de Joseph Schumpeter (quien la desarrolló a partir de Marx) y argumentan que el crecimiento tiene lugar en las economías capitalistas a través de la «destrucción creativa»; si te gustan los booms y las crisis.

Los autores de la LSE concluyen a partir de esto que «las rentas de innovación motivan las inversiones en innovación, por lo que la eliminación de todas las rentas a través de la liberalización y la competencia puede, de hecho, ser negativo para el crecimiento. Pero no se puede permitir que esas rentas de innovación sean demasiado grandes, porque los innovadores de ayer están tentados de usar sus rentas para evitar innovaciones posteriores, ya que ellos mismos no quieren ser víctimas de la destrucción creativa«.

Las «rentas de innovación» (beneficios reales) son necesarias para el crecimiento, pero pueden convertirse en rentas de monopolio y son malas. Así que no queremos gravar las ganancias, es decir, las «rentas de innovación», solo los «beneficios puros», es decir, las rentas. Pero es posible que tengamos que gravar los intentos de monopolizar la innovación y crear rentas. Así que esto es complicado. «Si el sistema limita la competencia y no grava las rentas, eso seguramente socavará la fe en el sistema de mercado». Pero gravar la riqueza no es la forma de salir de este enigma.

Eso es porque «la riqueza es difícil de medir y a menudo se transfiere a través de las fronteras. Sin un nivel de cooperación global que no es realista hoy en día, es poco probable que los impuestos sobre el patrimonio produzcan ingresos mucho mayores».

Tal vez la respuesta no sea tratar de redistribuir las «rentas» a usos productivos a través de impuestos, sino intervenir directamente en el proceso productivo. Los autores continúan: «depender del mercado para la mayoría de las decisiones de asignación a menudo es correcto cuando se considera la producción privada». Pero «no todos los males económicos y sociales pueden o deben corregirse mediante la redistribución posterior a la producción.

Algunos necesitan ser corregidos antes o durante la producción, en lo que algunos ahora llaman «pre-distribución». Y citan al ex economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, en su contribución al volumen de la LSE, que «puede ser que se necesite una intervención más directa en el proceso de mercado, en lugar del proceso de redistribución».

Sin embargo, esta tentativa indirecta a favor de la propiedad común del capital privado y la inversión estatal se descarta rápidamente. En primer lugar, las empresas estatales han «demostrado ser extremadamente difíciles de gestionar y evitar su ineficiencia». Y hay «un cuasi consenso sobre la propiedad en sectores como los bienes de consumo y los servicios, que están mejor ubicados en manos privadas». Sin embargo, podríamos debatir (solo debatir) «el caso de la propiedad pública de los monopolios naturales y algunos tipos de infraestructura esencial».

Así que la propiedad pública de sectores esenciales para dirigir las economías no forma parte del Consenso de Londres; no es de extrañar, después de todo, porque nuestros autores son seguidores de Keynes, no de Marx. Pero al ser seguidores de Keynes, abogan por una mayor «capacidad estatal». ¿Qué significa eso? Parece que significa usar el estado para apoyar la economía de mercado. «Contrariamente al mítico ideal libertario del pequeño estado, la creación de una economía de mercado funcional requiere una serie de instituciones de apoyo al mercado, tanto legales como regulatorias. El mercado no se desarrolla en muchos países porque el estado es demasiado incompetente y débil».

Pero los autores no abogan por un papel de liderazgo en la inversión para el estado en las economías capitalistas. Para ellos, la capacidad estatal significa «capacidad de recaudación de ingresos para pagar, sin un recurso excesivo a la deuda, por las cosas que hace el gobierno; capacidad legal-administrativa, para proporcionar un marco estable en el que los agentes privados puedan tomar decisiones, especialmente decisiones de inversión, que implican separarse de los recursos hoy a cambio de un retorno incierto en el futuro; y capacidad de entrega, no solo para diseñar políticas, sino para implementarlas de manera efectiva».

Así que esto es realmente muy diferente de la macrogestión keynesiana del período de posguerra: «el gobierno desempeña el papel de asegurador de último recurso, dado que los mercados privados no pueden proporcionar seguros. La segunda política es que el gobierno se convierta en un creador de mercado de último recurso, ayudando a apuntalar los mercados financieros que se atascan en momentos de estrés macroeconómico».

Así que rescatar cualquier lío causado por el sector capitalista. Y «la política fiscal debe ser prudente (y reducir la deuda neta) en los buenos tiempos. Por lo tanto, el nuevo activismo está lejos de ser un llamamiento al «todo vale» cuando se trata de política fiscal. Por el contrario, requiere una prudencia fiscal sustancial, y las instituciones que hacen posible esa prudencia». Por lo tanto, la macrogestión de los presupuestos.

¿Qué pasa con el sector financiero? ¿Cómo evitamos otro colapso financiero global como en 2008? Aparentemente, «la asignación de crédito determinada por el mercado sigue siendo un objetivo del Consenso de Londres. Pero ponemos mucho más énfasis en la regulación para evitar los auges y las caídas de los préstamos. Crear un entorno institucional para la regulación micro y macroprudencial es ahora el nombre del juego, para los banqueros centrales y supervisores bancarios de todo el mundo». Aquí tenemos la clásica respuesta convencional a la crisis de 2008: más regulación, pero no demasiada para que no bloquee el crédito a las empresas capitalistas.

La ironía aquí es que, en el ápice de la crisis de 2008, la entonces Reina del Reino Unido visitó la LSE y saludó a los expertos reunidos con la pregunta: «¿por qué no preveyeron que esto sucedería?» Los expertos en la LSE no estaban interesados y solo emitieron una respuesta en una carta unos días después. ¿Cuál fue la causa del colapso financiero, según los autores del Consenso de Londres?

Ellos consideran que «las circunstancias económicas benignas que lo precedieron permitieron la acumulación de desequilibrios en el sector financiero, un fenómeno que ilustra cómo el sector financiero puede ser una fuente importante de choques, y cómo la regulación financiera adecuada es un componente esencial de las políticas para mantener la economía estable».

Aparentemente, demasiada desregulación de las finanzas especulativas fue la causa de la crisis de 2008 y «la lección de todo esto es un énfasis renovado tanto en la política macroprudencial como en la de competencia en las finanzas, tanto para reducir la volatilidad como para crear estructuras económicas más justas». Los bancos, los fondos de cobertura, las grandes empresas no deben ser tocados, sino que simplemente están mejor regulados. Pero la «regulación» ha fracasado miserablemente en detener las crisis recurrentes en las economías capitalistas.

Los autores están interesados en mostrar el éxito de los bancos centrales en el control de la inflación. «Las tasas de inflación disminuyeron en todo el mundo después de la adopción de los objetivos anti-inflación y permanecieron así durante más de dos décadas. Y cuando la inflación se disparó después de la pandemia, en parte debido a choques imprevistos de oferta, los bancos centrales lograron reducir las tasas de inflación más importantes sin provocar una recesión».

¿En serio? Todas las últimas pruebas muestran que la política monetaria del banco central no logró alcanzar sus objetivos de inflación preestablecidos a lo largo del período neoliberal, durante la Larga Depresión de la década de 2010 y en el aumento de la inflación post-pandémico.

Los autores del Consenso de Londres regresan a la máxima de su héroe Keynes, es decir, que las ideas impulsan los intereses económicos, no al revés. En este tema, los autores argumentan que la mayor diferencia entre el Consenso de Washington y su Consenso de Londres es que ahora es «¡la política, estúpido!» Eso es lo que importa, no la economía.

Verá, la democracia liberal está amenazada. «Desde el fin del sueño democrático en Rusia hasta el endurecimiento de la autocracia en China, desde el retroceso democrático en Hungría y Turquía hasta el regreso de la dictadura en Venezuela y Nicaragua, hasta la reciente sucesión de golpes en el África subsahariana, desde las caóticas decisiones políticas en los Estados Unidos hasta el creciente desencanto con la democracia en muchas democracias establecidas desde hace mucho tiempo en Occidente, el catálogo de los males políticos es largo y preocupante».

No se menciona aquí la falta de democracia en Arabia Saudí, otros sultanatos árabes, la destrucción de Palestina por parte de Israel, etc. La única preocupación es la pérdida de la democracia liberal en otros lugares.

Los autores señalan que la «democracia liberal» está amenazada por el «populismo autoritario» debido a que «el estancamiento salarial y la creciente desigualdad en los Estados Unidos y el Reino Unido, las regiones que se quedan atrás por la disminución del empleo industrial y el sufrimiento humano masivo provocado por la pérdida de empleos y las quiebras familiares durante la Gran Crisis Financiera de 2007-09». ¿Cuál es la respuesta a esto? «Hacer hincapié en la importancia de un consenso político liberal construido en torno a una sociedad cohesiva como base para el desarrollo político y económico». …. Sin ‘buenos trabajos, con buenos salarios’ es difícil imaginar cómo la política seguirá siendo pacífica y estable en muchos países».

Naturalmente, pero ¿no es el fracaso a la hora de lograr resultados la razón clave de la creciente pérdida de poder político por parte de los principales partidos de «centro-derecha» y «centro-izquierda» de la «democracia liberal»? ¿Puede el capitalismo en el siglo XXI ofrecer buenos empleos con buenos salarios, mejores servicios públicos, etc.?

El Consenso de Londres es confuso y confunde. Traer de vuelta a Keynes es la consigna, pero con un poco de énfasis adicional en la «capacidad estatal». Sin embargo, los autores dicen que «el pragmatismo es necesario. Estamos de acuerdo con Paul Johnson, quien escribe en este volumen que la buena economía «no apoya simplemente minimizar la participación del Estado, ni descartar el sector privado. Es mucho más complicado que eso». De hecho, demasiado complicado para el Consenso. Mientras tanto, el trumpismo y la geoeconomía están crecen a nivel mundial.

*Economista marxista británico que ha trabajado 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.

América Latina aún no debe desabrochar su cinturón de seguridad

Thalif Deen *

La incertidumbre económica, social y política dominó en 2025 en América Latina y el Caribe, y todo indica que proseguirá en 2026, por lo que todavía la región “no debe desabrocharse el cinturón de seguridad”, advirtió un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Esa incertidumbre, que “alcanzó máximos históricos” continuará en 2026, una situación impulsada por alianzas geopolíticas, normas comerciales cambiantes y un calendario electoral denso en la región, de acuerdo con el reporte.

Esas fuerzas están moldeando las perspectivas de desarrollo de forma desigual. Por ejemplo, algunos países se están beneficiando de precios más altos de las materias primas y de un renovado interés de los inversionistas, mientras que otros siguen atascados en un bajo crecimiento o enfrentan una vulnerabilidad creciente.

Los choques climáticos son cada vez más frecuentes y costosos, al tiempo que las personas envejecen más rápido de lo que los sistemas de cuidado pueden adaptarse.

En su más reciente #GraphForThought (Gráfico para reflexionar), el Pnud señala las tendencias a seguir en el ámbito del desarrollo en América Latina y el Caribe en 2026, revelando los riesgos que se aproximan, pero también dónde podrían surgir nuevas oportunidades en un mundo más fragmentado e incierto.

En primer lugar, apunta a “esperar lo inesperado”: la incertidumbre aumenta a medida que convergen las presiones globales e internas convergen, y el Pnud considera que en 2025 fue 2,5 veces más alta que en 2024.

El panorama geopolítico cambiante, liderado por cambios en las políticas en Estados Unidos, fue el factor central, trasladando sus efectos a la región a través del comercio, la inversión, los flujos migratorios y financieros, las remesas y la gobernanza democrática.

La dinámica interna, dice el Pnud, amplía esa volatilidad, pues en 2026 siete países, que representan más de la mitad (52 %) de la población de la región -con la mayor polarización política en el mundo- experimentarán transiciones presidenciales.

La superposición entre la incertidumbre global y el cambio político interno aumenta el riesgo de reversar políticas, retrasos en la inversión e inestabilidad a corto plazo.

El año 2026 comenzó con la región situada en el centro de la atención geopolítica. Su dotación de recursos estratégicos —incluyendo litio, cobre, minerales de tierras raras y casi 19 % de las reservas conocidas de petróleo del mundo— incrementa el interés internacional en su papel dentro de las cadenas de suministro globales.

Al mismo tiempo, la expansión de redes criminales organizadas, incluidas aquellas que buscan influencia sobre recursos naturales de alto valor, ha añadido complejidad al entorno de seguridad regional.

Las cuestiones relacionadas con la seguridad, la gobernanza y la soberanía económica han cobrado protagonismo, especialmente en países donde se cruzan la riqueza de recursos, la actividad criminal y los intereses comerciales externos.

Los patrones comerciales también están cambiando de formas que sugieren que la incertidumbre persistirá. En las dos últimas décadas, América Latina y el Caribe profundizó sus lazos económicos con China, ahora el segundo mayor destino exportador de la región, con 12,3 % de sus exportaciones de bienes en 2024.

Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal socio de la región con 14,9 % (excluyendo México), los aranceles introducidos en 2025 podrían acelerar el giro de la región hacia mercados alternativos.

Al mismo tiempo, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (aún pendiente de ratificación en un contexto geopolítico cambiante) podría transformar aún más el panorama comercial de la región.

En conjunto, estos cambios sitúan a América Latina y el Caribe no solo como espectador de la fragmentación global, sino como una región que navega cada vez más por esferas económicas en competencia.

Por otra parte, se espera que la región experimente una modesta aceleración en el crecimiento en 2026 (2,3 % tras 2,2 % en 2025), que sigue frágil y muy desigual.

Más allá de ese promedio, los resultados divergen drásticamente. Un subconjunto de países se está beneficiando de precios más altos de las materias primas y de una demanda externa más fuerte, con tasas de crecimiento que se acercan a cuatro por ciento, niveles comparables a los de Asia Oriental y el Pacífico.

Otros se enfrentan a una perspectiva más desafiante. La exposición a aranceles recién impuestos, junto con tensiones geopolíticas más amplias, está pesando sobre las exportaciones y la inversión, y se espera que varios países experimenten un crecimiento mínimo, o incluso una contracción.

La pobreza sigue disminuyendo, pero los avances son frágiles y concentrados. Se espera que caiga a 25,2 % de la población al cierre de 2025, la mitad de su nivel en el año 2000. La recuperación postpandemia ha continuado, pero sus beneficios no se han repartido de manera equitativa.

Si se excluye a Brasil y México, donde la ampliación de programas de transferencias monetarias y el sólido desempeño del mercado laboral aceleran la reducción de la pobreza, la tasa regional de pobreza es casi tres puntos porcentuales más alta y el ritmo de recuperación parece mucho más lento.

Las presiones climáticas se intensifican, aunque la energía limpia gana impulso. América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones más expuestas a choques climáticos y eventos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y tormentas. Estos riesgos ya no son episódicos: son estructurales.

No obstante, la región tiene un potencial significativo para contribuir a soluciones climáticas globales. Las fuentes renovables ya representan el 62,5 % de la generación eléctrica en América Latina y el Caribe, superando con creces al promedio mundial (31,8 %).

La región también posee una gran capacidad solar, eólica e hidroeléctrica, junto con 23 % de los bosques mundiales y una biodiversidad sin igual.

Con inversiones e innovación dirigidas, 2026 podría marcar un punto de inflexión, uno en el que América Latina y el Caribe “comience a traducir sus ventajas naturales en beneficios climáticos y de desarrollo a gran escala”, postula el Pnud.

Finalmente, en el punto de inflexión, el envejecimiento poblacional está transformando las necesidades de cuidado. En 2024 7 2025, por primera vez, los adultos mayores de 65 años requirieron relativamente más cuidado que los niños pequeños, de cero a cuatro años.

Las implicaciones van más allá de la salud. Las poblaciones envejecidas ejercen una presión creciente sobre los sistemas de protección social, los servicios de salud pública y los planes de pensiones.

Sin una preparación adecuada, la carga del cuidado probablemente recaerá de forma desproporcionada en adultos en edad laboral, especialmente mujeres, que siguen asumiendo la mayoría de las responsabilidades de cuidado no remuneradas tanto de niños como de ancianos.

El Pnud concluye que los cambios observados en 2025 preparan el terreno para un 2026 complejo y se requiere “un enfoque renovado hacia el desarrollo humano, uno que reconozca su naturaleza interconectada”.

Así, reducir la pobreza y la vulnerabilidad requiere ampliar la protección social, mejorar las oportunidades en el mercado laboral, garantizar una educación de calidad y ampliar instrumentos financieros que ayuden a los hogares a resistir la adversidad.

Se considera esencial la adaptación climática, con mejores sistemas de alerta temprana, planificación sobre riesgos, más coordinación e infraestructuras resilientes.

Al mismo tiempo, el rápido cambio demográfico subraya la necesidad de ampliar los sistemas de cuidado a largo plazo, reforzar los servicios públicos de salud y redistribuir el trabajo no remunerado para reducir las brechas de género.

Avanzar y mantener estas reformas en un entorno altamente polarizado “requerirá una gobernanza más fuerte: instituciones eficaces, toma de decisiones basadas en normas y confianza en la acción pública”, concluye el reporte del Pnud.

*Corresponsal de Inter Press Service en Naciones Unidas