Chile: AFP, la privatización del futuro

Paul Walder

Chile lleva más de una década de bajo crecimiento. Desde 2013 en adelante, el PIB nacional no ha crecido más de un 4%. Un trance lleno de obstáculos, baches y saltos anómalos. Desde 2010 al año pasado, la media ha sido de 2,85%, una cifra más cercana al estancamiento que a la expansión. Una cifra que expresa con palmaria claridad la decadencia de un orden.

Decadencia y también vergüenza. En este periodo, los niveles de desigualdad exhiben un contraste propio de una escena distópica: según el World Inequality Report 2022, el 1% más rico concentra el 49,6% de la riqueza del país, una de las cifras más altas en el mundo. La Encuesta Casen de 2017 reveló que el 10% más rico de los hogares chilenos obtiene el 38% del ingreso monetario, mientras que el 10% más pobre solo el 1,4%.

El destacado periodista Daniel Matamala ha escrito este domingo en La Tercera sobre las AFP y la discusión inmoral sobre el fondo adicional del 6% que estas instituciones quieren administrar. Uno de los aspectos más interesantes del debate que publicita Matamala surge de las palabras de José Piñera, el inventor de las AFP en los años más calientes de la dictadura civil-militar.

El plan de Piñera no eran las pensiones, sino la privatización de la economía. De partida, las AFP debían ser empresas privadas, descartando cooperativas o entidades colectivas, un cambio que, según él, “significó una disminución gigantesca del poder político del Estado sobre la economía … y el espectacular desarrollo del mercado de capitales en Chile”.

La reforma, dice Piñera, “creó un enorme poder comprador que contribuyó a la privatización de las empresas mal llamadas ‘estratégicas’ (la energía, los teléfonos, la comunicación de larga distancia, etc.). En una deliberada secuencia virtuosa, primero se crearon los fondos de pensiones y después ellos fueron importantes compradores de las acciones de estas empresas cuando se licitaron”.

Matamala concluye: “La reforma cambió para siempre el eje del poder en Chile, desde el Estado a los grupos empresariales. Y creó un mercado de capitales que permitió la explosión del crédito, incluido el hipotecario a largo plazo. El daño colateral de esta ‘deliberada secuencia virtuosa’ serían las jubilaciones de millones de trabajadores chilenos”.

En diciembre conocimos que las AFP invirtieron en campañas de propaganda, como “Con mi plata NO” y otras de similar tendencia, 11.000 millones de pesos. Un monto, por cierto, sacado de las cotizaciones que mensualmente les entregan los y las trabajadoras.

Podemos observar a las AFP como el núcleo del capitalismo neoliberal chileno. Un sistema que no dará espacio a reformas que frenen su rentabilidad. En 2020, las AFP registraron ingresos por comisiones que ascendieron a aproximadamente US$ 1.200 millones, mientras que en 2019 obtuvieron utilidades netas por 700 millones de dólares. Las pensiones miserables que entregan son nada más que el contrapunto para mantener el modelo. Algo similar al contrapunto en la distribución del ingreso nacional.

Hablamos de la privatización del Estado chileno. Las grandes corrientes económicas y financieras están canalizadas por estas instituciones. Al cierre de 2024, los activos previsionales administrados por las AFP alcanzaron 108.405 millones de dólares, una cifra que representa cerca del 64% del PIB de Chile. Pero tienen mejores marcas: en junio de 2020, antes de los retiros de fondos permitidos por la legislación, los activos administrados por las AFP alcanzaron su punto máximo, representando el 83,9% del PIB.

Privatización de la economía, del Estado chileno, pero también privatización de la política. Aquel lamentable espectáculo que observamos cada semana en la Cámara y el Senado, en la administración municipal y territorial y en la misma gobernanza del reducido Estado está conducido por el real poder, que es el financiero y sus derivados extractivistas.

Hoy es común hablar de crisis. No solo una crisis política, sino institucional. Una interpretación que, pese a ser abierta y extensa, deja de nombrar su núcleo, que es su base económica.

Porque sobre el denominado modelo neoliberal y sus desregulaciones, sobre el libre mercado desenfrenado y la desinstalación del aparato del Estado, descansa la actual crisis institucional, la que tiene el hálito de un proceso terminal. Sobre esta estructura, armada desde la violencia y más tarde sobre la derrota, se apoya el presente escenario, levantado sobre la entrega y el fracaso. Nada más claro de esta capitulación que aquellos conversos que asumieron y asumen como virtudes propias las consignas ajenas del otrora adversario.

Una nueva historia comienza con ese fracaso, con una capitulación extendida por toda la transición. Con un engaño representado como verdad y certeza. El capitalismo a ultranza matizado con expresiones como equidad, igualdad, progreso y desarrollo, todas referencias útiles como campaña electoral o discurso enmascarado para esconder la capitulación. La realidad, pese a la demagogia y el marketing, ha sido desde entonces la consolidación del capitalismo más extremo. Si la dictadura usó al país como laboratorio para probar las ideas de Milton Friedman, la posdictadura lo continuó, no bajo el control de las armas, pero sí con el engaño y las herencias institucionales y constitucionales del dictador.

¿Por qué el fracaso? Si hace pocos años la herencia de Pinochet tuvo como efecto un confuso malestar por la estrechez política y la injusta economía, hoy aquella confusión es claridad y realidad. Nuestros males, que son políticos, sociales, económicos y culturales, tienen su origen no solo en la dictadura, sino en la aplicación y legitimación del modelo neoliberal durante la transición. No solo Carlos Cáceres y Hernán Büchi son sus modeladores, también Foxley, Aninat, Eyzaguirre, Velasco, Larraín, Valdés. ¿También Mario Marcel?

El modelo económico erigido durante la dictadura y fortalecido y elogiado por todos los gobiernos desde la ex Concertación, Nueva Mayoría hasta los actuales gobernantes, es expresión palmaria del fracaso que vivimos como sociedad. La desigualdad, la corrupción, la concentración extrema e inmoral de la riqueza, el carácter rentista de nuestra economía, la falta de perspectivas, la incapacidad de desarrollo, de creación de valor, son algunos de los efectos de este régimen.

El sociólogo Juan Pablo Luna publicó el año pasado ¿Democracia muerta? Chile, América Latina y un modelo estallado. Un análisis sobre sistemas y sociedades próximas o con áreas propias de las peores distopías. Sociedades rotas, estados anémicos, neoextractivismo, narcoeconomía y narcopolíticas imbricadas en el corazón de las instituciones, una democracia desfalleciente y unos partidos sin representación, colapsados.

José Piñera sigue defendiendo su modelo. Para él y sus socios, ¿qué podría haber salido mal?

*Periodista y escritor chileno, licenciado en la Universidad Autónoma de Barcelona, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)