Perú libera al genocida Alberto Fujimori

Eloy Proaño

El Tribunal Constitucional peruano  ordenó liberar al expresidente Alberto Fujimori, de 85 años. De esta manera, deberá ser liberado en las próximas horas del penal de Barbadillo en Ate, donde cumple una condena de 25 años por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, delito de peculado, de corrupción, usurpación de funciones, y el caso ‘Diarios chicha’.  Fujimori dejará la cárcel luego de cumplir 14 años de pena.

Mediante un documento, el TC declara fundado el pedido y “ordena que el INPE y el director del penal de Barbadillo en el día disponga la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori, bajo responsabilidad”.

INDULTO

Como se sabe, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto humanitario en 2017. Sin embargo, este fue posteriormente anulado por la Corte Suprema en 2018.

 

No obstante, Alberto Fujimori presentó un habeas corpus en el 2022, el cual fue declarado fundado por el Tribunal Constitucional, el máximo órgano constitucional. En el fallo, se ordenaba la liberación del expresidente.

¿CUÁLES SON LOS DELITOS DE ALBERTO FUJIMORI?

• Usurpación de funciones

La primera sentencia contra Alberto Fujimori se dictó el 11 de diciembre del 2007 al probarse que había ordenado a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos y desaparecer los llamados ‘vladivideos’.

Fue condenado a 6 años de prisión por este delito.

• Barrios Altos, La Cantuta y secuestros

El 7 de abril del 2009 se dictó la segunda sentencia y se le impuso 25 años de prisión al ex presidente por el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta y de 15 personas, incluyendo a un niño de ocho años, en Barrios Altos. Además se le condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario, Samuel Dyer, en abril de 1992.

• Delito de peculado

También en el 2009, Fujimori reconoció el delito de peculado al haberse apropiado de 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregarlos a su ex asesor, Vladimiro Montesinos. La Sala le impuso 7 años y 6 meses de cárcel por este delito.

• Delito de corrupción

En el 2015 recibió su cuarta condena relacionada a los delitos de corrupción, es decir, al espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y la compra de congresistas tránsfugas. El tribunal le impuso seis años de cárcel y el pago de una reparación civil a cada víctima de ‘chuponeo’.

• ‘Diarios chicha’

El 8 de enero de 2015, la Cuarta Sala Penal Liquidadora sentenció a Alberto Fujimori a ocho años de prisión por haber desviado los fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para financiar los ‘diarios chicha’ que apoyaron su segunda reelección.

Liberación inmediata

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó este martes la liberación “inmediata” del expresidente Alberto Fujimori, de 85 años, quien cumple una pena de 25 años de prisión por “crímenes contra la humanidad”.

Fujimori cumple desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y meses después la Justicia revocó el beneficio.

En octubre del 2018, un juzgado de la Corte Suprema declaró la no aplicación del indulto otorgado en 2017, por lo que posteriormente fue reingresado al establecimiento penitenciario. Desde entonces se han venido presentando recursos judiciales buscando su nueva excarcelación.

En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional ordenó restablecer el indulto a Fujimori, luego de atender un recurso de hábeas corpus. Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, el 7 de abril de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano no liberar al exmandatario.

El viernes, luego de tres días de polarización e intenso debate mediático y ciudadano por su posible liberación, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, había rechazado la excarcelación del mandatario.

Con la decisión de liberar a Fujimori, el máximo tribunal declaró fundado el hábeas corpus a favor de su indulto que alegaba un presunto atentado contra la libertad individual mediante la detención arbitraria. Si bien el tribunal reconoció la gravedad de los delitos por los que fue condenado, resaltó que se le concedió el indulto humanitario en 2017, cuyos efectos fueron restituidos en una sentencia de marzo de 2022.

De acuerdo con la resolución, esta última sentencia tiene autoridad de cosa juzgada, y el tribunal señala que el favorecido lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad, lo cual constituye una vulneración del derecho fundamental.

Además, los magistrados consideraron la edad avanzada y la salud deteriorada del favorecido, quien cumplió aproximadamente dos terceras partes de su condena.

En marzo de 2022 el Tribunal Constitucional consideró válido el indulto, decisión que permitía la liberación de Fujimori. El 7 de abril de 2023, la Corte IDH ordenó que el Perú no implementara la sentencia del TC.

La semana pasada la Corte IDH requirió al Estado peruano que informe cómo se cumplió esa resolución. “Siguiendo instrucciones del presidente de Tribunal, se solicita al Estado que, a más tardar el 6 de diciembre de 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en la Resolución de 7 de abril del 2023”, detalló la Corte IDH en un documento reproducido entonces por el diario oficial El Peruano.

Sin embargo, el fallo del Tribunal Constitucional publicado este martes considera que la Corte IDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado.

El pedido se conoció un día después de que el TC rechazara una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia y, de ese modo, dejara abierta la posibilidad de excarcelarlo. A su vez, el Ministerio de Justicia afirmó la semana pasada que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte acatará la decisión del juez.