Ejercicios militares en Perú, satélites espías y desafíos fondomonetaristas
¿A quien cuidan los centinelas?
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La particularidad de estos ejercicios es la invitación especial que se ha remitido al Reino Unido, otro de los integrantes de la OTAN, que ocupa de forma ilegítima e ilegal las Islas Malvinas. El Resolute 23 cuenta con la participación de 1.172 integrantes estadounidenses, pertenecientes a la Fuerza Aérea (USAF) y a las Fuerzas Espaciales (USSF), que coordinan a otros 1.500 militares peruanos, colombianos, chilenos, brasileños, ecuatorianos, uruguayos y panameños, y a media centena de uniformados británicos, pertenecientes al Cuerpo Real de Marines y a las Fuerzas Aéreas Especiales.
Las actividades que se llevan a cabo en cinco áreas geográficas peruanas (Lima, Callao, Pucusana, Talara y Piura) fueron planificados por el 12º destacamento de Fuerza Aérea del Comando Sur, con sede en la base Davis Monthan de Arizona, donde se definieron los ejercicios de monitoreo regional a ejecutarse en el Centro peruano de Imágenes Satelitales (CNOIS). La actividad se presentó como continuidad del Simposio de Sincronización Conjunta planteado previamente en la Base Conjunta de San Antonio, Texas, entre el 28 de marzo y el 1º de abril del presente año, orientado a sincronizar y aumentar la presencia de Washington en Latinoamérica y el Caribe.
La doctrina que guía las actividades de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, se orienta a garantizar la interoperatividad destinada a enfrentar las amenazas de las potencias autocráticas enemigas y de regímenes malignos como Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Según la planificación compartida con los militares peruanos, el objetivo específico de los ejercicios –que se extenderán hasta el 22 de julio– es ampliar las capacidades conjuntas en el ámbito de la seguridad, la gestión de riesgos y el control de orden interno. El Sentinel se divide en tres fases: la de planeamiento, que se desarrolló entre el 1º y el 23 de junio; la de ejecución, que se lleva a cabo desde entre el 24 de junio y hasta el 22 de julio; y la de evaluación, que se realizará entre el 23 de julio y el 5 de agosto.
La elección de Perú como sede de los ejercicios no es casual. Según la analista Tamara Lajtman, Washington necesita sustituir a Colombia como sede central de sus operaciones de control hemisférico ante el distanciamiento expuesto por el gobierno de Gustavo Petro a los requerimientos del Pentágono. El gobierno de Dina Boluarte, por su parte, aparece como un socio privilegiado, dada su debilidad interna, promovida por su complicidad con el golpe palaciego instaurado contra Pedro Castillo, que había promovido durante su breve mandato presidencial una interrupción de los intercambios militares con Washington y un cuestionamiento a las políticas coloniales de Londres en el Atlántico Sur.
Pocos meses antes de ser encarcelado, Castillo denunció ante la Asamblea de las Naciones Unidas la prepotencia británica y defendió la posición soberana argentina. En referencia a la contradicción entre estas dos posturas, el ex jefe del Ejército argentino Cesar Milani consideró que “los mismos hermanos que en el año 1982 nos enviaron, en un gesto histórico, diez aviones Mirage y misiles tierra-tierra y tierra-aire para combatir al Reino Unido, hoy se sacan una foto sonrientes por participar de un ejercicio llamado ‘Resolute Sentinel 2023’ con supuestos fines humanitarios”.
Para habilitar los ejercicios militares, la mandataria peruana promovió una resolución del Congreso que autoriza –inicialmente– la presencia de fuerzas armadas extranjeras por un periodo de 90 días, hasta el 29 de agosto de 2023. La permisibilidad otorgada a los uniformados estadounidenses se suma a la participación de asesores del Pentágono en la planificación de los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) con sede en Paraguay, Haití y El Salvador, además de Perú. Los sucesivos gobiernos neoliberales de Lima han logrado convertir a su país en el tercer receptor de asistencia militar y de seguridad estadounidenses de la región, después de Colombia y México.
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Encrucijadas
Mientras Perú colabora con el Comando Sur, otros países latinoamericanos son excluidos de ejercicios conjuntos en los que participan los miembros de la OTAN: a la Fuerza Aérea Argentina se le negó en las últimas semanas la participación en la exhibición militar aérea Royal Air Tattoo 2023, que se llevará a cabo entre el 14 y el 16 de julio en Fairford, debido a que sus pilotos se inscribieron con una aeronave Boeing 737 T-99 nominada como Islas Malvinas.
Las relaciones entre Washington –máximo regente de la OTAN– y Buenos Aires se encuentran atravesadas por dos ejes geopolíticos. Por un lado, el que se relaciona con el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y por el otro el referido al vínculo con los BRICS, y específicamente con China. Durante la última semana, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, consideró que el radar instalado por la empresa británico-irlandesa LEOLABS Space Holding Limite en el sur del país, a 600 kilómetros de las Islas Malvinas, no debe contar con habilitación. Según Paleo, “en el directorio de LEOLABS hay ex miembros del Departamento de Defensa de los Estados Unidos”.
El militar argentino agregó que es necesario “alertar desde el nivel estratégico militar la seria amenaza a la seguridad nacional que supone la puesta en operaciones de la instalación de antenas de radar para el seguimiento de satélites de órbita baja por parte de la empresa de capitales británicos LEOLABS en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Según la información divulgada por los analistas militares argentinos, el directorio de LEOLABS también cuenta con integrantes de la comunidad de inteligencia militar que planifica el Resolute Sentinel 2023. La mitad de los radares de LEOLABS instalados a nivel global se encuentran ubicados en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, todos integrantes del acuerdo Five Eyes –del que participan Canadá y el Reino Unido–, orientado al intercambio de información de inteligencia militar.
El embajador Marc Stanley estuvo en Ushuaia en marzo, cuatro días antes del anuncio de la empresa LEOLABS sobre el inicio de sus actividades en Tierra del Fuego. En esa oportunidad, el diplomático celebró la instalación del radar británico que –según afirmó– colaborará “con empresas y gobiernos de todo el mundo en la protección contra los desechos espaciales”. La intención de Washington y del Reino Unido de contar con información proveniente de un satélite ubicado en el Atlántico Sur aparece como coherente con la ofensiva para evitar que el Ministerio de Defensa a cargo de Jorge Taiana adquiera 12 aviones de combate JF-17 Thunder de fabricación china por un monto cercano a los 644 millones de dólares, lo que implicaría la compra de armas más importante desde la Guerra de las Malvinas en 1982.
Alineaciones planetarias
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Washington cuestiona esa adquisición y, en contraparte, ofrece los F16 con la limitación de componentes de origen británico y sin provisión misilística, que Beijing garantiza. Para justificar esa diferencia de ofertas, el embajador Stanley consideró que Beijing “tiene la capacidad porque sus empresas, las empresas constructoras, son estatales. Nosotros no tenemos eso, ellos pueden tomar una decisión en un instante”.
Además reconoció que Estados Unidos “necesita tener más herramientas para ser más competitivos con China en muchos casos”. Otro de los que se manifiesta en forma crítica respecto a la posible compra de los cazas orientales ha sido el senador por Texas, Ted Cruz, quien propuso prohibirle el ingreso a Estados Unidos a Cristina Fernández de Kirchner por sus vínculos con la corrupción y con China. El precandidato a gobernador por la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, se reunió la última semana con Cruz, para dejar en claro sus simpatías y sus animadversiones.
La relación de Latinoamérica y el Caribe con Washington está mediada, cada vez más, por China. En la última semana, el representante de Beijing ante el FMI, Zhengxim Zhang, advirtió al board de ese organismo multilateral en un informe verbal que su país podría financiar los próximos vencimientos de la Argentina en el caso de que Kristalina Georgieva se niegue a viabilizar un nuevo acuerdo transitorio. En esa misma línea, las autoridades chinas aplaudieron la posible asociación entre el ministro Sergio Massa y su par egipcio, Mohamed Maait, referentes de los dos países más endeudados ante el FMI. La Argentina y Egipto explican el 70% de todos los créditos del organismo con sede en Washington.
Entre los ejercicios militares en Perú, los radares en la Patagonia y las negociaciones con el FMI hay una tensión geopolítica que plantea nuevos desafíos para América Latina y el Caribe. Washington parece sorprendido y sin reflejos frente a la velocidad de los cambios planteados desde el polo euroasiático. Se divisan nuevas oportunidades y muchos actores parecen entrever ciertos espacios de debilidad del atlantismo. Ese espacio puede o no aprovecharse. Dependerá de cómo se alineen los planetas sociales y políticos.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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