En una Argentina injusta cabalga el fantasma del estallido social

Claudio della Croce

Argentina no es pobre, es injusta . Y campea la desigualdad por todo el territorio. En un país con sólo 46 millones de habitantes, donde se producen anualmente 160 millones de toneladas de granos, más del 40% de la población vive bajo la línea de pobreza, mientras la inflación amenaza con alcanzar el 70 por ciento a finales de año, crecen las protestas y se pasea el fantasma de un nuevo estallido social

Entre 2017 y 2021, más de siete millones de personas se sumaron a una situación de pobreza y viven en hogares que no llegan a reunir los ingresos necesarios para hacer frente al costo de una canasta básica (cifra que en este 2022 se agigantó).

El gobierno sigue perdiendo la guerra que a la suba de precios que le declarara el gobierno del presidente Alberto Fernández, que impulsa la inflación con la autorización de subas de precios que regula el Estado. La Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) proyectó una tasa de inflación para el 2022 en torno al 70 por ciento.

El ministro de economía, Martín Guzman, afirmó que “para atacar el problema lo primero es romper la inercia inflacionaria, tenemos una economía muy acostumbrada a la inflación, y para enfrentarlo necesitamos tener políticas macro consistentes, una economía que nos ayude a juntar dólares, a aumentar las reservas en divisas del Banco Central. Teniendo estabilidad cambiaria, baja la inflación”, afirmó.

Pero las políticas +Precios Cuidados, Cortes Cuidados y el lanzamiento de una nueva canasta de productos para comercios de proximidad denotan la ausencia de un programa macroeconómico integral, según la advertencia de la Undav, que señala que “la alta concentración en la producción y comercialización de alimentos resultan ser la causa principal de los continuos aumentos de los precios de los alimentos”.

La universidad propone la implementación de un mayor control sobre los formadores de precios, a su vez que una intervención activa del Estado para evitar que los precios locales de las materias primas se acoplen a los internacionales y, por último, un acuerdo entre todos los actores económicos y sociales a fin de evitar que la inercia inflacionaria continúe con su tendencia alcista.

Los aumentos previstos en las tarifas de servicios públicos (luz, gas y agua), a los que se suman incrementos programados en prepagas (10 por ciento), y alquileres, entre otros, seguirán manteniendo elevada una inflación con una mayor inercia influenciada por una mayor indexación del dólar, importantes aumentos de paritarias en el corto plazo y la falta de un ancla robusta que permita anclar expectativas.

Y, en el río revuelto de la inflación, las empresas aprovechan para remarcar a su placer, mientras crece la pobreza, el hambre, el desempleo, la desigualdad. Aunque gradual, la devaluación permanente del peso argentino empuja el dólar hacia arriba todo el tiempo y con él gran parte del sistema de precios se eleva. Esta devaluación está establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ahora exige que se acelere, que se haga más rápido.

La expresidenta y actual titular del Senado argentino, Cristina Fernández de Kirchner, advirtió que «el avance de la desigualdad está poniendo en crisis la democracia», insistió en regular el poder del capital financiero internacional, y remarcó que «el poder económico concentrado también es mediático» y busca «manejar el sentido común».

El analista Juan Guahán llama la atención de los diferentes modos que repercuten los reclamos, movilizaciones, paros, protestas, de distintos sectores del pueblo afectados por las políticas públicas del Estado y cómo estas respuestas de los sectores populares generan broncas y miedos en quienes ven, en esas justificadas reacciones, restricciones a sus libertades;  piden la intervención del Estado, que niegan muchas otras veces.

No son pocas las oportunidades en las cuales empresarios y políticos y politiqueros de derecha reclaman mayor represión sobre quienes salen a quejarse por los efectos cotidianos de las decisiones estatales, cuyo objetico es señalar la insatisfacción frente a una medida o situación demandando su reparación o cambio, recuerda.

Los reclamos populares tienen diversas formas y objetivos distintos según los protagonistas, el momento y lugar de su ejercicio. El solo hecho de que, según el gobierno, no se pueden ampliar los planes sociales no sólo por el costo fiscal, sino porque su consumo disminuiría los saldos exportables y demandaría más energía, muestra claramente los límites del modelo.

La reciente historia argentina muestra que esos límites son los que a veces se rompen y obligan a un nuevo replanteo como pasó dos décadas atrás, en el año 2001: el estallido social que obligó al presidente Fernando de la Rúa a huir en helicóptero.

En la Argentina, y pese a un gobierno que se dice progresista, la hegemonía del poder económico concentrado hace que los mayores subsidios los reciban, bajo las formas más diversas, las grandes empresas; le siguen los otorgados a sectores medios a través de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y quedan por último los subsidios a los más pobres.

Son éstos justamente quienes sobreviven –en gran medida- gracias a esas ayudas. Su situación puede transformarse en el detonante de generalizadas rebeldías. Es que el 22% de los hogares recibe algún apoyo de este tipo, pero allí solo se destina entre 1,2 y 1,5% del PBI.

La Argentina extractivista y agroexportadora se benefició  y se potencializó con el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, y se consolida con este gobierno, con la reducción de los derechos de exportación (retenciones), con cupos (limitaciones para exportar) muy flexibles, sumado a la baja presión impositiva sobre el valor de la tierra, las inmejorables condiciones naturales y las creadas por fuertes inversiones en el sector, acrecentando las ventajas comparativas estáticas y dinámicas, señala Horacio Rovelli.

Según estadísticas oficiales del segundo semestre de 2021 el porcentaje de hogares urbanos por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 27,9%. En ellos reside el 37,3% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 6,1% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 8,2% de las personas.

El gobierno se olvidó de los pobres

Para el universo de los 31 aglomerados urbanos considerados, por debajo de la línea de pobreza se encuentran 2.633.905 hogares, que incluyen a 10.806.414 personas; y, dentro de ese conjunto, 578.282 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, lo que representa 2.384.106 indigentes.

Los sacerdotes católicos que trabajan en escenarios populares nucleados en el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COPP) emitieron un documento con severas críticas al gobierno de Alberto Fernández, donde  afirman que “se ha olvidado de los pobres, que las políticas, dictadas desde el exterior (políticas económicas, pero también de relaciones internacionales, de infraestructura, sociales y hasta educativas), no dan respuestas y alientan el desánimo”.

Los COPP constituyen un grupo que se había mostrado hasta ahora muy cercano al gobierno, y varios de sus integrantes mantienen contactos políticos con diferentes referentes del oficialista Frente de Todos e incluso llegaron tener reuniones con el Presidente. Ahora se suman al coro que le  reclama un “urgente cambio de rumbo”, advirtiendo que sin empleo ni asistencia, las protestas no harán más que multiplicarse.

El gobierno asume como propio el plan del Fondo Monetario Internacional que impone una política fiscal que lo obliga a congelar los beneficiarios de planes sociales y, conteste de la inédita y descomunal miseria que cunde, se da el lujo de evitar por todos los medios meter la mano en el bolsillo de los dueños del país, señala Jorge Falcone.

Asegurar que el gobierno tiene el objetivo cumplir con las metas fijadas en el plan económico presentado ante el FMI en materia de sendero fiscal, emisión monetaria y acumulación de reservas, como parte de un programa que funcione no sólo para reducir la inflación sino para crecer en forma sostenida en los próximos años, es inconsistente, insustentable y fuera de la realidad

Lo que menos le interesa al FMI es controlar la inflación. Es más: la inflación es funcional al modelo impuesto por el FMI, como lo fue durante la dictadura militar y el siguiente gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, cuando no bajaba del 100 % anual.

Aun cuando Argentina experimenta un boom de las exportaciones, simultáneamente ocurre lo propio con las importaciones, dado que quien acopia dólares los gasta en productos que cotizan en la moneda verde, pero ese flujo no deriva en ir saldando la deuda interna. Tanto el objetivo de acumulación de reservas como el tope al déficit fiscal aparecen muy lejos de lo comprometido y la emisión monetaria corre riesgo de ser mayor a lo pautado.

No obstante, el contexto global ofrece una importante oportunidad de oxigenar la exánime economía, ya que por la guerra en Ucrania más de la mitad de la producción de trigo mundial está fuera del mercado, mientras el gobierno vacila ante una Ley de Emergencia Alimentaria que emule la adoptada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, consistente en el congelamiento del precio de 100 productos hasta fin de año.

Las carteras social y laboral promovieron desde agosto de 2021 una serie de convenios tripartitos, acompañados de resoluciones y decretos, que buscan generar estímulos para las empresas que podrían valerse de mano de obra subsidiada por el Estado y, según el caso, capacitada por sindicatos u organismos oficiales por un período durante el cual las patronales deberían hacerse cargo de una parte del salario estipulado.

El sector privado no generó empleo

Durante la última década, el sector privado no generó ni un empleo registrado en términos netos. El poco más de un millón y medio de empleos formales nuevos se explica fundamentalmente por el sector público, que sumó 711 mil nuevos trabajadores, y las diversas formas de monotributo, que agregaron 764 mil personas al trabajo registrado.

Hay una mayor precarización del empleo incluso dentro del segmento registrado y de una mayor dependencia del empleo sobre el presupuesto público. El empleo estatal creció en una década un 27% mientras los monotributistas en sus diversas modalidades lo hicieron en un 30%. Los trabajadores autónomos registrados cayeron un 5%, dando cuenta también de un deterioro en los ingresos de los trabajadores independientes.

Este comportamiento del empresariado privado a lo largo de la década se sucedió en etapas político-económicas variadas. La fuga de capitales, parte esencial de ese comportamiento empresario, implica la posibilidad de empleos en otros países al derivar riqueza hacia ellos.

El acuerdo con el FMI impone una política fiscal que obliga al gobierno a congelar los beneficiarios de planes sociales. Sin empleo ni asistencia, las protestas no harán más que multiplicarse y resulta insoslayable la escalada que experimenta la lucha social callejera.

Las advertencias vienen de todos los sectores: abusar de la paciencia del pueblo empobrecido cifrando expectativas en un gobierno inoperante y sin unidad de criterio, depara impredecibles sorpresas en el tránsito hacia nuevas elecciones… y garantiza días de furia, los que se debiera impedir. Como describía una pintada en el conurbano bonaerense: «Alberto, hay un helicóptero en tu futuro».

*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)