Seguridad y defensa en la era Macri: Lobo suelto, cordero atado/ Segurança e defesa na Era Macri: lobo solto, cordeiro atado

 

Paula Giménez y Matías Caciabue|

 

El golpe blando a Dilma Roussef en Brasil y la victoria electoral de Cambiemos en Argentina, produjeron un giro geopolítico, en favor de la ofensiva estratégica neoconservadora (Trump, FMI, Pentágono) que, en la disputa global, no están dispuestos a ceder ni un metro sus territorios controlados, entre ellos, América Latina y el Caribe.

Los neoconservadores, fortalecidos con la llegada de Trump a la Casa Blanca, no dudaron en avanzar para implementar el “Plan Sudamérica”. Fiel al estilo del “Plan Colombia”, este programa pretende aumentar la injerencia norteamericana a través del intervencionismo económico, político y militar.

La Estrategia de Defensa Nacional 2018, firmada por el Secretario de Defensa de Estados Unidos y jefe del Pentágono, James Mattis, afirma la necesidad de “sostener las ventajas en el hemisferio”. A su vez, en el último documento estratégico del Comando Sur se exponen los principales desafíos a la “seguridad”, entre los cuales se destacan la mayor presencia de China, Rusia e Irán en la América Latina.Resultado de imagen para Estrategia de Defensa Nacional 2018 eeuu

Esta situación se agudiza con el resultado de las elecciones en Brasil. Con el 46% de los votos en primera vuelta (más de 15 puntos de diferencia con el candidato del PT Fernando Haddad), Jail Bolsonaro, ex militar y fiel representante de los intereses neoconservadores, coloca en una situación favorable al despliegue de esos intereses, generando una compleja situación, que pone en peligro la paz del territorio. La segunda vuelta electoral será crucial y definirá el futuro de toda la región.

En un escenario de agudización de la crisis capitalista, América Latina resulta de gran interés. Zonas marítimas, recursos naturales y una ubicación clave en la circulación de mercancías del mundo, hace que el control de este territorio se convierta en “asunto estratégico”.

 

Argentina: la clave para cerrar el cerco

 

El concepto de «guerra híbrida», expresa un cambio en la situación estratégica global, que se observa en la emergencia de nuevos bloques o polos de poder, con ambiciones globales y con un sistema económico, de infraestructura, de inteligencia y militar que les otorgan capacidad de disputar en el tablero mundial.

Esto genera que las fuerzas unipolares (neoconservadores globalistas) deban dar un giro a su estrategia de control, diversificando los tipos de agresión a través de la combinación de fuerzas irregulares o milicias, fuerzas regulares encubiertas y agresión cibernética.

Los acuerdos firmados en Buenos Aires durante la visita del ex presidente de EEUU, Barak Obama en marzo de 2016, sentaron un precedente en la incorporación de esta forma de guerra en nuestro territorio.

Con la luchaImagen relacionada contra el narcotráfico y el terrorismo como eje (sin diferenciar seguridad y defensa), Macri y Obama firmaron acuerdos de asistencia en la Triple Frontera; misiones militares en África; asilo a los sirios que huyen de los bombardeos; centros de fusión de Inteligencia, defensa hemisférica, fuerzas de seguridad en el Comando Sur; cooperación nuclear y apertura comercial irrestricta. Se oficializó además la incorporación de Argentina como socio “extra oficial” a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Posteriormente, en la visita de Macri a Donald Trump, luego de su asunción como presidente de los Estados unidos, ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta de cooperación en materia de política cibernética, así como un compromiso para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción, además de un consenso sobre la preocupación de ambos gobiernos por la “grave situación” de Venezuela.

Con la concreción de estos acuerdos y sumado a las bases instaladas en Centroamérica y el Caribe, así como las de Colombia, Perú, Chile, Paraguay y la base militar de la OTAN en las Islas Malvinas, los neoconservadores lograrán cerrar el cerco de dominación de todo el territorio latinoamericano y caribeño, así como también el antártico.

¿Quién paga los platos rotos?

En Argentina hay hechos que dan un indicio claro de la inclinación del gobierno de la Alianza Cambiemos hacia un plan de militarización de los territorios geopolíticamente estratégicos y el control represivo de la protesta social.

El marco de justificación para llevar adelante este “Plan” está centrado en la lucha (internacional) contra el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Por eso ya no llama la atención las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien, en su necesidad de criminalizar la creciente protesta social, señaló que “los movimientos sociales han permitido el narcotráfico –la droga en los barrios- como un mal menor”.

Bullrich, estigmatizando a los sectores sociales vulnerables, señaló que no hay que distinguir entre los distintos eslabones de la cadena narco y que hay que “pegarles a todos, a los de arriba y a los de abajo”, sin distinguir los eslabones más débiles de los grandes carteles ni reconocer la creciente pobreza: la realidad económica de los barrios “no tiene nada que ver”.

La lucha contra el narcotráfico, además, quita el foco de un problema geopolítico central de la Argentina: la ocupación imperialista de Malvinas y el control soberano de los territorios y las riquezas naturales de la Antártida y el Atlántico Sur. Desde la llegada de Macri al gobierno, pareciera que el único problema geoestratégico argentino sólo está en las “fronteras norte” con Bolivia (¿Litio? ¿Evo Morales?) y con Brasil-Paraguay (¿Cuenca Paraná-del Plata?).Resultado de imagen para policia fede3ral y jueces argentina

 

Repasemos algunos acontecimientos:

En la agenda de cualquier país que quiera contar con el apoyo de la comunidad internacional aparece la lucha contra el narcotráfico como uno de los principales “motivos” para conseguir ese “apoyo”. Esta tiene su expresión en Argentina a través del Plan “Argentina sin narcotráfico” que plantea “designar más jueces para atender delitos federales, reforzar la presencia de la Policía Federal en todo el país, profundizar los controles en las fronteras, potenciar los programas de seguridad urbana y atacar de lleno al narcomenudeo”[1].

Se suma la Ley de derribo, aprobada por decreto en 2016 que faculta a las Fuerzas Armadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza en el espacio aéreo argentino.

Leyes de este tipo ya han sido sancionadas en Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Honduras, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Uruguay es el único de estos países que anunció la decisión de no derribar aviones sospechosos.

En la misma línea, en el mes de julio de este año, el presidente Mauricio Macri modificó el decreto 727/06 que prohibía el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Las Fuerzas Armadas cumplirán ahora un nuevo rol, haciendo énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La medida implica aunar acciones entre las fuerzas policiales de seguridad interior (gendarmería), prefectura y fuerzas armadas. Además de apuntar al delito complejo como el narcotráfico y el crimen organizado, también pone en la mira la asociación ilícita calificada y hasta una hipotética “asociación ilícita terrorista”, que podría justificar un endurecimiento de las acciones contra las organizaciones y movimientos populares.

En agosto de 2018, el gobierno envió un proyecto de ley al Senado para que se autorice a las fuerzas armadas a realizar operaciones militares conjuntas con fuerzas extranjeras, tanto al interior del país como fronteras afuera. El proyecto pide autorización para el ingreso de tropas de, al menos 19 países, para un máximo de 12 operaciones aéreas y marítimas que tendrían lugar en territorio o aguas marítimas nacionales.

En septiembre de este año, el ministerio de seguridad hizo pública la detención en la triple frontera de un “supuesto miembro de Hezbollah”. La noticia, aunque aún no está comprobada la identidad del detenido, justifica el gasto y las reformas, al tiempo que refuerza la hipótesis de que el país no puede ni debe estar exento de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, que a nivel internacional ha sido marco de justificación de épicas invasiones a países como Irak, Siria, Libia o Colombia, entre otros varios, poseedores de riquezas naturales.

En el terreno de la batalla contra la corrupción el proceso de judicialización de la política (lawfare), actúa como instrumento de criminalización de cuadros “desobedientes” a sus intereses económicos. Causas judiciales (muchas veces ficticias), son fogoneadas e irradiadas millones de veces, a través de plataformas digitales y virtuales controladas por las corporaciones de la comunicación y las redes. El caso Lula da Silva, en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina,  son ejemplos de ello.

La intervención en sindicatos, el hostigamiento en universidades, la presencia de gendarmes en las rutas y fronteras, la represión de protestas en todo el territorio nacional haciendo uso del protocolo anti-piquete, fueron construyendo la imposición de un progresivo “estado policial” para lograr el “disciplinamiento” social.

La expresión más extrema, ha sido la desaparición física de Santiago Maldonado en agosto de 2017, en el marco de la lucha del pueblo mapuche por recuperar sus territorios, en manos de la empresa Benetton. La categoría de terroristas, separatistas, asignada para este pueblo ha permitido justificar también el asesinato por parte de la policía, en el marco de una manifestación a otro joven perteneciente a la comunidad, Rafael Nahuel.

La detención por supuesta corrupción, hace tres años, de la dirigente popular Milagro Sala en el norte del País y la reciente detención del referente de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Argentina) Juan Grabois, en una manifestación contra la arbitrariedad del uso de la fuerza policial, son algunos ejemplos.

Lobo suelto, ¿cordero atado?

En menos de veinte años de comenzado el siglo, Latinoamérica ha sido tratada como un rebaño domesticable, encerrada primero en un “corralito financiero” y ahora en un “corralito militar”, sumado al “cerco mediático” en el que ya vivimos hace rato.

Ante esta situación amenazante, se hace necesario instalar en el debate, en la agenda política, en la lucha social, y en las acciones programáticas, que América Latina es un “territorio de paz”. A la ocupación “multidimensional” (psicológica, judicial, económica, militar) hay que responder con ocupación social y política organizada, con carácter multisectorial y colectiva, a favor del conjunto de los intereses del pueblo.

Notas

1 https://www.infobae.com/politica/2018/06/06/como-es-el-plan-contra-el-narcotrafico-con-el-que-macri-quiere-sumar-a-los-gobernadores/

 

*Investigadores argentinos del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

 

VERSIÓN EN PORTUGUÉS

Segurança e defesa na Era Macri: lobo solto, cordeiro atado

Por María Paula Giménez e Matías Caciabue

O golpe brando contra Dilma Rousseff no Brasil e a vitória eleitoral da coalizão Cambiemos (“Mudemos”) na Argentina, que levou Mauricio Macri à Casa Rosada, produziram uma reconfiguração da geopolítica a favor da ofensiva estratégica neoconservadora (Trump, FMI, Pentágono) que, no contexto da disputa global, não estão dispostos a ceder nem um metro dos territórios controlados, entre eles a América Latina e o Caribe.

Os neoconservadores, fortalecidos com a chegada de Trump à Casa Branca, não duvidaram em avançar para implementar o “Plano América do Sul”. Fiel ao estilo do “Plano Colômbia”, este programa pretende aumentar a interferência norte-americana através do intervencionismo econômico, político e militar.

A Estratégia de Defesa Nacional 2018, assinada pelo Secretário de Defesa dos Estados Unidos e chefe do Pentágono, James Mattis, afirma a necessidade de “sustentar as vantagens no hemisfério”. Por sua vez, no último documento estratégico do Comando Sul, estão expostos os principais desafios à “segurança”, entre os quais se destacam a preocupação por uma maior presença da China, da Rússia e do Irã na América Latina.

Esta situação se agudiza com o resultado das eleições no Brasil. Com 46% dos votos no primeiro turno – mais de 15 pontos percentuais de diferença com o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad –, Jair Bolsonaro, ex-militar e fiel representante dos interesses neoconservadores, favorece muito a realização desses interesses, gerando uma complexa situação que coloca em perigo a paz no território. O segundo turno eleitoral será crucial e definirá o futuro de toda a região.

Num cenário de aprofundamento da crise capitalista, a América Latina se torna ainda mais importante. Zonas marítimas, recursos naturais e uma localização chave na circulação de mercadorias no mundo são fatores que fazem com que o controle deste território se transforme em “assunto estratégico”.

Argentina: a chave para fechar o cerco

O conceito de “guerra híbrida” expressa uma mudança na situação estratégica global, que se observa na emergência de novos blocos ou polos de poder, com ambições globais e com um sistema econômico, de infraestrutura, de inteligência e militar que outorgam capacidade de disputar espaço no tabuleiro mundial.

Isso faz com que as forças unipolares (neoconservadores e globalistas) tenham que mudar sua estratégia de controle, diversificando os tipos de agressão através da combinação de forças irregulares (ou milícias), forças regulares encobertas e agressões cibernética.

Os acordos assinados em Buenos Aires durante a visita do ex-presidente dos Estados Unidos, Barak Obama, em março de 2016, criaram um precedente na incorporação desta forma de guerra em nosso território.

Com a luta contra o narcotráfico e o terrorismo como eixo (sem diferenciar segurança e defesa), Macri e Obama consolidaram um acordo de assistência na tríplice fronteira, missões militares na África, asilo aos sírios que fogem dos bombardeios, centros de fusão de inteligência, defesa hemisférica, forças de segurança no Comando Sul, cooperação nuclear e abertura comercial irrestrita. Também foi oficializada a incorporação da Argentina como sócio “extraoficial” da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Posteriormente, na visita de Macri a Donald Trump, depois da posse do estadunidense como presidente dos Estados unidos, ambos os mandatários assinaram uma declaração conjunta de cooperação em matéria de política cibernética, assim como um compromisso para combater o narcotráfico, a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a corrupção, além de um consenso sobre a preocupação de ambos os governos pela “grave situação” da Venezuela.

Com a concreção destes acordos, junto com a instalação das bases militares na América Central, no Caribe, na Colômbia, Peru, Chile, Paraguai e a base militar da OTAN nas Ilhas Malvinas, os neoconservadores conseguirão fechar o cerco de dominação de todo o território latino-americano e caribenho, assim como também o antártico.

Quem vai pagar o pato?

Na Argentina, há fatos que dão um indício claro da inclinação do governo macrista a favor de um plano de militarização dos territórios geopoliticamente estratégicos, e o controle repressivo dos protestos sociais.

O marco de justificação para impulsar esse plano está centrado na luta (internacional) contra o narcotráfico, o terrorismo e a corrupção. Por isso as declarações da ministra de Segurança, Patricia Bullrich, já não causam mais polêmica. Com sua necessidade de criminalizar a crescente indignação social, ela disse recentemente, que “os movimentos sociais permitiram o narcotráfico – a droga nos bairros – como um mal menor”.

Bullrich, estigmatizando os setores sociais vulneráveis, afirmou que não se deve distinguir entre os diferentes degraus da cadeia narco, e que é preciso “pegar todos eles, os de cima e os de baixo”, sem reconhecer o efeito da realidade econômica e da pobreza crescente: “não tem nada a ver”, segundo ela.

A luta contra o narcotráfico também ajuda a tirar o foco de um problema geopolítico central da Argentina: a ocupação imperialista das Ilhas Malvinas e o controle soberano dos territórios e das riquezas naturais da Antártida e do Atlântico Sul. Desde a chegada de Macri ao governo, parece que o único problema geoestratégico argentino está nas “fronteiras norte”, com a Bolívia (lítio? Evo Morales?), o Brasil e o Paraguai (rios Paraná e Prata?).

Repassemos alguns acontecimentos:

Na agenda de qualquer país que queira contar com o apoio da comunidade internacional aparece a luta contra o narcotráfico como um dos principais “motivos” para conseguir esse “apoio”. Esta tem sua expressão na Argentina através do Plano “Argentina sem narcotráfico”, que planteia “designar mais juízes para atender delitos federais, reforçar a presença da Polícia Federal em todo o país, aprofundar os controles nas fronteiras, potenciar os programas de segurança urbana e atacar o comércio pequeno”.

Além disso, também existe uma de exceção aprovada por decreto em 2016, que faculta às Forças Armadas o trabalho de identificar, advertir, intimidar e fazer uso da força no espaço aéreo argentino.

Leis desse tipo já foram sancionadas no Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Honduras, Peru, Paraguai, Uruguai e Venezuela. O Uruguai é o único desses países que anunciou a decisão de não derribar aviões suspeitos.

Na mesma linha, no mês de julho deste ano, o presidente Mauricio Macri modificou o decreto 727/06, que proibia o uso das Forças Armadas em tarefas de segurança interior. As Forças Armadas cumprirão agora um novo rol, dando ênfase na luta contra o narcotráfico e o terrorismo. A medida significa a realização de ações entre as forças policiais de segurança interior e forças militares. Além de visar o combate de um delito complexo como é o narcotráfico e o crime organizado, também coloca na mira a associação ilícita qualificada e até uma hipotética “associação ilícita terrorista”, que poderia justificar um endurecimento das ações contra as organizações e movimentos populares.

Em agosto de 2018, o governo enviou um projeto de lei ao Senado para autorizar as Forças Armadas a realizar operações militares conjuntas com forças estrangeiras, tanto no interior do país como fora da fronteira. O projeto pede autorização para a entrada de tropas de ao menos 19 países, para um máximo de 12 operações aéreas e marítimas, que teriam lugar em território ou águas marítimas nacionais.

Em setembro deste ano, o ministério de segurança tornou pública a detenção de um “suposto membro do Hezbollah” na tríplice fronteira. Embora ainda não esteja comprovada a identidade do detido, a notícia justificou o gasto e as reformas realizadas pelo governo no setor de segurança nas fronteiras, ao mesmo tempo em que reforçou a hipótese de que o país não pode nem deve estar ausente da luta contra o terrorismo e o narcotráfico, que tem sido a justificativa de épicas invasões a países como Iraque, Síria, Líbia e Colômbia, entre outros vários, e todos possuidores de riquezas naturais.

No terreno da batalha contra a corrupção, o processo de judicialização da política (lawfare), atua como instrumento de criminalização de quadros “desobedientes” dos interesses econômicos. Causas judiciais (muitas vezes fictícias) são criadas e irradiadas milhões de vezes através de plataformas digitais e virtuais, controladas pelas corporações de comunicação e pelas redes. O caso Lula da Silva no Brasil e de Cristina Fernández de Kirchner na Argentina são exemplos disso.

A intervenção nos sindicatos, a intimidação dentro das universidades, a presença de força policial nas estradas e fronteiras, a repressão das manifestações em todo o território nacional, fazendo uso do protocolo anti protestos, foram construindo a imposição de um progressivo “estado policial”, para produzir um efeito de “disciplinamento” social.

A expressão mais extrema disso foi a desaparição física de Santiago Maldonado, em agosto de 2017, em meio à luta do povo mapuche por recuperar seus territórios que estão nas mãos da empresa Benetton. A categoria de terroristas e separatistas, atribuída a este povo pela mídia aliada, permite justificar também outros assassinatos por parte da polícia, como o de Rafael Nahuel, outro jovem que pertencia à comunidade e que participava de uma manifestação.

Os já três anos de detenção e perseguição judicial da dirigente popular Milagro Sala e a recente prisão de um dos líderes da CTEP (Confederação de Trabalhadores da Economia Popular) Juan Grabois, numa manifestação contra a arbitrariedade do uso da força policial, são alguns exemplos.

Lobo solto, cordeiro atado?

Em menos de vinte anos de começado este Século XXI, a América Latina foi tratada como um rebanho domesticável, encerrada primeiro num corralito financeiro (curralinho, em trocadilho que remete ao limite de saques que a Argentina sofreu em 2001, mas também ao sentido figurado da palavra), e agora num corralito militar – além do corralito midiático, no qual já vivemos há tempos.

Diante dessa situação ameaçadora, é necessário instalar no debate, na agenda política, na luta social, e nas ações programáticas, que a América Latina é um “território de paz”. Além da ocupação “multidimensional” (psicológica, judicial, econômica, militar) é preciso responder com a ocupação social e políticas organizadas, com carácter multi setorial e coletivo, a favor do conjunto dos interesses do povo.

María Paula Giménez e Matías Caciabue são investigadores argentinos do Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)

*Publicado originalmente em estrategia.la | Tradução de Victor Farinelli

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