Bolivia: Rodrigo Paz habilitó el estado de sitio y la represión militar
Boris Acosta Reyes
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este miércoles una ley que anula las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que desde hace 22 días exigen su renuncia. Con la nueva norma, el Gobierno podrá recurrir a medidas extraordinarias para contener la crisis social y poner fin a las protestas y los bloqueos de carreteras que desde hace casi un mes tienen cortados los principales accesos a La Paz.
El intento de recuperar el dominio por la fuerza, típico del ‘estilo Trump’, es un retroceso a la lógica del poder bruto del siglo XIX. Los sectores movilizados exigen la renuncia inmediata del mandatario y denuncian el fracaso de una política económica liberal que, lejos de las promesas de prosperidad, hundió al pueblo en la miseria y generó problemas básicos como la distribución de combustible de mala calidad que dañó miles de vehículos.
La nueva ley, que el fin de semana fue aprobada en el Senado, deroga totalmente la ley 1341 sobre ‘Estados de Excepción’ que rigió desde octubre de 2020 y que establecía limitaciones para la participación de las Fuerzas Armadas ante protestas sociales en el control de los conflictos.
Su promulgación no implica que se dicte automáticamente el «estado de excepción», pero el presidente puede disponer ahora, si fuera necesario, de ese recurso constitucional para afrontar los conflictos que golpean a varias regiones del país, especialmente las andinas de La Paz, Oruro y Potosí, según los legisladores.
La contundencia y fuerza de las movilizaciones, obliga al gobierno a reaccionar y en un intento de frenar descontentos en las instancias represivas, otorga un bono de lealtad a la Policía Nacional, posesiona al Gral. Rodolfo Montero, excomandante de la Policía durante el gobierno de Jeanine Añez, como Viceministro de Seguridad Ciudadana, además con una narrativa simplista mediáticamente intentan atribuir al evismo, al masismo o al narcotráfico las marchas, las protestas o el supuesto golpe de estado.
La opción del estado para detener las protestas sociales eufemísticamente seria “aplicar la ley”, es decir: ordenar la represión de la movilización popular. Son varios los sectores populares movilizados que denuncian haber sido excluidos de las políticas del Gobierno, que lleva apenas seis meses de gestión. Las demandas van desde un aumento salarial del 30% hasta la salida forzosa del presidente. Paz anunció el miércoles que reestructuraría su gabinete de ministros “para acercarse más a la gente” y la creación de un Consejo Económico Social, donde se gestarían normas junto a la sociedad civil.
La crisis que mantiene contra las cuerdas a Paz no es solo política, sino también económica. El país atraviesa una seria falta de liquidez de dólares a causa, en gran medida, de la caída de hasta un 60% en la exportación de gas en los últimos 10 años. La llegada del mandatario de derecha no ha podido revertir la situación y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que el Producto Interno Bruto (PIB) boliviano se contraería un 3,3 % y que la inflación superaría el 20 % para fin de año.
Represión , no soluciones
La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó sentarse a dialogar hasta que no se anule la orden de aprehensión que existe contra su máximo ejecutivo, Mario Argollo, acusado de instigación a delinquir y sedición. Seis meses bastaron para que sectores populares cerquen al gobierno de Rodrigo Paz, tras las medidas económicas que solo beneficiaron a grupos oligárquicos y afectaron gravemente los intereses de los sectores populares. La crisis social es de tal magnitud, que además del relevo de altas autoridades, algunos de sus aliados políticos empezaron a desmarcarse dada la situación económica y la corrupción de la gestión gubernamental.
Ansiando mercantilizar la tierra, sectores agroexportadores cruceños afines al gobierno, movilizaron a la institucionalidad cruceña y presionaron para evitar la derogación de la Ley 1720 relacionada a la “conversión de la pequeña a la mediana propiedad”. Con este accionar el grupo empresarial, también intentaba evitar la revisión de la función económica social, la investigación del derecho propietario y otras irregularidades.
El conflicto que vive el país, es consecuencia de las contradicciones entre las promesas electorales demagógicas, y las medidas antipopulares aplicadas, como los decretos que vulneraban la CPE, y otros ya derogados por la movilización, como la corrupción en la compra de combustibles, escases de dólares, excesivos endeudamientos, alza del costo de vida y otras medidas .
Asesinato de un manifestante
La Central Obrera Boliviana (COB) sostuvo que una brutal intervención policial-militar con el empleo de agentes químicos y armamento letal fue la causante de la muerte de un balazo de un joven movilizado. La víctima fatal como resultado de un balazo en el cuello fue Víctor C., de 24 años, oriundo de Villaque, municipio de Corapata, quien participaba junto a otros comunarios en la protesta en que diversos sectores exigen la renuncia de Rodrigo Paz. Asimismo, la COB acusó al Gobierno de intentar “encubrir” inicialmente el hecho, con el argumento de que era “falsa” la denuncia realizada por organizaciones sociales sobre el uso de armamento letal.
Con la ley aprobada, la Asamblea logra incrementar la presión que ejerce sobre el presidente para desplegar las fuerzas armadas en calles y carreteras de Bolivia. El conflicto social ha crecido con el paso de las semanas y todos los intentos del presidente de abrir una vía de diálogo han fracasado. En los últimos ocho días hubo tres enfrentamientos en el centro de La Paz entre manifestantes y policías en una escalada de violencia que ya se ha cobrado la vida de un manifestante.
La Embajada de Estados Unidos en Bolivia suspendió a partir de hoy miércoles los servicios consulares rutinarios, además de pedir a los ciudadanos estadounidenses evitar viajes por carretera dentro del país sudamericano, en medio de una escalada de bloqueos, protestas y un paro de transporte que paraliza parcialmente a la sede de Gobierno. La medida reflejó el deterioro de las condiciones de movilidad y seguridad en varias regiones bolivianas, tras cuatro semanas consecutivas de movilizaciones sindicales y protestas sociales que mantienen cercadas rutas estratégicas del país.
*Sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE,