Perú: Kuczynski se balancea entre la corrupción y la desestabilización institucional
Mariana Álvarez Orellana-CLAE
A poco más de 15 meses de asumir el gobierno, Pedro Pablo Kuczynski ha comprobado que darle alas al fujimorismo no es la estrategia deseable para lograr un poco de estabilidad, en medio de denuncias de corrupción e intentos de desestabilización institucional, que ponen en riesgo su propia permanencia.
Después de dos conversaciones con Keiko Fukimori y a pesar de la entrega de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Salud y Educación, las bravatas e intentos de desestabilización institucional desde la fujimorista Fuerza Popular no han cesado. “Es el retorno del síndrome de vacancia versus disolución”, señala el diario La República.
Calma chicha significa una tranquilidad sospechosa porque todos saben que algo malo puede reventar en cualquier momento, como ahora con el resurgimiento de la vocación del fujiaprismo -la alianza del fujimorismo con el aprismo de Alan García- por patear el tablero institucional si es necesario para blindar a Keiko Fujimori, su financista Joaquín Ramírez y al ex presidente Alan García, apunta el analista Augusto Álvarez Rodrich.
Pocos meses atrás, algunos analistas insistían en la necesidad de un acercamiento con Keiko para obtener la gobernabilidad ausente (no podemos decir perdida, porque nunca la tuvo este gobierno), olvidando quizá los apetitos políticos de una agrupación que no termina de asimilar la derrota electoral del 2016. Y la conquista de esas carteras es muy importante para el fujimorismo, que accede a fuentes de financiamiento y a posiciones importante para desarrollar sus estrategias.
En setiembre pasado, el jefe de gabinete Fernando Zavala, acusado por el fujimorismo de ser un “personaje confrontacional” y dirigir un equipo de trolls en la redes sociales para atacar a Fuerza Popular, debió dejar su cargo tras un voto de censura parlamentario, y en su lugar asumió la ficha de recambio, Mercedes Araoz, que entregó –con la venia presidencial- cuatro carteras a los sectores más conservadores y retrógrados para avalar su nombramiento.
El fujimorismo está tranquilo con Ricardo Luna en la cancillería, señala La Otra Mirada, pero ahora está más satisfecho con Idel Vexler en Educación, quien garantiza el corte de las políticas educativas con equidad de género; Fernando D´Alessio en Salud cuyo perfil en el sector privado lo acerca al totalitarismo fujimorista y que echaría por tierra las políticas de salud sexual y reproductiva y Enrique Mendoza, quien se ha mostrado cercano al posible indulto a Alberto Fujimori y que respaldó la propuesta de una posible aplicación de la pena de muerte en caso de violación a menores de edad y que origine el fallecimiento de la víctima.
Con este panorama, Mercedes Aráoz se presentó ante el Congreso de la República, llevando su política de “Revolución Social”, pero tras tanta genuflexión solo obtuvo rechazo, mientras el caso Lava Jato nuevamente intervino y, también, por debajo de la pantalla, el indulto pendiente de Alberto Fujimori seguía siendo un elemento de negociación.
No se puede decir que no tenga experiencia esta economista graduada de la Universidad de Miami: Durante el segundo gobierno de Alan García, ocupó los cargos de Ministra de Comercio Exterior y Turismo, y durante el actual período es Segunda Vicepresidenta y jefa de gabinete. Es más, la están preprarando mediáticamente para el caso de vacío de poder.
Las declaraciones de Marcelo Odebrecht, reveladas en parte por IDL Reporteros, muestran a un Kuczynski relacionado laboralmente a la empresa brasilera, a pesar que el mandatario lo negó en reiteradas ocasiones, incluso en el último mensaje presidencial, que será recordardado por su respaldo a la selección nacional de fútbol. Ahora el fujimorismo exige que el presidente vaya a aclarar su posición ante la comisión parlamentaria.
José Chlimper, secretario general de Fuerza Popular, señaló que “si hay vacancia presidencial no será por razones políticas”. Tratan de utilizar las declaraciones de Odebrecht (creibles cuando habla del presidente pero no cuando se refiere a Keiko) para crear la vacancia
presidencial.
En su mensaje presidencial, Kuczynski no dijo nada sobre la nueva movida del fujimorismo en busca de la desestabilización institucional y el derrocamiento del mandatario. ¿Y entonces quién? ¿Mercedes Araoz, tan proclive a compartir el poder con el fujimorismo y la extrema derecha, es la carta?
Los analistas coinciden en que el fujimorismo está socavando las instituciones: el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Ejecutivo y de paso la prensa. En lo que no se ponen de acuerdo es qué estrategia tendrá el mandatario para llegar a finalizar con tranquilidad su período en 2021, con un gobierno preocupado por la selección de fútbol (que por suerte clasificó para el Mundial de Rusia) y en acumular acuerdos comerciales, pero que no deja de andar a la deriva.
La historia ¿vuelve a repetirse?
Mientras, al igual que en la década de 1990, una nueva arremetida contra la institucionalidad democrática ha sido ejecutada nuevamente por la bancada de Fuerza Popular y el “nuevo” fujimorismo, uniendo sus fuerzas con el bloque aprista, como forma de paralizar las investigaciones de corrupción y de violación de los derechos ciudadanos y humanos. 
En esta oportunidad apuntan hacia el Tribunal Constitucional (TC), amenazando con una demanda constitucional que hoy está en la comisión respectiva del congreso, Lo que está en juego es la reapertura del proceso judicial sobre la matanza de “El Frontón”, durante el primer gobierno aprista de Alan García miembros de la Marina de Guerra.
Acto seguido, el exaprista Daniel Salaverry presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por una supuesta inacción en las investigaciones del caso Lava Jato (los sobornos de Odebrecht), en momentos que éste se encontraba en Brasil interrogando nuevamente a Marcelo Odebrecht, en busca mayores detalles sobre la anotación “Aumentar Keiko para 500”.
La comisión de Constitución del Congreso, apoyó la comparecencia del presidente para aclarar las declaraciones por escrito sobre su supuesta participación en las concesiones a Odebrecht de la carretera Interoceánica, cuando se desempeñaba como ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo. Pero nada ha dicho del involucramiento de Keiko Fujimori en la vasta red de corrupción.
Para el portal Otra Mirada, el modus operandi es claro: “Fustigar a todos los actores e instituciones que de alguna forma intenten incomodar los intereses del fujimorismo”, tal como lo hicieran el exdictador Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos (ambos presos hoy) en 1997, cuando movieron sus piezas para destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional que se opusieron a la candidatura para una ilegal reelección del primero en el año 2000.
Agrega que la idea es seguir coactando la institucionalidad y utilizar la investigación contra el presidente Kuczynski para terminar de desestabilizar un gobierno que, hasta hoy, no da muestras de fuerza ni tampoco cuenta con el respaldo político, y mucho menos ciudadano, para repeler este accionar.
Los medios hegemónicos también hacen su trabajo al respecto, azuzando la desconfianza popular hacia el mandatario, el Congreso y de todas las instituciones del Estado, adormeciendo en la desazón al movimiento social, que no ha salido a la calle a rechazar la corrupción de las elites gobernantes y tampoco por la nueva bravuconada del fujimorismo.
*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
