Argentina: la expropiación de Vicentin y la soberanía alimentaria
Rodolfo Koé Gutiérrez|
El presidente argentino Alberto Fernández decretó la intervención y expropiación de la empresa agroindustrial Vicentin SA, con capitales accionarios en 20 firmas, que recibió de manera irregular créditos desde el Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, y envió al Congreso el proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación.
Con la intervención de la empresa Vicentin, sexta agroexportadora del país, el gobierno dio respuesta a un tema urgente y trazó una línea: el Estado ocupará el lugar que le corresponde para defender el interés social. Hay claves que definen la acción del gobierno: intervención, utilidad pública y soberanía alimentaria, que indica un objetivo social y económico.
La empresa ocupa –directa e indirectamente- más de 5.000 trabajadores y durante el gobierno anterior contrajo una deuda superior a 18.000 millones de pesos con el Banco de la Nación Argentina, transgrediendo su normativa así como la de la institución financiera, lo que diera origen a un proceso penal por defraudación contra Guido Sandleris (a la sazón presidente de dicho ente rector) y algunos funcionarios del banco estatal.
La medida asoma como un intento de comenzar a recomponer la debilidad de la sociedad frente al poder real, en este caso el puñado de empresas que manejan en forma oligopólica la comercialización, el procesamiento y la exportación de granos y aceites en sus diversas formas, influyendo en la formación de precios internos y en la evolución del tipo de cambio, señala el analista Claudio Angelini.
Los grandes exportadores retienen los granos esperando una devaluación. Esta conducta fue llevada al extremo, ayudada por el gobierno anterior que no sólo anuló la obligación de liquidar las divisas de exportación (convertirlas a pesos en el mercado único y libre de cambios ) sino que directamente permitió no ingresarlas siquiera (es decir se iban la soja y el trigo pero no venían los dólares), añade.
A mediados del año pasado, más precisamente después de las elecciones primarias, la firma declaró encontrarse en “stress financiero” (un neologismo en línea con el “reperfilamiento”), o sea, no pudo pagar sus deudas y finalmente solicitó la apertura de concurso preventivo. Si no se cumplen las nuevas condiciones que se pactan en el Concurso, originan la quiebra.
Los montos verificados de deuda alcanzan los cien mil 300 millones de pesos, de los cuales el 26% era por compra de granos en especial a cooperativas agropecuarias y el 64% a financieras nacionales y trasnacionales..
Vicentin conforma parte de un conglomerado de empresas, dado que posee participación en las siguientes:
Freno a las trasnacionales
La gran prensa ya difunde airadas y previsibles críticas por el proyecto, que supuestamente sería más o menos la antesala de la instauración de un sistema de soviets. Pero nadie se ha preocupado por los pequeños y medianos productores agrícolas y cooperativas a los que Vicentín a
deuda 8.300 millones de pesos por haberles tomado granos que exportó, cobró y nunca ingresó al país, ni por los 18.000 millones que le estafó al Banco Nación, ni por los 5.000 puestos de trabajo en peligro.
Nadie ha podido explicar cómo una empresa que exporta más de la mitad de su producción, en un año con buena cosecha, después de una megadevaluación entre agosto y octubre, y con enorme financiamiento estatal en noviembre, haya caído en cesación de pagos en diciembre.
La intervención, asimismo, corta los intentos de grandes cerealeras trasnacionales – la francesa Dreyfuss, la suiza Glencore y la estadounidense Cargill aparecen entre las interesadas-. que ven en Vicentin un bocado más que apetecible, que además de ser gran exportador cuenta con empresas de acopio y puerto propio (controla entrada y salida de granos). Si fuera absorbida por alguna trasnacional, supondría una concentración de mercado insuperable y una pérdida de soberanía.
A su vez, «empresa testigo en el mercado de granos y el cambiario» es una definición indicativa de los espacios estratégicos, vitales, en los que el país no puede permitir que las fuerzas del mercado los lleven en sentido contrario al interés nacional.
Vicentin es un enorme holding en el área de procesamiento de granos y en la exportación de harinas y aceites, que llegó a ser la principal exportadora durante los cuatro años del gobierno del neoliberal Mauricio Macri. Y terminó en cesación de pagos y convocatoria de acreedores unos días antes de que Alberto Fernández asumiera el gobierno el 10 de diciembre pasado,
Héte aquí que su mayor acreedor individual es el Banco Nación, del cual obtuvo 300 millones de dólares en prés
tamos por prefinanciación de exportaciones, la tercera parte de los cuales se transfirieron a su favor en los 30 días previos a su presentación en convocatoria.
El objetivo, dijo el presidente, es rescatar a la empresa, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos. Fernández adelantó que todos los activos del Grupo Vicentín serán parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro.
“Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, afirmó el mandatario al describir “un mundo pospandemia que va a poner a los alimentos en el centro de la discusión”.
Precisó que la firma “será declarada de utilidad pública” y destacó su relevancia también en la producción de alimentos. «Quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa que continuarán en su puesto de trabajo y a los 2.600 productores que podrán seguir operando y vendiendo sus granos a través de ella», detalló.
El interventor designado es Gabriel Delgado, «un experto en temas agropecuarios» según lo calificó el mandatario. El objetivo del gobierno es “rescatar” a la empresa con el objetivo de hacer frente al pago de deudas a productores de interior, renegociar con los bancos acreedores y asegurar la paz social y estabilidad laboral con gremios.
La medida no sólo tendrá relevancia por la continuidad de la empresa sino que “le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”. Vicentin es una de las más poderosas exportadores de cereales, harina y aceites, un mercado muy concentrado y que es la principal fuente de divisas genuinas del país.
Tanto es así que la oferta de dólares en el mercado mayorista depende de modo crucial del volumen de liquidación de exportaciones por parte de las cerealeras, lo que convierte al mercado y sus expectativas en una puja permanente entre dichas empresas y el Estado a través del Banco Central, ya que la postergación de las liquidaciones o de las ventas al exterior provoca una escasez de divisas que deriva en una presión alcista sobre el dólar.
Es decir, que los exportadores tienen la capacidad, por la posición dominante en el mercado de divisas, de provocar una escasez de divisas en su propio beneficio, ya que tal situación deriva habitualmente en una devaluación.
La decisión del gobierno es tomada en momentos que sigue negociando el pago de su deuda externa (en default virtual) con los acreedores. Resolver un buen control sobre la principal puerta de entrada de divisas era importante para el gobierno, de forma de evitar una nueva situación de escasez de divisas, o dejar al país sometido a las presiones devaluacionistas de los exportadores.
*Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
