España va a elecciones anticipadas el 29 de noviembre

En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez se dirigió a la ciudadanía para advertir: “ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidan qué futuro quieren” y saber “si desean sumarse a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o desean que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si quieren que nuestro país retroceda o continúe avanzando”.

Sánchez estaba intentando por todos los medios salir del agujero de Ceuta, en el que le metían una y otra vez los medios, incluso los internacionales: en Nueva York la CNN le preguntó de forma muy directa qué había hecho mal para que entraran 80.000 personas y él admitió que Marruecos había fallado.

La indignación crecía con el desahucio de Maricarmen Abascal, especialmente en el mundo progresista. Sánchez entendió rápido que ese era un asunto que iba a cambiar totalmente el eje de la política, aunque en ese momento no podía imaginar que 10 días después le iba a llevar a convocar elecciones. En la rueda de prensa en Nueva York, el presidente ya se lanzó con todo contra Ayuso: “Están más preocupados en comprar aticazos pero han hecho caso omiso a una tragedia social como la de Maricarmen, que debería ser resuelta”. Ceuta empezó a pasar a un segundo plano en las noticias.

Sánchez ha analizado «datos» y «consecuencias» de que las derechas de PP, Vox y Junts tumbaran los decretos de vivienda el pasado viernes en el Congreso. «He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley».

Sánchez decidió disolver las Cortes Generales para convocar a las urnas y poner fin al gobierno de coalición que nació de las elecciones de julio de 2023, integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición Sumar.

El Partido Socialista (PSOE) de Sánchez lleva mucho tiempo a la zaga en las encuestas, rondando el 28% y sin superar nunca el 33% a lo largo de sus ocho años en el cargo. Los partidos más a la izquierda, que serán clave para que Sánchez pueda formar una coalición, se sitúan actualmente en torno al 8% en las encuestas.Una coalición entre el Partido Popular (PP), de derecha, y Vox, de extrema derecha, es la única combinación que obtendría los votos suficientes para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, de 350 escaños.

En su mensaje, el mandatario explicó que durante esta legislatura han “tenido que trabajar con un Congreso muy bronco” y “con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática”. Y que aún así ha habido grandes logros, pero que todavía quedan muchas cosas por hacer. Por eso les pidió “renovar y ampliar el apoyo para reducir los niveles de desigualdad y doblegar a las élites”.

Sánchez no hizo referencia expresa al rechazo parlamentario de los decretos de vivienda. Pero sí pronunció hasta en cuatro ocasiones esta palabra. «Nosotros hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que construyeran vivienda e invirtieran en sanidad, para que construyeran viviendas. Y ellos han comprado áticos y privatizado hospitales», dijo en una referencia clara a la confrontación con un Gobierno autonómico muy simbólico para la derecha como el de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Los demás partidos políticos activaron su maquinaria electoral para la cita con las urnas, mientras los sindicatos mayoritarios anunciaron la convocatoria de una huelga general en una fecha aún por determinar, pero que tendrá como principal reivindicación la exigencia de soluciones para el problema estructural de la vivienda.

Durante su discurso Sánchez hizo también dos referencias a un concepto que se usará durante la campaña electoral, según  fuentes socialistas. Se trata de la referencia a las «élites.» «Hemos tenido que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones pero que quieren seguir controlando nuestro país», dijo en la parte de referencias al balance de su legislatura.

«Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales, y seguir transformando España», añadió luego.

La apuesta de la centroizquierda

Se trata de una apuesta de alto riesgo, ya que una derrota electoral significaría el fin de uno de los últimos gobiernos de centroizquierda de Europa, en un momento en el que la extrema derecha logra avances sin precedente en todo el continente.

Las encuestas dan ganador al bloque formado por el derechista Partido Popular (PP) y la ultraderecha de Vox, que estarían por encima de 200 escaños, cuando la mayoría absoluta está en 175.

Sumar está en proceso de transformación con su nueva marca electoral que se llamará Frente Amplio, pero que aún no tiene candidato definido, ya que su anterior lideresa y actual vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, decidió no presentarse de nuevo. Hay varios nombres en lista: Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona; Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales; Mónica García, ministra de Sanidad, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura.

También está abierta la negociación para que el partido Podemos, liderado por la europarlamentaria Irene Montero, se sume a la coalición o, en caso contrario, acuda a los comicios en solitario.

El líder del derechista Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien aspira a suceder a Sánchez en el cargo, celebró la decisión del adelanto electoral y aseguró que está en juego la “necesidad imperiosa de abordar una reconstrucción nacional”, y prometió que su administración construirá hasta 200 mil viviendas al año. Su primer acto de precampaña será en Ceuta, la ciudad autónoma que vive una crisis migratoria desde finales de julio.

Santiago Abascal, del ultraderechista Vox, adelantó sus condiciones ante una posible alianza con el PP: “prioridad nacional, desregulación y remigración”, es decir, expulsión de los extranjeros que no tengan sus papeles en regla.

Desde el País Vasco, el líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, confirmó que su formación hará todo lo que esté en sus manos para que “no gobierne el bloque reaccionario ni los fascistas”, al insistir en que “el partido todavía hay que jugarlo y se puede ganar”.

El gobierno español anunció que aprobará de nuevo los dos decretos de vivienda rechazados en el Parlamento el pasado viernes y que se someterá a votación de la Diputación Permanente –el órgano legislativo que suple al Congreso durante el periodo electoral– y en el que el bloque de la izquierda tiene mayoría, con lo que saldría adelante al menos uno de ellos, el que concitó más apoyos y cuenta con el visto bueno del Partido Nacionalista Vasco.

Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, anunciaron la convocatoria de una huelga general durante noviembre, en una fecha por determinar, tal y como pedía el Sindicato de Inquilinas, la plataforma ciudadana que inició las movilizaciones por la vivienda con acampadas en plazas públicas de varias ciudades, como la Puerta del Sol de Madrid. En un comunicado conjunto, los sindicatos señalaron que “los salarios no alcanzan a pagar la vivienda y hacer frente a la inflación”.

Y en Barcelona, unas 20 mil personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, y unas 120 mil, de acuerdo con los organizadores, se manifestaron en rechazo a la crisis de vivienda, luego de que el sábado se canceló la movilización ante la llegada de un temporal. Al final de la concentración, los Mossos d’Escuadra (policía catalana) se enfrentaron a jóvenes que quemaron contenedores y les lanzaron botellas y sillas de la terraza de un bar con saldo de varios detenidos y heridos.