La DEA dejó entrar fentanilo a EEUU para tener mejores acusaciones

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Una polémica táctica policial que permitió que cantidades asombrosas de fentanilo mortal llegaran a las calles cuando las autoridades federales buscaban armar casos antidrogas de mayor envergadura se encuentra ahora bajo investigación de los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El presidente del comité, James Comer, envió una carta al secretario de Justicia, Todd Blanche, para solicitar registros relacionados con la controvertida estrategia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de vigilar –pero no incautar– grandes cargamentos de fentanilo.

La solicitud evoca las preocupaciones planteadas por funcionarios de Nuevo México, el epicentro de la crisis de esa droga, donde informantes de la DEA revelaron recientemente que se les ordenó hacerse a un lado en lugar de incautar cientos de miles de pastillas de fentanilo, en posible violación de normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades.

Hace dos meses, la agencia noticiosa Associated Press reveló que entre 2023 y 2025, en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, agentes de la DEA permitieron que más de 3 millones de pastillas de fentanilo llegaran a las calles con el presunto propósito de fortalecer casos penales. En Albuquerque, la ciudad más poblada de Nuevo México, los elementos de la DEA se mantenían al margen y observaban desde helicópteros y vehículos de vigilancia cómo distribuidores de droga entraban a hoteles con mochilas que se creía que llevaban hasta 100 mil pastillas de fentanilo.

De acuerdo con la propia agencia, siete de cada 10 pastillas contienen suficiente droga para provocar la muerte por sobredosis a un adulto promedio, es decir, que por cada mochila que dejaban pasar se hacían cómplices de 70 mil homicidios. Por supuesto, es absurdo suponer que cada dosis derive en una muerte, pero la DEA y la Casa Blanca usan esa métrica al hablar de los “terroristas” que trafican los estupefacientes.

Quizá los estadunidenses puedan sorprenderse al conocer las tácticas cuestionables de sus corporaciones de combate a la delincuencia, pero en toda América Latina es bien conocido el doble rasero de Washington. Como ejemplo, el operativo Rápido y furioso, el esquema perverso con el cual, entre 2009 y 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos permitió de forma deliberada la venta y el tráfico ilegal hacia México de más de 2 mil armas de fuego, a sabiendas de que los compradores eran grupos del crimen organizado y de que esos dispositivos serían usados contra policías y civiles mexicanos.

Hipocresía

La hipocresía se extiende al ámbito financiero: hace un año, el Departamento del Tesoro forzó el cierre de dos bancos y una casa de bolsa mexicanos por “facilitar el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero para los cárteles”; de acuerdo con los señalamientos, las entidades manejaron en conjunto menos de 17 millones de dólares de procedencia ilícita. En contraste, el mismo Tesoro impuso una multa irrisoria de 125 millones de dólares y permitió que continúe operando UBS Financial Services, pese a que esta filial del grupo financiero suizo realizó transferencias de más de 10 mil millones de dólares sin monitorear el posible origen ilícito de los recursos.

La semana pasada, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó al Departamento de Justicia a fin de obligarlo a entregar algunos de los mismos registros que buscan los republicanos de la comisión. “Si bien los agentes de la DEA quizá no tengan los recursos para interceptar cada envío conocido, una política que les ordene no interceptar envíos cuantiosos es inconcebible y sin duda provocó un daño considerable y la pérdida de vidas”, escribió Comer en la carta. La DEA no ha respondido aún a una solicitud de declaraciones al respecto.

La demanda y la pesquisa del Congreso llegan dos meses después de que una investigación de la Ap halló que agentes de la DEA vigilaron repetidamente grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025, que se permitió que llegaran a las calles al tiempo que las autoridades federales fortalecían casos penales. El fentanilo no fue incautado en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, incluso cuando la DEA encabezaba una campaña de concientización pública –One pill can kill (Una pastilla puede matar)– que subrayaba que unos pocos miligramos de la sustancia pueden ser letales. El año pasado, la Casa Blanca designó al opioide sintético como un “arma de destrucción masiva”.

Comer solicitó registros que abarcan únicamente el gobierno de Joe Biden, al citar lo que describió como su “relajación de los protocolos de mitigación de riesgos del fentanilo” desarrollados durante el primer mandato de Trump. Esos, sostuvo, deberían haber evitado que el fentanilo llegara a las calles en cantidades tan grandes.

Sujeto a criterio policiaco

La política anterior, adoptada en 2017, pedía a los agentes “incautar o impedir de otro modo la distribución” de fentanilo “tan pronto como fuera practicable”. El Departamento de Justicia rescribió esas normas en 2024 para dar a las fuerzas policiales mucha más discrecionalidad sobre si actuar para impedir el tráfico de fentanilo, al citar “los beneficios que se lograrían al preservar la investigación”.

La indagación de Ap reveló que la estrategia investigativa –conocida como permitir que las drogas “caminen”– continuó durante el segundo gobierno de Trump, en el periodo previo al mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA, una operación anunciada en mayo de 2025 por la entonces secretaria de Justicia, Pam Bondi.

Como parte de eso, las autoridades incautaron alrededor de 3 millones de pastillas de fentanilo, pero cantidades mayores no fueron decomisadas, al tiempo que agentes en Albuquersque se mantenían al margen y observaban desde helicópteros y vehículos de vigilancia cómo distribuidores de droga entraban a hoteles con mochilas que se creía que llevaban hasta 100 mil pastillas.

Toda la red pudo haberse desmantelado seis meses antes, según un ex supervisor de la DEA que trabajó en el caso y que ahora figura entre tres denunciantes que dan la voz de alarma sobre la práctica de larga data. El organismo de control interno del Departamento de Justicia anunció este mes una revisión a nivel nacional de las políticas gubernamentales y de las investigaciones con escuchas telefónicas para determinar si las autoridades federales han utilizado la misma táctica en otros lugares.

“Nuestras investigaciones son de largo plazo, son complejas y se realizan bajo la guía de la ley”, declaró el administrador de la DEA, Terry Cole, en una entrevista este mes para Fox News, en la que dio la bienvenida a la revisión del inspector general. “Seguiremos haciéndolo, pero necesitamos mantenernos 100 por ciento enfocados en el adversario”.

El narcopretexto intervencionista

Este patrón de conducta confirma que a Washington no le interesa combatir el crimen organizado dentro de sus fronteras ni evitar que las drogas lleguen a sus ciudadanos, sino usar el narcotráfico como pretexto para interferir en otros países. En los hechos, hay una protección sistemática y bipartidista al multimillonario negocio de los estupefacientes. Un editorial del periódico mexicano La Jornada se pregunta es EEUU es el verdadero narcoestado.

Desde la organización del trasiego de la cocaína para financiar la guerra contra el gobierno nicaragüense en la década de 1980, hasta el auge de la siembra de amapola durante la ocupación de Afganistán; desde el indulto al narcotraficante y ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, hasta el programa de recompensas a los llamados testigos protegidos, resulta inocultable que durante el último medio siglo Estados Unidos ha sido un verdadero narcoestado, concluye.

*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)