Llevan el caso de Cristina Fernández ante Naciones Unidas

Claudio della Croce

La estrategia legal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) escaló al plano internacional con una presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sus abogados Carlos Beraldi, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim —quien fuera asesor en la defensa de Lula da Silva— detallaron los alcances de una comunicación individual que busca revertir los efectos de la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sostiene, a través de sus letrados, que el proceso judicial en Argentina vulneró garantías fundamentales consagradas en pactos internacionales.

El planteo ante el organismo con sede en Ginebra se centra en tres medidas cautelares urgentes: la suspensión inmediata de la inhabilitación para postularse a cargos electivos, que calificaron como una maniobra de «proscripción electoral»; la recomposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que su actual conformación constituye «una vulneración gravísima a toda la ciudadanía argentina» que impide un recurso judicial efectivo; y, como tercer punto, la revisión profunda de las condiciones de la prisión domiciliaria que actualmente cumple la expresidenta.

“Hay una cautelar que pide la suspensión de esta sanción que contradice y vulnera precedentes clarísimos del Comité. El Comité no permite inhabilitaciones perpetuas. Pero pediremos la revisión total de la sentencia”, detalló Valim, abogado brasileño que participó de la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva en el caso Lava Jato. Este miércoles, la expresidenta publicó una carta en la que recordó que es víctima de una persecución político-judicial y anunció la incorporación de Valim y Borrego al equipo de Beraldi para encabezar la presentación de la comunicación frente al Comité de la ONU.

Esperan que el documento sea tratado en octubre, cuando se reúna el organismo que tiene sede en Ginebra y Nueva York. Los abogados explicaron que decidieron hacer su presentación frente a la ONU porque “en el Comité hay un acceso directo y todo ciudadano que tiene sus derechos violados puede acceder directamente”, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere el paso previo por comisiones.

“Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”, precisó Valim. “El dictámen del Comité es una decisión que debe ser respetada por el Estado argentino. El comité puede condenar al Estado argentino a que revise las decisiones, que reconozca las violaciones (de derechos humanos) y que cumpla las cautelares que pedimos”, añadió.

En reiteradas ocasiones, Borrego y Valim apuntaron que la condena contra CFK está plagada de irregularidades y que se violaron los derechos de la expresidenta. “La presidenta Cristina Kirchner jamás podría haber sido condenada por los cargos imputados, es un escándalo lo que hicieron”, manifestó Valim. Afirmó que en la Causa Vialidad hay “un ente autárquico que firmó un convenio con una provincia y luego la provincia firmó contratos con los que hubo problemas”. “Si lo tomamos en serio, ningún presidente en Argentina quedaría libre una vez que cumple su mandato”, argumentó.

Borrego resaltó que en la causa contra CFK encontró “tantísimas violaciones (de derechos) y arbitrariedades” y que existe un componente de violencia de género. “¿Por qué esta hostilidad contra la doctora Kirchner? Porque es una mujer”, dijo. “En la judicatura y la fiscalía argentina hay mayoría de mujeres, Cristina Kirchner ha conocido cuatro instancias y no ha coincidido con ninguna mujer ni fiscal ni juez -sostuvo-. La Causa Vialidad es puras contradicciones”.Para Borrego, el endurecimiento de estas condiciones busca ocultar el trasfondo político del fallo judicial y señaló que esta situación «es una maniobra de distracción para evitar que se piense en la proscripción para que no se presente a elecciones porque puede ganar y eso no gusta a algunos».

 En una carta abierta titulada El costo democrático de la politización de la justicia, la dos veces presidenta y titular del Partido Justicialista (peronista) afirmó que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye «la pena principal» de la sentencia. «La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria», subrayó.

Borrego señaló que acudir al Comité de Naciones Unidas es posible porque “Argentina ratificó el pacto de derechos civiles y políticos, que según la reforma (de la Constitución Nacional) del ‘94 tiene jerarquía constitucional”. “Es la democracia, es el estado de derecho”, afirmó. Puso especial énfasis en las restricciones que pesan sobre la exmandataria y describió su situación como una «condena brutal y discriminatoria» y detalló las irregularidades técnicas y logísticas de su arresto domiciliario.

Según el abogado, la expresidenta cuenta con «dos policías permanentemente en la puerta» y se ve obligada a utilizar una tobillera electrónica que «cada dos por tres no funciona». Además, denunció que tiene «muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar el aire».

Valim aclaró que “no es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial”. “Estamos planteando que se respeten los derechos de una ciudadana argentina, no queremos un tratamiento excepcional -aseguró-. Por eso ponemos bajo escrutinio de un organismo internacional cuyas decisiones son vinculantes en Argentina para que evalúen lo que han hecho los fiscales y autoridades argentinas en este caso”, añadió.

Desde el punto de vista técnico, la defensa argumenta que se violaron múltiples artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Beraldi señaló que la Corte Suprema argentina evitó tratar los agravios de fondo, escudándose en formalismos procesales, lo que volvió «escandaloso» el caso. La comunicación presentada también destaca la violación del principio ne bis in idem, al subrayar que 49 de las 51 obras públicas cuestionadas ya habían sido objeto de investigaciones previas que terminaron en archivo o sobreseimiento. Los abogados advirtieron que, si bien una decisión sobre el fondo del asunto podría demorar años, esperan una resolución sobre las medidas cautelares en los próximos meses, la cual, según Valim, «el Estado argentino tiene que cumplir inmediatamente».

*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)