Operaciones electorales trumpistas en Brasil

Jorge Elbaum

Las elecciones que se desarrollarán en Brasil en octubre y las de noviembre en Estados Unidos condicionarán el proceso electoral argentino que se iniciará a principios de 2027. La injerencia del Departamento de Estado —a través de una batería de iniciativas que favorecen a Flávio Bolsonaro y buscan desgastar la imagen de Lula da Silva— permite anticipar las tácticas que Marco Rubio  podría emplear para apoyar a su principal aliado regional, Javier Milei.

Entre esas tácticas, se encuentran el castigo arancelario, la manipulación de datos electorales, el uso de redes sociales para orientar el voto, la penalización extraterritorial de figuras políticas y jurídicas, la demonización de la coalición del Partido de los Trabajadores, la vinculación del gobierno con organizaciones ligadas al narcotráfico y la defensa del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 años de prisión.

Esta batería diversificada tiene antecedentes ligados a la persecución y cárcel que sufrió el actual mandatario brasileño. En la denominada Operación Lava Jato, que tuvo su momento más álgido una década atrás, la justicia de Brasil fue asistida por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos que promovieron la culpabilización de Lula en connivencia con sectores del poder judicial doméstico.

Kenneth Blanco, entonces subprocurador adjunto de Estados Unidos, llegó a jactarse en un foro del Atlantic Council de la colaboración ilegal con los operadores judiciales que lograron encarcelar al actual mandatario el 7 de abril de 2018. En comunicaciones filtradas en 2018 del fiscal brasileño Deltan Dallagnol —uno de los responsables de la persecución infundada contra Lula— se celebraba sarcásticamente la prisión del entonces expresidente Lula, atribuyendo su condena a “un regalo de la CIA”. Gracias a esa maniobra, Lula fue excluido como candidato del proceso eleccionario que permitió el triunfo de Jair Bolsonaro.

Ese antecedente de injerencia disimulada se transformó, en la actualidad, en una práctica abierta y descarada. La última semana, Donald Trump impuso un 25 por ciento de aranceles a varios productos brasileños (maquinaria industrial, azúcar, etanol, madera, calzado, acero y equipos eléctricos) como castigo al éxito del sistema digital de pagos PIX, controlado por el Banco Central de Brasil. Los números explican por qué incomoda tanto a quienes pretenden monopolizar el sistema financiero global. Global Finance informó que, hacia fines de 2024, más del 76 por ciento de la población lo utilizaba, sustituyendo el uso directo de las tarjetas de débito y el efectivo.

Washington lo cuestiona con el argumento de que perjudica a Visa, MasterCard y Amex, pese a que esas tarjetas pueden integrarse al sistema PIX, si lo desean. La conclusión es obvia: esa infraestructura pública, disponible para cualquier usuario e institución bancaria, termina siendo intolerable porque reduce el margen de maniobra del oligopolio financiero global. El nuevo arancel impuesto por Trump —en medio de la campaña electoral— no es parte de una disputa técnica ni comercial; es una decisión geopolítica que cuestiona la capacidad de un país periférico para construir herramientas soberanas.

Otra de las operaciones a cielo abierto se vincula con el acoso contra el poder judicial brasileño. El 18 de julio de 2025, el Departamento de Estado revocó las visas a Alexandre de Moraes, integrante del STF, y a sus familiares directos. Doce días después, el 30 de julio, el Tesoro aplicó, contra el mismo Moraes, la Ley Global Magnitsky, que congela los activos de su familia y prohíbe todo tipo de transacción a través de formatos financieros controlados por Washington. Moraes fue el juez que supervisó la causa penal contra Bolsonaro por el intento de Golpe de Estado de 2022. La batería de medidas incluye la demonización de Lula, haciéndolo pasar como el jefe de una administración débil, incapaz de combatir al narcotráfico.

El 26 de mayo de 2026, Flávio Bolsonaro se reunió con Trump en la Casa Blanca. Dos días después, Narco Rubio anunció la designación del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas globales, con estatus de Foreign Terrorist Organization. Esa calificación autoriza a Washington, en nombre de su sempiterna seguridad nacional, a invocar potestades de intervención militar extraterritorial, como ya hizo en Venezuela, en aguas internacionales de Colombia y en México.

Celso Amorim, actual asesor especial para la agenda internacional del gobierno sugirió que estos actos administrativos son “el pretexto para la intervención extranjera”. Lula fue más explícito: “No aceptaremos ser tratados como una república bananera”.

Otro de los dispositivos de acoso, lanzados desde la Casa Blanca, es la desinformación y la utilización sesgada de las redes sociales y la IA. Un artículo académico, replicado por académicos ligados al PT, encontró evidencia de que los soportes de la IA evidenciaban un “sesgo político significativo y sistemático” contra las figuras de izquierda, incluyendo a Lula en Brasil. Por su parte, un informe de la Agencia Lupa reveló un crecimiento del 308 por ciento del uso de las herramientas de IA para generar contenido falso en Brasil entre 2024 y 2026.

La investigación detalla los contenidos falsos, la manipulación de la imagen y/o la voz de figuras políticas, mayoritariamente concentrándose en Lula. Este incremento en el uso de deepfakes con fines políticos, promovidos desde Estados Unidos, aparece como una de las amenazas más importantes para la integridad del debate público y el proceso electoral.

Durante la Guerra Fría, la Casa Blanca procuraba disfrazar su injerencia en América Latina. El Departamento de Estado combinaba intervenciones militares con operaciones diplomáticas lideradas por agentes de inteligencia que promovían acciones de propaganda, financiamiento de medios y entrenamiento de uniformados. Aquel camuflaje no expresaba prudencia democrática, sino cálculo político. Se trataba de una potencia que contaba con la posibilidad real de construir consenso y que, por ese motivo, evitaba quedar expuesta. La novedad no reside en la intención —América Latina conoce largamente esa historia—, sino en la forma. Washington parece haber abandonado ese pudor instrumental porque no puede competir con el poder blando de los BRICS.

Trump no oculta la injerencia brutalista. La exhibe como doctrina. Sin embargo, cuando una potencia deja de operar en las sombras, no siempre hace alarde de un poder renovado: puede estar confesando que perdió eficacia. El analista Thomas Traumann logró conceptualizar la debilidad de esta instrumentación: “El mejor momento de Lula en las encuestas fue después de que Trump impuso aranceles contra Brasil”. Cuando la intromisión externa amplíe sus tentáculos en Argentina, a principios de 2027, habrá que apostar —igual que lo está haciendo el PT en Brasil—a la reivindicación de la soberanía. De lo contrario, el libreto que hoy fracasa en Brasil puede encontrar mañana un escenario más dócil al sur del continente.

*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)