Betina Stein
El gobierno ha vuelto al ataque con un nuevo proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Detrás del discurso sobre la “independencia” del Banco Central se esconde una decisión profundamente política: condicionar definitivamente la actuación del BCRA a un único objetivo, la estabilidad monetaria, aun cuando las políticas destinadas a alcanzarla impliquen recesión, desempleo o mayor desigualdad.
La Carta Orgánica vigente establece, en su artículo 3°, que el Banco Central tiene por finalidad en la medida de sus facultades promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Ese diseño responde a una concepción moderna de la banca central: la estabilidad de la moneda no constituye un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio del desarrollo y del bienestar de la sociedad.
¿Por qué resulta tan importante que el Banco Central tenga objetivos múltiples? Porque obliga a que las decisiones de política monetaria contemplen sus consecuencias sobre la economía real. La lucha contra la inflación no puede desarrollarse ignorando el impacto que determinadas medidas producen sobre la producción, el empleo y los ingresos de la población.
Esa concepción fue expresamente recuperada mediante la reforma de 2012. Allí se entendió que la estabilidad monetaria y financiera solo adquiere sentido y resulta sostenible en el tiempo cuando se articula con la promoción del empleo y del desarrollo económico. Los cuatro objetivos fueron deliberadamente concebidos sin jerarquías entre sí, porque ninguno puede perseguirse desconociendo a los demás.
La historia económica argentina ofrece sobradas experiencias de políticas antiinflacionarias que lograron desacelerar los precios al costo de destruir el aparato productivo, incrementar el desempleo y expandir la pobreza. La convertibilidad constituye el ejemplo más acabado: la estabilidad concluyó en la mayor crisis institucional, económica y social de la historia argentina.
Otro aspecto central de la Carta Orgánica es el artículo 20, que autoriza al Banco Central a otorgar adelantos transitorios al Tesoro Nacional dentro de límites estrictamente fijados por la ley. Esa facultad suele presentarse como una anomalía que debería eliminarse. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra exactamente lo contrario.
Basta recordar la pandemia de COVID-19. En aquel momento, la Argentina tenía prácticamente cerrado el acceso al crédito internacional como consecuencia del gigantesco e ilegal endeudamiento heredado del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional y con acreedores privados. Si el Banco Central no hubiera contado con la facultad legal de asistir transitoriamente al Estado, difícilmente habrían podido implementarse políticas como el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los créditos subsidiados a tasa cero y otras medidas que evitaron un colapso económico y social de dimensiones mucho mayores.
La discusión suele plantearse de manera deliberadamente engañosa. Se confunde una facultad con una obligación. Que la Carta Orgánica habilite determinadas herramientas no significa que deban utilizarse permanentemente. Significa, simplemente, que el Estado conserva instrumentos para actuar cuando circunstancias excepcionales así lo exigen.
La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, restringiendo sus objetivos y prohibiendo cualquier forma de asistencia al Tesoro, integra el catálogo de las llamadas “reformas estructurales” reclamadas por el Fondo Monetario Internacional desde el irregular endeudamiento tomado por el gobierno de Mauricio Macri . Por eso durante su gobierno existió un proyecto con esa orientación, que finalmente no prosperó porque la administración de Alberto Fernández se negó categóricamente a impulsarlo. El proyecto actual retoma ese mismo camino.
El problema excede, entonces, el contenido puntual de la reforma. Cambiar las reglas de funcionamiento de una institución cuya credibilidad depende de su estabilidad ya constituye un factor de incertidumbre. Pero cuando esas modificaciones responden a compromisos asumidos con un organismo financiero internacional como condición para refinanciar una deuda, la discusión deja de ser exclusivamente económica para convertirse en una cuestión de soberanía.
*Abogada, exdirectora del Banco Central de la República Argentina