Masiva marcha universitaria: que Milei cumpla con la ley de financiamiento
Álvaro Verzi Rangel
Rectores, docentes y estudiantes afirmaron que la marcha en defensa de la educación, que llenó el centro de Buenos Aires y las principales ciudades del interior del país este martes, fue impulsada por “el derecho a la educación” y la “obligación” del Estado de financiar a la universidad pública. El cuerpo universitario pidió a la Corte Suprema de Justicia que no permita que el gobierno siga sin cumplir la ley.
En el texto central de la cuarta Marcha Federal, las casas de altos estudios denunciaron una caída inédita del presupuesto y sueldos en niveles históricos mínimos. Acusaron al Gobierno de romper la división de poderes y pidieron a la Justicia que destrabe la ley de financiamiento para evitar el colapso del sistema.
Con una cruda advertencia sobre el futuro del país y una acusación directa contra el gobierno por quebrar la división de poderes, la comunidad educativa leyó el documento central de la cuarta Marcha Federal Universitaria, un texto cargado de reclamos urgentes tras «203 días sin aplicar la Ley», donde estudios denunciaron que el sistema atraviesa una crisis terminal y le exigieron directamente a la Corte Suprema que ponga un freno al ajuste gubernamental. «El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, decidió alzarse contra los otros dos poderes de la República», señalaron.
Profesores, alumnos, organizaciones estudiantiles y docentes, gremios no docentes y distintos sectores vinculados al sistema científico marcharon este martes 12 hacia Plaza de Mayo en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso el año pasado y aun no fue efectivizada. Mientras la Universidad de Buenos Aires UBA) acusó al Ejecutivo de intentar deslegitimar la protesta, el Gobierno negó los recortes y tildó la movilización de «acto opositor».
Presupuesto en mínimos históricos, salarios pulverizados, hospitales universitarios al borde del colapso y una fuga masiva de docentes e investigadores. Mientras el gobierno intentaba deslegitimar la Marcha Federal Universitaria, los números muestran el vaciamiento de la educación pública y el sistema científico.
Mientras el presidente libertario Javier Milei, la ministra Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, insisten en que “no hubo recorte” y que la Marcha Federal Universitaria está “construida sobre una mentira”, los números oficiales, los datos de las propias universidades y la realidad cotidiana de docentes, estudiantes e investigadores muestran otra cosa: un proceso de vaciamiento profundo de la universidad pública y el sistema científico.
Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fueron los encargada de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades «no ha superado“, en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, ”el 64% del que tenía en enero de 2023“.
“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora laLey de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho“, remarcaron.
A pesar de la fuerte tensión política y discursiva que cruzó las horas previas al reclamo, el cierre de la movilización dejó una postal de absoluta calma en las calles. Estudiantes, docentes y rectores expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, «son factores fundamentales de la economía del país» y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda «competir en el mundo» y «generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables».
“No permitamos que los pilares de nuestras universidades -trabajadores, docentes, no docentes, investigadores y estudiantes- sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia“, concluyeron. “Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo“, añade el documento.
Durante la movilización, las autoridades universitarias encendieron las alarmas por el brutal impacto de la licuación salarial y denunciaron un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo. En esa línea, advirtieron que el sistema sufre un «preocupante nivel de renuncias» de docentes que se ven obligados a abandonar las facultades y cambiar de profesión simplemente para poder subsistir.
Según datos relevados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto destinado al 
sistema universitario nacional pasó de representar el 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% del PBI en 2026, el nivel más bajo desde al menos 2004. Además, entre 2023 y 2025, la ejecución real de la partida “Desarrollo de la Educación Superior” cayó un 29%, mientras que las transferencias totales a las universidades nacionales se redujeron un 45,6% en términos reales desde la llegada de Javier Milei, según datos de la UBA.
La movilización, que se replicó en todo el país, contó también con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la “recomposición salarial para docentes y no docentes» y la aplicación del “presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios“.
Datos reveladores
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA perdió 438 docentes e investigadores entre enero de 2024 y abril de 2026: prácticamente una renuncia cada dos días. En la Facultad de Ingeniería hubo 342 renuncias desde 2023, mientras que en Veterinarias dejaron sus cargos más de 100 docentes. Sólo en algunas facultades y escuelas de la UBA ya se contabilizan más de 1.200 trabajadores que abandonaron el sistema universitario. La situación se replica en todo el país.
El resultado es una transferencia silenciosa de recursos: el Estado forma profesionales, científicos e investigadores que luego son expulsados hacia el sector privado o el exterior por el propio ajuste estatal.
Los hospitales universitarios denuncian que no recibieron fondos operativos durante 2026 y que sólo pueden sostenerse algunas semanas más. El Hospital de Clínicas y el Instituto Roffo, ambos dependientes de la UBA, advirtieron públicamente que tienen recursos para funcionar apenas 45 días más. Los hospitales universitarios de la UBA atienden a unas 700.000 personas por año y realizan decenas de miles de cirugías, además de formar médicos, residentes y profesionales de salud.
El Gobierno insiste con el discurso de la “eficiencia”, pero las universidades sobreviven recortando gastos básicos:
obras frenadas, laboratorios sin insumos, infraestructura deteriorada, reducción del consumo eléctrico, caída de becas, y equipamiento sin renovar. La Decisión Administrativa publicada este lunes oficializó nuevos recortes por más de 3.300 millones de dólares en infraestructura universitaria y reducciones millonarias en ciencia y técnica.
La discusión de fondo no es económica sino política: sí hay recursos, pero el Gobierno decidió destinarlos a beneficiarios a los sectores de mayores ingresos mientras ajusta sobre salarios, educación, salud y ciencia pública. Durante la lectura del documento central en Plaza de Mayo, las autoridades académicas acusaron al Ejecutivo de quebrar las reglas democráticas y constitucionales básicas al ignorar la ley de financiamiento que aprobó el Congreso Nacional.
En esa línea, los organizadores alertaron que el sistema de educación superior atraviesa unaasfixia presupuestaria crítica. Para graficar el impacto del ajuste, señalaron que las transferencias estatales sufrieron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que representa una reducción de recursos inédita para mantener las aulas abiertas
Rectores y autoridades universitarias de Rosario, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mar del Plata, Comahue, Tucumán, Mendoza, Nordeste y Tierra del Fuego denunciaron caída salarial, renuncias docentes, obras paralizadas, deterioro de becas, y universidades funcionando “a la mitad de sus capacidades”. En muchas ciudades del interior, las universidades nacionales son motores económicos, científicos y culturales fundamentales. El ajuste amenaza no sólo el acceso a la educación superior, sino también el desarrollo regional.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)