Nuevo reordenamiento geopolítico: los derechos humanos en crisis
Las principales instituciones internacionales y el concepto mismo de Derechos Humanos atraviesan una crisis de fondo de resolución incierta. En gran medida, determinada por un nuevo reordenamiento geopolítico internacional que pone en cuestión el multilateralismo, la vigencia de acuerdos básicos y el propio funcionamiento del sistema onusiano. Hasta inicios de septiembre, 124 de los 193 Estados miembros de la ONU no habían pagado su contribución al presupuesto ordinario anual de la organización.
El abogado austríaco Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, denunció el lunes 8 de setiembre un panorama mundial en el cual la glorificación de la violencia y la erosión del derecho internacional aparecen como dos constantes principales.
En la apertura de la reunión anual del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, su radiografía de los principales problemas con los que se confronta el Consejo también sirvió de pauta para evaluar los riesgos y las amenazas contra el consenso humanitario mundial.
El Consejo es el organismo intergubernamental de las Naciones Unidas encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, lidiar con sus violaciones y formular recomendaciones para mejorar su cumplimiento. Existe desde 2006 (sucesor de la antigua Comisión de Derechos Humanos) y está compuesto por representantes de cuarenta y siete Estados miembros, aunque cuenta con el consenso de toda la comunidad onusiana. En sus diecinueve años de existencia adoptó 1.481 resoluciones y encomendó 60 investigaciones sobre casos específicos (Procedimientos Especiales), esfuerzos todos que se relativizan ante la amplia lista de fracasos y retrocesos.
Gaza, gran fracaso
Tema central del preocupante panorama global presentado por Türk, la situación actual en Gaza. En su análisis, el asesinato masivo de civiles palestinos por parte de Israel, el sufrimiento indescriptible y la destrucción total en esa región, los obstáculos a la ayuda humanitaria necesaria para salvar vidas y la consiguiente hambruna de la población civil, así como el asesinato de periodistas, personal de la ONU y trabajadores de ONG y la lista interminable de crímenes de guerra, están conmocionando la conciencia del mundo. }
“Me horroriza el uso abierto de una retórica genocida y la vergonzosa deshumanización de los palestinos por parte de altos funcionarios israelíes”, remarcó Türk. Quien además reconoció que, si bien Israel “sigue profundamente traumatizado tras los terribles ataques de Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023” y la toma de rehenes ese día, la mayor militarización, ocupación, anexión y opresión en Gaza sólo alimentarán más violencia, represalias y terror.
Israel, alegó Türk, “tiene la obligación legal de tomar las medidas ordenadas por la Corte Internacional de Justicia para prevenir actos de genocidio, castigar la incitación al genocidio y garantizar el arribo de suficiente ayuda a los palestinos en Gaza”.
Por último, Türk desafió a la comunmidad ingternacional a rectificar su actitud actual pues considera que “está incumpliendo su deber […] Le estamos fallando al pueblo de Gaza”. La inacción no es una opción, enfatizó Türk, y llamó a que se detenga el flujo de armas hacia Israel y a que se ejerza la máxima presión para asegurar un alto al fuego, así como la liberación de todos los rehenes y de cualquier otra persona detenida arbitrariamente.
Por otra parte, es imperioso tomar medidas decisivas para oponerse a la ocupación militar israelí de Gaza y la anexión total de una Cisjordania ya bastante ocupada. Y respaldar incondicionalmente el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.
Otros retrocesos
Otros conflictos, según el titular del Consejo, también están contribuyendo a oscurecer el panorama por momentos de por sí desolador de los derechos humanos en el plano internacional.
La lista es extensa: la guerra entre Rusia y Ucrania, agudizada en los últimos meses; la crisis en Sudán, donde tanto las Fuerzas de Apoyo Rápido como las Fuerzas Armadas siguen mostrando un total desprecio por el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. La magnitud del sufrimiento del pueblo sudanés es insondable y exige toda la atención del mundo.
En Myanmar, cuatro años después del golpe de 2021, el pueblo se encuentra sumido en una terrible crisis de sus derechos fundamentales. El ejército ataca a la población civil en sus hogares, aldeas, escuelas y campamentos con ataques aéreos y bombardeos, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y reclutamiento forzado.
El panorama es igualmente dramático en la República Democrática del Congo, donde se perpetúan graves violaciones y abusos por parte de todas las partes en conflicto. La transición política en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad sigue siendo frágil. La situación en la ciudad siria de As-Suwayda, cerca de la frontera con Jordania, no es menos preocupante debido al aumento de la violencia sectaria y graves abusos contra los derechos humanos.
Haití se hunde cada vez más en la anarquía en medio de una violencia pandillera endémica. En Nigeria, la violencia ha experimentado una gran escalada, con enfrentamientos intercomunitarios agravados por las masacres y los desplazamientos masivos provocados por Boko Haram y otros grupos armados. A pesar de las promesas gubernamentales de garantías en su accionar, aumentan las denuncias de graves violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad nigerianas en el contexto de operaciones antiterroristas.
Pero los conflictos bélicos no son lo único que le inquieta a Türk. Igualmente preocupante, a su juicio, es la tendencia de ciertas naciones a retirarse unilateralmente de históricos marcos multilaterales. Tal es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, con respecto al Acuerdo de París y el Consejo de Derechos Humanos; las sanciones de Rusia y Estados Unidos contra magistrados de la Corte Penal Internacional y la decisión de Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia de retirarse del Tratado de Ottawa sobre minas terrestres.
También el menosprecio de varios gobiernos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, acordada en 2015 por la comunidad internacional, actitud que debilita la red de cooperación global y regional cuidadosamente construida durante décadas.
Según Türk, no se puede subestimar el impacto negativo que resulta de esta actitud, como el hecho de que algunos Estados se están convirtiendo en una extensión del poder personal de sus gobernantes. Si bien los “marcos globales y regionales distan mucho de ser perfectos”, puntualizó, los Estados deben fortalecerlos y reformarlos, no desmantelarlos, agregando que “no podemos volver a los modos de pensar y de planteamientos obsoletos que condujeron a dos guerras mundiales y al Holocausto”.
El argumentario de Türk cuestiona lo que él considera un falso concepto de soberanía para fundamentar el debilitamiento del multilateralismo. «La Carta de la ONU”, recordó, “dio a luz una nueva era geopolítica al consagrar la igualdad soberana de los Estados [ya que] la soberanía nacional es el fundamento de las instituciones multilaterales y del derecho internacional”. Y cuando los Estados firman acuerdos internacionales, “están ejerciendo su soberanía nacional, no limitándola”. Con esa soberanía, alegó el responsable del Consejo de los Derechos Humanos, viene la responsabilidad de proteger los derechos de sus respectivas naciones, no lo contrario, pues “la soberanía no significa tener la propiedad sobre las personas”.
Una sociedad civil enérgica
Este diagnóstico sobre la crisis de los derechos humanos es compartido por muy diversos organismos no gubernamentales y movimientos sociales. En su Informe 2025, por ejemplo, Amnistía Internacional sostiene que “el mundo se encuentra en una encrucijada histórica” y que “el ideal de los derechos humanos universales está sufriendo el acoso implacable de fuerzas sin precedentes, que tratan de destruir un sistema internacional forjado con la sangre y el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial y su Holocausto”. Según Amnistía, esta cruzada religiosa, racial y patriarcal, cuyo objetivo es imponer un orden económico basado en una desigualdad aún mayor entre los Estados y dentro de ellos, “pone en peligro los avances realizados en los últimos 80 años en materia de igualdad, justicia y dignidad”.
En el prefacio de dicho Informe, Agnès Callamard, su secretaria general, afirmó que los Estados poderosos se están burlando de la historia. Que actúan como si las lecciones que dejaron las décadas de 1930 y 1940, desde la Convención sobre el Genocidio a los Convenios de Ginebra y pasando por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de la ONU, pudieran dejarse de lado, olvidarse y eliminarse.
En su reflexión, Callamard además alegó que, “con la elección de Donald Trump y el significativo desembarco del mundo empresarial en su gobierno, nos dirigimos a pasos agigantados hacia una época brutal, donde el poder militar y económico prevalece sobre los derechos humanos y la diplomacia, donde las jerarquías raciales y de género y el pensamiento de suma cero (“si yo gano, tú pierdes”) conforman las políticas y donde el nacionalismo nihilista impulsa las relaciones internacionales”.
Con otras palabras, pero con importantes coincidencias en lo que hace a la defensa de los derechos humanos fundamentales, se expresaron las representantes de organizaciones feministas de base de la Marcha Mundial de las Mujeres en quince países del continente. Reunidas a fines de agosto en San Cristóbal de las Casas, México, en su Declaración final afirmaron que “en un mundo donde se imponen guerras y carreras armamentistas, se invaden territorios, se silencian genocidios y el objetivo es expandir el imperialismo, las mujeres de la región asumen la responsabilidad de seguir defendiendo la paz en el continente y en el mundo”.
Y señalaron que también ellas se han unido a la demanda popular de no rendirse ante la injusticia, la matanza de niños y mujeres y el uso de la violencia sexual y el hambre como armas de guerra. Además, denunciaron el genocidio del pueblo palestino y criticaron a las instituciones internacionales cómplices por su silencio e inacción. Su denuncia se extendió a las derechas en ascenso, el fascismo y el fundamentalismo religioso que atacan por igual los derechos conquistados y estigmatizan las luchas por la justicia con discursos de odio.
La crisis sistémica de los derechos humanos es una muy mala señal civilizatoria. Donde ellos no se respetan, la ley de la selva se convierte en el único marco, tan frágil y autoritario como anti derechos y antihumano.