Argentina: La puesta en vigencia del Decretazo y la consolidación de la tiranía

Emilia Trabucco

Han pasado sólo 20 días de la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina. Unos días convulsionados que incluyeron un paquete de ajuste y represión que comenzó con las diez medidas económicas anunciadas por el Ministro de Economía Luis Caputo, un DNU de 300 puntos, un protocolo antipiquetes y una Ley Ómnibus de 400 páginas, que aparecen en un escenario de confusión planificada, digitada por el periodismo y los activistas de redes sociales, logrando que la discusión se centre en cuestiones de forma y no de fondo. El conocido efecto de la “política del shock”.

Lo que aparece es una estrategia instrumentada desde la fuerza política en posición de gobierno y sus aliados del establishment de llevarnos a discutir lo poco importante, distrayendo al pueblo argentino con leyes inentendibles que generan miedo e incertidumbre, arrastrándonos a escenarios donde las organizaciones populares no tenemos la posibilidad de imponer las demandas. A ello le agregan un show represivo de disciplinamiento social, con la construcción ya conocida del enemigo interno como marco de justificación, frente a millones de espectadores.

En dicho escenario, el viernes 29 de diciembre por la noche, entró en vigencia el mega Decreto de Necesidad y Urgencia. La medida había sido anunciada por el presidente el 20 de diciembre, eligiendo una fecha clave para la memoria del pueblo argentino, para lanzar 300 puntos que destrozan cientos de derechos con la excusa de «desregular la economía argentina». Un DNU cuya gravedad, sin embargo, pareció diluirse tras el anuncio del tratamiento de la Ley Ómnibus en sesiones extraordinarias del Congreso, a pesar de ser un Decreto explícitamente violatorio de la propia Constitución Nacional, y cuya vigencia ya es un hecho.

Desde aquel mensaje grabado para la Cadena Nacional donde Milei anunció el DNU junto a su gabinete el 20 de diciembre, han sucedido algunas cosas. Ese mismo día, donde el movimiento piquetero fue por la mañana el primer conejillo de indias del protocolo represivo de la ministra Patricia Bullrich, los y las argentinas sorprendieron con sus cacerolas en distintos puntos del país.

Las cacerolas actualizaron aquel estallido social de 2001, exactamente 22 años atrás, en un estado de sitio decretado por el presidente De La Rúa, que nos dejó un saldo de 39 muertxs y miles de heridxs, a manos de las fuerzas de seguridad comandadas por las mismas caras que hoy vuelven a estar en posición de gobierno. Claro que la historia no se repite, y la Argentina de 2023 no es la misma.

Sin embargo, los “inesperados cacerolazos”, que se sostuvieron por un par de días sin que pudieran activar el famoso protocolo antipiquetes, encendieron las alarmas y surtieron algunos efectos. El más importante fue acelerar los tiempos de las dirigencias sindicales y sociales, quienes después de las movilizaciones, protagonizaron diferentes reuniones, entre pedidos y tensiones.

Después de algunas idas y vueltas, de rumores de Paro Nacional, conferencias de prensa y llamado a movilización masiva, la CGT convocó el 27 de diciembre a lo que finalmente fue una concentración en el Palacio de Justicia, con la adhesión de las CTA de los Trabajadores la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y otras organizaciones sociales. La iniciativa se replicó en varios puntos del país, pidiendo la inconstitucionalidad del Decreto y una presentación de amparo a la Justicia para su nulidad, quien lo rechazó y luego lo aceptó, para tratarlo recién en febrero.

Frente a los movimientos de calle, lejos de retroceder, el presidente Milei realizó una serie de acciones que no pueden leerse más que como una provocación a las organizaciones, sumado a la intención de mostrarse firme en sus decisiones frente a la supuesta popularidad de la que goza su breve desempeño como mandatario. Subestimó los cacerolazos, y el día antes de la concentración de la CGT, declaró: “Si me rechazan el DNU llamaría a un plebiscito o consulta popular”. Como frutilla del postre, el día de la movilización en contra del decreto, envió la Ley Ómnibus al Congreso de la Nación, para ser tratada en sesiones extraordinarias. Un proyecto de ley de 340 páginas, que contiene un paquete de desregulaciones y reformas económicas preparado por el equipo de Federico Sturzenegger.

La agenda mediática comenzó a partir de allí a darle centralidad al proyecto de ley, cosa que también hicieron las organizaciones y la militancia que hacía apenas algunas horas concentraba sus esfuerzos en lo importante: el DNU. La gravedad de un decreto que constituye un acta de defunción de la patria trabajadora, que transforma inmediatamente el gobierno en una tiranía y que nos remonta no ya al 2001, sino a 1976. El antecedente más cercano lo constituye la última dictadura cívico militar, sin que dicha afirmación tenga un mínimo de exageración.

La agenda de debate puesta en el tratamiento en el Congreso de la Ley Ómnibus resulta una victoria indiscutible para el poder político y económico concentrado que hoy se sienta cómodamente en el sillón de Rivadavia: ellos ganan tiempo, un factor clave para su estrategia de destrucción de los mecanismos del Estado que pueden instrumentarse a favor de las y los trabajadores, y de generación de las vías para el saqueo económico, su principal objetivo. Ganan tiempo porque dicho proyecto de ley será enviado a comisiones, en el recinto del poder legislativo que ya decidieron anular.

Mientras tanto, entra en vigencia este DNU, afectando profundamente la vida de los millones de argentinos y argentinas, que intentarán festejar la cena de año nuevo, con la única promesa hasta el momento, de un paro general el 24 de enero anunciado por la CGT.

A la pérdida violenta del poder adquisitivo del salario y los despidos del Estado ya decretados, se agregan a nuestra cotidianeidad los efectos de la “libertad del mercado”. Con la derogación de la ley de alquileres, la desregulación de los precios de las tarifas, los alimentos, los medicamentos y las obras sociales, la flexibilización laboral, entre otras medidas ya conocidas, los y las trabajadoras, les productores, las pequeñas y medianas empresas, les jubilades, se debatirán en un panorama de asfixia, pobreza, desempleo y desesperanza.

No todos pierden: cada uno de los puntos del DNU tiene ganador con nombre y apellido, los conocidos de siempre: Eduardo Eurnekian, Paolo Rocca, Mauricio Macri, Marcos Galperin, Elon Musk, los mismos actores que, en palabras de Máximo Kirchner, vienen empujando un proyecto de triple flexibilización: laboral, ambiental e impositiva, denunciado por el movimiento obrero organizado el 17 de octubre del año pasado y materializado hoy en la letra del DNU (28/12/2023, El Destape).

El empresariado voraz que tiene un único interés, maximizar sus ganancias a costa del sufrimiento del pueblo argentino, instrumentando un discurso hipócrita contra el Estado. Lo que están haciendo, paradójicamente, es usar todos los hilos del poder estatal que defenestran para transferir la riqueza nacional del bolsillo de los trabajadores directamente a sus cuentas en el exterior. Está más que claro que la promesa de libertad y derecho a la propiedad privada era para unos pocos.

Asistimos así a la refundación de un proyecto que tiene en nuestro país más de 200 años, conducido por una red de corporaciones locales y globales, caracterizado por el autoritarismo político, el liberalismo económico y un relato con tintes mesiánicos. Este fenómeno se inscribe en un escenario mundial de disputa en el que parecen destacarse los marcos de acuerdo entre halcones y palomas, unidad que necesitan para imponer un nuevo orden. Cuentan para ello con el monopolio  de las plataformas digitales y los medios de comunicación, centrales para la manipulación de la opinión pública, y el control de las fuerzas del «orden» para la generación del clima de caos y violencia social.

Esta casta empresarial ligada a las finanzas, las empresas tecnológicas y la energía, busca eliminar cualquier forma democrática que se oponga a su interés. La construcción a una velocidad nunca vista de un nuevo tiempo y espacio social, el territorio digital, se ha impuesto sobre la democracia formal, arraigada en métodos analógicos ya obsoletos. La configuración de nuevas formas de poder que los beneficien exclusivamente es el objetivo que marca hoy sus acuerdos en el país. Una vez logrado dicho fin, seguramente se profundizarán las disputas por el reparto de la torta, que aparecerán como internas de las fuerzas políticas que hoy se alían en el gobierno, y cuyos principales mediadores son Mauricio Macri y  Eduardo Eurnekian. Se terminó el cuento del “outsider”.

Ante este estado de situación, resultan centrales las iniciativas para intervenir la agenda de debate público hacia los problemas de fondo. En estos 20 días de gobierno, quedó claro que el escenario desde donde se puede disputar el rumbo del país es la calle. Hay sobrada evidencia de que el campo popular no controla ni el Congreso, ni la Justicia; las vías institucionales de la democracia formal se han transformado en un terreno árido para la construcción de poder de las mayorías. La estrategia que se dé el amplio campo nacional y popular para direccionar el descontento social, para organizar las demandas y así conducir las iniciativas, será determinante para rearticular la fuerza social con capacidad de oposición al poder en posición de gobierno, mediante la construcción de un programa.

Un pasado reciente de dos pandemias, la macrista y la del COVID19, más cuatro años de albertismo, gobierno puesto por el pueblo sin responder a su mandato, han dejado un saldo de aprendizajes que es necesario retomar. La década ganada de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner son el basamento moral y material, no en términos nostálgicos, sino como demostración de que vivir dignamente puede ser realidad efectiva. El piso de conquistas de derechos, sumado al saldo organizativo posible en cuanto “mejor, mejor”, permitió articular la fuerza que se enfrentó al macrismo y tuvo su hecho fundacional en las jornadas de lucha contra de la reforma previsional fallida de 2017, determinantes para la victoria electoral de 2019.

La dispersión que vino luego, con Alberto Fernández al frente de la presidencia, sumado a la descomposición de la política y sus instituciones tradicionales, por la emergencia de nuevas lógicas de construcción de poder que no se interpretaron y la desconexión de las dirigencias y funcionaries del Estado, llevan a un momento crítico para la rearticulación del campo nacional y popular.

En esta etapa la política necesariamente deberá atravesar una reconfiguración profunda,  donde las mayorías parecen exigir otras conductas a quienes eligen finalmente como sus dirigentes, en plena crisis de representación política general, a través de la recomposición de los mecanismos de una verdadera vida democrática, participativa y protagónica de las amplias mayorías. Ello en tiempos donde se vuelve urgente discutir las cuestiones de fondo, eliminar márgenes de incertidumbre en medio de la estrategia de dispersión del enemigo y construir un horizonte de dignidad posible, siendo la calle el escenario principal donde se debatirá el futuro de millones de argentinos y argentinas. Que no nos vendan espejitos de colores.

*Psicóloga, magíster, Directora de CLAE Argentina (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico)