Haití: fuerza militar de ocupación, para mantener la catástrofe
Álvaro Verzi Rangel
El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó el pasado 2 de octubre la iniciativa de Washington para enviar a Haití una fuerza militar multinacional de mayoría keniana, cuyo objetivo declarado será controlar la violencia desatada por las pandillas y restablecer niveles mínimos de seguridad en la nación insular.
A partir del asesinato del presidente Jovenel Moïse por unos mercenarios estadounidenses y colombianos, en 2021, los conflictos armados en las calles mantienen paralizada la capital del país, Puerto Príncipe, por lo que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, solicitó reiteradamente la intervención de la ONU.
El exsenador haitiano Joseph Joel John se declaró culpable ante un tribunal de EEUU de haber facilitado apoyo material y logístico decisivo para el asesinato de Moïse. John, quien huyó a Jamaica y fue extraditado a territorio estadounidense a inicios de 2022, también sería obligado a pagar tres multas de hasta 250.000 dólares por los delitos de conspiración para matar y secuestrar a una persona fuera de EEUU, con apoyo material “que resultó en una muerte, y conspiración para brindar dicho apoyo”.
Esta nueva misión de seguridad está dirigida por Kenia y significa un nuevo despliegue de fuerzas militares internacionales en Haití después de casi 20 años. La propuesta, aprobada en la ONU con trece votos a favor, contó con el respaldo de Estados Unidos y la abstención de Rusia y China. Las tropas extranjeras están habilitadas a permanecer en Haití durante un año.
La radicación de una nueva fuerza de ocupación en Haití había sido solicitada ya el año pasado por el primer ministro Ariel Henry, del PHTK, quien se convirtió en el nuevo hombre fuerte en el país tras el asesinato del presidente Jovenal Möise,, en 2021. Su mandato es considerado ilegítimo por la oposición. Haití vivió en septiembre de 2022 grandes movilizaciones contra la duplicación del precio de los combustible sy el gobierno. Con la nueva misión, el imperialismo le da un espaldarazo a Henry.
Se estima que las fuerzas keniatas desembarcarán en el territorio en 2024. Es necesario organizar una gran campaña internacional contra esta nueva fuerza de ocupación imperialista y en apoyo al pueblo haitiano.
De primer país libre a nación mancillada
Cuando casi todos los territorios coloniales de América apenas soñaban con la independencia, hace dos siglos, Haití ya era un país libre.El territorio francés de Saint-Domingue se convirtió en 1804 en el primer país autónomo de la región de América Latina y el Caribe, y pasó a ser bautizado con un nombre de los taínos, Haití.
Fue una lucha excepcional en la historia mundial: los esclavos de origen africano derrotaron a las fuerzas del disciplinado y temible ejército de Napoleón.Con la independencia llegó la abolición de la esclavitud en el lado oeste de la isla La Española.
Desde principios de la década de 1900, hubo al menos tres grandes intervenciones militares en Haití dirigidas por Estados Unidos y Naciones Unidas. Estados Unidos ocupó por primera vez Haití de 1915 a 1934. Comenzó el 28 de julio de 1915, cuando 330 marines desembarcaron en Puerto Príncipe bajo la autoridad del entonces presidente de EEUU, Woodrow Wilson, para salvaguardar los intereses de las empresas estadounidenses.
Siete presidentes haitianos fueron destituidos o asesinados de 1911 a 1915. Estados Unidos retiró medio millón de dólares del Banco Nacional de Haití para su supuesta custodia en Nueva York. La ocupación formal de Estados Unidos comenzó en julio de 1915 y duró hasta agosto de 1934.
En septiembre de 1994, Estados Unidos envió más de 20.000 soldados y dos aviones a Haití como parte de un operativo llamado “Restaurar la Democracia”, durante la presidencia de Bill Clinton. El objetivo era restaurar en el poder a Jean Bertrand Aristide, quien había sido derrocado por un golpe de Estado en 1991.
Aristide fue el primer presidente de Haití elegido de manera democrática un año antes. Un contingente más pequeño de soldados estadounidenses se quedaron en Haití hasta principios del 2000.
La ONU lanzó una misión de mantenimiento de la paz en 1993, seguida de la llegada de soldados estadounidenses en 1994. Otra intervención se produjo en 2004. La primera de esas fue para restaurar al presidente Jean-Bertrand Aristide en el poder. La segunda ocurrió luego de una rebelión que lo destituyó de nuevo.
La realidad
Se estima que sólo en Puerto Príncipe operan alrededor de 200 grupos delictivos que controlan entre 50 y 80 por ciento del territorio de la capital, con una brutalidad tal, que los habitantes deben pagar por el mero hecho de cruzar una calle y los ciudadanos que se atreven a alzar la voz son masacrados ante una mezcla de impotencia y complicidad de las corporaciones policiales.
Es innegable que Haití se encuentra sumido en la que quizá sea la peor crisis de su atribulada historia: los poderes Legislativo y Judicial se encuentran disueltos de facto, mientras el Ejecutivo es ocupado de manera ilegítima por el primer ministro Ariel Henry desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Apenas hay 10 mil agentes de Policía para 11 millones y medio de habitantes y su exiguo número se ve empeorado por la falta de equipamiento, la nula capacitación y la mencionada ambigüedad de sus lealtades. Prácticamente toda actividad económica o cívica se encuentra paralizada por la criminalidad y alrededor de 200 mil personas (es decir, casi 2 por ciento de la población) han sido desplazadas de sus hogares por los delincuentes, 10 mil de ellas en los últimos días.
En suma, las instituciones sólo existen en el papel y el Estado es un mero fantasma, una ficción que ni siquiera cubre las apariencias de cumplir con sus funciones.
Sin duda, lo peor que podría pasarle al pueblo haitiano es justamente el arribo de un nuevo contingente de cascos azules, cuerpo que se encuentra desacreditado a escala global y en este país tiene un historial nefasto de violaciones a los derechos humanos, abusos de poder y reproducción de las lacras que pretendían combatir.
Está sólidamente documentado, por ejemplo, que a comienzos de este siglo los integrantes de la rama armada de la ONU crearon un sistema de prostitución en el que obtenían sexo (muchas veces, con niños de apenas 11 años) a cambio de los víveres que la comunidad internacional enviaba para paliar la hambruna.
Los supuestos ‘pacificadores’ operaron con tal falta de escrúpulos y certeza de impunidad que realizaban este tráfico sexual frente al palacio presidencial. La presencia de los cascos azules tuvo efectos devastadores: casi un millón de personas enfermó y más de 10 mil murieron en la epidemia de cólera de 2010-2011, provocada porque las letrinas de los soldados nepalíes descargaban las heces en el río Meye.
La emergencia sanitaria fue de tal magnitud, que se registraron más casos de la enfermedad en este pequeño país que en toda África.
Para colmo, voceros de organizaciones y movimientos populares señalan que la violencia de las bandas es alentada por el régimen de Henry a fin de evitar la convocatoria a elecciones.
La oposición
De acuerdo con Camille Chalmers, dirigente del partido de izquierda Rasin Kan Pèp, las pandillas son la respuesta de Henry a las movilizaciones populares de 2020. En tales circunstancias, queda claro, pues, que una fuerza militar de ocupación enviada para reforzar a la administración espuria no hará sino ahondar la miseria del pueblo haitiano y consolidar la cancelación de la democracia.
Mientras, la activista haitiana por la democracia Monique Clesca, sostiene que “esto valida al Gobierno criminal de Ariel Henry”. Además plantea que los 100 millones de dólares que Estados Unidos ha prometido para apoyar la misión de la ONU serían mejor aprovechados si se destinaran a apoyar a la sociedad civil. “El gran problema que tenemos en este momento es el sistema de gobernanza”, señala Clesca.
Mamyrah Prosper, de la Universidad de California en Irvine, presentadora del podcast “Haiti: Our Revolution Continues” señaló que la población haitiana tiene motivos para ser escéptica dada la historia de intervenciones extranjeras en el país, incluso por parte de la ONU.
“Esta no es la primera vez que el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el envío de lo que el pueblo haitiano denomina una ‘fuerza de ocupación’”, señala Prosper. “Estas misiones realmente no vienen a proteger a la población. De hecho, están aquí para proteger las inversiones multinacionales”, denunció.
La comunidad internacional, y en particular las potencias que por siglos han saqueado a Haití, tienen el deber moral de aportar toda la ayuda posible a un pueblo que languidece bajo el hambre y la barbarie.
Una nueva aventura militar -apoyada por las empresas trasnacionales- es la antítesis de la solidaridad que requieren los habitantes de la porción oriental de la isla La Española. Un apoyo verdadero pasa por el impulso al desarrollo, la entrega directa y sin corruptelas de insumos de primera necesidad, y ante todo el empoderamiento de la población frente al régimen mafioso que se adueñó del territorio.
Grandes grupos mineros canadienses y estadounidenses explotan en Haití numerosas minas, especialmente de oro, a la vez que gozan de cuantiosas ventajas impositivas. Luego del terremoto de 2010, el capital pudo avanzar en otros sectores como el turismo de lujo o las exportaciones agrícolas.
Las trasnacionales han venido desalojando a los campesinos de sus tierras, y, además, sobreexplotan por salarios bajísimos (dos dólares diarios) a trabajadores en las maquiladoras textiles, del calzado y la electrónica.
La apertura arancelaria impuesta por Estados Unidos (desde 1987 las tasas más altas aplicadas a las importaciones no sobrepasan el 10 por ciento) ha contribuido, de la misma manera, al desguace de la economía haitina: de autoabastecerse de arroz en 1980, Haití pasó en 2019 a importar de Estados Unidos el 80 por ciento de su consumo.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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