El negocio del agua y el embate privatizador de Lacalle

«¡Es saqueo, no sequía!». Miles de personas vienen protestando en las calles de Montevideo por una situación crítica que afecta a la salud, al bienestar e, incluso, a la supervivencia: la escasez de agua potable.
El Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou le echa la culpa a la naturaleza y asegura que si llegan las lluvias todo se soluciona. Es cierto que Uruguay sufre la peor sequía en muchas décadas y que un fuerte aguacero resuelve temporariamente el problema.

A fines de mayo, cuando el suministro de agua alcanzaba apenas para 10 días, las precipitaciones aumentaron las reservas y se postergó el drama. Pero esa no es la causa ni la solución.

«La crisis hídrica es mucho más que la consecuencia de la falta de lluvias. Es el producto de un modelo productivo que deja el agua a merced de las grandes empresas y es la consecuencia de decisiones políticas de un Gobierno de derecha, privatizador, que priorizan los recortes y ajuste en áreas del funcionamiento estatal (Obras Sanitarias del Estado, OSE) que impactan directamente en las condiciones de vida de la mayoría de la población», le dice a Acción el periodista uruguayo Aram Aharonian.

Una de las salidas que ofreció el Gobierno uruguayo fue mezclar el agua dulce con la del estuario del Río de la Plata, lo que ha elevado los niveles de sodio y cloruro de manera altamente riesgosa para la salud de muchos habitantes. En esa zona del río el agua tiene alta salinidad. Los valores, según informó OSE, superan los límites establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

«Un 30% de la población de entre 14 y 64 años es hipertensa, por lo que no puede tomar esa agua. Infusiones como mate, te o café son imposibles de beber con agua salada. Es el principal tema de conversación entre vecinos, en los hospitales, en las residencias para la tercera edad y en las comunidades escolares.

Hoy las familias deben resolver el abastecimiento de agua de las escuelas porque el Estado no lo hace», aseguró a Acción Carlos Santos, antropólogo uruguayo, docente de la Universidad de la República (Udelar) e integrante de la «Comisión Nacional en defensa del agua y de la vida», fundada en 2002. Esta comisión, integrada por organizaciones sindicales, territoriales y ambientalistas, impulsó la Reforma Constitucional de 2004, que le dio rango constitucional al derecho al agua y al saneamiento, estableciendo que su gestión debe ser estatal, con participación social y sustentable.

La indignación y alarma impulsaron a los habitantes de Montevideo –se calcula que cerca de 1.800.000 personas, más de la mitad de la población total– a autoconvocarse y organizar cortes de calles, marchas y otras formas de protestas. La crisis hídrica obligó a los ciudadanos a cambiar hábitos básicos como la higiene (el Gobierno recomienda tomar baños cortos o incluso evitar el baño con agua de OSE) y a destinar –aquel que puede hacerlo– un 30% más del presupuesto hogareño a la compra de agua embotellada.

La irritación popular se justifica, además, porque las restricciones no alcanzan a los poderosos: industrias, agronegocios y grandes empresas privadas del agua como Salus, Nativa o Vitale (de Coca-Cola). «Mientras toda la población de Uruguay consume entre 231 y 274 millones de metros cúbicos, el consumo habilitado para uso privado se encuentra en el entorno de los 2.586 millones de metros cúbicos por año, dejando por fuera de esta cifra lo que corresponde a extracciones de agua de empresas públicas, es decir casi 10 veces más.

Por el uso de esta impresionante cantidad de agua las empresas no pagan nada, a pesar de que, al usarse para los procesos productivos, son un insumo cuyo uso redunda en las grandes ganancias que obtienen los empresarios», destacó Aram Aharonian.

Otras amenazas 

La consigna «Es saqueo, no sequía» no es un mero juego de palabras. El martes 6 de junio, en plena crisis por la escasez de agua, Lacalle Pou inauguró una nueva planta de celulosa de la polémica compañía UPM (ex Botnia), en Pueblo Centenario, departamento de Durazno, en la cuenca del caudaloso Río Negro. En una palabra, el Gobierno permite que una multinacional consuma el agua que debería ser para las personas.

UPM es una empresa forestal de origen finlandés que, entre otros negocios, produce pasta de celulosa. La primera planta se levantó en Fray Bentos y generó un importante conflicto con Argentina (2005-2010). Esta industria requiere un amplio cultivo de eucaliptus y una enorme cantidad de agua potable. En Fray Bentos llegó a utilizar un millón de metros cúbicos de agua al día, pero hizo uso de este recurso natural, prácticamente, gratis.

«Se habla de saqueo porque esta empresa explota la riqueza de recursos naturales sin pagar por ellos», explicó Carlos Santos. «La plantación de estos árboles parte de una dinámica extractiva a los nutrientes del suelo, al agua subterránea. Esto conlleva el deterioro de la calidad del agua potable para consumo humano».

Aharonian adujo en el mismo sentido que «el Censo Agropecuario del 2000 registra 61.60.000 hectáreas forestadas, 12% de la superficie de la subcuenca. Otras actividades, como la tala del monte natural de las riberas, la contaminación por agroquímicos de las explotaciones agropecuarias, contaminaciones provenientes de centros urbanos e industrias ubicados en la cuenca y las plantaciones, amenazan el caudal y la calidad del recurso para el futuro».

Y agregó: «En el total de habilitaciones, 19 empresas utilizan más agua que todos los habitantes de Uruguay (296 millones de metros cúbicos anuales para el desarrollo de sus actividades, en especial de riego o agropecuarias) y solo la forestal UPM dispone de más de 129 millones de metros cúbicos para su funcionamiento. Es decir que esta empresa finlandesa se lleva el equivalente a la mitad del agua consumida por los uruguayos. Mientras tanto las empresas productoras de arroz utilizan unos 1.437 millones de metros cúbicos (5 veces el consumo de agua potable de toda la población)».

Como dice Naomi Klein en La doctrina del shock, cuando las sociedades se encuentran en situaciones traumáticas, las multinacionales aprovechan para avanzar con sus ambiciones privatizadoras. En ese sentido, juristas y organizaciones ambientalistas alertan sobre el denominado Proyecto Neptuno, una iniciativa privada para construir una planta potabilizadora en el departamento de San José (entre Montevideo y Colonia), para tratar la salinidad del agua del Río de la Plata.

Mascarón de proa

Santos, como referente de la Comisión Nacional en defensa del agua y de la vida, resaltó: «Esta iniciativa contradice la Constitución uruguaya que dice claramente que la gestión del agua potable y el saneamiento tiene que ser “directa y exclusivamente” por personas jurídicas estatales. Y utilizo las palabras “directa y exclusivamente” porque son las dos que están en la Constitución de la República».

Aharonian teme que el presidente uruguayo Lacalle Pou use el Proyecto Neptuno como mascarón de proa para después «dar marcha atrás con lo dispuesto por el plebiscito del agua votado a favor por el 64,58% de los uruguayos. El 31 de octubre de 2004 se plebiscitó la reforma constitucional que puso en manos del Estado en forma exclusiva la distribución de agua potable y saneamiento en Uruguay».

El Proyecto Neptuno, cuya inversión ascendería a unos 288 millones de dólares, presenta, según explicó Santos, al menos tres peligros.

1) Que el diseño del proyecto quede en manos privadas.

2) La alta salinidad del agua en esa zona del Río de la Plata. Esto, además del mencionado riesgo para la salud de la población, «vuelve imposible el proceso de potabilización».

3) Calidad del agua. Debido a «la sobreutilización de químicos o de fertilizantes en la producción agropecuaria intensiva (soja y transgénicos), se produce una floración de cianobacterias (una especie de capa verde que puede confundirse con algas) muy peligrosas para la salud humana. Científicos de la Udelar extrajeron muestras, las investigaron y concluyeron que estas cinobacterias tienen toxinas que pueden dañar el sistema hepático y el sistema nervioso central de las personas».

* Periodista y escritora argentina especializada en política internacional. Su libro Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica recibió la Mención de Honor en el VIII Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012 . Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Publicada en la Revista Acción (https://accion.coop/mundo/el-negocio-del-agua/)