Eloy Osvaldo Proaño

La Corte Constitucional resolvió avanzar en un proceso de juicio político contra el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso por delitos de corrupción: los nueve magistrados que componen el máximo tribunal de justicia dieron lugar al pedido del poder legislativo con seis votos a favor y tres en contra.

La acusación contra Lasso fue impulsada por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, y hace referencia a presuntos delitos contra la administración pública, como malversación de fondos o peculado. Ahora el dictamen deberá pasar por la Comisión de Fiscalización del Congreso para recabar pruebas y que Lasso ejerza su derecho a la defensa.

Las denuncias de actos de corrupción en el gobierno obligaron a la Asamblea Nacional a iniciar el juicio político a Lasso, conforme lo señala el Art. 129 de la Constitución de la República por delitos contra la seguridad del Estado, de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia¨.

La censura al jefe de Estado sólo podrá aplicarse si la Asamblea, integrada por 137 legisladores, consigue una mayoría de 92 votos, equivalentes a dos terceras partes de la cámara, y de no obtenerlos, el proceso se archivará. Además la acción legislativa puede incluir un pedido para que la Fiscalía y otros organismos de control del Estado investiguen las denuncias contra el mandatario y se incluyan en una eventual instrucción del Ministerio Público.

El Congreso, de mayoría opositora aunque dispersa, volvió a la carga contra Lasso luego de la divulgación de un informe del medio digital La Posta, que reveló una supuesta estructura de corrupción desplegada para la asignación de cargos públicos en empresas estatales a cargo de Danilo Carrera, un cuñado de Lasso sin cargos en el gobierno.

En el caso también está implicado Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, y el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera y quien está siendo investigado por narcotráfico.

Lasso negó enfáticamente las acusaciones y acusa a la oposición de urdir un «golpe de Estado parlamentario» en su contra, tal y como dijo el sábado en su intervención en la Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santo Domingo.

Mientras, el expresidente Rafael Correa celebró la decisión de la Corte Constitucional. «¡Chau Guillermo! Un tipo tan ruin y básico como tú jamás debió ser presidente. Ahora irás, con sobra de merecimientos y junto a tu compinche (el expresidente) Lenín Moreno, al tacho de la basura de la historia», escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Lasso reprochó que este juicio político es un intento de asesinato a su reputación, un “proceso deliberado y sostenido para destruir la credibilidad de una persona”. En la cadena nacional, de 20 minutos, aseguró que sus acciones son transparentes y que es “inocente de esas patrañas” que le han “inventado”. “En mi vida personal, profesional y pública siempre he actuado con recta intención. Soy un demócrata, por eso respeto la decisión de la Corte Constitucional, a pesar de no compartirla”, dijo.

Durante 22 meses el autodefinido “Gobierno del Encuentro¨, se vio envuelto en actos de corrupción, Allí están el caso Danubio (venta de cargos), El Gran Padrino (manejo doloso de las empresas del Estado), León de Troya (tráfico de influencias y vinculación con el narcotráfico). A ello se suma la ineptitud para resolver los problemas de la población (no hay medicinas en los hospitales, estudiantes no tienen cupos para ingresar a la universidad, 6 de cada 10 ecuatorianos no tiene empleo adecuado)

Asimismo, quedó evidente  su disposición a favorecer los intereses del Fondo Monetario Internacional, los grandes empresarios y banqueros, con la eliminación del impuesto a la salida de divisas y a la herencia, la eliminación de los subsidios a los combustibles, y las vergonzosas privatizaciones de las empresas públicas.

Los trabajadores, la juventud, los campesinos e indígenas, en las calles y plazas del país han venido expresando su descontento: el paro de junio de 2022, las huelgas de hambre del magisterio, el cierre de vías, las movilizaciones y plantones, son las expresiones de lucha, que tuvieron que usar para enfrentar el ajuste neoliberal de Lasso.

La asambleísta Viviana Veloz, quien presentó el pedido de juicio junto a otros 58 legisladores, dijo que «Lasso será enjuiciado políticamente y tendrá que responder por sus horrores e incompetencias ante la Asamblea». Sostuvo que el presidente, de 67 años, se encargó de «proteger los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas».

Muerte cruzada

En junio de 2022, Lasso ya salvó una situación similar por pocos votos, cuando en medio de las protestas lideradas por el movimiento indígena contra la política económica de su Gobierno y la carestía de la vida, la oposición planteó una moción de destitución presidencial que no prosperó.

En caso de que este nuevo intento prosperara, una de las posibilidades es que continúe la línea sucesoria el vicepresidente, Alfredo Borrero. Sin embargo, la prensa ecuatoriana no descarta la posibilidad de que el mandatario utilice el recurso conocido como «muerte cruzada».

Se trata del artículo 148 de la Constitución que permite al presidente disolver la Asamblea con aval de la Corte y convocar a elecciones generales. Solo podría hacerse en presencia de tres causales: que el poder legislativo se arrogue funciones que no le corresponden, que obstruya el avance del Plan de Desarrollo (una guía de políticas públicas establecida por la Constitución) y en caso de crisis política e institucional.

*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)