Brasil frente al unilateralismo de EEUU.: serás soberano o no serás nada

Javier Vadell – Tektónikos

Para que Sudamérica sea realmente un patio trasero de Estados Unidos falta que la mayor pieza del dominó geopolítico regional caiga en la desgracia de la nueva derecha neoliberal. Brasil resiste con sus propias fuerzas a los nuevos ataques del trumpismo de diferentes maneras para continuar siendo un país soberano, a pesar de que esto no encaja en la visión de la Casa Blanca de encuadrar a la región en su esfera de influencia neoimperialista.

Estamos frente a un momento crucial en América Latina y el Caribe, donde la ola de gobiernos de extrema derecha neoliberal es mayoría en la región y donde Sudamérica sufrió una de las mayores violaciones de su soberanía con la captura y secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a inicios de 2026. En este contexto, Brasil es una de las pocas excepciones que resisten frente a las agresiones y al unilateralismo de los Estados Unidos de América, país que, durante el gobierno de Donald Trump, reafirmó la vigencia de la Doctrina Monroe, reavivando la representación latinoamericana y caribeña como el patio trasero del imperio estadounidense.

Se atribuía a Richard Nixon y Henry Kissinger, en medio de la Guerra Fría, la frase: “hacia donde vaya Brasil, irá el resto del continente latinoamericano”, mientras el gobierno de Estados Unidos apoyaba explícitamente a las dictaduras latinoamericanas. Hoy parece invertirse esta ecuación política. Es Brasil el que consolida su política postatlántica de los BRICS y el que se atreve a actuar en múltiples tableros económicos, desplegando una relativa autonomía soberana y manteniendo una fluida y excelente relación con China, el mayor rival estratégico global de EE.UU.

La visión de la multipolaridad brasileña, alineada a la de otras potencias emergentes, es un gran estorbo para la oligarquía financiera estadounidense y las armas del imperio comienzan con el modus operandi trumpista clásico que se normalizó desde 2017: las barreras arancelarias unilaterales.

Esta es la primera táctica de una serie de acciones unilaterales que el país norteamericano puede aplicar, desde un conjunto de acciones de guerra híbrida hasta sanciones unilaterales diversas que violan el derecho internacional público vigente. Podríamos afirmar que estas acciones se profundizan después de la cumbre de los BRICS de 2024 realizada en Rio de Janeiro, cuando Brasilia asumió con mayor nitidez el papel de articulador de un orden multipolar que Washington interpreta como una afrenta directa a su primacía hemisférica. Desde entonces, la Casa Blanca ha ido desplegando, capa sobre capa, un repertorio de instrumentos de presión que revela una estrategia deliberada y multidimensional: no se trata de episodios aislados, sino de una ofensiva coordinada contra la autonomía brasileña en varios frentes simultáneos.

Las tarifas como arma geoeconómica

El primer y más visible de estos frentes es el arancelario. En julio de 2026, Trump impuso a Brasil una sobretasa combinada que alcanza hasta el 37,5% para buena parte de sus exportaciones: 25% justificado bajo el argumento de supuestas prácticas comerciales desleales —entre ellas, veladas referencias al sistema brasileño de pagos instantáneos Pix— y 12,5% adicional invocado bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, con el pretexto de deficiencias en la fiscalización del trabajo forzoso.

Calzado, maquinaria, madera, azúcar, etanol, productos químicos y bienes manufacturados quedaron entre los más golpeados, mientras que insumos estratégicos para la propia economía estadounidense —petróleo, gas natural, mineral de hierro, café, jugo de naranja— fueron cuidadosamente excluidos. La selectividad de la medida desnuda su verdadera naturaleza: no es una política comercial neutra, sino un instrumento calibrado para golpear sin desabastecer, para presionar sin autolesionarse.

Las cifras del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios brasileño sitúan en 23,1% la porción de las exportaciones hacia Estados Unidos afectada por las nuevas restricciones, con 16,5 % soportando la alícuota máxima. La Confederación Nacional de la Industria, más pesimista, contabiliza cerca de cuatro mil productos sujetos a la tributación más alta. El propio Financial Times reconoció que Brasil se convirtió en el principal blanco de una nueva estrategia estadounidense que abandona el arancel generalizado en favor de barreras individualizadas, diseñadas país por país, combinando objetivos comerciales, tecnológicos y geopolíticos. No es casual: es disciplinamiento selectivo.

El Pix y la soberanía financiera en la mira

Detrás de la retórica arancelaria late una preocupación más profunda de Washington: el éxito del Pix, el sistema brasileño de pagos instantáneos administrado por el Banco Central, que ha erosionado silenciosamente la centralidad de las redes de pago y de las tarjetas de crédito controladas por capital estadounidense. Que la administración Trump haya incorporado explícitamente al Pix entre los argumentos para justificar la sobretasa arancelaria no es un detalle técnico menor.

Se trata de la confirmación de que la soberanía monetaria y tecnológica —la capacidad de un país de administrar sus propios flujos financieros sin intermediación extranjera— se ha vuelto un terreno de disputa geoeconómica tan sensible como el comercio de bienes físicos. Atacar el Pix es atacar una de las infraestructuras más exitosas de autonomía digital construidas por el Sur Global en la última década.

La designación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas

El segundo frente combina seguridad y jurisdicción extraterritorial. Washington designó al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como Organizaciones Terroristas Extranjeras y como Terroristas Globales Especialmente Designados, bajo el argumento de que ambas estructuras criminales constituyen amenazas transnacionales vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero.

Más allá de la dimensión de seguridad pública —real, sin duda, para cualquier sociedad que convive con el poder territorial de estas organizaciones—, la medida amplía de manera considerable la capacidad de EE.UU. para aplicar sanciones financieras, congelar activos y exigir obligaciones de cumplimiento a empresas e instituciones brasileñas que mantengan cualquier vínculo, directo o indirecto, con estas redes. Se trata, en los hechos, de una ampliación unilateral del alcance jurisdiccional estadounidense sobre el territorio y la economía brasileños, un precedente que erosiona la cooperación bilateral en seguridad y la transforma en una potencial palanca de intervención.

Milei, la familia Bolsonaro y el tablero regional

Otro frente regional de importancia es el político-ideológico y se juega en el propio vecindario. La sintonía entre el gobierno de Javier Milei en Argentina y el bolsonarismo —particularmente la candidatura del senador Flávio Bolsonaro— no es casual ni meramente afectiva: expresa la construcción de un bloque regional de la nueva derecha neoliberal que Washington observa con simpatía estratégica, en la medida en que un eventual retorno del bolsonarismo al poder en Brasilia reordenaría el tablero sudamericano en favor de la disciplina atlantista y en contra de la inserción autónoma que hoy encarna Lula.

La presión arancelaria y diplomática sobre Brasil no puede desligarse, entonces, de este calendario electoral. No se trata solo de intimidar vía acciones unilaterales comerciales, sino también una apuesta por reconfigurar el resultado de las elecciones de octubre de 2026.

El Plan Brasil Soberano: la respuesta industrial

Frente a esta ofensiva, la respuesta económica del gobierno de Lula se materializó el 22 de julio con la ampliación del Plano Brasil Soberano mediante una Medida Provisional, una especie de decreto del poder ejecutivo. Conviene precisar su naturaleza real: no se trata de nuevos recursos fiscales, sino de la movilización de R$ 18,5 mil millones ya existentes en instrumentos públicos de crédito —R$ 13,5 mil millones (unos 3,6 mil millones de dólares) del Tesoro Nacional, remanentes de la primera fase del programa y de la renegociación de deudas rurales, y R$ 5 mil millones de recursos propios del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES)—, canalizados como préstamos reembolsables y no como subsidios a fondo perdido.

El programa organiza a sus beneficiarios en tres grandes grupos: los sectores directamente golpeados por los aranceles de las Secciones 232 y 301 (acero, aluminio, industria automotriz, muebles, madera, calzado, azúcar, entre otros), los sectores considerados estratégicos para la política industrial nacional (textil, química, farmacéutica, electrónica, minerales críticos) y las empresas exportadoras orientadas a diversificar mercados más allá de EE.UU.

Se trata, en el fondo, de una concepción de soberanía económica que trasciende la coyuntura, es decir, es un intento de transformar la agresión externa en palanca de autonomía productiva y de reducción estructural de la dependencia del mercado estadounidense.

La denegación de visas: la respuesta diplomática y la defensa del sistema electoral

El frente que quizás sea el más delicado, por lo que revela las intenciones últimas de Washington, es la reciente decisión brasileña de denegar los visados a dos altos funcionarios del Departamento de Estado —Riley M. Barnes, subsecretario de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y Samuel Samson, subsecretario adjunto. Ambos pretendían viajar a Brasilia para cuestionar públicamente la integridad del sistema brasileño de votación electrónica a pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre.

La decisión de Itamaraty de impedir el ingreso de ambos puede leerse como un acto defensivo ante lo que se configura como una injerencia directa en el proceso electoral brasileño, en un momento en que la familia Bolsonaro y sus aliados buscan capitalizar cualquier narrativa de deslegitimación del sistema electoral para revertir en las urnas lo que no lograron el 8 de enero de 2023.

Las respuestas de Brasil: multilateralismo y reciprocidad

Frente a este conjunto de agresiones, la respuesta brasileña se ha desplegado en registros complementarios. En el plano multilateral, Itamaraty activó consultas formales ante la Organización Mundial del Comercio, reafirmando su apuesta por un sistema comercial basado en reglas y no en la imposición unilateral de la fuerza económica.

En el plano interno, el gobierno evalúa la aplicación de la Ley de Reciprocidad Económica y negocia excepciones producto por producto, buscando administrar el conflicto sin precipitar una escalada que Brasil, dada la asimetría de poder, no tiene interés en acelerar. Y en el plano productivo, la ampliación del Brasil Soberano intenta convertir la presión externa en una oportunidad de reindustrialización y diversificación de mercados.

Una amenaza que no descansa: los enjambres de IA y el futuro de las elecciones

Conviene, finalmente, situar este conflicto bilateral dentro de una amenaza aún mayor que se cierne sobre las democracias contemporáneas. The Guardian ha alertado recientemente sobre el riesgo real que representan las grandes tecnológicas para la integridad electoral en la Unión Europea, un peligro que —hay que decirlo con claridad— no es privativo de Europa y que Brasil también debe imaginar como propio.

Un consorcio de investigadores en inteligencia artificial y desinformación, entre quienes se cuenta la Nobel de la Paz Maria Ressa junto a especialistas de Berkeley, Harvard, Oxford, Cambridge y Yale, advirtió sobre la emergencia de “enjambres de agentes de IA” maliciosos, capaces de coordinarse de forma autónoma, infiltrarse en comunidades digitales y fabricar consenso artificial imitando con creciente sofisticación la dinámica social humana.

Estos sistemas, según los propios investigadores, representan una amenaza disruptiva capaz de remodelar la opinión pública a una escala hasta ahora inédita. Que esta tecnología exista, y que se perfeccione precisamente en el país que hoy presiona a Brasil por vías arancelarias, jurídicas y diplomáticas, no debería tranquilizar a nadie en Brasilia. Si la denegación de visado a dos funcionarios puede frenar una injerencia diplomática visible, ninguna medida administrativa detiene por sí sola un enjambre de bots capaz de infiltrarse en el debate público brasileño de cara a octubre.

 

Soberanía o subordinación

El 4 de agosto, el gobierno de Estados Unidos revocó el visado de la embajadora brasileña Maria Luiza Ribeiro Viotti, en lo que especialistas consideran una escalada de la disputa diplomática entre ambos países. La medida llega tras la negativa de Brasil a conceder visados a funcionarios estadounidenses el mes pasado y la falta de formalización del agrément para Daniel Perez, designado por Trump como embajador en Brasil, sin realizar previas consultas. Washington aclaró que no se trata de una expulsión, sino de presión política sobre el gobierno de Lula, en un contexto marcado por el interés de Trump en las elecciones brasileñas.

Analistas creen improbable que Brasil apruebe pronto la llegada de Perez (un hombre del rinón del secretario de Estado Marco Rubio), y advierten que el episodio reforzará el discurso oficial brasileño sobre una injerencia estadounidense en su soberanía y proceso electoral.

Lo que Brasil enfrenta en 2026 no es un conflicto comercial más, sino la prueba de fuego de un proyecto de autonomía estratégica construido durante años de inserción multipolar. Aranceles, designaciones antiterroristas de alcance extraterritorial, presión sobre su infraestructura financiera, alineamientos regionales hostiles, intentos de injerencia electoral y, en el horizonte, la amenaza aún más difusa de la manipulación algorítmica de la opinión pública.

Todos estos frentes convergen en una misma pregunta, la que da título a este ensayo. Brasil, como advertía José Martí sobre Nuestra América hace más de un siglo, tiene ante sí una disyuntiva que no admite matices cómodos: será soberano, sosteniendo con sus propias fuerzas —diplomáticas, industriales, tecnológicas y democráticas— el rumbo que ha trazado desde Rio de Janeiro en 2024, o no será nada, reducido una vez más a la condición de patio trasero de un imperio que jamás dejó de mirar hacia el sur con la vieja lógica de la Doctrina Monroe.