Europa está convirtiendo su legítima preocupación por la competencia china en una estrategia que agrava su propio declive industrial. Bajo la presión de Estados Unidos, la Unión Europea está adoptando una política cada vez más agresiva contra China, con aranceles, investigaciones antisubvenciones, controles tecnológicos, restricciones a la inversión y nuevas obligaciones para las plataformas digitales. Europa está utilizando la regulación antichina como sustituto de una política industrial coherente.

Las últimas actuaciones de la Unión Europea contra las grandes plataformas chinas ilustran esta tendencia. A las sanciones impuestas a Shein en Francia -40 millones de euros en 2025 por descuentos engañosos y publicidad medioambiental cuestionable, y otros 22 millones de euros en 2026 por infracciones relacionadas con la información al consumidor y las devoluciones- se suma ahora la multa de 550 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a AliExpress por vulnerar la Ley de Servicios Digitales.

Paralelamente, Francia ha aprobado una legislación específica para limitar la expansión de la moda ultrarrápida, una norma que, aunque se presenta con argumentos medioambientales, afecta principalmente a plataformas como Shein y Temu. En conjunto, estas actuaciones reflejan un endurecimiento de la presión regulatoria europea sobre las empresas chinas, que trasciende la mera protección del consumidor para insertarse en una estrategia más amplia de política comercial e industrial.

Más aún, en los últimos meses, el Gobierno neerlandés ha nacionalizado al fabricante chino de semiconductores Nexperia, mientras que el Reino Unido lo ha hecho con British Steel, hasta entonces propiedad del grupo chino Jingye, alegando razones de seguridad económica y de interés nacional. Algo increíble hasta ahora en países exportadores de inversión y defensores del neoliberalismo y del capital.

No hay razón para eximir a Shein, Temu o AliExpress de las normas sobre seguridad, información al consumidor, fiscalidad o protección ambiental. Las plataformas que operan en Europa deben respetar las leyes europeas. Sin embargo, la acumulación de sanciones, investigaciones y medidas específicamente diseñadas alrededor de modelos empresariales chinos revela que la cuestión ya no es solamente regulatoria. Se ha convertido en parte de la política económica y geopolítica europea contra China.

La UE importó de China bienes por valor de unos 559.500 millones de euros, frente a exportaciones de aproximadamente 199.500 millones, según los últimos datos publicados por la Comisión Europea. China continúa siendo el principal origen de las importaciones europeas de mercancías. Sin embargo, en el comercio de servicios la Unión Europea mantiene un superávit de 21.300 millones de euros con China ya que en 2025 exportó servicios por un valor superior a 67.000 millones de euros, mientras que las importaciones rondaron los 46.000 millones.

Aunque el desequilibrio en bienes sigue siendo muy elevado, la relación económica bilateral es más compleja de lo que reflejan las cifras de mercancías por sí solas, ya que Europa conserva una clara ventaja competitiva en sectores como los servicios financieros, el transporte, la ingeniería, las telecomunicaciones, la consultoría y la propiedad intelectual.

Esta complejidad se hace aún más evidente si tenemos en cuenta que una parte significativa de lo que Bruselas contabiliza como importaciones procedentes de China no corresponde necesariamente a empresas chinas en sentido estricto. Según Global Times, las compañías europeas implantadas en China exportan aproximadamente el 40% de su producción hacia Europa y otros mercados, de modo que una porción importante del déficit comercial registrado a favor de China refleja también la actividad productiva internacionalizada de empresas europeas.

Esta realidad también explica por qué Bruselas ha optado por diseñar algunas de sus medidas comerciales contra China de forma selectiva. En el caso de los aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China, la Comisión Europea estableció gravámenes diferenciados según el fabricante, con el objetivo de evitar perjudicar innecesariamente a las empresas europeas que producen en territorio chino y que eran mayoritarias en la importación de coches eléctricos fabricados en China. No obstante, la creciente orientación restrictiva de la política comercial europea sigue afectando a grupos como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz o Stellantis, cuyas cadenas de suministro, inversiones y estrategias de producción dependen en buena medida del ecosistema industrial chino.

Estos fabricantes utilizan China no solo para abastecer su enorme mercado interno, sino también como una plataforma de producción y exportación hacia terceros países, aprovechando la competitividad de sus cadenas de suministro, especialmente en baterías, componentes y tecnologías para el vehículo eléctrico. La UE depende de China para componentes industriales, baterías, paneles solares, tierras raras y numerosos productos intermedios. Una política de desacoplamiento parcial mal diseñada encarecerá su transición energética y reducirá todavía más la competitividad de sus empresas.

Las contradicciones de la política europea son evidentes. Mientras Bruselas denuncia el déficit comercial, limita las exportaciones de tecnología avanzada hacia China; mientras exige autonomía estratégica, sigue la orientación geopolítica de Estados Unidos; mientras pretende acelerar la transición verde, encarece las importaciones de los productos que la hacen posible -paneles solares o turbinas eólicas- y prolonga la producción de los coches de combustión para frenar la expansión de los coches eléctricos.

Esta política europea contra China no va a detener el desarrollo de este país, pero puede bloquear el de Europa, porque es muy probable que las barreras destinadas a frenar a Pekín terminen encerrando a la propia Europa.

*Economista español y asesor de la Fundación Cátedra China