Venezuela: La economía telúrica y el capitalismo del desastre
Econópolis
Los graves eventos sísmicos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio han generado diversos análisis sobre su impacto económico. Un informe preliminar de las Naciones Unidas (1) , junto a declaraciones de expertos nacionales, revelan que este «doblete sísmico» tuvo un comportamiento extraordinariamente destructivo.
La devastación no solo afectó a los objetos, sino fundamentalmente a los sujetos: golpeó el patrimonio de familias de diversos estratos sociales, niveles de ingreso y ocupaciones dentro de las ramas de actividad económica dominantes en el estado La Guaira y algunas zonas específicas en el resto de la Gran Caracas.
La mayoría de los análisis económicos convencionales priorizan variables macroeconómicas e institucionales amigables con los mercados: el impacto sobre el crecimiento, la estimación financiera de los daños, las consecuencias en el
clima de inversiones, el monto de capital necesario para la reconstrucción y la estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, más allá de estas dimensiones -innegablemente relevantes- devenidas del diagnóstico, una visión integral debe enfocar el abordaje del problema desde dos directrices fundamentales: cómo satisfacer las necesidades inmediatas de la población afectada y cómo ejecutar un plan de inversiones para la reconstrucción bajo una perspectiva de desarrollo
nacional.
Entender el punto en el que estamos como sociedad, pasa por considerar que antes del trágico evento del 24 de junio, otros sismos de orden económico y político, anticipaban que posibles dificultades futuras, podrían
incrementar de manera exponencial los efectos del quehacer de la naturaleza. A tal efecto, se identifican seis (6) factores, elementos y condicionantes esenciales:
a) El terremoto de las sanciones
Los análisis económicos que obvian el impacto de casi diez años de Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) sobre la economía venezolana transitan, convenientemente, por una dimensión distópica. Las sanciones promovidas por los Estados Unidos y la Unión Europea, desde hace aproximadamente casi una década, apuntaron a estrangular la capacidad financiera del Estado para forzar un “cambio de régimen”.
Las consecuencias sobre la formación bruta de capital social fijo y capacidad de provisión de servicios públicos básicos, se expresan hoy en el deterioro de los sistemas eléctricos y de salud, el déficit de equipos para la seguridad pública y la atención de emergencias, la parálisis en el mantenimiento e infraestructura y, muy especialmente, la severa
pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público.
Se estima que, desde 2015 a 2022, el impacto económico del cerco financiero y las sanciones a Venezuela fue de 642 mil millones de dólares, en la economía no petrolera, y 232 mil millones de dólares en el sector petrolero. Estas cifras era
superior, a las reservas internacionales de toda Suramérica en 2022 (600 mil millones de dólares), al PIB de Argentina y aproximadamente al PIB de una economía como la peruana, de forma respectiva. (2)
Adicionalmente, de manera más integral, otros estudios calcularon que el número de fallecidos, como consecuencia
del amplio espectro de las MCU, alcanzó más de 40 mil personas entre 2017 y 2018, se afectó a más de 300 mil seres humanos que quedaron en riesgos de salud, de los cuales quedaron desatendidas 16.000 personas que requerían
diálisis, 16.000 pacientes con cáncer y aproximadamente unos 80.000 pacientes con VIH que se quedaron sin tratamiento, además de 4 millones de personas con diabetes e hipertensión sin fármacos estables (Weisbrot y Sachs, 2019). (3)
b) El cerco financiero y el boicot multilateral
La confiscación de importantes recursos propiedad del Estado venezolano en el sistema financiero internacional, sumada al boicot promovido por las directivas de los Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y regionales (como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF), no solo impidió el funcionamiento cotidiano de la administración pública, sino que paralizó inversiones estructurales en servicios básicos, tales como la electricidad y el agua.
La depauperación de la población trabajadora y el incremento de la pobreza han sido las consecuencias más sentidas de la política de «torcer el brazo» (Obama dixit) aplicada a Venezuela para forzarla a alinearse al dispositivo de poder hegemónico estadounidense, intentando revertir la ruptura política iniciada en 1999.
Antes del 24 de junio de 2026, hay unas víctimas un terremoto provocado por las sanciones y el estrangulamiento comercial y financiero. Mucha gente fue afectada, en algunos casos mortalmente, por falta de suministros o de energía eléctrica, por la paralización, con intencionalidad política, de las inversiones por parte de los multilaterales, por ejemplo, las relacionadas con el proyecto hidroeléctrico Tocoma (proyecto BID-CAF) y el cable sublacustre en el Lago de Maracaibo (CAF). Nueve años de retraso de inversiones en el sistema eléctrico, es una grieta enorme que afectó a la población y a las empresas venezolanas.
Los activos retenidos en bancos privados extranjeros, el oro confiscado por el Banco (Central) de Inglaterra y el secuestro de Citgo Petroleum Corporation (Filial de PDVSA en EEUU) alcanzan un poco más de 32 mil millones de dólares 4 ,
Venezuela no tuvo acceso a recursos financieros que le pertenecen, como los 5 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) en el FMI, o a los fondos o ayudas que aprobó y suministraron tanto el FMI como la CAF durante la pandemia del COVID-19. Por parte de estos multilaterales no se aprobó ningún nuevo financiamiento para infraestructura relacionada con la provisión de agua potable y electricidad durante estos años.
Desde hace 15 años (Decreto de Obama), la Unión Europea y Estados Unidos, junto con las Instituciones Financieras Internacionales, mantuvieron al país y su economía en un aislamiento mortal, de manera que tuvo que subsistir al tiempo
que su capacidad de producción y sus servicios públicos se vieron afectados. (4)
De acuerdo con información del Observatorio Venezolano Antibloqueo (2023) y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (2023), reportes de medios como Deutsche Welle (2023), Últimas Noticias (2026) y Euronews (2026), además de FMI. A esta cifra se debe agregar la estimación de los posteriores flujos de ingresos producidos por esta propiedad del Estado venezolano, los cuales no llegaron a ingresar al tesoro público (Utilidad acumulada de aproximadamente USD 5.OOO millones, implicando una potencial declaración de dividendos por la suma de USD 3.100 millones aproximadamente en 8 años).
Igualmente, se tiene que estimar los potenciales ingresos futuros comprometidos en aparentes pagos acumulados de intereses de la deuda externa y de litigios donde la República no se le permitió ser representada. Toda esta estrategia estuvo orientada a provocar cambios políticos haciendo sufrir, al extremo, a la población.
c) La nueva realidad institucional del flujo externo.
Otro pecado de omisión que suelen cometer, algunos análisis económicos, es la invisibilización y soslayamiento, de lo que podemos denominar eufemísticamente: la nueva realidad institucional del flujo de recursos externos generados por la actividad petrolera y minera venezolana.
A partir del bombardeo y la invasión del 03 de enero, la economía venezolana se ha visto obligada a depender de unas
particulares transferencias externas, cuyo flujo y destino final son condicionados indirectamente por instancias extranjeras. Esta dinámica introduce divisas al circuito financiero al margen de los canales ordinarios que establece la economía del sector público venezolano, es decir, hay un flujo de recursos financieros públicos al margen de la Ley de Presupuesto, la Ley de Crédito Público, de la Ley del BCV, del articulado constitucional vinculado y las competencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y el Poder Ciudadano.
El sistema circulatorio económico nacional no solo opera con este bypass ilegítimamente supranacional, sino que el asedio financiero inoculó un parásito institucional alienígena—una suerte de inmensa tenia solitaria— que succiona recursos y raciona las capacidades de supervivencia del organismo social nacional.
d) La pérdida de margen soberano y condicionalidades.
Este esquema de dependencia asimétrica con el mencionado sistema institucional extranjero afecta la capacidad del Estado para ejercer la política económica, atender contingencias y responder a las demandas sociales. Asimismo, disminuye el margen de soberanía necesario para diseñar e implementar una estrategia autónoma de desarrollo nacional.
Las restricciones operativas, la oportunidad en la recepción del flujo y las condicionalidades de uso —que orientan las compras internacionales exclusivamente hacia productores estadounidenses— limitan severamente el margen de maniobra oportuno del Estado.
Esto otorga al ente controlador un enorme poder para incidir en el clima político local, como -por ejemplo- minar
premeditadamente la gestión de la presidenta encargada para desgastar su liderazgo político-electoral. Todo perfila que este sistema de dominación busca evolucionar hacia un esquema de relación centro-periferia aún más restrictivo que el régimen colonial tradicional (llevándonos a 1498), configurando una suerte de protectorado de facto bajo nuevas modalidades en construcción.
e) La politización de la tragedia.
Algunas firmas de consultoría económica local instrumentan un relato de la crisis para justificar la necesidad de sustituir al actual Gobierno encargado por uno de “transición democrática”, argumentando que sólo el cambio político garantizaría la estabilidad para la reconstrucción post-sismo y el rediseño del país. Indudablemente, en momento de desastre y en la fase de la reconstrucción, el mejor ambiente estaría basado en la unidad nacional y la credibilidad de una conducción fuerte del Estado.
Sin embargo, la genética de la dinámica política de los últimos 27 años, da motivos para suponer que la intencionalidad de las recomendaciones de salidas políticas, responde a una lógica de campaña política permanente, donde el aparato de propaganda de los sectores interesados busca proyectar al Ejecutivo como ineficaz y negligente ante la emergencia.
Paralelamente, las corporaciones trasnacionales de la comunicación operan en sintonía con los intereses de sus países de origen, apostando no solo al desgaste gubernamental, sino a la disolución del Estado-nación venezolano para viabilizar
un control neocolonial del territorio. Es decir, de acuerdo a esta estrategia, todo ataque contra el gobierno, se traduce en ataque al Estado Nación. La ineficiencia y la corrupción gubernamental, se utilizan como excusa para desmontar las
instituciones que garantizan la existencia del Estado republicano, independiente y soberano en la conducción de su destino.
El terremoto, el desastre natural-social, se utiliza para acelerar la construcción de una realidad institucional que sea piso
de la apropiación (acumulación por desposesión) de los recursos naturales y la altamente probable instauración de una economía de enclave que entronizará dinámicas del retro-rentismo o el neo-rentismo.
f) El capitalismo del desastre y la condicionalidad de los financiadores
Para el capital transnacional, la catástrofe constituye una ventana de oportunidad para la acumulación de capital basado en la especulación inmobiliaria, construcción de infraestructura, lavado de capitales y financiarización. Es lo que Naomi Klein denomina el capitalismo del desastre, evidenciado en casos como el huracán Katrina en Nueva Orleans, donde las firmas encargadas de la reconstrucción promovieron una «limpieza social» del territorio, desplazando a las poblaciones
populares.
Lo propio ocurrió tras la destrucción en Puerto Rico, exacerbado por su condición colonial de Estado Libre Asociado. Y, en el caso de Haití, donde los flujos financieros para la reconstrucción posterremoto (2010), no solo fueron esquilmados por las empresas contratistas, sino que, una parte, se convirtieron en el capital semilla de las mafias delictivas que hoy controla este desdichado país. Asimismo, los financistas internacionales buscan imponer sus propios paradigmas de modos de vida y de “desarrollo” como condicionalidad.
Construcción para el desarrollo o “reconstrucción” para profundizar la dependencia.
Las soluciones coyunturales y transitorias se convierten en estructurales o permanentes. La experiencia en el mundo subdesarrollado demuestra que los parches de emergencia suelen cronificarse convirtiéndose en soluciones permanentes
(estructurales). En Caracas, el ejemplo icónico es el síndrome de los «puentes elevados», estructuras provisionales construidas con una vida útil estimada de 7 años para solucionar temporalmente problemas de cuellos de botella viales, y que han sobrevivido por cerca de medio siglo.
Las acciones de los próximos meses deben ejecutarse bajo la conciencia de que lo construido en la emergencia tiene que estar orientado por un plan rector. El Gobierno Nacional ha anunciado la habilitación de refugios transitorios y la
creación de un fondo de reconstrucción para acometer las inversiones necesarias para el renacimiento de los sectores afectados en La Guaira.
Resulta imperativo evitar que se impongan proyectos diseñados para la valorización del capital por encima del bienestar humano. Se requiere un Estado soberano que planifique un ordenamiento territorial con visión ecológica, hábitats a
escala humana y beneficios para la gente frente al capital.
Si bien la asesoría internacional de expertos con experiencia acumulada en diversas geografías es bienvenida, la concepción, diseño y ejecución del plan debe permanecer estrictamente en manos de profesionales venezolanos. Este desastre natural, paradójicamente, ha visibilizado la existencia y la alta calificación técnica de nuestros arquitectos, ingenieros, geólogos, urbanistas, tecnólogos y científicos sociales. La reconstrucción requiere de estos equipos multidisciplinarios para sintetizar el esfuerzo técnico y plasmar, en el territorio que hoy espera atención, un nuevo paradigma soberano.
En conclusión, la comprensión real de sus efectos y las consecuencias de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio, debe transcender los análisis economicistas e incluir la reflexión sobre los factores, elementos y condicionantes
económicos, políticos y sociales que antecedieron estos hechos; al mismo tiempo, considerar las potencialidades y fortalezas que conservamos, a pesar y debido a las sanciones y la pandemia. Sin estas consideraciones, será complicado cumplir con el necesario plan rector para la construcción del territorio desde una clara estrategia de desarrollo nacional con escala humana.
La visión catastrófica y el oportunismo del capitalismo del desastre
El shock o el trauma provocado por el sismo, genera una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por el capitalismo del desastre. Una primera campaña mediática se orientó a descalificar al gobierno encargado y a los
militares. Esta estrategia comunicacional, trasciende a las aspiraciones electorales de una oposición política nacional y se ubica en el proceso de desmontaje de la institucionalidad de la República construida durante los últimos 27 años.
Más allá de reconocer el burocratismo del gobierno y de la contaminación de la cultura de la corrupción, no podemos desatender que esta estrategia trasnacional beneficia a los grandes poderes fácticos que quieren desaparecer el Estado Nacional republicano y convertir este territorio, llamado Venezuela, en una colonia del Siglo XXI. Es así como, el ataque a la “incapacidad” del gobierno persigue -en última instancia- posicionar, en el sentido común de la población, la necesidad de invalidar al Estado Nacional.
En estos momentos, a pesar de la incertidumbre sobre el futuro institucional de la nación, es relevante destacar que:
I. Todavía persisten las autoridades y los mecanismos institucionales de funcionamiento en los diferentes poderes: ejecutivo, legislativo, ciudadano, electoral y judicial, derivados de las últimas elecciones celebradas hasta 2025.
II. La experiencia del bloqueo y de la pandemia del COVID-19, hizo posible crear capacidades importantes y mecanismos de resiliencia que, en algunos casos, convirtieron la adversidad en fortalezas y potencialidades. Venezuela fue uno de los países que enfrentó la pandemia con mayor eficiencia en cuanto a organización social, unidad nacional y coordinación
pública en el continente, a pesar de la situación tan adversa donde el bloqueo obstaculizaba, no solo vender el petróleo sino, por ejemplo, comprar las vacunas.z
La escasez extrema, la hiperinflación y la depauperación de la mayoría de la población afectó mortalmente a los diversos sectores productivos. Sin embargo, se produjo un “milagro” en el sector agropecuario. Se generó, ante la posibilidad de hambruna, capacidades para abastecer los platos de los venezolanos con productos de sus campos.
El shock de oferta, la escasez extraordinaria de divisas y el estrangulamiento de las finanzas públicas, llevó al gobierno a disciplinarse y elaborar un programa económico que no solo logró una estabilización (precaria) y además, iniciar la recuperación del crecimiento económico que se ha sostenido los últimos cinco años.
Desde el 2003 hasta 2020, el gobierno bolivariano no había diseñado, ejecutado y coordinado un programa económico
coherente, que ha logrado enfrentar una situación extrema y extraordinaria como la creada por el bloqueo y la pandemia.
Cualquiera tiene derecho a criticar la política económica del gobierno, destacar sus falencias y no compartir su filosofía, pero es una omisión analítica sesgada y negacionista, soslayar que – durante los últimos cuatro años- se logró recuperar el crecimiento el PIB; levantando la producción (aunque menguada) de un sector petrolero sitiado; y, al mismo tiempo, contener la magnitud de la hiperinflación.
III. Esta recuperación económica, implicó la convocatoria a la dirigencia del sector empresarial privado nacional, bajo el paraguas del Consejo Nacional de Economía Productiva. El consenso y la unidad en torno a las ideas de defender la economía (producción) nacional lograron niveles tan altos de concertación.
IV. La política económica incluyó mecanismos de “protección social” como la creación del sistema Patria y el sistema CLAP. La arquitectura institucional de estos mecanismos de protección debe ser rescatada y apuntalada porque los mismos permiten atender masivamente y eficientemente a la población trabajadora
V. Otra institucionalidad sui géneris que sobrevive, producto de las leyes del poder popular (2020), son la organización político-territorial de las comunas. Éstas, con toda la crítica que se le pueda hacer a su funcionamiento, son una realidad, con experiencia acumulada en formas de organización sociopolítica (democracia participativa y protagónica), económica y de reproducción de la vida. A tal grado que, no puede ser ignorada, tal como lo intenta imponer tanto el capitalismo del desastre, los poderes fácticos y los paradigmas económicos ortodoxos predominantes.
VI. A pesar de la numerosa migración de fuerza de trabajo calificada, todavía, entre los que se quedaron en el país, hay profesionales y técnicos de altísima formación. Después del doblete sísmico, se hizo evidente la permanencia en en nuestras tierras de ingenieros, arquitectos, técnicos, obreros de la construcción, psicólogos, médicos, bomberos, veterinarios, rescatistas, trabajadores sociales, voluntarios, entre otros, que constituyeron un enjambre de manos solidarias actuando para asistir y socorrer a los necesitados.
VII. La actividad petrolera, la actividad agrícola y de otras ramas económicas no fueron afectadas sustantivamente por el evento sísmico. Indudablemente, el impacto de la destrucción de grandes zonas de La Guaira, dado su rol geoeconómico, tendrá un impacto importante sobre el funcionamiento de la economía, pero, en el resto del país e incluso en la
mayoría de la Gran Caracas, se pudo recobrar el funcionamiento comercial, productivo, financiero y de servicios públicos básicos con relativa rapidez.
Las heridas son profundas, pero el cuerpo se levantó y quedó en condiciones de seguir andando, en la medida que se suman esfuerzos sobrehumanos para ayudar a la recuperación.
VIII. Estamos ante la posibilidad, no de la reconstrucción sino, de la construcción de una nueva realidad, que aprenda de las fallas humanas y tectónicas. Donde los intereses comunes y nacionales se impongan sobre las lógicas políticas y económicas de los poderes fácticos particulares.
Notas
1 Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2026, 2 de julio). Estimación analítica de daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio de 2026 en Venezuela. Disponible en: https://www.undrr.org/es/publication/documents-and-publications/estimacion-analitica-de-danos-ocasionados-por-los-terremotos.
2 Deutsche Welle. (2023, 13 de enero). Venezuela perdió USD 232.000 millones por sanciones. Disponible en:
https://www.dw.com/es/venezuela-perdi%C3%B3-usd-232000-millones-por-sanciones-de-eeuu/a-64374193
3 Weisbrot, M. y Sachs, J. (2019, mayo). Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela. Center for Economic and Policy Research (CEPR). Disponible en: https://cepr.net/es/publications/sanciones-economicas-como-castigo-colectivo-el-caso-de-venezuela/
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