A seis meses del gobierno de Rodrigo Paz, Evo pide convocar elecciones
El expresidente boliviano Evo Morales propuso la convocatoria a las urnas como única vía constitucional para frenar las movilizaciones que exigen la renuncia del mandatario derechista Rodrigo Paz, a quien tildó de «presidente por accidente» y expuso la fractura total del binomio oficialista en medio de la protesta social.
Morales desnudó además la profunda fractura interna que paraliza la gestión oficial, resaltando que el presidente Paz y su vicepresidente, Edmand Lara, ni siquiera se hablan ni se saludan. De acuerdo con el dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), la gobernabilidad se rompió por completo luego de que Paz le quitara atribuciones constitucionales a su propio vice mediante decretos, configurando un escenario de virtual abandono y colapso institucional que, por vía constitucional, habilita el llamado a las urnas en un trimestre.
El planteo de acortar los mandatos y acelerar el cronograma electoral asoma en un clima de extrema polarización, donde las protestas callejeras amenazan con desbordar la capacidad de respuesta del debilitado gobierno de Paz.
El escenario de conflictividad social y política que mantiene en vilo a Bolivia, con epicentro en la ciudad de La Paz, sumó un nuevo capítulo luego que el líder cocalero planteó que la única salida institucional viable para «pacificar» el país es convocar de manera urgente a elecciones nacionales en un plazo de 90 días, amparándose en el estado de ingobernabilidad que atraviesa la actual administración.
Bolivia nuevamente ante el neoliberalismo. Dos Bolivias vuelven a encontrarse frente a frente. Una que entiende el Estado como patrimonio de una élite y otra que lo concibe como una construcción donde cohabitan y gobiernan las mayorías populares.
Morales calificó al mandatario Rodrigo Paz como un «presidente por accidente» y señaló que el gobierno carece de estructura política propia, de un programa económico claro y de legitimidad para contener las masivas movilizaciones de sectores obreros, campesinos, fabriles y docentes que reclaman la dimisión del Ejecutivo.
«Bolivia no se vende»
El antecedente inmediato del actual conflicto se encuentra en la gran marcha de 2025, que paralizó al país durante dos semanas y terminó obligando al gobierno a retroceder en su primer paquete de medidas privatizadoras. Como suele ocurrir en Bolivia, bastaron pocas horas desde el anuncio de las reformas para que las organizaciones sociales comenzaran un proceso de socialización territorial, explicando en sindicatos, comunidades y barrios las consecuencias que esas políticas tendrían sobre la vida cotidiana. 
La movilización “Bolivia no se vende” logró la abrogación del DS5503 y marcó el regreso de una capacidad de articulación social que no se veía desde principios de siglo. Las escenas recordaban inevitablemente a los grandes ciclos de protesta de la Guerra del Agua y la Guerra del Gas: movilizaciones autoconvocadas, estructuras sindicales activadas y una narrativa popular basada en la defensa de los recursos nacionales frente a intereses externos.
Hoy el escenario es aún más complejo. El bloqueo nacional impulsado por el sector campesino y respaldado por la Central Obrera Boliviana, junto a cocaleros, maestros rurales, cooperativistas mineros y juntas vecinales, refleja un agotamiento profundo frente a la incapacidad política del gobierno. Para una parte importante del movimiento social ya no existe margen para la negociación. La percepción dominante es que el gobierno de Paz nunca entendió la naturaleza del conflicto boliviano y que administró el país como si las organizaciones populares fueran actores secundarios y no la principal estructura de estabilidad política construida desde 2006.
Mientras el oficialismo se debate en el aislamiento político, la propuesta de Morales traslada la disputa al terreno de la legalidad institucional, buscando capitalizar el descontento de las bases populares en una carrera contrarreloj por el poder. Morales intenta posicionarse como el gran articulador de la tregua social choca contra sus propios límites legales y la resistencia de amplios sectores de la oposición. El Tribunal Constitucional de Bolivia y la propia Carta Magna ratifican que Evo está inhabilitado de manera absoluta para postularse de nuevo a la Presidencia, dado que ya cumplió con el límite estricto de dos mandatos permitidos en el país.
Rodrigo Paz, desde su posesión con su juramento fascista de “Dios, Patria y familia” con toda una escenografía religiosa en flagrancia a la Constitución laica de Bolivia y una carga discursiva de mentiras sobre “los 20 años” anteriores, proyecta un rasgo que aparece después de más de 35 años en el país, justo con el estilo de su padre, Jaime Paz Zamora, copia o no, es uno de sus gestos más recurrentes: la demagogia.
Sus intervenciones están llenas de palabras vacías, ideas huecas que pueden significar cualquier cosa. “Capitalismo para todos”, “el Estado está muerto”, “autopsia al Estado”, “nadie está por encima de la patria”, “transformamos el Estado para que sirva a la patria, no la patria al Estado”, “no más colas por la gasolina”?, “Bolivia vuelve al mundo, el mundo a Bolivia”, “eliminar el Estado tranca”, “Bolivia, Bolivia, Bolivia, Bolivia”, “la patria, la patria, la patria”, “lo verde trae lo verde”, frases grandilocuentes que no trasunta nada más que politiquería.
Puras promesas
Paz prometió estabilizar el tipo de cambio el mismo día de su posesión; hacer desaparecer las filas por combustible al día siguiente de ser posicionado, dar un salario universal a todas las mujeres de Bolivia, subsidio para madres lactantes, mejorar el bono Juancito Pinto, entregar laptops a cada estudiante del país, un nuevo bono para útiles escolare, otro de antigüedad para los maestros, créditos al 3% anual para emprendedores y comerciantes, vivienda para los que no tienen, reducir impuestos y aranceles todo por debajo del 10%, y el 50/50 de los recursos para las regiones al día siguiente de su posesión “así sea por decreto”.
Discursivamente continúa insistiendo en mentiras grandilocuentes: “se robaron más de 15.000 millones de dólares”, exabrupto sin ninguna investigación u auditoria, pues se dijo “robo” y no malversación o mala gestión. También afirmó que desaparecieron los aportes de los jubilados y que “no había la plata” o “no hay los aportes, se los gastaron”, esto sobre el estado de cuentas de la Gestora, cuando debería saber que parte sustancial está en la banca privada y otra parte en fondo de bonos con rendimiento del 4.44% superior al 2.7% de las AFPs.
De promocionado candidato de Centro pasó a la derecha más rancia; del discurso de agenda moderada a la radicalidad neoliberal en apenas seis meses…pero nadie está seguro a adónde espera dirigirse, miengtras gobierna con miembros destacados de otros partidos Han transcurrido 6 meses y aún no sabe a dónde quiere dirigirse mientras saca de su galera de improvisación medidas que no estaban en su programa, no estaban en sus discursos; en especial para favorecer al agronegocio y ala oligarquía cruceña, con medidas a su exigencia.
Sus medidas económicas.
A los 17 días de iniciada su gestión, la primera medida económica tomada fue la abrogación de cuatro impuestos: a las grandes fortunas (IGF), a las transferencias financieras (ITF), al juego (IJ) y a las promociones empresariales (IPE). Se favoreció descaradamente a los más ricos con recursos que debieran servir para los bonos sociales (impuesto a las grandes fortunas); se favoreció a los empresarios y sectores solventes que tienen ahorros o trabajan con el dólar (impuesto a las transacciones financieras); al lavado de dinero mal habido (impuesto al juego) y a los empresarios (impuesto a la promoción).
Con el DS.5503 intentó introducir cambios fundamentales en el modelo económico vía un decreto que fue rechazado con grandes movilizaciones, huelgas de hambre y bloqueos de caminos: pretendía entregar los recursos naturales al capital transnacional, abrir las puestas al capital extranjero y privado nacional, desmontar el modelo económico definido constitucionalmente, favorecer a las oligarquías empresariales, la liberación indiscriminada de las exportaciones del agropoder, todas medidas por encima y en contra de la Constitución boliviana, que sufrió una derrota contundente además del resurgimiento de la Central Obrera Boliviana (COB).
Paz impuso la ley 1720 de destrucción de la pequeña propiedad; el DS.5598 de privatización de la electricidad en Bolivia, que introduce cambios en la producción y comercialización de electricidad que, en esencia, amplían la participación privada en segmentos estratégicos del sistema eléctrico; el impuesto llamado SIETE-RG, de 5% sobre la actividad económica de los pequeños productores, comerciantes, artesanos (que dio marcha atrás).
Además, a ello se suma la gigantesca deuda externa comprometida en pocos meses similar a la asumida por el MAS en 19 años; los 4 impuestos abrogados en favor de los empresarios; la repatriación de capitales con 0% de impuestos; el uso del BCB como una caja chica pese a las críticas rimbombantes hechas por el gobierno, medidas que revelan el carácter neoliberal, entreguista y antinacional de la política económica del gobierno de Rodrigo Paz.
El gobierno de Rodrigo Paz, está intentando llevar adelante todas las reformas y medidas de restauración neoliberal contenidos en el derrotado Decreto 5503 y en las líneas maestras del Consenso de Washington. Reproducir el neoliberalismo fracasado que significa la entrega delos recursos y destinos a las más voraces empresas y capitales transnacionales, sin tener en cuenta que el modelo económico, social comunitario productivo, está definido en la Constitución Política del Estado Plurinacional y cualquier cambio cualitativo debe hacérselo vía Asamblea Constituyente y en consulta popular y no por decretos como se pretende.
La elocuencia de los hechos, de las acciones muestran a qué intereses sirve el actual gobierno, para qué sectores trabaja y contra quienes lo hace.
*Sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Boris Acosta Reyes