Argentina; Dos tipos con suerte
Betina Stein
A pocos días de finalizada la feria judicial, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar la causa penal que investigaba el endeudamiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri. La decisión, adoptada el 2 de febrero, puso fin a la investigación sobre la presunta comisión de delitos por parte de los funcionarios que intervinieron en la decisión, negociación y ejecución del préstamo otorgado en junio de 2018.
En la causa —número 3561/2019— obran los informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), de la Auditoría General de la Nación (AGN) y del Banco Central de la República Argentina, todos coincidentes en señalar graves irregularidades en los procedimientos administrativos que dieron lugar al crédito y en el destino efectivo de los fondos.
Según esos organismos de control, el préstamo no cumplió con los
requisitos exigidos por la normativa vigente. No fue suscripto por funcionarios con competencia legal a ese efecto, careció del dictamen del Banco Central sobre su impacto en la balanza de pagos y tampoco contó con el previo dictamen jurídico que evaluara su legalidad.
Además, derivó en un masivo proceso de formación de activos externos —fuga de capitales— a partir de 2018. La propia SIGEN cuantificó el perjuicio económico ocasionado por el desvío de los fondos, que no fueron utilizados para los fines comprometidos en el memorando de políticas firmado con el organismo internacional.
Sin embargo, la resolución judicial avanzó en sentido contrario. Capuchetti sostuvo que los funcionarios que firmaron la carta de intención y los documentos anexos “poseían competencia funcional y respetaron todos y cada uno de los requisitos procedimentales”, desestimando de plano las conclusiones de los órganos de control del Estado.
En esa misma línea, la jueza redujo las denuncias de la Oficina Anticorrupción y la querella de la Procuración del Tesoro —el máximo órgano del Cuerpo de Abogados del Estado— a meras discrepancias con la política económica del gobierno de Cambiemos, que no corresponden sean revisadas por la Justicia. Perdió así de vista que lo que se investigaba no era la decisión de recurrir al FMI, sino las irregularidades que ostentó ese préstamo y el uso efectivo de los fondos.
En esa lectura, omitió considerar aspectos centrales incorporados al expediente: las normas que facilitaron el ingreso irrestricto de capitales especulativos sin plazo mínimo de permanencia, el uso del préstamo para financiar su salida del país y el daño económico concreto acreditado en la causa.
El contexto político terminó de completar el cuadro. Apenas tres días después del fallo, el presidente Javier Milei firmó un decreto ordenando a la Procuración del Tesoro desistir de su rol como parte querellante en la causa, dejando sin efecto lo dispuesto por el Decreto 239/2021 del entonces presidente Alberto Fernández, que había instruido al organismo a intervenir activamente en la investigación.
La decisión no parece casual. Dos de los imputados en el expediente —Federico Sturzenegger y Luis Caputo— integran hoy el gabinete nacional. El retiro de la querella no altera formalmente el curso de una causa de acción pública, cuya acusación queda en manos del Ministerio Público Fiscal, pero sí tiene un peso político y simbólico innegable.
La instrucción dictada durante el gobierno anterior apuntaba a comenzar a construir una política de Estado en materia de investigación de violaciones de normas por parte de funcionarios públicos, no para cuestionar en la justicia la oportunidad de decisiones políticas -lo que le está vedado- sino para el castigo de esos incumplimientos si correspondiere. Abandonar ese camino implica enviar un mensaje de impunidad por parte del actual gobierno.
El fallo ha sido apelado por el Fiscal Franco Picardi en un escrito excelentemente fundado.
Si a pesar de ello dicha sentencia fuera confirmada, el archivo de la causa marcaría un punto de inflexión. No se trata solo de una decisión judicial, sino de un mensaje institucional: el endeudamiento irregular con el FMI y el desvío de dicha fondos hacia la fuga de capitales quedaríasin castigo ni sanción.
En un país atravesado por la deuda y la desigualdad, esa consecuencia no es neutra y tampoco es inocua.
* Abogada, ex directora del Banco Central.