Venezuela: Reforma constitucional, oportunidad y riesgos

Cuando Nicolás Maduro anunció su intención de dar inicio a un proceso de reforma de la Constitución de 1999, declaró que su objetivo era democratizar el país “hasta el infinito” y definir un modelo de desarrollo para los próximos 30 años. Sin embargo, este proceso no puede ser entendido exclusivamente desde una perspectiva funcional o jurídica y no puede separarse de las dinámicas de poder que lo rodean. Este contexto, cargado de tensiones y oportunidades, condiciona los objetivos declarados de la reforma.

Las reformas constitucionales no son simplemente eventos normativos: son momentos en los que se reconfiguran las correlaciones de fuerza en la lucha política. En este caso, la propuesta de Maduro no solo responde a la necesidad de realizar ajustes legales funcionales, sino también proyectar un liderazgo renovado.

Al cristalizarse en un nuevo orden jurídico, las reformas tienen el potencial de redefinir las reglas del juego y consolidar o transforman las dinámicas de poder existentes. En un escenario marcado por tensiones internas y el riesgo creciente de sanciones o incluso de una intervención extranjera, riesgo agravado por la reelección de Donald Trump, el anuncio de Maduro debe interpretarse como un intento de reconfigurar el tablero político y afrontar la situación.

La propuesta actúa como una herramienta para reorganizar las relaciones de poder entre sectores políticos y las instituciones. En última instancia, las disposiciones jurídicas que se adopten serán moldeadas por las dinámicas de la lucha política interna y de los intereses y tensiones internacionales.

En las actuales circunstancias, esta iniciativa presenta dos posibles rumbos: uno que podría derivar hacia un modelo comunal centralizado, y otro que abre la puerta a una negociación al estilo del acuerdo propuesto por Gustavo Petro. Si se toma este camino no solo se podrían calmar la turbulencia actual, sino también transformar el futuro político de Venezuela.

Pero estos caminos no tienen que ser mutuamente excluyentes. Podría surgir una confluencia en la que un modelo de democracia directa comunal se combine con las garantías y consensos que emerjan de una negociación.

La reforma propuesta por Maduro parece inclinarse hacia un modelo político en el que democracia directa avanza, pero las formas tradicionales de la democracia liberal pudieran perder peso. ¿Elecciones de segundo grado? Esto podría equivaler a blindar al Gobierno frente a los sectores de la oposición, para cimentar un modelo de representación por colectividades organizadas, en detrimento del voto individual como eje de la legitimidad.

Es comprensible el temor por la creación de un nuevo sistema electoral que anule la posibilidad real de alternancia en el poder. La experiencia histórica de los países socialistas muestra que cuando se prescinde de los principios liberales de la democracia se destruye incluso el ejercicio de la democracia directa.

El sufragio universal, no segmentado por categorías sociales o grupos, es un principio fundamental de la democracia liberal. Lo mismo ocurre con el pluralismo político, la libertad de expresión y la protección de las minorías. Estos valores no son lujos y no pueden descartarse o minimizarse a nombre de la democracia directa. La democracia directa no los excluye, sino que incorpora la participación protagónica del pueblo para contrarrestar la confiscación de la democracia por las élites y los poderes fácticos.

La democracia participativa consagrada en la Constitución actual es un concepto que permite la confluencia de los principios liberales y el ideal de una democracia social, sustentada en el rol protagónico de los sectores populares. Comuna y democracia liberal son formas compatibles y complementarias.

La reforma constitucional es una carta política con dos caras, por lo que podría convertirse en una plataforma para abordar la actual situación mediante negociaciones para un acuerdo que promueva la cohabitación, la alternancia y la seguridad para todos los actores. Un acuerdo que, en lugar de quedarse en el aire, se materialice en el texto constitucional y sea legitimado por un referendo popular.

Este tipo de pacto, idealmente, debería haberse alcanzado antes de las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, se podría intentar avanzar en dos frentes simultáneamente: por un lado, impulsar un modelo que consolide la democracia participativa. Por otro, explorar un acuerdo que estabilice el escenario político. ¿Es posible la convergencia de estos caminos o terminarán bifurcándose irremediablemente?

La propuesta de reforma constitucional representa riesgos para la democracia liberal, pero también es una oportunidad para propiciar un diálogo nacional, codificar un acuerdo negociado que brinde respuesta a la crisis poselectoral, actualizar la estructura institucional y profundizar la democracia participativa.

El desenlace de esta propuesta de reforma podría marcar el inicio de una nueva etapa en el país o perpetuar las sombras de la crisis actual. Todo dependerá de la capacidad de los actores involucrados para construir consensos y encontrar un terreno común.

 

*Politólogo y analista poíitico. Cofundador del Movimiento al Socialismo, fue ministro de Trabajo